Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0016/2026-RCA Sucre, 27 de enero de 2026
Expediente: 80737-2026-162-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 01/2025 de 2 de diciembre, cursante de fs. 535 a 538 vta. pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Sarah Mendoza Peralta contra José Edmundo Chumacero Ruiz, Juez de Partido, del Trabajo, Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Camiri del departamento de Santa Cruz.
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de los hechos que la motivan
Por memoriales presentados el 11, 13 y 26 de noviembre de 2025, cursantes de fs. 162 a 165 vta.; 211 a 212 vta.; 213 a 214vta. y, 527 a 534 vta., la accionante presenta acción de amparo constitucional, señalando como antecedentes fácticos que en 18 de junio de 2024, formuló una primera acción de amparo constitucional contra el Auto de Vista 128/2023 de 21 de septiembre, por el cual además de solicitar la nulidad del referido auto, también solicito la nulidad de los Autos 25/2023 y de 3 de agosto de 2023 que indebidamente le obligaban a devolver sumas de dinero, a pesar de ejecutarse y pagarse la sentencia 07/2016 de 25 de febrero emitida dentro de un proceso de Pago de Beneficios Sociales por el Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal 1º de Camiri del Departamento de Santa Cruz; aclarando que dicha acción tutelar se encuentra en el Tribunal Constitucional Plurinacional signada con el número de expediente 64843-2024-130-AAC.
Continúa refiriendo que el Juez ahora demandado sin esperar la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, continuó la ejecución del proceso laboral ya concluido, configurando su actuación en usurpación de jurisdicción y competencia, vulnerando la "cosa juzgada" y el principio de seguridad jurídica.
En ese entendido, el 7 de julio de 2025, interpuso primer incidente de nulidad de pleno derecho por proseguir con una sentencia ya pagada; sin embargo, mediante Autos 65 y 66, ambos de 11 de julio de 2025, el Juez hoy demandado rechazó dicho incidente, imponiéndole además una multa de Bs300.-, sin motivación válida y desconociendo la nulidad absoluta invocada.
El 20 de agosto de 2025, presentó recurso de apelación contra el Auto 66 que fue concedido a través del Auto 105 de 29 de septiembre de 2025, disponiendo la remisión del expediente original al "Tribunal Departamental de Justicia"; sin embargo, una vez más sin competencia y a pesar del recurso de apelación interpuesto, el Juez demandado emitió el Auto 105 de 6 de octubre, disponiendo el remate de un bien inmueble de su propiedad para el 14 de noviembre de ese año, desconociendo los recursos pendientes y actuando fuera de su jurisdicción.
Seguidamente, el 10 de octubre de 2025, formuló segundo incidente de nulidad de pleno derecho, esta vez pidiendo la paralización de remate, denunciando nuevamente la vulneración de la cosa juzgada, de la competencia natural y el derecho a la vivienda familiar; sin embargo, por Auto 120 de 29 de igual mes y año, el citado Juez rechazó por segunda vez el incidente de nulidad y dicha petición bajo el argumento de que operaba la "preclusión procesal" y que la solicitud formulada carecía de motivación suficiente ni análisis jurídico, consolidando de ese modo la vía de hecho judicial. Contra dicho Auto la accionante formuló recurso de apelación, solicitando la suspensión del remate mientras se resuelva el referido recurso; empero, el Juez demandado omitió pronunciarse al respecto, ignorando nuevamente la solicitud y continuó con la ejecución del remate, actuando fuera de su competencia y vulnerando abiertamente los derechos constitucionales al debido proceso, tutela judicial efectiva y vivienda familiar.
Por último refiere que el Auto 105 de 06 de octubre por el cual se dispuso el remate de un bien inmueble de su propiedad, es el acto procesal que materializa la mayor vulneración constitucional del caso, al ser un acto ilegal, una vía de hecho judicial emitida dentro de un proceso concluido y archivado en 2018; sin competencia, nulo de pleno derecho, el cual amenaza directamente la propiedad y el hogar de una familia y justifica plenamente la procedencia de esta acción tutelar.
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