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0017/2019-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
1 de marzo de 2019SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0017/2019-S3

Proceso
—

Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0017/2019-S3 Sucre, 1 de marzo de 2019

SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional

Expediente: 24945-2018-50-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 09/2018 de 16 de julio, cursante de fs. 614 vta. a 618 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Carlos Andrés Miranda Ramírez en representación de Ulises Rocabado Saat contra Jorge Morales Encinas, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1. Contenido de la demanda Por memorial presentado el 5 de julio de 2018, cursante de fs. 112 a 117, el accionante a través de su representante, manifestó lo siguiente: I.1.1. Hechos que motivan la acción En el ejercicio del cargo de Secretario Municipal de Planificación y Desarrollo Territorial del Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia del departamento de Santa Cruz, se inició en su contra seis sumarios administrativos, los mismos que siendo objetivamente análogos, no merecieron el mismo tratamiento jurídico por parte de la Autoridad Sumariante; toda vez que, en los tres primeros no se estableció responsabilidad administrativa a diferencia de los restantes. Contra las Resoluciones Finales de Proceso Administrativo 020/2018, 021/2018 y 022/2018, interpuso recursos de revocatoria, los que fueron erróneamente rechazados; por lo que, activó recursos jerárquicos semejantes ante el Alcalde Municipal del Gobierno Autónomo ya citado, alegando fundamentación insuficiente de la Autoridad Sumariante en cuanto a que los hechos atribuidos no constituían infracción administrativa al no estar previstos en la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales -Ley 482 de 9 de enero de 2014-, en el Reglamento Interno de Personal, ni en el Manual de Organización para el Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia del departamento de Santa Cruz; y, falta de valoración de la prueba de descargo, respecto a que los cargos inculpados correspondían a labores propias de funcionarios públicos de otra unidad específica, los cuales no fueron parte del sumario administrativo. El demandado dictó la Resolución de Recurso Jerárquico 01/2018, revocando el fallo pronunciado en la sustanciación del recurso de revocatoria inherente a la Resolución Final de Proceso Administrativo 022/2018; en consecuencia, correspondía la sustanciación de los otros dos medios de impugnación en el mismo sentido tomando en cuenta su similitud, se debió emitir un pronunciamiento expreso, claro en relación a los argumentos planteados en los recursos presentados y resolver siguiendo su propio precedente; sin embargo, no lo hizo y en las Resoluciones de Recurso Jerárquico 002/2018 y 003/2018 ambos de 15 de mayo, se procedió a copiar de manera literal los fundamentos del recurso de revocatoria, dejando irresueltos los recursos jerárquicos planteados oportunamente; vulnerando sus derechos constitucionales. I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados El impetrante de tutela por medio de su representante, denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; "falta de valoración de la prueba de descargo" (sic), a la igualdad "en su vertiente garantía de igualdad en la aplicación jurisdiccional de la ley y respeto al principio de predictibilidad de las resoluciones administrativas" (sic), a la impugnación y a la defensa, citando al efecto los arts. 115.II, 119.I, 178.I; y, 180.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE). I.1.3. Petitorio Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia:

  1. a)Se deje sin efecto las Resoluciones de Recurso Jerárquico 002/2018 y 003/2018, pronunciadas por el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia del departamento de Santa Cruz;
  2. b)Ordene que el prenombrado pronuncie nuevas resoluciones que resuelvan los dos recursos jerárquicos presentados, respetando sus derechos, en el plazo máximo de setenta y dos horas; y,
