0017/2022-O

Grisha Dalenka Fushimoto Arias, Directora General de Administración y Finanzas Territoriales del Viceministerio del Tesoro y Crédito Público del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, mediante memorial presentado el 4 de septiembre de 2020, cursante de fs. 928 a 929 vta., señaló que:

1. a)La SCP 0533/2018-S1 estableció que la referida autoridad carecía de legitimación pasiva, por lo que no correspondería que informe sobre el cumplimiento de la indicada Sentencia, pues como bien lo señaló el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, su persona no es quien debió ser demandada en dicha acción, ya que para ese alto Tribunal carece de potestad y competencia para cumplir la disposición legal omitida, porque el deber cuestionado dentro de la presente acción no le ha sido asignado, entonces una persona que carece de competencia para cumplir una determinación no puede informar sobre el cumplimiento de la referida acción;
2. b)Las Leyes 317 -Ley del Presupuesto General del Estado Gestión 2013-, 1103 -Ley de Modificación al Presupuesto General del Estado Gestión 2018- y 1206 -Ley de Modificación al Presupuesto General del Estado Gestión 2019-, así como el Reglamento Específico de Operaciones y Servicios Financieros para la Administración de Cuentas Corrientes Fiscales de las Entidades Territoriales Autónomas, Desconcentradas y Descentralizadas y Empresas Públicas, aprobado mediante Resolución Ministerial 149 de 6 de abril de 2016, disponen que todo reclamo y solicitud de restitución relativa a débitos automáticos es de responsabilidad de la entidad solicitante del débito automático; no obstante lo señalado, es importante precisar que el art. 116.I de la Ley 031 de 19 de julio de 2010 -Ley Marco de Autonomía y Descentralización "Andrés Ibáñez"- autoriza al Ministerio responsable de las Finanzas Públicas a realizar débito automático ante el incumplimiento de convenios, obligaciones contraídas y asignadas mediante normativa vigente; en ese marco, por decisión de la entidad efectiviza los débitos automáticos requeridos; específicamente, el art. 37 del indicado Reglamento dispone que "La entidad solicitante del débito es responsable del cálculo del monto total asignado en la solicitud, así como de la determinación el incumplimiento correspondiente, siendo ésta la instancia directa para atender cualquier reclamo, acción, recurso u observación posterior a la realización de la operación" (sic); concordante con dicha norma, el art. 19 de la Ley 317, modificada por las Leyes 1103 y 1206, vigente en mérito a lo determinado por el inciso i) de la Disposición Final Cuarta de la Ley 1135 -Ley del Presupuesto General de Estado Gestión 2019-, establece que las entidades públicas solicitantes de los débitos automáticos efectuados en el marco de la normativa vigente, son responsables de su ejecución reclamos, recursos y acciones legales, que pudieran emerger de los mismos, así como de la causa, fundamentación, monto y de toda la documentación presentada en su solicitud, constituyéndose el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas únicamente en el ente que opera dichos requerimientos; la normativa referida es clara al determinar que cualquier reclamo respecto a un débito automático realizado por el mencionado Ministerio es responsabilidad de la entidad pública que solicitó el mismo, lo cual significa que cualquier reclamo respecto a los efectos originados por el débito automático debe ser dirigido al Gobierno Autónomo Municipal de Uriondo, pues fue esa entidad la que tomó la decisión sobre la ejecución del débito automático y quien interpuso la acción de cumplimiento; cabe añadir a dicha normativa, que en ese mismo sentido se cuenta con la Disposición Adicional Tercera de la Ley 1206; y,
3. c)Está claro, que la funcionaria que informa carece de legitimación pasiva y que por otro lado, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, simplemente opera la solicitud de débito automático, no asumiendo decisión alguna con relación a ello, siendo la misma de entera responsabilidad de quien solicita dicho débito, ya que es esta persona quien decidió procesar el mismo, por lo que correspondería dar cumplimiento a lo prescrito por las normas referidas.

