Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0019/2026-RCA Sucre, 30 de enero de 2026
Expediente: 80812-2026-162-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 090/2025 de 6 de noviembre, cursante a fs. 42, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Álvaro Fernando Arias Gonzales en representación legal de Olga Ximena Ibáñez Aranibar y Herbert Alexandro Patrick Aponte contra Carmen del Río Quisbert Caba; y, Lourdes Albornoz Sánchez, Vocales de la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Vicente Luis Torrez Quisbert, Juez Público Civil y Comercial Decimonoveno del mismo departamento.
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de los hechos que la motivan
Por memoriales presentados el 21 de octubre y 4 de noviembre de 2025, cursantes de fs. 6 a 13; y, 39 a 41 vta., los accionantes a través de su representante legal, manifiestan que el 2 de octubre de 2023 el Banco BISA S.A., los notificó en su domicilio real en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con intimación de pago de la deuda contraída y el anuncio de demanda ejecutiva, y desde esa fecha se mantuvieron conversaciones a efectos de obtener un diferimiento del crédito y de los intereses que se generan, conforme lo establecido por la Autoridad del Sistema de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), en consideración a los efectos económicos negativos que produjo la pandemia por el Coronavirus (COVID-19) y al paro de treinta días en la referida ciudad, que generaron detrimento en sus ingresos económicos.
Señalan que el 12 de octubre de 2023, el Banco BISA S.A. interpusó demanda ejecutiva, señalando al Juez de la causa como "único y especial" domicilio de los demandados el ubicado en la calle 16 de Obrajes, 483 esquina Av. 14 de septiembre de la ciudad de La Paz, omitiendo señalar sobre su domicilio actual en la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, del cual tenían conocimiento por la comunicación verbal y notificación de carta de intimación de pago antes descritas. En ese sentido, el Juez Público Civil y Comercial Decimonoveno del Departamento de La Paz, emitió Resolución 174/2023 de 24 de septiembre (sentencia inicial) cursante a fs. 16 a fs. 18 vta., por la cual ordenó la notificación a los demandados en su domicilio en la forma prevista por el art. 74.I del Código Procesal Civil (CPC); es decir que debía realizarse de forma personal, en el domicilio real; lo que no aconteció, ya que el 18 de enero de 2024 el Oficial de Diligencias del nombrado Juzgado, diligenció en el domicilio "único y especial" señalado por el demandante; ejecutoriándose la Sentencia el 7 de febrero de ese año.
Señalan que el 18 de junio del citado año, ante el conocimiento de la demanda comunicada verbalmente por el Banco BISA S.A., en sus intentos de obtener el diferimiento del crédito, interpusieron incidente de nulidad de la citación, indicando que el demandante obró de mala fe y con deslealtad procesal, al no señalar en la demanda su domicilio real actual para ese entonces, no pudiendo presentar la respuesta ni las excepciones respectivas. Sin embargo, la autoridad jurisdiccional emitió Auto 735/2024 de 20 de agosto, rechazando el incidente, bajo el fundamento de que la notificación cuestionada fue legal, al haber sido realizada en el domicilio pactado en la Cláusula Décima Primera del Contrato de Préstamo de la Escritura Pública 104/2018, y de que los demandados no comunicación oportuna, escrita ni notariadamente algún cambio de domicilio.
Posteriormente el 30 de octubre de ese año, presentaron memorial de apersonamiento sus apoderados y el 15 de noviembre del mismo año, recurso de reposición bajo alternativa de apelación, que obtuvo como respuesta el Auto Interlocutorio Definitivo de 20 de enero de 2025, que declaró improcedente el recurso de reposición, bajo el entendido de que la Resolución 735/2024 tenía carácter definitivo. Lo que extraña a la parte accionante pues en ninguna parte de dicho actuado se señala ese extremo, ya sea por negligencia o mala fe, para que no puedan oponer apelación o reposición.
Por otra parte refiere que el 3 de julio de 2025 se presentó Informe de Avalúo de los bienes inmuebles en ejecución, y por decreto de 7 de ese mes y año, el Juez ahora demandado, dispone la notificación para que las partes puedan ejercer su derecho a la impugnación, conforme determina el art. 417.II del CPC, sin embargo, nuevamente la Oficial de Diligencias efectuó la diligencia en el domicilio "único y especial", omitiendo el domicilio procesal señalado por los apoderados en su memorial de apersonamiento. Conforme a ello se emitió Auto de Aprobación de Avalúo el 11 de agosto del mismo año cursante a fs. 28vlta, sin que se haya verificado si se notificó a los demandados; por lo que el 19 del citado mes y año, pidieron cumplimiento de notificación para evitar se generen nulidades; sin embargo, el mismo fue negado; formulando recurso de reposición bajo alternativa de apelación el 1 de septiembre del mismo año, pidiendo la nulidad del Informe de Avalúo, al no haberse efectuado la notificación a los demandados en su domicilio real, a los apoderados y abogado restringiendo de manera deliberada su derecho a la impugnación.
Mediante Resolución 523/2025 de 26 de agosto, la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en cuanto al incidente de nulidad de la notificación en domicilio especial de la Sentencia Inicial, justificó que al haber autonomía de la voluntad para pre pactar el domicilio especial en el que se practicará las notificaciones en caso de un proceso judicial, no se lesionaron sus derechos. Finalmente señalan que, con relación a la nulidad de la citación y/o notificación de la Sentencia Inicial, se generó indefensión a los demandados, al no conocer la demanda y poder responderla y en cuanto a la nulidad de la diligencia de notificación con el Informe de Avalúo, se generó indefensión pues no pudieron impugnar los valores menores asignados a los bienes inmuebles ocasionando daño cuantioso, pues se pretende rematar los bienes de los mismos por valores inferiores al mercado comercial de la Ciudad de La Paz. Por lo que requiere la tutela inmediata para evitar un daño irreparable.
I.2. Derechos supuestamente vulnerados
La parte accionante a través de su representante considera como lesionados sus derechos a la protección efectiva y oportuna, al debido proceso, y a la defensa; citando al efecto los arts. 115 y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.3. Petitorio
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