  3. c)Se condene al pago de daños y perjuicios, pago de los gastos que efectuó para lograr la restitución de sus derechos y garantías constitucionales conculcados, honorarios profesionales y gastos judiciales realizados, "tasados por Secretaría de su Despacho" (sic). I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías Celebrada la audiencia pública el 16 de julio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 605 a 614 vta., se produjeron los siguientes actuados: I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción El accionante por intermedio de su abogado, ratificó in extenso los fundamentos expuestos en su demanda de acción de amparo constitucional, y ampliándolos mencionó que:
  4. 1)Actualmente son siete procesos sumarios administrativos activados en su contra, teniendo como hecho análogo que ciertos contribuyentes quienes presentaron trámites ante la Alcaldía del Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia, fueron observados dentro de su marco competencial;
  5. 2)La Autoridad Sumariante emitió las Resoluciones Finales de Proceso Administrativo 11/2018, 12/2018 y 13/2018, estableciendo que: "De la revisión del manual de organizaciones y funciones para el Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal de la Guardia se evidencia con claridad las funciones de cada uno de los denunciantes en la que no se encuadra la denuncia realizada" (sic), de tal manera en estos procesos se advirtió la atipicidad del hecho acusado; no obstante aquello, a través de las Resoluciones 20/2018, 21/2018 y 22/2018, se determinó responsabilidad administrativa bajo el único argumento: "Que, de la revisión de la Ley Nº 482, del Gobiernos Autónomos Municipales en la cual su único objeto es regular la estructura organizativa y funcionamiento de los Gobiernos Autónomo Municipales, en virtud a la mencionada Ley se evidencia con claridad las funciones de cada uno de los denunciantes en lo que sí se encuadra la denuncia realizada" (sic); es decir, para la sumariante en esos procesos administrativos el cargo atribuido sí estaba establecido en la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales;
  6. 3)Contra las resoluciones citadas precedentemente, interpuso recursos de revocatoria que fueron rechazados; en mérito a lo cual, planteó recursos jerárquicos idénticos, argumentando fundamentación insuficiente en torno a que los hechos inculpados no constituían infracción administrativa, por no estar establecidas de manera taxativa en la referida Ley, Reglamento Interno, ni Manual de Organización y Funciones de la entidad y la falta de valoración de la prueba de descargo presentada en los tres sumarios, que demostraba que los hechos atribuidos correspondían a funciones propias de otros funcionarios públicos; y,
  7. 4)En la Resolución del Recurso Jerárquico "01/2018" se concluyó que, la Autoridad Sumariante al no haber hecho una valoración de la prueba de descargo vulneró el art. 116 de la Ley Fundamental, por lo que, determinó "anular" (no efectúa mayor explicación); empero, los otros dos recursos no fueron resueltos de la misma manera, en las Resoluciones "Nº 02/2018 y Nº 03/2018", el demandado solo transcribió literalmente los fundamentos que expresó en la Autoridad Sumariante, sin emitir criterio propio, lo cual genera una carencia de fundamentación y motivación que justifique por qué confirmó la decisión de la sumariante. I.2.2. Informe de las autoridades demandadas Jorge Morales Encinas, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia del departamento de Santa Cruz, no presentó informe escrito; empero, por intermedio de sus representantes Erwin Viera Mejía y Rommy Sandra Peredo Peredo, en audiencia indicó:
  8. i)La fundamentación del impetrante de tutela no refleja la verdad jurídica de los hechos, el Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia, de acuerdo a la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales en cuanto a su estructura organizativa está compuesta por el Alcalde, Secretarios, Direcciones y Unidades Municipales; en tal sentido, el 2015 el Alcalde contrató al accionante en calidad de Secretario Municipal, cuyas atribuciones están claramente establecidas en el art. 29.17 de la Ley antes citada, el funcionario debía cumplir todo lo estipulado en las disposiciones legales en vigencia sobre la gestión por resultados; sin embargo, durante el ejercicio de sus funciones fue pasible a un sinnúmero de llamadas de atención, por no desempeñar sus funciones específicas; y,
