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TCP

0019/2019-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
15 de marzo de 2019SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0019/2019-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0019/2019-S2 Sucre, 15 de marzo de 2019

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad

Expediente: 26146-2018-53-AL Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 515/2018 de 19 de octubre, cursante a fs. 40 y vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Eliot Christian Fernández Illanes, Carlos Justiniano Mariaca Riveros y Carlos Cristian Camacho Terceros en representación sin mandato de Juan Carlos Camacho Terceros contra Willams Carlos Kalimán Romero, Comandante General del Ejército y Jorge Villarroel Zurita, Teniente Coronel, ambos de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) de Bolivia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 18 de octubre de 2018, cursante de fs. 4 a 7, los representantes del accionante expresan lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En circunstancias en que su representado se encontraba de viaje en la República del Perú, por temas laborales, su esposa comenzó a realizar amenazas y ataques de celos en su contra, "llegando al extremo" de acudir a Jorge Villarroel Zurita -funcionario policial de las FF.AA.-, quien invocando tener autorización del Comandante General del Ejército, también demandado, empezó a acosarlo sin razón alguna, amenazándole con quitarle la vida, mellando su dignidad y humillándolo, vertiendo expresiones como que hubiera: "...escapado del país y que no tenía que tenerle miedo que el tarde o temprano (le) encontraría que tiene un ejército para poder atentar contra (su) vida, (su) libertad, que deb (e) andar con pies de plomo y es más que tenga cuidado con (sus) pasos, que (le) estaba buscando y que (le) haría encerrar con otros militares para enseñar (le) 'una lección de vida'..." (sic).

Agregan que, el 17 de octubre de 2018, al retornar a Bolivia, su defendido se percató de la seriedad y magnitud de las amenazas, que más de lo expresado, constituyen acoso y persecución ilegal, por cuanto, el hoy codemandado, ingresó a su domicilio con otros diez soldados, sin ninguna autorización, sustrayendo sus documentos, pasaporte, relojes de colección valorados en $us25 000.- (veinticinco mil dólares estadounidenses) y $us10 000.- (diez mil dólares estadounidenses) de la caja fuerte; anoticiándole sus vecinos que, "un militar conjuntamente varias personas a su mando ingresó al departamento y destrozaron y se llevaron todo" (sic); aspecto que demostraría claramente que, el funcionario policial mencionado junto a soldados a su cargo, lo hostigan e incluso ingresaron a su domicilio con la finalidad de agredirle o privarle de su libertad para obligarlo a "ir a las oficinas del estado mayor".

Resalta en ese sentido que, los hechos expuestos constituyen una persecución ilegal por militares sin razón alguna, siendo que su representado no pertenece al Ejército, no teniendo los codemandados competencia para arrestarlo, aprehenderlo o procesarlo; abriéndose por ende la posibilidad de activar la acción de libertad por persecución ilegal, en el marco del desarrollo jurisprudencial efectuado al respecto por el Tribunal Constitucional Plurinacional, más aún si la persecución que sufre afecta y atenta contra su vida, por amenazas de quitarle su vida "todos los días por teléfono y mensajes de texto" (sic).

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante a través de sus representantes denuncia la persecución ilegal ejercida en su contra con la lesión de sus derechos a la vida y a la libertad, sin citar las normas constitucionales pertinentes.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, ordenando:

  1. a)El respeto del derecho a la vida;
  2. b)La cesación de los actos de violencia ejercidos contra el accionante, dejando de acosarlo y perseguirlo de manera ilegal y arbitraria, "usando para ello" su grado militar;
  3. c)Al codemandado, Jorge Villarroel Zurita, detenga el hostigamiento, así como la persecución por soldados en su contra;
  4. d)La prohibición de utilizar armas fuera del Comando General del Ejército; y,
  5. e)La remisión de obrados ante el Tribunal Honor Militar, a efectos del inicio del sumario informativo respectivo.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 19 de octubre de 2018, según consta en el acta cursante de fs. 34 a 39, produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte accionante, ratificó inextenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar presentada; enfatizando que, el derecho a la vida se encuentra consagrado constitucionalmente en el art. 15 de la Constitución Política del Estado (CPE), mismo que corre riesgo por las amenazas que recibe de Jorge Villarroel Zurita, recibiendo además de las amenazas indicadas en su acción constitucional, la de ser encerrado con soldados para que "(lo) violen y atenten sexualmente contra (su) persona" (sic), recibiendo incluso llamadas y mensajes de voz por los que fue hostigado con quitarle la vida, indicando que en nombre del Comandante General del Estado de las FF.AA., podría "hacer lo que le dé la gana porque es militar" (sic).

Ante los cuestionamientos del Juez de garantías, indicó que las amenazas fueron intermitentes, iniciando las mismas con su pareja, quién le indicó que "(le) iban a encerrar en el Estado Mayor, que el tío (le) iba venir a matar" (sic). Sin embargo, cuando se ausentó del país, el funcionario policial -codemandado-, se comunicó con él, señalándole que le dejaría "un presente en (su) domicilio" (sic) para que sepa que las amenazas son reales "y que con él no se juega" (sic), cuestiones que inicialmente no tomó en serio; empero, al retornar al país advirtió que ingresaron a la fuerza a su departamento, llevándose muebles, heladeras, objetos de valor y dinero, rompiendo además vidrios, tirando su ropa y otros, siendo anoticiado por sus vecinos que dichas acciones fueron realizadas por el codemandado acompañado de militares camuflados. Por otra parte, expresó que sentó denuncia penal respecto al robo; no obstante, lo que denuncia en su acción de libertad es la persecución de la que es objeto, viendo su casa rondada por soldados, recibiendo diariamente amenazas del codemandado que le hacen temer por su vida; por lo que, pide el cese de dichas acciones y se prohíba todo comportamiento ilegal que ponga en riesgo su vida, no pudiendo militares atentar contra su seguridad actuando como criminales.

A su vez, su abogado enfatizó que el codemandado de la F.F.AA. dispuso de personal militar en beneficio propio para irrumpir en el domicilio de su defendido, a cuyo efecto, debió contar con autorización del Comandante General; siendo claro que, dicho actuar se constituye en medidas de hecho, por cuanto, no se acudió "al Ministerio Público, a la defensoría, acudir a un Juez de divorcio, o a la policía" (sic), como emergencia de los problemas surgidos con su pareja; resultando evidente la persecución ilegal que no exige la existencia de mandamiento para ser considerada como tal, pudiendo constituirse por el hostigamiento por particulares o funcionarios públicos que abusando de su condición ejercen actos de hostigamiento sin motivo legal alguno. Por otra parte, resalta que conforme a la Norma Suprema, la función militar es la defensa de las fronteras, no así ejercer acciones fuera del orden constitucional contra ciudadanos comunes por problemas entre particulares y hechos propios; por lo que, en caso de existir la autorización del Comandante General del Ejército de las FF.AA., resulta evidente la existencia de uso indebido de influencias al no ser viable "haber utilizado a los soldados por ese hecho" (sic).

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