La Jueza Pública Civil y Comercial Segunda de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución ACQ-1/2020 de 9 de septiembre, cursante de fs. 943 a 948, resolvió declarar no ha lugar al "recurso de queja", disponiendo:

1. 1)Que la parte impetrante de tutela, cumpla de forma real y efectiva con lo determinado en la Resolución de 6 de enero de 2020 en el punto I.a), sea en el plazo de cinco días a partir de su notificación con la presente resolución, bajo alternativa de remitirse antecedentes al Ministerio Público para el inicio de la acción penal correspondiente, sea con las formalidades de ley;
2. 2)De incumplirse con lo dispuesto, sin perjuicio de la acción penal a instaurársele, se aplicarán multas progresivas conforme establece el art. 40.II del Código Procesal Constitucional (CPCo); y,
3. 3)Ante el incumplimiento del punto referido, por parte del nombrado, se dispondrá la notificación respectiva para que la parte demandada, Grisha Dalenka Fushimoto Arias, Directora General de Administración y Finanzas Territoriales del Viceministerio del Tesoro y Crédito Público del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, cumpla con lo ordenado en la Resolución de 6 de enero de 2020 en el punto I.b), bajo alternativa de ley.

Dichas determinaciones las asumió, sobre el siguiente fundamento:

1. i)La inicial concesión de la tutela asumida a través de la Resolución AC-03/2018, en la presente acción de defensa, posteriormente, fue revocada totalmente, en etapa de revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional; consecuentemente, en ejecución de dicha ulterior decisión, corresponde reestablecer las cosas al estado inicial de las determinaciones que se habrían dispuesto mediante la indicada Resolución AC-03/2018; entonces, si la consecuencia de la primera determinación, consistente en que la autoridad demandada cumpliera con lo dispuesto por la Ley Departamental 206, es decir, que proceda con el débito automático de las cuentas del tercero interesado en favor del peticionante de tutela, ahora corresponde que se restablezcan las cosas al estado inicial de la presente acción de tutela; sostener lo contrario a ello denota mala fe y deslealtad procesal al pretender otorgar una interpretación equivocada a la SCP 0533/2018-S1, como se advierte de los actos tanto del solicitante de tutela cuanto de la referida demandada, quienes de acuerdo a los memoriales que presentaron, solo denotan el entorpecimiento para la ejecución de un fallo pasado en autoridad de cosa juzgada;
2. ii)Asimismo, la parte impetrante de tutela al haber interpuesto el recurso de queja, no solo desnaturaliza el procedimiento de ejecución de la presente acción tutelar, sino que entorpece la ejecución de la misma, con argumentos fuera de todo contexto jurídico constitucional, máxime cuando es quien fue el llamado a cumplir con lo ordenado por las Resoluciones de 6 de enero de 2020 y 13 de marzo del mismo año, ello conforme a los fundamentos de orden fáctico, legal y jurisprudencial;
3. iii)El nombrado, quien a su vez activó la presente queja, sostiene que las mencionadas Resoluciones, al haber ordenado la restitución de fondos obtenidos por el débito automático efectuado por la parte demandada, serían contrarias a la Constitución Política del Estado, el Código Procesal Constitucional y la jurisprudencia constitucional, y que la última resolución señalada sería extra petita, por cuando la SCP 0533/2018-S1 y el ACP 0004/2019-ECA al haber denegado la tutela, no habrían ordenado la devolución y/o restitución del débito automático que fue efectuado por la Resolución AC-03/2018, al respecto, cabe referir que dicho argumento es ilógico y fuera de todo contexto de interpretación constitucional, siendo lo correcto, más bien entender que la aludida revocatoria, implicaba que todo lo dispuesto quedaba sin efecto, pues nunca se mantuvo vigente ninguna parte de la resolución revocada, entonces el inicial débito dispuesto debe ser restituido;
4. iv)Si bien, mediante memorial de 8 de septiembre de 2020, el accionante señaló que existía una imposibilidad técnica para devolver los recursos percibidos y mucho más en el plazo otorgado para ello, se advierte que en ninguno de sus memoriales solicitó una prórroga de plazo o conciliación de saldos con el tercero interesado, es decir, la Gobernación del departamento de Tarija, para dar cumplimiento a lo dispuesto, sino que por el contrario interpuso el presente recurso de queja con argumentos que no hacen a la imposibilidad técnica, financiera ni administrativa que impidan la devolución del dinero debitado en su favor;
5. v)Por otra parte, se tiene dispuesto que ante el incumplimiento del peticionante de tutela, respecto de lo dispuesto, la autoridad demandada proceda a cumplir con dichas determinaciones; sin embargo, la referida demandada también se rehusó a dar cumplimiento a la misma bajo argumentos que escapan de toda lógica jurídica y constitucional, señalando que al haberse determinado por la SCP 0533/2018-S1, que no tenía legitimación pasiva, entonces tampoco tenía competencia para dar cumplimiento a lo dispuesto en la referida Sentencia Constitucional Plurinacional, empero la referida demandada no está investida del instituto procesal de la competencia, por lo que mal puede sostener su posición en ella; con esos argumentos, está distorsionando el alcance de la SCP 0533/2018-S1, pues la falta de legitimación pasiva a la que se hizo alusión en ella, fue con relación al fondo de lo solicitado por el impetrante de tutela, argumentos que solo entorpecen la ejecución de un fallo que goza de calidad de cosa juzgada;
6. vi)Si bien concuerda con la demandada, con relación a que existe normativa que dispone que todo reclamo y solicitud de restitución relativa a débitos automáticos es de responsabilidad de la entidad solicitante del débito automático, empero conforme a las facultades previstas por el art. 40.III del CPCo que dispone que para el cumplimiento de las resoluciones, se adoptarán las medidas que sean necesarias, por eso, se dispuso que ante el incumplimiento del accionante, sea la demandada quien proceda al débito automático de las cuentas del Gobierno Autónomo Municipal de Uriondo del departamento de Tarija de Bs9 105 736,80.- (nueve millones ciento cinco mil setecientos treinta y seis 80/100 bolivianos) dinero que debería ser transferido a la cuenta corriente fiscal perteneciente al Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, disposición que se halla amparada en las facultades previstas por la norma legal de referencia; por lo tanto, el argumento sostenido por la parte demandada no solo demuestra la falta de lealtad procesal a las peticiones que plantea, sino la renuencia de dar cumplimiento a las determinaciones de un Juez de garantías constitucionales;
7. vii)Al haberse interpuesto por el solicitante de tutela el presente recurso de queja, solo ha confundido el procedimiento de ejecución en la presente acción, pues pretende hacer uso de dicho mecanismo previsto por la norma procesal constitucional, para impugnar resoluciones que hacen al cumplimiento de un fallo pasado en calidad de cosa juzgada, situación que además también ha desnaturalizado la ejecución de la presente demanda, pretendiendo no dar cumplimiento a la misma, conforme a lo ordenado en las Resoluciones de 6 de enero de 2020 y 13 de marzo del mismo año; y,
8. viii)De los informes solicitados al peticionante de tutela y demandada, se tiene que los mismos no han dado cumplimiento a lo ordenado por la SCP 0533/2018-S1 y las resoluciones citadas, lo que permite la aplicación del art. 40.II del CPCo.

