0019/2023-O

Por escrito presentado el 23 de marzo de 2023, cursante a fs. 380 y vta., Carlos Alberto Vargas Martínez -accionante en el amparo constitucional-, indicó que:

1. a)El demandado le atribuyó erradamente la calidad de consultor de línea, sin tomar en cuenta que su último contrato en tal condición venció el 2019;
2. b)Por Resolución Ministerial (RM) 058/21 de 28 de enero de 2021, se concluyó que su persona está dentro de los alcances de la Ley 321 de 18 de diciembre de 2012; vale decir, como trabajador permanente, gozando de los derechos a la estabilidad laboral, a una remuneración mensual, al aguinaldo y a un seguro de salud, propios de un trabajador inmerso en la Ley General del Trabajo; de ser considerado consultor de línea, no se hubiera emitido conminatoria de reincorporación laboral a su favor;
3. c)A través de la SCP 0248/2022-S2, se efectuó un análisis respecto al cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, que incluye el pago de salarios devengados y otros derechos laborales, conforme mandan los arts. 10 y 11 del Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2006; y,
4. d)Mediante el Auto Interlocutorio 69/2023, se explicó ampliamente que el aguinaldo es el sueldo número trece; por lo que, el demandado solamente busca dilatar el cumplimiento de su obligación; por lo expuesto, solicitó se rechace y declare infundado el recurso de queja interpuesto.

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante Resolución 74/2023 de 24 de marzo, cursante de fs. 384 a 386 vta., declaró "NO HA LUGAR" a la queja de sobrecumplimiento de la SCP 0248/2022-S2; con base en los siguientes fundamentos:

1. 1)El art. 15.I del Código Procesal Constitucional (CPCo) prevé que "Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional Plurinacional son de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en un proceso constitucional"; por su parte, el art. 16.I del mismo Código, faculta al Tribunal de garantías que conoció las acciones tutelares, garantizar la ejecución de los pronunciamientos emanados de la jurisdicción constitucional; asimismo, el art. 17 del mismo texto normativo preceptúa "...'I. El Tribunal Constitucional Plurinacional y las Juezas, Jueces y Tribunales de garantías constitucionales adoptarán las medidas que sean necesarias para el cumplimiento de sus resoluciones. II. Podrán requerir la intervención de la fuerza pública o la remisión de antecedentes ante la autoridad administrativa a fin de la sanción disciplinaria que corresponda. III. Podrán imponer multas progresivas a la autoridad o persona individual o colectiva, que incumpla sus decisiones, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieran emerger'..." (sic);
2. 2)Para asegurar el cumplimiento de los fallos emitidos; así como, para evitar su sobrecumplimiento, el ACP 0019/2014-O de 14 de mayo, estableció: "...'la resolución que defina una problemática en la vía constitucional, en atención al derecho de tutela judicial efectiva y al debido proceso que hace al proceso constitucional debe ser cumplida a cabalidad; es decir, sin que el resultado de su cumplimiento sea inferior a lo determinado por la justicia constitucional pero que tampoco se produzca un sobrecumplimiento de lo ordenado, ello en atención a que la autoridad judicial está obligada a resolver el cumplimiento respecto a lo debatido y dispuesto por la justicia constitucional"'; en tal sentido, corresponde al Juez o Tribunal de garantías emitir una resolución que resuelva la problemática planteada considerando tal razonamiento;
3. 3)La RM 058/21 luego de un amplio y detallado análisis en su Considerando III, precisó que: "...'el señor Carlos Alberto Vargas Martínez constituyó una relación obrero patronal con el empleador, esta característica surgió en el Memorándum de 24 de enero de 2020, siendo que por el mismo se le designa funciones laborales que no fueron producto de la suscripción de un contrato a plazo fijo de consultor en línea, al contrario, dicho documento se hizo efectivo a la culminación del Contrato Modificatorio N° 2 de 29 de noviembre de 2019. Al momento de presentarse la figura anteriormente indicada, automáticamente el trabajador se beneficia con la estabilidad laboral'..." (sic); por lo que, no se puede argüir que el accionante tenga condición de consultor de línea; además, conforme la amplia jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, el cumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral es integral; en la SCP 0248/2022-S2, se dispuso la reincorporación laboral del nombrado más el pago de salarios devengados desde el momento de la desvinculación hasta la fecha de su reincorporación efectiva;
4. 4)Conforme se explicó en el Auto Interlocutorio 69/2023, el aguinaldo al ser calculado para su pago inclusive por duodécimas, es parte inescindible del sueldo; pese a que su cancelación se realizó hasta el 20 de diciembre, el trabajador por cada mes trabajado tiene debidamente asignada la cuota de cancelación a tal efecto;
5. 5)Al ser el aguinaldo un derecho adquirido, goza de primacía absoluta no se lo pierde ni siquiera incurriendo en alguna de las causales de despido contempladas en los arts. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT) y 9 de su Decreto Reglamentario; y,
6. 6)En relación a lo manifestado por el solicitante de tutela en la acción de amparo constitucional, en cuanto a que se habría realizado el cumplimiento parcial de la SCP 0248/2022-S2, considerando que se canceló menos de lo establecido en el Informe Técnico 18/2023 de 3 de marzo, al haberse interpuesto queja por sobrecumplimiento de la aludida Sentencia, no es posible considerar y resolver el reclamo.

