Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0017/2026-RCA Sucre, 30 de enero de 2026
Expediente: 80800-2026-162-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 02/2025 de 1 de diciembre, cursante de fs. 144 a 145 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Roxana García Mariscal contra Edith Molina Suarez de Velásquez, Jacinto Velásquez Claros y Nicolaza Ferriel Soto.
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de los hechos que la motivan
Por memoriales presentados el 19 y 27 de noviembre de 2025, cursantes de fs. 112 a 129; y, 140 a 143 vta., la accionante manifiesta que el año 2023 compro con todo su patrimonio la propiedad agrícola "EL Zenón", que es una propiedad "zafrera" o de cultivo de caña de azúcar de su legítima propietaria Lidia Ferrel Quispe, misma que no tenía ningún problema legal o restricción en Derechos Reales (DD.RR.), y por Escritura Pública 1082/2023 de 28 de noviembre, se acredita que se adquirió a título de compra-venta una pequeña propiedad agrícola denominada "El Zenón", con cultivos de caña, encontrándose ubicada en el municipio General Saavedra, provincia Obispo Santisteban del departamento de Santa Cruz, en una superficie de 10 4006 ha., registrada en DD.RR., Matrícula Computarizada 7.10.0.20.0000421, bajo el asiento A-4 de fecha 29 de enero de 2024, posteriormente también procedió a realizar su posesión judicial el 8 de marzo de igual año, que también se encuentra registrada, por Acta de Posesión, donde se los notificó y tuvieron conocimiento los ahora demandados, obteniendo así sobre su propiedad denominada "El Zenón" derecho real y posesión efectiva y física sobre su predio.
Refiere que los hoy demandados, viendo la siembra de caña y la remoción de tierras, pretenden adueñarse de lo ajeno, procediendo a agredirla señalándole que eran trabajadores del anterior propietario quien les alquilaba, respondiéndoles que ella compró de su actual propietaria con toda la documentación al día, desconociendo si fueron o no sus trabajadores y tampoco le correspondía saber, indica que todo este tiempo no la dejan trabajar con normalidad en su propiedad, pese a contar con toda la documentación que acredita su derecho propietario, habiendo realizado incluso mejoras,pues tenía una "casita"misma que fue quemada por los demandados en dos oportunidades, también señala que beneficiándose de la noche proceden a quemar las plantaciones de caña de azúcar, o meter un tractor y aplanan todos sus sembradíos; además, de aprovecharse de su condición de mujer, madre sola y que por su propia condición de desigualdad física y somática ante un varón, así como de las codemandadas pues son tres, contando con apoyo de otras personas, desconociendo si les pagan o contratan solo para avasallar su propiedad, pretendiendo desalojarla de su propiedad, pues ingresan a agredirla, amedrentarla, golpearla, intimidarla, amenazarla incluso con arma de fuego, que portaba Jacinto Velásquez Claros, al igual que a sus trabajadores.
También señala que, mediante terceras personas y su abogado pretenden forzarla a que venda su propiedad, acto que no quiere efectuar pues es su única fuente de ingresos para sus dos hijos y todo su dinero se encuentra invertido en el mismo, no pudiendo obligarla a deshacerse de lo que en justo derecho adquirió con los ahorros de toda su vida, y si tienen pendientes con el anterior dueño deberían arreglar con ellos, ya que ella es una compradora de buena fe, habiendo cumplido con todo lo que manda ley, y por tanto necesita que el Estado defienda su legítimo derecho propietario, pues esas ocupaciones y avasallamientos se vienen repitiendo constantemente mediante medidas de hecho, ya que cada vez que ingresan perturban su derecho propietario, su trabajo y manifestándole que harán justicia por mano propia, amedrentándola, golpeando a sus trabajadores como se muestra en los videos y fotos y que fue denunciado el 17 de julio de 2025 y en octubre del mismo año por diferentes memoriales y denuncias; sin embargo, ingresan a su propiedad y ese extremo se viene repitiendo constantemente y el último hecho de agresión y medidas de hecho producido por los demandados fue en octubre del citado año, identificando plenamente a sus agresores los ahora demandados con un tumulto de gente contratada de otros lugares, dejando claramente establecido que jamás autorizó su ingreso por ningún motivo y no lo hará, ya que son perfectos desconocidos avasalladores, aduciendo ser personas de la tercera edad con supuestas minutas sin valor legal, jamás registradas, buscan quedarse con su propiedad a la fuerza o forzarla a que venda, a través de medidas de hecho realizan trabajados o mejoras, pretendiendo usufructuar ilegalmente, siendo una clara muestra de avasallamiento sobre su predio privado, siendo la última en octubre de 2025 al no permitirle ingresar su maquinaria.
Alega que, dentro del proceso interdicto de recobrar o conservar la posesión sobre el predio rústico "El Zenón", signado con número de expediente 79/2024, este es seguido por Edith Molina Suarez de Velásquez, Jacinto Velásquez Claros y Nicolaza Ferriel Soto contra la hoy accionante, aclarando que además de su derecho propietario cuenta con la Sentencia de adquirir la posesión dispuesta en su favor en proceso sumario otorgado por el Juez Agroambiental de Montero del departamento de Santa Cruz, el cual se encuentra ejecutoriado; precisa que en casos de medidas de hecho, la acción de amparo constitucional es un medio reparador ante dichas situaciones excepcionales, y que en el presente caso pueden terminar segando la su vida o de algún trabajador por la portación de machetes y armas, extremos irreparables; por lo que, corresponde prescindir de la subsidiariedad haciéndose viable una excepción.
I.2. Derechos supuestamente vulnerados
La parte accionante considera como lesionados sus derechos a la propiedad privada, al trabajo, a la alimentación, a la vivienda, a la seguridad jurídica, a la seguridad personal, a la dignidad, a la integridad física y psicológica y los principios de vivir bien y cultura de paz, ante las acciones de hechos, citando al efecto los arts. 15.I, 16.I, 18.I, 19.I, 22, 46, 48, 73 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
I.3. Petitorio
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