  9. ii)De diciembre de 2017 a febrero de 2018, ingresaron a la entidad quince cargos sobre secuestro de documento e incumplimiento de funciones contra el accionante y la tercera interesada, lo más grave es que el 15 de enero de 2018, se recepcionó una denuncia anónima en la que se indicó que de no tomarse acciones contra esos funcionarios se las plantearía contra el Alcalde Municipal; en tal vitud, se solicitó informe a ambos, y recién hicieron conocer las que tenían ocultas en sus escritorios, por ello fueron suspendidos en el ejercicio de sus funciones con goce de haberes por el lapso de treinta días, posteriormente el impetrante de tutela voluntariamente presentó renuncia el 4 de junio de 2018; resultando extraño que alegue vulneración de derechos, impugnando solamente los recursos jerárquicos y no los de revocatoria. De igual forma, señaló que ocupó el cargo de Autoridad Sumariante, desde "...enero hasta el 16 de mayo del año en curso..." (sic); asimismo explicó que: a) Un proceso sumario inicia de oficio o en mérito a una denuncia, en ambos casos se debe tener prueba de lo acusado; en ese sentido, en los tres primeros procesos activados los denunciantes no adjuntaron documentación alguna; por lo que, correspondía determinar la inexistencia de responsabilidad, por "falta de pruebas" (sic), tal como señaló en el fallo que emitió, en cuanto a los otros dos sumarios administrativos, la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción después de una investigación presentó bastante documentación que demuestra el incumplimiento de deberes del accionante, el proceso sumario se encuentra normado por el Decreto Supremo "233/2018-A" -lo correcto es 23318-A de 3 de noviembre de 1992-, modificado por el Decreto Supremo 26237 de 23 de junio de 2001, dentro del mismo, se respetó el debido proceso y el principio de presunción de inocencia, toda vez que el impetrante de tutela tuvo conocimiento de los procesos, contestó y presentó prueba, en igualdad de oportunidades; y, b) Las denuncias son análogas, porque se rechazó otorgar derecho propietario de transferencia en un condominio, del que el impetrante de tutela conocía que tenía problemas incluso antes de ser Secretario Municipal; sin embargo, no generó mecanismos que den una respuesta a las personas que se apersonaban a la Alcaldía a regularizar su derecho propietario, finalmente no hubo más que paralizar el trámite; empero, tal decisión no fue notificada legalmente a los interesados, siendo más de doscientas personas las afectadas, no era necesario comunicar a cada una de ellas, simplemente bastaba que como máxima autoridad de esa Secretaria disponga que algún funcionario subalterno lleve la notificación a la administración del condominio, en tiempo hábil y oportuno, función que debió precautelar en aplicación del art. 28.2 de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales (LGAM), que establece: "Las Secretarias o Secretarios Municipales dependen directamente de la Alcaldesa o del Alcalde y asumen plena responsabilidad por todos los actos de Administración que desarrollan", en aplicación del art. 14 del Decreto Supremo (DS) 26237, determinó el descuento del 20% de haberes; toda vez que, en la primera de las tres resoluciones de revocatoria que emitió determinó su destitución no pudiendo decretar lo mismo en los dos procesos restantes; no obstante aquello, la destitución en resolución de recurso jerárquico fue dejada sin efecto. Los cargos presentados posteriormente, también fueron rechazados bajo el argumento de que los funcionarios fueron destituidos; en ese sentido, no se advierte lesión de derechos constitucionales, por lo que solicitó que no se conceda la acción tutelar y se la declare "improcedente".
