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TCP

0017/2019-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
13 de marzo de 2019SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0017/2019-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0017/2019-S2 Sucre, 13 de marzo de 2019

SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad

Expediente: 24521-2018-50-AL Departamento: La Paz

En revisión la Resolución S-139/2018 de 22 de junio, cursante de fs. 108 a 111 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jhonathan Milton Márquez Loza contra Miriam Laura Tarqui Flores, Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 22 de junio de 2018, cursante de fs. 100 a 101 vta., el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, se dispuso su detención preventiva; determinación a partir de la cual, transcurrieron más de siete meses, sin observarse lo dispuesto en el art. 134 del Código de Procedimiento Penal (CPP).

Asimismo, en el referido proceso penal, el Ministerio Público emitió el Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento el 3 de mayo de 2018; motivo por el cual, solicitó a la Jueza demandada, señale día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva; empero, la misma fue suspendida en más de tres oportunidades, debido a la ausencia del Fiscal de Materia y del personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia -pese a que todas las partes fueron legalmente citadas-; así como por la falta de remisión del cuaderno de investigaciones, cuando no se requería del mismo, para proseguir con la referida audiencia, al contarse con un Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento y porque se tenían las fotocopias legalizadas del cuaderno de investigaciones.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

Denuncia la lesión de su derecho a la libertad; citando al efecto los arts. 23.I, 109 y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se expida mandamiento de libertad de forma inmediata, a su favor.

I.2. Audiencia y resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 25 de junio de 2018 -lo correcto y en adelante es 22 de junio-, según consta en acta cursante de fs. 106 a 107 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante ratificó íntegramente el contenido de su memorial de acción de libertad; y ampliando los términos de su demanda tutelar, señaló que la SCP "493/2013 de 12 de abril", entre otros aspectos, reguló la situación de los detenidos preventivos con relación al sobreseimiento, refiriendo que es posible solicitar una cesación de la detención preventiva, por faltar uno de los requisitos contenidos en el art. 233.1 del CPP, como es la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que es autor del delito atribuido; por lo que, no hay argumento para continuar sometido a dicha medida cautelar; es así, que al existir Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento a su favor, presentado por el Ministerio Público el 3 de mayo de 2018, ante la autoridad jurisdiccional, pasaron dos meses, desde su solicitud de cesación de su detención preventiva, la cual fue reiterada; encontrándose en un estado de indefensión, ya que las audiencias para su consideración, se suspendieron por inasistencia del Ministerio Público, sin observar lo señalado en la jurisprudencia constitucional, que establece que no es necesaria la presencia de la autoridad fiscal ni que se remita el cuaderno jurisdiccional.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Miriam Laura Tarqui Flores, Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia indicó que:

  1. a)No se agotaron las vias legales para poder considerar la cesación de la detención preventiva; y,
  2. b)El accionante no desvirtuó los riesgos procesales contenidos en los arts. 234 numerales 1, 2 y 10; y, 235."10", ambos del CPP, que motivaron la adopción de la medida cautelar;
  3. c)Se hizo énfasis en el hecho de haberse presentado un Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento de 3 de mayo de 2018 ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo de El Alto; no obstante, se encuentra asumiendo funciones recién desde el 19 de junio de igual año;
  4. d)De acuerdo al cuaderno de control jurisdiccional, se programó audiencia para el 20 de junio de 2018; en la que, una vez instalada se encontraban presentes el acusado con su abogado y el acusador particular, en ausencia del Ministerio Público y de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; la cual, fue suspendida por falta del cuaderno de investigación, a solicitud de la parte imputada, para el 28 del mismo mes y año, ya que necesitaba contar con mayores elementos de convicción; y a petición de la parte denunciante; y,
  5. e)Sobre la base de la subsidiariedad, correspondía interponer recurso de reposición contra la determinación asumida en audiencia de 20 de junio de 2018, o cualquier otra vía de impugnación; empero, se planteó directamente la acción de libertad, con el argumento que se presentó un sobreseimiento, solicitando una cesación de la detención preventiva.
I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución S-139/2018 de 22 de junio, cursante de fs. 108 a 111 vta., concedió la tutela impetrada, disponiendo que la autoridad demandada, resuelva la situación jurídica procesal del accionante en el plazo de veinticuatro horas a partir de la notificación con dicha Resolución Constitucional.

