0017/2020-O

Por memorial presentado el 14 de agosto de 2019, cursante de fs. 1009 a 1015, el representante legal de Grupo de Cementos Chihuahua Latinoamérica S.A. de C.V., interpuso impugnación contra la Resolución de 2 del mismo mes y año, emitida por el Tribunal de garantías, la misma que determinó declarar no ha lugar al recurso de queja interpuesto por el precitado, bajo los siguientes fundamentos:

1. a)Los argumentos expuestos en la señalada Resolución, son incorrectos, dado que el hecho de no haber ingresado a analizar el fondo de una cuestión, no implica una menor calidad de una sentencia, sino que la misma realizó un análisis sobre las formas exigidas constitucionalmente, y si bien rechazó la acción de defensa por el incumplimiento de ciertos requisitos; sin embargo, no existe ninguna norma que permita omitir el cumplimiento de una sentencia constitucional solo porque no se ingresó al fondo de la problemática planteada;
2. b)El hecho de que exista una segunda sentencia, que sí ingreso al fondo del asunto, es la mejor prueba de que el fallo emitido en la primera acción de defensa fue incumplido, pues la primera resolución impedía la posibilidad de ingresar al fondo si no se agotaban las vías ordinarias dispuestas por la Resolución 01/2016 de 11 de enero;
3. c)En el caso presente, existe una Sentencia Constitucional Plurinacional que pretende ser burlada por la presentación de una nueva acción constitucional, prueba del incumplimiento que no puede ser considerada como óbice para ejecutar en todos sus alcances la Resolución dictada por el Tribunal de garantías, que al momento de resolver la segunda demanda, no consideró los argumentos de la ratio decidendi de la Resolución 01/2016; y por lo tanto, tampoco atendió la observación que realizó dicho fallo, sobre el incumplimiento al principio de subsidiariedad;
4. d)El problema jurídico analizado por el Tribunal de garantías, fue que si la Compañía de Inversiones Mercantiles Sociedad Anónima (CIMSA) había agotado o no las vías para plantear sus reclamos ante la autoridad jurisdiccional, cuya respuesta fue que no lo hizo. Esta decisión se encuentra vigente y con calidad de cosa juzgada al haber sido confirmada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; por lo que, ninguna otra decisión podría revertir dicho fallo;
5. e)El Tribunal de garantías omitió completamente considerar la jurisprudencia constitucional señalada en el ACP 0003/2018-O, respecto a la obligación de cumplimiento integral tanto de la decisión de primera instancia como de revisión, y por lo tanto es importante considerar los términos en los que fue dictada la decisión emitida por la sala constitucional; sin embargo, en lugar de considerar referido fallo, cuya jurisprudencia era aplicable al caso, dicha instancia, a través del Auto de 15 de mayo de 2019, afirmó que CIMSA había "subsanado" la observación establecida en la SCP 1127/2016-S1 de 7 de noviembre, e interpuso una nueva acción de amparo constitucional;
6. f)Es imposible que la segunda acción de amparo, hubiera podido ser presentada como emergencia de la Sentencia de 7 de noviembre de 2016 y que se tratase de una subsanación como mal argumentó el Tribunal de garantías, dado que CIMSA presentó su segunda acción amparo el 22 de abril de 2016, tal como figura en el sistema de gestión procesal del Tribunal Constitucional Plurinacional; en consecuencia, no pudo haber adivinado meses antes que se emita una Sentencia Constitucional Plurinacional, cuál sería su resultado;
7. g)De manera contradictoria, CIMSA presentó una segunda acción de amparo constitucional, incumpliendo decisión dictada dentro de la primera acción tutelar y que debe ser cumplida por el Tribunal de garantías;
8. h)Esta forma de actuar revierte todo el sistema de protección constitucional y ocasiona continuas interposiciones de amparos constitucionales, ante de la revisión del Tribunal Constitucional Plurinacional; y,
9. i)El hecho que la SCP 1481/2016-S3 de 16 de diciembre, hubiera concedido la tutela impetrada, no modifica la existencia de una sentencia previa y no puede cobijar bajo su manto el incumplimiento de dicho fallo y menos avalar la irregular forma de proceder al interponer acciones de amparo constitucional para eludir el cumplimiento de sentencias dictadas sobre el mismo asunto.

Solicitó:

1. a)Que ante la demora en el cumplimiento de la Resolución 001/2016, confirmada por la SCP 1127/2016-S1, el Tribunal Constitucional Plurinacional establezca el cumplimiento prioritario de las referidas resoluciones;
2. b)Se tenga como inejecutable la petición de CIMSA, planteada en la segunda acción de amparo constitucional, por no haber presentado los medios de defensa ordinarios idóneos oportunamente; y,
3. c)Se ordene la Jueza Pública Civil y Comercial Decimosegunda del departamento de La Paz, remita antecedentes al Tribunal Arbitral en vista de que el laudo arbitral emitido ha quedado anulado, bajo apercibimiento de ley.

Por Resolución de 2 de agosto de 2019, cursante a fs. 1006 y vta., la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que actuó como Tribunal de garantías constitucionales, determinó dictar no ha lugar a la queja con los siguientes fundamentos:

1. 1)Habiéndose cumplido con las notificaciones, se ratifica el Auto de 15 de mayo de 2020; toda vez que, si bien es evidente que la parte accionante presentó dos fallos constitucionales, el impetrante de la queja no tomó en cuenta que la decisión del Tribunal de garantías confirmada por la SCP 1127/2016-S1, no ingresó al fondo de la cuestión planteada, por no haber sido demandada la autoridad jurisdiccional ni el fallo emitido por ésta; en consecuencia, no se dispuso nada con relación al fondo de la pretensión;
2. 2)Presentada una segunda acción de amparo constitucional, se dictó la SCP 1481/2016-S3, que en el Fundamento Jurídico III.5.1 analizó las razones por las que se considera que ambos casos no son iguales, en cuyo mérito no concurrió la identidad de sujeto demandado ni causa; por consiguiente, dicho fallo sí ingresó al fondo de la cuestión planteada y dispuso dejar sin efecto la Resolución de Vista 154/2015, emitida por la Jueza Pública Civil y Comercial Decima Segunda del departamento de La Paz; y,
3. 3)Por dichas circunstancias, no existe procedimiento a reconducir por parte del Tribunal de garantías ni tampoco puede ordenar el cumplimiento del primer fallo emitido, o la improcedencia de la segunda acción de amparo constitucional, como solicitó el impetrante de la queja, porque carece de competencia a tal fin.