I.2.3. Intervención de la tercera interesada

Silvia Siglinde Talamás Mendoza, Directora Municipal del Plan Regulador del Gobierno Autónomo Municipal de la Guardia, por medio de su representante intervino en audiencia señalando que:

  1. 1)El mandato que estableció el constituyente fue de respetar, cumplir y hacer cumplir la Ley Fundamental; sin embargo, el demandado vulneró groseramente derechos fundamentales, sancionó a su representada como al accionante, a partir de una norma inexistente cuando en el proceso administrativo rigen los mismos principios del derecho penal; es decir, taxatividad, Lex Previa y presunción de inocencia, "los cuales se ha llevado por la borda" (sic), siendo víctimas de un procesamiento indebido carente de verdad material;
  2. 2)Las Resoluciones impugnadas por el accionante carecen de fundamentación y motivación, del por qué fueron pasibles a una sanción, cuál la conducta y en qué norma se encuentra tipificada como reprochable que merezca una sanción;
  3. 3)La Ley de Gobiernos Autónomos Municipales tiene por objeto normar y determinar la estructura administrativa de los Gobiernos Autónomos "Departamentales", a falta de su Carta Orgánica Municipal, no puede establecer tipos de conducta que sean pasible a sanciones; en ese sentido, el proceso instaurado contra el accionante y su persona no tiene esa base;
  4. 4)No se identificó la norma que se aplicó para determinar la sanción, inclusive dentro del ámbito penal, la conducta resulta atípica; toda vez que, fueron rechazados tres procesos penales seguidos por los denunciantes, los que presentados como prueba no fueron valorados; y,
  5. 5)Se paralizaron los trámites del Condominio "Laguna Azul", así precautelaron los intereses del Gobierno Autónomo Municipal de referencia, pues tenían una aprobación con cierta característica, y de pronto aparecieron ventas de lotes con otras dimensiones, observación técnica que efectuaron junto con el accionante, no mereciendo tal procesamiento; en tal sentido, pidió se deje sin efecto las Resoluciones 002/2018 y 003/2018, y se emita nuevos fallos respetando los derechos vulnerados. I.2.4. Resolución La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 09/2018 de 16 de julio, cursante de fs. 614 vta. a 618 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos:
  6. i)Los arts. 128 y 129 de la CPE y art. 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo), configuran la acción de amparo constitucional, que previamente a su activación debe observar el cumplimiento de los principios de subsidiariedad e inmediatez;
  7. ii)Conforme la Ley de Procedimiento Administrativo, resulta evidente que debe imponerse una sanción que esté tipificada en la norma anterior al hecho que se pretende juzgar; sin embargo, no solo se debe analizar la parte sustantiva de la norma sino también el procedimiento; en tal sentido, la carencia de fundamentación denunciada no fue impugnada en la vía disciplinaria; toda vez que, el art. 36 del Decreto Reglamentario (DR) de la Ley de Procedimiento Administrativo, prevé como medio de impugnación la aclaración y complementación dentro de los tres días siguientes a la notificación de un fallo que presente contradicciones y/o ambigüedades, así como la complementación de cuestiones esenciales expresamente propuestas que hubieran sido omitidas en las resoluciones, reclamo que debió ser puesto a conocimiento de la autoridad demandada a través del recurso señalado, para que subsane las observaciones respecto a la falta de fundamentación, motivación y valoración de la prueba de descargo, al haber omitido la presentación del mismo se incurrió en el incumplimiento del principio de subsidiariedad, aspecto que impide conocer el fondo de lo planteado;
  8. iii)La Sumariante así como la Autoridad que conoció el recurso jerárquico, demostraron "ausencia de tecnicismo en cuanto a la cuestión Administrativa" (sic), el fallo del recurso jerárquico en el artículo primero rechazó de forma total el recurso de revocatoria; sin embargo, modificó la sanción, por otra parte, confirmó totalmente el "recurso jerárquico de 25 de abril" (sic), cuando lo que se estaba analizando era el recurso de revocatoria; aspectos que al no haber sido reclamados, impiden efectuar un análisis, más aun tomando en cuenta que a través de esta acción de amparo constitucional se cuestionó las resoluciones 002/2018 y 003/2018;
  9. iv)En lo que concierne a la vulneración del principio de igualdad inherente al principio de predictibilidad, se debe tomar en cuenta que si bien los hechos son análogos y que pareciera que la Resolución 01/2018 podría ser vinculante, la autoridad que conoció el recurso jerárquico valoró las pruebas e hizo notar a la Autoridad Sumariante que debió observar tal aspecto;