El impetrante de tutela presentó memorial de impugnación el 13 de octubre de 2020, cursante de fs. 964 a 966, sobre los siguientes argumentos:

1. a)Fue notificado con la Resolución ACQ-1/2020 -que ahora impugna-, el 9 de octubre de 2020;
2. b)La revocatoria de la Resolución de la Jueza de garantías no dispuso la devolución del débito automático ordenado mediante Resolución AC-03/2018, porque si lo hubiese hecho habría ingresado a fondo de la problemática planteada y en consecuencia, hubiese dado validez a la acción constitucional defectuosamente sustanciada;
3. c)No es evidente que exista una resolución pasada en autoridad de cosa juzgada, como lo sostiene la mencionada Jueza, por la simple razón de que el Tribunal Constitucional no ha resuelto en el fondo la problemática planteada; la parte resolutiva de la SCP 0533/2018-S1 se limitó a no entrar al fondo por falta de legitimación pasiva de la autoridad demandada, lo cual fue reiterado por el auto complementario ACP 0004/2019-ECA, en consecuencia no hay nada que ejecutar;
4. d)Para hacer efectiva la intención de restablecer la determinación de la Jueza de garantías, al igual que la intención del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, el Tribunal Constitucional Plurinacional, deberá pronunciarse de manera clara y precisa sobre los alcances de la referida SCP 0533/2018-S1; y,
5. e)La resolución impugnada inobserva el art. 108.I de la CPE, tomando en cuenta que la Ley Departamental 206 de referencia, se halla vigente; por consiguiente, es de cumplimiento obligatorio, además las leyes presupuestarias vigentes donde se encuentra el presupuesto del Municipio de Uriondo solo puede ser modificado por la ley presupuestaria, aspecto que la Resolución impugnada no tomó en cuenta, pues la misma pretende que se transfieran recursos públicos sin respetar la Ley presupuestaria vigente, aspecto que se consideraría un daño económico al Estado.