Determinación efectuada con los siguientes fundamentos:

  1. 1)El accionante se encuentra con detención preventiva determinada por Auto Interlocutorio 548/17 de 25 de octubre de 2017; por esta condición, la autoridad demandada tenía el deber de sustanciar la audiencia programada para el 20 de junio de 2018, aun sin la presencia del Ministerio Público, de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia o sin el cuaderno de investigación, ya que su inconcurrencia no es causal de nulidad;
  2. 2)La Jueza demandada demoró en tramitar y resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva; asimismo, vulneró el principio de celeridad y la linea jurisprudencial contenida en las SSCC "224/2004-R, 862/2005-R", referidas a que las decisiones judiciales vinculadas con el derecho a la libertad, deben ser tramitadas, resueltas y efectivizadas con la mayor celeridad; puesto que, debió haberse resuelto con la prueba aportada por la parte accionante y no esperar que el Ministerio Público remita el cuaderno de investigación, debiendo tener presente que en estas solicitudes, la carga de la prueba corresponde a la parte peticionante y no a la autoridad jurisdiccional; y,
  3. 3)De las pruebas adjuntas, se tiene que el Ministerio Público pronunció un Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento a favor del impetrante de tutela, que fue de conocimiento de la autoridad jurisdiccional el 3 de mayo de 2018; en virtud al cual, se solicitó audiencia de cesación de la detención preventiva, en la que se dará la posibilidad de fundamentar la concurrencia o no de riesgos procesales; por lo que, le corresponde a la autoridad judicial demandada, resolver la referida petición.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante decreto constitucional de 6 de septiembre de 2018 (fs. 115), se dispuso la suspensión del cómputo de plazo, a efectos de recabar información complementaria; habiéndose obtenido la misma, a partir de la notificación con el decreto constitucional de 27 de febrero de 2019 (fs. 136), se reanudó el cómputo del plazo; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional se pronuncia dentro del término legal.

Asimismo, al no existir consenso en la Sala, de conformidad con el art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se convocó al Presidente de este Tribunal, a fin de dirimir con su voto el caso en análisis. II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Por Auto Interlocutorio 548/17 de 25 de octubre de 2017, emitido por Omar Ramiro Monasterios Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, se dispuso la detención preventiva de Jhonathan Milton Márquez Loza -ahora accionante-, en el Centro Penitenciario de Qalahuma (fs. 31 a 33 vta.).

II.2. Cursa Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento a favor del accionante, sustentado en que los elementos de convicción son insuficientes para fundamentar una acusación responsable por la comisión del delito de violencia familiar o doméstica; disponiéndose el archivo del presente caso; señalando que, no se pudo establecer con elementos de prueba suficientes e idóneos, que puedan ser valorados por la autoridad jurisdiccional en juicio, la autoría en sus diferentes grados de participación criminal del imputado; toda vez que, durante la etapa preparatoria, la parte denunciante demostró dejadez en coadyuvar en la presente investigación; pues, si bien es obligación del Ministerio Público actuar de oficio para el esclarecimiento de un hecho tipificado como delito, no es menos cierto que en este tipo de delitos, es indispensable la presencia activa de la parte denunciante para llegar a la verdad material del hecho (fs. 91 a 93 vta.).

II.3. Se tiene Informe de 14 de septiembre de 2018, elaborado por la Juana Janneth Cortez Choque, Fiscal de Materia Coordinadora Corporativa de la Fiscalía Especializada de Víctimas de Atención Prioritaria (FEVAP) de El Alto, dirigido al Fiscal Departamental de La Paz; señalando que María Salomé Yujra Aliaga, impugnó la Resolución de Sobreseimiento de 3 de mayo de 2018; que mereció decreto, disponiendo la remisión de antecedentes a la Fiscalia Departamental de La Paz, para su pronunciamiento (fs. 125). A través de memorial de 28 de mayo de 2018, María Salome Yujra Aliaga impugnó la Resolución de Sobreseimiento de 3 de mayo de 2018, debido a una errada valoración de las pruebas aportadas, dirigidas a demostrar el ilícito penal cometido, concernientes a:

  1. i)Certificado Médico Forense de 24 de octubre de 2017, que evidencia contusiones simples en rostro y torax anterior; en el cua, también se otorgó cinco días de incapacidad;
  2. ii)Informe Psicológico Preliminar de 24 de octubre de 2017, que concluye que la adolescente identifica al agresor Jhonathan Milton Márquez Loza como autor del hecho; y,
  3. iii)Declaración de su hija víctima, en cámara Gesell, de 27 de abril de 2018; la cual, a la fecha no fue remitida ni cursa en el cuaderno de investigaciones; solicitando se prosiga el trámite de rigor, se remitan antecedentes al Fiscal superior, conforme establece el procedimiento, sea con las formalidades de ley (fs. 129 a 131).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO El accionante denuncia que al existir Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento de 3 de mayo de 2018, a su favor; solicitó audiencia de cesación de la detención preventiva; empero, la misma fue suspendida en más de tres oportunidades, vulnerando con ello, su derecho a la libertad física; por lo que, pide se expida mandamiento de libertad, de forma inmediata. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas:

  1. a)La protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico:
  2. a.1)El equilibrio entre los derechos de la víctima y del imputado en el Estado Constitucional y su análisis en las acciones de defensa;
  3. a.2)El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y, el consiguiente deber del Estado y la sociedad de eliminar toda forma de violencia en razón de género;
  4. a.3)Las normas especiales de la Ley 348, aplicables en los procesos judiciales y administrativos por hechos de violencia en razón de género; y,
  5. a.4)El enfoque integral del problema jurídico en casos de violencia en razón de género en las acciones de defensa; y,
  6. b)Análisis del caso concreto.

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