Volver a sentencias
TCP

0016/2026-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
11 de febrero de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0016/2026-S3

Proceso
—

Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0016/2026-S3 Sucre, 11 de febrero de 2026

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional

Expediente: 59315-2023-119-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 206/2023 de 12 de octubre, cursante de fs. 113 a 117, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Sonia Oblitas de Valenzuela contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez y Margot Pérez Montaño, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Juan Reynaldo Ugarte Conde, Juez de Sentencia Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 10 y 31 de agosto de 2023, cursantes de fs. 31 a 45 y de fs. 48 a 53, la accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En calidad de víctima de la venta de un lote de terreno que no pudo inscribir en registros de Derechos Reales (DD.RR.), dado que tenía varias hipotecas y anotaciones preventivas, además de ser vendido a otra persona, presentó acusación particular contra Kurt Emmil Reintsch San Martin, por la presunta comisión del delito de estelionato, esto dentro de un proceso penal en el que la denuncia original fue rechazada por el Ministerio Público y se solicitó la conversión de la acción.

El Juez de Sentencia Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, mediante decreto de 13 de junio de 2022, observó la referida acusación por incumplir varios de los requisitos establecidos en el art. 341 del Código de Procedimiento Penal (CPP), otorgándole un plazo de dos días para subsanar.

Presentado el memorial de subsanación, en el que se ofreció un croquis del domicilio del acusado, el referido Juez, a través de Resolución 181/2022 de 1 de julio, desestimó la misma indicando que no se habría identificado con precisión dicho domicilio ni argumentado, dado que existirían dos domicilios reales, además de que no se habría identificado en que forma el acusado vendió su lote de terreno a otra persona, además de no haberse señalado la pertinencia y utilidad de las pruebas, y que se ofrecieron treinta y ocho pruebas documentales, pero solamente se presentaron treinta y tres.

En el memorial de subsanación se realizó una explicación de la pertinencia de cada prueba ofrecida en sobre cerrado, además de que, si se cumplió con la observación realizada por el mencionado Juez, adjuntado croquis del domicilio del acusado obtenido mediante requerimiento fiscal en etapa investigativa, ya que no fue observado el señalamiento de dos domicilios en la acusación particular; asimismo, el mencionado Juez incurrió en falta de fundamentación ya que basó la desestimación en el art. 376 "núm. 6)" del CPP, norma que no existe, vulnerando de esta manera sus derechos de acceso a la justicia, al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la igualdad, a la propiedad, a no sufrir violencia psicológica y a evitar formalismos y ritualismos, todo esto en su condición de persona adulta mayor.

En ese contexto, la accionante presentó recurso de apelación que fue resuelto por Rosmery Lourdes Pabón Chávez y Margot Pérez Montaño, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, quienes confirmaron la desestimación a través de la Resolución 137/2023 de 6 de marzo,

Mediante dicha resolución los vocales demandados vulneraron sus derechos, ya que:

  1. a)Respecto al primer agravio, señalaron que a fin de garantizar el debido proceso, es primordial precisar el domicilio del acusado, teniendo logicidad lo decidido en primera instancia al haberse presentado dos certificaciones, tanto del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) como del Servicio de Registro Cívico (SERECI); esta afirmación vulnera su derecho al acceso a la justicia, su derecho del adulto mayor, derecho a la igualdad, en razón a que desconocen que ningún proceso penal por delitos ordinarios se desarrolla y concluye sin la presencia del procesado; con el referido argumento se destroza su derecho al acceso a la justicia y de recuperar su único bien inmueble;
  2. b)En cuanto al segundo agravio, señalan que no es suficiente la remisión a un informe rápido de las oficinas de DD.RR.; resultando inaudito que con este argumento se rechace la acusación, ya que no se toma en cuenta que no solo ofrecieron como prueba de cargo esa información rápida, que en su criterio es de mucha importancia, sino que por el contrario ofreció siete testigos, treinta y cuatro pruebas literales, entre testimonios, pagos de impuestos, planos y además inspección técnica ocular en el terreno y las oficinas de derechos reales y las Notarías donde se transfirieron en dos oportunidades; es decir no reviste una complejidad mayúscula el probar la perpetración del delito de estelionato; sin embargo los Vocales no consideraron la abundante prueba de cargo ofrecida y no solo una información rápida; además el Juez de la causa ante la falta de prueba tiene la competencia de dictar sentencia absolutoria conforme lo que establece el art. 363 del Código de Procedimiento Penal (CPP); y,
  3. c)Sobre el tercer agravio, relacionado a que en primera instancia se citó un instrumento legal inexistente, se tiene que la querella será desestimada por los fundamentos expuestos y que la autoridad jurisdiccional habría observado el incumplimiento de la acreditación del domicilio del procesado, extremos que habrían dado pleno cumplimiento al principio de debido proceso, en sus vertientes de legalidad y seguridad jurídica de los sujetos procesales. Con dicho argumento no se da cumplimiento al art. 24 de la Constitución Política del Estado (CPE); ya que no explica las razones de orden legal y fáctico que permita citar en sus fallos normas inexistentes; olvidan que el art. 124 del Código de Procedimiento Penal (CPP), exige que las resoluciones y sentencias sean fundamentadas; es decir, con esa lógica, se puede citar instrumentos de orden legal falsos, normas inexistentes "normas ilegales" y de esa manera vulnerar el derecho al acceso a la justicia de la ciudadanía, cual es ilegal e inconstitucional, puesto que se confirma el irregular fallo del inferior pese a citar normas inexistentes.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela denunció la lesión de sus derechos al acceso a la justicia, al debido proceso en su vertiente de motivación, fundamentación y congruencia, a la seguridad jurídica, a la igualdad, a la propiedad, a no sufrir violencia psicológica y a evitar formalismos y ritualismos, a un hábitat y a una vivienda, de las personas adultas mayores y a la propiedad privada; citando al afecto los arts. 15.II y III, 19.I, 35.I, 45.I, II y III, 46, 49.III, 56, 67, 68.II, 115.II y 119.I de la CPE

I.1.3. Petitorio

Mostrando 18 de 89 parrafos.

Lee el fallo completo con Pixi Lector

Estás viendo aproximadamente el primer 20% del fallo. Activa Pixi Lector para acceder al texto íntegro y al PDF original completo.

Bs. 20/mesPixi Lector

  • Texto íntegro de las sentencias del TCP y TSJ
  • PDF oficial de cada resolución, listo para descargar
  • Citas listas para usar en tus escritos

¿Necesitas también el asistente IA? Compara todos los planes

Tribunal Constitucional Plurinacional11 de febrero de 20260016/2026-S3Fuente oficial