Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0017/2026-S3 Sucre, 11 de febrero de 2026
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional
Expediente: 58829-2023-118-AAC Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución SC2-CBB-AAC-089/2023 de 28 de septiembre, cursante de fs. 795 a 799, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Eduardo Isidoro Romero Negrete contra Iván Wilfredo Villa Bernal, Director Departamental de Educación de Cochabamba.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 15 y 21 de septiembre de 2023, cursantes de fs. 683 a 703 vta.; y, 712, el accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Fue portero de la Unidad Educativa "Mercedes Candia de Ovando" -de la ciudad de Cochabamba- por más de veintiséis años, periodo durante el cual cumplió sus funciones con responsabilidad y dedicación, recibiendo reconocimientos por su labor; no obstante, esto generó actitudes de desprecio y hostigamiento constante por parte de algunos profesores y directores, quienes intentaron reiteradamente reducir su dignidad personal y gestionar su cambio de unidad educativa, promoviendo de manera dolosa y premeditada procesos administrativos con la finalidad de destituirlo y alejarlo definitivamente de la institución.
En octubre de 2018, enfrentó una primera denuncia presentada por un grupo de profesores ante el Tribunal Disciplinario de Educación de Cochabamba, por supuestas faltas y delitos, iniciándose un proceso que derivó en la emisión de un auto inicial por faltas graves y muy graves en noviembre del indicado año; y, posteriormente, en una resolución de destitución dictada en agosto de 2019. Frente a ello, interpuso recurso de apelación denunciando vulneración de derechos y garantías constitucionales, el cual fue resuelto favorablemente en noviembre de 2019, por la Dirección Departamental de Educación, que revocó la resolución impugnada y dispuso la nulidad del proceso hasta el auto de apertura.
Pese a la decisión de anular obrados, en enero de 2020, los denunciantes solicitaron el reinicio del proceso disciplinario y, en marzo de ese mismo año, comenzó de nuevo la persecución administrativa, generándose controversia respecto a su validez, la prescripción de los hechos y la reiteración de imputaciones previamente anuladas; no obstante, el Tribunal Disciplinario emitió la Resolución 02/2022 de 6 de junio, declarándolo culpable e imponiendo la sanción de destitución, sustentada en hechos que no se encontraban consignados ni en la denuncia ni en el auto de apertura, algunos de los cuales ya habían sido conocidos en un proceso judicial previo en el que fue declarado inocente mediante sentencia que se encuentra ejecutoriada.
Contra dicha determinación, en junio de 2022 interpuso recurso de apelación, planteando cuatro agravios concretos referidos a la vulneración del debido proceso, el derecho a la defensa, la congruencia, la fundamentación y la valoración probatoria; sin embargo, mediante Resolución 001/2023 de 16 de enero, la Dirección Departamental de Educación lo declaró improcedente, bajo el argumento de haber sido interpuesto de manera extemporánea, pese a que del cómputo del plazo se evidenció que fue presentada oportunamente, motivo por el cual solicitó enmienda, complementación y aclaración, resuelta por Auto de 22 de febrero de 2023, reconociendo que la apelación fue interpuesta dentro del plazo legal, pero contradictoriamente señaló que la Resolución 001/2023, resolvió todos los puntos apelados y ratificó la sanción de destitución, agotándose así la vía administrativa.
Ahora bien, existen graves deficiencias de fundamentación y congruencia, evidenciadas en contradicciones internas entre la Resolución 001/2023 y el Auto de 22 de febrero del mismo año, pues mientras la primera declaró extemporáneo el recurso de apelación, omitiendo el análisis de los agravios, el segundo reconoció su presentación oportuna, afirmando de manera incoherente, que dichos agravios ya habían sido considerados, confirmando la destitución sin motivación suficiente y vulnerando el debido proceso, el derecho al trabajo, la estabilidad laboral y la dignidad humana.
El recurso de apelación se centró en los siguientes agravios:
- a)Incongruencia en el Proceso Administrativo vinculada al art. 10 inc. II de la Resolución Suprema 212414, Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y Personal Docente y Administrativo, la denuncia de 13 de abril de 2021 y el Auto de Apertura de 28 de mismo mes y año, resultaron vagos y genéricos al no precisar hechos concretos ni circunstancias de modo, tiempo y lugar sobre la supuesta ineptitud o ineficiencia funcional, mientras que la Resolución 02/2022, fundamentó la sanción en hechos no denunciados ni imputados, incurriendo en incongruencia procesal y vulnerando el derecho a la defensa;
- b)Incongruencia en el Proceso Administrativo relacionados con el art. 11, inciso m), de la Resolución Suprema 212414 Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y Personal Docente y Administrativo, la denuncia y el Auto de Apertura relativos a la supuesta violencia o intimidación psíquica carecieron de una descripción clara y específica de hechos y conductas atribuibles, y la Resolución 02/2022 incorporó hechos, víctimas y elementos nuevos no denunciados, configurándose una incongruencia procesal que afectó gravemente el derecho a la defensa y el debido proceso;
- c)Informe genérico y provisional de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA), como base de la sanción administrativa, la sanción de destitución se sustentó indebidamente en un informe provisional de la DNA, carente de rigor técnico y objetividad, el cual no identificó víctimas ni actos concretos y fue desautorizado por una sentencia ejecutoriada, vulnerándose el principio de verdad material y el debido proceso; y,
- d)Se vulneró el principio de verdad material y el debido proceso al no considerar la Sentencia Ejecutoriada 78/2019, que declaró improbada la denuncia de violencia psicológica y desautorizó el informe base de la sanción, omitiendo pronunciarse sobre este agravio pese a haber sido expresamente planteado en la apelación.
Como consecuencia de las irregularidades expuestas, se evidenció una lesión material al debido proceso, al carecer la resolución impugnada de congruencia interna y externa, omitir el análisis de los agravios, restringir injustificadamente el derecho a la impugnación y afectar el derecho a la defensa mediante la incorporación de hechos no denunciados y la omisión de valoración de prueba esencial; asimismo, el derecho al trabajo en su elemento de estabilidad funcionaria fue indebidamente restringido como consecuencia de una sanción administrativa ilegal impuesta sin debido proceso, privándolo de continuar en el cargo al que accedió mediante institucionalización y concurso de méritos, sin que existiera causa justa legalmente establecida.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
Denuncio la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes fundamentación, congruencia, verdad material, impugnación, valoración de la prueba y defensa, así como a los derechos al trabajo, a la estabilidad laboral y a la dignidad, citando al efecto los arts. 46, 115.II y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
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