II.3. Mediante memorial presentado el 26 de junio de 2019, por parte de los representantes de la Gobernación del departamento de Tarija, en su calidad de tercero interesado, se solicitó que se conmine a la autoridad demandada -Grisha Dalenka Fushimoto Arias, Directora General de Administración y Finanzas Territoriales del Viceministerio del Tesoro y Crédito Público del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas-, a dar cumplimiento a la SCP 0533/2018-S1, y que deje sin efecto la nota MEFP/VTCP/DGAFT/TES/6750/18 y todos los actos administrativos generados por la Resolución AC-03/2018, con relación al débito automático solicitado por el Gobierno Autónomo Municipal de Uriondo y se restituyan a la cuenta corriente del referido Gobierno Departamental, los recursos que ilegalmente le fueron debitados, por el monto de Bs9 105 736,80 sobre los siguientes argumentos:

1. 1)Como consecuencia de la concesión de la tutela dispuesta por la mencionada Resolución AC-03/2018, la autoridad demandada, el 4 de enero de 2019, mediante la referida nota MEFP/VTCP/DGAFT/TES/6750/18, efectuó en favor del mencionado Municipio, un débito automático a la Gobernación del departamento de Tarija por Bs9 105 736,80.-;
2. 2)En etapa de revisión, fue emitida la SCP 0533/2018-S1 que revocó la Resolución AC-03/2018, en ese marco, se "ANULA" todos los argumentos considerados por la Jueza de garantías en la decisión revocada, así como todos sus efectos; en ese mérito, la autoridad demandada no puede justificar ni respaldar el débito automático a la Gobernación de Tarija, sobre la base de una Resolución que fue anulada por el Tribunal Constitucional Plurinacional;
3. 3)La referida revocatoria trajo como consecuencia que cesen los efectos de la Resolución AC-03/2018, entender lo contrario constituye contravenir la SCP 0533/2018-S1, así como el Código Procesal Constitucional y normas penales referidas al incumplimiento de resoluciones de "amparo" constitucional; asimismo, afecta a la economía departamental; y,
4. 4)Conforme lo prevé el Código Procesal Constitucional, las Sentencias Constitucionales son de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en un proceso constitucional, constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante para los órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares; entonces, a fin de que la Jueza de garantías dé cumplimiento a la SCP 0533/2018-S1, evitando la indebida aplicación del débito automático, existiendo un interés público gravemente comprometido, pues los recursos departamentales ilegalmente debitados se encuentran previstos para la cancelación de diferentes planes, programas y proyectos de inversión, debidamente inscritos en el Programa Operativo Anual para la gestión 2019, se pidió ante la referida Jueza el 7 de febrero de 2019 y de 6 de mayo del mismo año, que se instruya a la autoridad demandada a dejar sin efecto todos los actos generados como consecuencia de la resolución revocada; sin embargo, a la fecha no se han restituido en favor de la Gobernación de Tarija los recursos ilegalmente debitados, ocasionando grave perjuicio económico al indicado departamento; por tanto, corresponde a dicha Jueza conminar a la Dirección de Administración y Finanzas Territoriales del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas dé cumplimiento a la SCP 0533/2018-S1, procediendo a dejar sin efecto todos los actos relativos a la revocada Resolución AC-03/2018 (fs. 593 a 595 vta.).

II.4. Por decreto de 4 de septiembre de 2019, la Jueza de garantías, atendiendo al memorial descrito supra, dispuso:

1. i)A los fines de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto por la SCP 0533/2018-S1 y el ACP 0004/2019-ECA, se dispone que el Gobierno Autónomo Municipal de Uriondo del departamento de Tarija, informe sobre el estado actual de la solicitud de débito automático solicitado al Viceministerio de Tesoro y Crédito Público emergente de la Resolución AC-03/2018, debiendo hacer conocer si dicho débito ha sido ya operado o no y el estado del mismo, sea en el plazo de tres días; y,
2. ii)Informe la autoridad demandada sobre el estado actual de dicho débito automático, debiendo hacer conocer si dicha solicitud ha sido o no perada y el estado en el que se encuentra, además de todos los actos administrativos desarrollados emergentes de la mencionada Resolución AC-03/2018, sea en el plazo de tres días (fs. 618 y vta.).