  10. v)En relación al derecho a la impugnación reclamado, el accionante hizo uso de los recursos de revocatoria y jerárquico en la vía administrativa y agotada la misma activó la acción de amparo constitucional; en tal sentido, la pretensión no es atinada; y,
  11. vi)La pretendida adhesión y ampliación de fundamentos a esta acción de defensa, por la tercera interesada no puede ser atendida una vez admitida la misma. II. CONCLUSIONES De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Grecia Dayana Ortuño Esquivel, el 20 de diciembre de 2017, presentó denuncia refiriendo que, adquirió un lote de terreno en el condominio privado cerrado "Laguna Azul" y el 11 de agosto del citado año, se apersonó a la Alcaldía del Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia del departamento de Santa Cruz, para tramitar cambio de nombre, en ventanilla de entrega de trámite se le informó que la duración sería de quince a treinta días, cuando retornó le dijeron que su solicitud se encontraba pendiente "a dibujo de plano" (sic) y que demoraría un mes aproximadamente; sin embargo, pasado ese tiempo no le dieron mayor información y recién el 4 de diciembre del año ya enunciado, tomó conocimiento que por orden de Ulises Rocabado Saat, Director de Desarrollo Municipal -accionante- y de Silvia Siglinde Talamás Mendoza, Directora Municipal de Plan Regulador de la entidad, no se dio curso al trámite debido a observaciones en el plano del condominio privado, aspecto que se negaron a plasmar por escrito, debiendo esperar indefinidamente la sustanciación del mismo, lo cual atenta a su derecho a la propiedad privada; toda vez que, transcurrieron cinco meses desde el ingreso del trámite y la tardanza producida se dio con la única intención de beneficiarse, tal vez esperando algún incentivo económico, prueba de ello es que la observación fue verbal y una vez "arreglemos", como no hay observación escrita el trámite seguirá su curso (fs. 369 a 371). II.2. La Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Gobierno Autónomo Municipal citado, por Informe GAMLG-UT-Of. Int. 09/2018 de 28 de febrero, recomendó remitir antecedentes al Sumariante por la presunta existencia de Responsabilidad Administrativa atribuible al impetrante de tutela (fs. 403 a 412); en consecuencia, Rommy Sandra Peredo Peredo, dictó la Resolución de Apertura de Proceso Sumario Administrativo 016/2018 de 22 de marzo, otorgándole el plazo de diez días hábiles a partir de su legal notificación para que asuma defensa y presente las pruebas de descargo (fs. 336 a 338). II.3. Por Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 021/2018 de 11 de abril, se determinó establecer responsabilidad administrativa contra el impetrante de tutela y la ahora tercera interesada, en cuanto a la denuncia por incumplimiento de funciones, de conformidad al art. 39 del Reglamento Interno de Personal (RIP) para el Órgano Ejecutivo, sancionándolos con severa llamada de atención (fs. 314 a 320). II.4. En virtud a lo supra citado, el accionante y Silvia Siglinde Talamás Mendoza por memorial de 18 de abril de 2018, interpusieron recurso de revocatoria contra la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 021/2018 (fs. 304 a 307). II.5. El 25 de abril de 2018, la Autoridad Sumariante, resolvió el recurso de revocatoria activado, disponiendo: "RECHAZAR DE FORMA TOTAL el Recurso de Revocatoria..." (sic), estableciendo como sanción la multa del 20% de la remuneración mensual en aplicación del art. 29 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (LACG [fs. 293 a 299]). II.6. El peticionante de tutela y la tercera interesada a través del escrito presentado el 2 de mayo del año antes citado, plantearon recurso jerárquico contra la resolución arriba enunciada (fs. 286 a 288 vta.). II.7. El demandado emitió la Resolución de Recurso Jerárquico 002/2018 de 15 de mayo, por el que resolvió "CONFIRMAR TOTALMENTE la RESOLUCIÓN DE RECURSO JERARQUICO de fecha 25 de abril de 2018, dictada por la Autoridad Sumariante Abg. ROMY SANDRA PEREDO PEREDO, dentro del Proceso Sumario Nº 016/2018" (sic), a fs. 258 consta que tal decisión fue notificada al accionante el 18 de igual mes y año (fs. 268 a 276). II.8. Cursa denuncia presentada por Cinthia Sotez Burgos de Sengoku, el 9 de diciembre de 2017, en la que refiere que, adquirió un lote de terreno en el condominio privado cerrado "Laguna Azul", se apersonó a la Alcaldía del Gobierno Autónomo Municipal citado, previo pago del Impuesto Municipal a la Transferencia (IMT) y otros correspondientes para tramitar el cambio de nombre, la