Por escrito presentado el 30 de marzo de 2023, cursante de fs. 408 a 411, Johnny Marcel Torres Terzo, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija -denunciante de queja-, impugnó el Auto Interlocutorio 74/2023, al efecto indicó que:

1. i)El 10 de febrero de 2023, el accionante del proceso constitucional pidió la ejecución de la SCP 0248/2022-S2, el mismo fue observado respecto a la planilla de pago de salarios devengados y demás beneficios sociales solicitados que pretendió el nombrado; dado que, estos últimos deben ser dilucidados en la vía ordinaria ante el juez competente;
2. ii)A la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, no le compete ingresar al análisis de las planillas de pago de salarios como pretende el impetrante de tutela, "...en virtud de que esta instancia únicamente puede conocer los derechos y garantías constitucionales supuestamente vulnerados..." (sic); por ello, no le atinge establecer los montos económicos que le corresponde al nombrado;
3. iii)El solicitante de tutela se encontraba sujeto al cumplimiento del contrato administrativo de prestación de servicios de consultoría individual de línea, que siguió un proceso de contratación; no existiendo una relación laboral; ya que, nunca estuvo amparado por la Ley General del Trabajo, menos le correspondía el aguinaldo;
4. iv)El art. 6 del Estatuto del Funcionario Público (EFP) -Ley 2027 de 27 de octubre de 1999-, prevé que: "No están sometidos al presente Estatuto ni a la Ley General del Trabajo, aquellas personas que, con carácter eventual o para la prestación de servicios específicos o especializados, se vinculen contractualmente con una entidad pública, estando sus derechos y obligaciones regulados en el respectivo contrato y ordenamiento legal aplicable y cuyos procedimientos, requisitos, condiciones y formas de contratación se regulan por las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios" (sic); asimismo, del Sistema de Gestión Pública (SIGEP), se puede establecer con absoluta claridad que el pago por el servicio prestado por un consultor de línea se realiza de la partida 25220; por ello, no corresponde cancelar aguinaldo;
5. v)Como entidad Municipal, desde la interposición de la acción de amparo constitucional se acreditó que el peticionante de tutela revestía condición de consultor individual de línea, si bien ello cambio "a la fecha", fue en razón al cumplimiento de lo dispuesto en la 0SC 29/2021 de 12 de abril; y,
6. vi)Lo dispuesto en el Auto Interlocutorio 74/2023, exigió un cumplimiento más allá de lo determinado en la SCP 0248/2022-S2, que no contempló el pago de aguinaldo a favor del accionante.