II.8. Mediante Auto de 6 de enero de 2020, el Juez de garantías en suplencia legal, en atención al informe presentado por el solicitante de tutela sobre el cumplimiento de la SCP 0533/2018-S1, señaló que a los fines de dar cumplimiento a la referida Sentencia Constitucional Plurinacional y restituir al estado inicial al producido por la emisión de la Resolución AC-03/2018 y conforme lo previsto por el art. 16.I del CPCo, dispuso que:

1. a)El accionante restituya al Gobierno Autónomo del departamento de Tarija la suma de Bs.9 105 736,80.-, como consecuencia del débito automático realizado por disposición de la mencionada Resolución AC-03/2018, dinero que deberá ser transferido a la cuenta corriente fiscal perteneciente al referido Gobierno Departamental, en el plazo de cuarenta y ocho horas (disposición correspondiente al punto I.a) de la resolución ahora extractada);
2. b)Ante el caso de incumplimiento por la parte peticionante de tutela, de lo ordenado precedentemente, se dispone que por ante la Dirección General de Administración y Finanzas Territoriales del Viceministerio del Tesoro y Crédito Público del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, se proceda al débito automático de las cuentas del Gobierno Autónomo Municipal de Uriondo en la suma referida que deberá ser transferida a la cuenta corriente fiscal perteneciente al Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, sea en el plazo de cuarenta y ocho horas (corresponde al punto I.b) de la Resolución extractada); y,
3. c)La parte impetrante de tutela y demandada no pueden pretender desconocer el alcance de lo previsto y dispuesto en la SCP 0533/2018-S1, la cual fue clara al revocar la Resolución AC-03/2018 y denegar la tutela; por lo tanto, es necesario restituir las cosas al estado inicial de lo producido por dicha Resolución del Juez de garantías y dar aplicación a lo dispuesto por el art. 16.I del CPCo; asimismo, por lo informado por el accionante, se conoce que el dinero del débito automático fue destinados a proyectos de inversión, al amparo de lo previsto en la Ley Departamental 206, dicho dinero fue programado y comprometido en el POA 2019; en ese contexto, considerando que los efectos que puedan obtenerse de la disposición emitida en el párrafo I de esta Resolución, podría afectar derechos de terceros que no intervinieron en la acción de cumplimiento, máxime si el destino del referido dinero es para cuestiones de orden público para el Municipio de Uriondo, en ese sentido, al no estar prevista esa situación en el Código Procesal Constitucional, a los fines de evitar perjuicios a terceros, corresponde disponer elevar en consulta la presente determinación judicial ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (fs. 757 a 758).

II.17. El Gobierno Autónomo Municipal de Uriondo planteó recurso de queja, mediante memorial presentado el 31 de agosto de 2020, solicitando que se dé lugar al mismo y se disponga dejarse sin efecto legal la Resolución de 6 de enero de citado año y la del 13 de marzo del mismo año, indicando los siguientes extremos:

1. 1)Fue notificado el 25 de agosto de 2020 con la Resolución de 13 de marzo de ese año, en aplicación supletoria del art. 94 del CPC, correspondiendo dar estricta aplicación a esta disposición legal referente a los plazos por razones de la distancia y más aún cuando por defectos de la Pandemia por Covid-19, las actividades laborales se hallan en desarrollo irregular, así como también los medios de transporte tanto terrestre como aéreos suspendidos; hallándose, por ende, dentro del plazo legal establecido al efecto;
2. 2)Como único antecedente central del presente recurso de queja, se tiene que su autoridad como Juez de garantías emitió la Resolución de 13 de marzo de 2020 por la que conminó al Alcalde del Municipio de Uriondo, dar cumplimiento a lo ordenado en el Auto de 6 de enero de referido año;
3. 3)La referida Resolución de conminatoria va en contra de los mandatos constitucionales, del Código Procesal Constitucional y de la jurisprudencia constitucional;
4. 4)La denegatoria de la tutela en la presente demanda, mediante la SCP 0533/2018-S1 y el ACP 0004/2019-ECA, obedeció a la falta de legitimación pasiva de las autoridades demandadas, lo que impidió ingresar al análisis de fondo del problema jurídico; en ese marco, lo dispuesto por las resoluciones indicadas no constituye una orden que establezca una obligación que tenga que cumplir como Alcalde del Municipio referido, al no haber ingresado al fondo de la problemática planteada, pues no ordenó la devolución o restitución del débito automático efectuado mediante la Resolución AC-03/2018, a tiempo de conceder la tutela solicitada y disponer que la autoridad demandada cumpla con la Ley Departamental 206; y,
5. 5)La disposición ordenada en la Resolución de 6 de enero de 2020 y sobre todo la Resolución de conminatoria de 13 de marzo de mismo año, constituyen una resolución extra petita que quebranta el principio de congruencia, al haberse impuesto una situación jurídica más gravosa (fs. 874 a 876 vta.).