aprobación, elaboración, reposición y certificado catastral; sin embargo, habiendo transcurrido cuatro meses desde el ingreso, Ulises Rocabado Saat -accionante- y Silvia Siglinde Talamás Mendoza, no dieron curso a su solicitud, ni siquiera estaría en la primera fase, secuestrando su documentación con la única intención de beneficiarse de su situación vulnerable a la desesperación para sacar "provecho" exigiendo pagos que no corresponden (fs. 540 a 541). II.9. Previa investigación, la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Gobierno Autónomo Municipal citado, por Informe GAMLG-UT-Of. Int. 07/2018 de 22 de febrero, recomendó remitir antecedentes al Sumariante por la presunta existencia de Responsabilidad Administrativa atribuible al impetrante de tutela y Silvia Siglinde Talamás Mendoza, Directora Municipal de Plan Regulador (fs. 576 a 585); en mérito a lo cual, Rommy Sandra Peredo Peredo, emitió la Resolución de Apertura de Proceso Sumario Administrativo 018/2018 de 22 de marzo, contra los mencionados, otorgándoles el plazo de diez días hábiles a partir de su legal notificación para que asuman defensa y presenten las pruebas de descargo (fs. 521 a 523). II.10. Por Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 020/2018 de 11 de abril, se determinó establecer responsabilidad administrativa contra el impetrante de tutela y de Silvia Siglinde Talamás Mendoza, en cuanto a la denuncia por incumplimiento de funciones, de conformidad al art. 39 del RIP para el Órgano Ejecutivo, sancionándolos con severa llamada de atención (fs. 486 a 492). II.11. En virtud de lo anterior, el accionante por memorial de 18 de abril de 2018, interpuso recurso de revocatoria contra la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 020/2018 (fs. 475 a 478). II.12. El 25 de abril de 2018, la Autoridad Sumariante, resolvió el recurso de revocatoria activado, disponiendo: "RECHAZAR DE FORMA TOTAL el Recurso de Revocatoria..." (sic), estableciendo como sanción la multa del 20% de la remuneración mensual en aplicación del art. 29 de la LACG (fs. 466 a 472). II.13. A través del escrito presentado el 2 de mayo del año antes citado, el peticionante de tutela junto a la tercera interesada plantearon recurso jerárquico contra la resolución arriba enunciada (fs. 453 a 455 vta.). II.14. Jorge Morales Encinas, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia del departamento de Santa Cruz -demandado-, dictó la Resolución de Recurso Jerárquico 003/2018 de 15 de mayo, por el que resolvió "CONFIRMAR TOTALMENTE la RESOLUCIÓN DE RECURSO JERARQUICO de fecha 25 de abril de 2018, dictada por la Autoridad Sumariante Abg. ROMY SANDRA PEREDO PEREDO, dentro del Proceso Sumario Nº 018/2018" (sic), a fs. 429 consta que tal decisión fue notificada al accionante el 18 de igual mes y año (fs. 440 a 448). III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO El accionante a través de su representante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; a la igualdad "en su vertiente garantía de igualdad en la aplicación jurisdiccional de la ley y respeto al principio de predictibilidad de las resoluciones administrativas" (sic), a la impugnación y a la defensa; toda vez que, el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia del departamento de Santa Cruz -demandado-, al pronunciar las Resoluciones 002/2018 y 003/2018 ambas de 15 de mayo, omitió considerar que los hechos que se le atribuyeron no constituían infracción administrativa por no estar establecidos en la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, en el Reglamento Interno de Personal, ni en el Manual de Organización para el Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia del departamento de Santa Cruz; asimismo, no valoró la prueba de descargo presentada en relación a que los hechos denunciados correspondían a labores propias de funcionarios públicos de otra unidad específica. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada. III.1. El contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada en el Estado Constitucional de Derecho La , haciendo referencia a la , respecto a la motivación y fundamentación de resoluciones como componentes del debido proceso, estableció que: "...la garantía consagrada por el art. 16 de la Constitución, reconocido como derecho humano en los arts. