Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0018/2020-S4 Sucre, 5 de marzo de 2020
SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad
Expediente: 30562-2019-62-AL Departamento: Oruro
En revisión la Resolución 9/2019 de 16 de agosto, cursante de fs. 72 a 76 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Javier Moisés Villanueva Michel contra Janeth Josefina Gil Ramos, German López Flores y Omar Urbano Mollo Marca, Presidenta y Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero; Salua July Dipp Antequera, Jueza de Instrucción Penal Primera; y, Orlando Agustín Zapata Sánchez, Fiscal Departamental, todos de Oruro.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 14 de agosto de 2019, cursante de fs. 14 a 16 vta., el accionante expreso lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
La presente acción tutelar, se sustento en la , mediante la cual, el Tribunal Constitucional Plurinacional, considerando desleal su proceder por haber planteado tres acciones de libertad con el mismo fin; es decir, pedir la nulidad de la imputación por el delito de avasallamiento, confirmó en parte la Resolución 5/2018 de 8 de mayo, emitida por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en la acción de libertad que diera origen al fallo constitucional citado; último fallo por el cual, los Vocales de dicha Sala, negaron todas sus pretensiones y por poco declararon infundada su demanda.
La merituada Sentencia Constitucional Plurinacional, incurrió en contradicciones en su parte resolutiva, pues si bien denegó la tutela impetrada (respecto al Juez de Ejecución Penal), lo hizo con referencia a la autoridad que promovió su imputación y que además, controla el Centro Penitenciario sobre el cual se denunció la existencia de drogas y cobros irregulares; extremos que habían sido revelados en aquella oportunidad.
Asimismo, el indicado fallo constitucional, concedió la tutela con relación a la Jueza de Instrucción Penal Primera del departamento de Oruro, solamente en cuanto a los requisitos exigidos por la autoridad jurisdiccional en apartamiento del ordenamiento jurídico, para la procedencia de medidas sustitutivas.
Añadió también, que en ocasión de la acción de defensa previamente descrita, puso en conocimiento, que tanto el Fiscal de Materia como la Jueza codemandados, sabían que al momento de llevarse a cabo la audiencia de medidas cautelares su persona no estaba en poder de la fracción que dicen avasalló, siendo que, en la prueba del caso 48/2019, se evidenciaba la notificación que se practicó a Ariel Roberto Rocha Flores el 26 de febrero de 2018, para que se apersone a las 09:00 del 30 de igual mes y año, oportunidad en la cual, retiró los vehículos que se encontraban en la fracción de terreno dada en garantía por el Padre Tomás Valencia Tellería, mientras éste saneaba los documentos de los mismos; día en el que se tomó el predio por la fuerza y se impidió la correspondiente mensura.
Agrego que, en la acción de libertad previa, también solicitó se requiera prueba al Ministerio Público y al Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, respecto a las medidas del predio, dado que existía una resolución de anulación de planos que no fue tomada en cuenta, habiéndose basado la imputación entonces, en un documento inexistente y que, al momento de llevarse a cabo la audiencia de medidas cautelares, ya no se encontraba en poder de la fracción de terreno supuestamente avasallada. A ello añadió, que la referida imputación, fue formulada en inobservancia de la Ley Contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras -Ley 477 de 30 de diciembre de 2013-, que expresamente dispone que la base de la acusación fiscal, en temas de avasallamiento, la funda únicamente la sentencia ejecutoriada de autoridad jurisdiccional agroambiental; situación que en su caso no existe, contraviniendo los entendimientos asumidos por la jurisprudencia constitucional, que no fue aplicada por los entonces demandados en aquella acción de defensa.
Manifestó que las autoridades demandadas en la anterior acción tutelar, demostraron una manifiesta animadversión en su contra, y que, el Tribunal Constitucional Plurinacional, ofreció una respuesta "a medias tintas" (sic), cuando, debió concederle en todo la tutela y, en lugar de exhortar a la Jueza, imponerle una orden, remitiéndola además, al régimen disciplinario del Consejo de la Magistratura para que sea retirada de su cargo y no ejerza ningún otro, nunca más.
Finalmente, refiriéndose a las autoridades ahora demandadas, indico que Germán López Flores, socapado por Janeth Josefina Gil Ramos, además de dormir en las audiencias, munido de su poder, pretende un pago de $us5 000.- (cinco mil dólares estadounidenses), para dejarlo libre; extremo que si bien fue denunciado ante Mariana Gonzales Padilla, como Encargada de Control y Fiscalización de la Representación Distrital de Oruro del Consejo de la Magistratura, desconoce el estado en el que dicha denuncia se encuentra.
I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado
El impetrante de tutela no refirió cual su derecho vulnerado, menos norma constitucional alguna que lo contenga.
I.1.3. Petitorio
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