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha sido entendida por este Tribunal en su uniforme jurisprudencia básicamente como 'el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar (..) comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos '( y Nº 1276/2001-R. Se entiende que el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal que ha previsto el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales..." (las negrillas corresponden al texto original). Por su parte, la , con relación a una resolución motivada en el marco de una Estado Constitucional de Derecho, sostuvo que: "La motivación es una exigencia constitucional de las resoluciones judiciales y administrativas o cualesquiera otras-, expresadas en un fallo en general, sentencia, auto, etcétera, porque sin ella se vulnera la garantía del debido proceso (art. 115.I de la CPE). El contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada, fue desarrollado en la , y complementado por la , teniendo en cuenta las finalidades que persigue este derecho fundamental. (...) Sobre el segundo contenido; es decir, lograr el convencimiento de las partes de que la resolución no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia, en la , el Tribunal Constitucional Plurinacional ha desarrollado las formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad, señalando: "...la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) una 'decisión sin motivación', o extiendo esta es b.2) una 'motivación arbitraria'; o en su caso, b.3) una 'motivación insuficiente"', desarrollando más adelante, el contenido de cada una de ellas. "b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones (justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la verificación de una 'decisión sin motivación', debido a que 'decidir no es motivar'. La 'justificación conlleva formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub iudice [asunto pendiente de decisión]'. b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una 'motivación arbitraria'. Al respecto el art. 30.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) 'Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales'. En efecto, un supuesto de 'motivación arbitraria' es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso (), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión. (...) b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una 'motivación insuficiente'"" (las negrillas son nuestras).

III.2. El debido proceso en el ámbito administrativo

La , citando la , señaló: ""En cuanto al derecho al debido proceso, el art. 115.II de la CPE, establece que el Estado garantiza el derecho al debido proceso. Como garantía en el ámbito penal y sancionatorio administrativo-disciplinario, halla su consagración en el art. 117.I de la misma Ley Fundamental, al señalar que: 'Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso...'. En este sentido, el debido proceso, es entendido como el derecho de toda persona a un proceso justo, oportuno, gratuito, sin dilaciones y equitativo, en el que, entre otros aspectos, se garantice al justiciable el conocimiento o notificación oportuna de la sindicación para que pueda estructurar eficazmente su defensa, el derecho a ser escuchado, presentar pruebas, impugnar, el derecho a la doble instancia, en suma, se le de la posibilidad de defenderse adecuadamente de cualquier tipo de acto emanado del Estado, donde se encuentren en riesgo sus derechos, por cuanto esta garantía no sólo es aplicable en el ámbito judicial, sino a todos los procesos según la naturaleza de los mismos y las normas que lo regulan.

En el ámbito administrativo disciplinario, el debido proceso debe ser entendido como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que mínimamente se garantice al supuesto infractor, el conocimiento oportuno de la sindicación que se le atribuye, con relación a una falta o contravención que presuntamente hubiese cometido y que esté previamente prevista como tal en una norma expresa, para que pueda estructurar adecuadamente su defensa, ser debidamente escuchado, presentar pruebas y alegatos, desvirtuar e impugnar en su caso las de contrario, la posibilidad de ser juzgado en doble instancia, y cumplido todo lo cual, recién imponerle la sanción prevista, quedando así a salvo del arbitrio del funcionario o autoridad".

Asimismo, la , en un caso similar al que hoy se analiza, sostuvo que: "La tipicidad en los procesos administrativos sancionatorios, es parte indisoluble del debido proceso, que a su vez es común al ejercicio del ius puniendi estatal, que exige que la norma mediante la cual se establece una sanción dando lugar al nullun crimen, nulla poena sine lege, evitando la indeterminación que da lugar a la arbitrariedad. Existe una aplicación general y transversal de la legalidad como integrante del debido proceso, del cual se deriva el principio de tipicidad.

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Tribunal Constitucional Plurinacional1 de marzo de 20190017/2019-S3Fuente oficial