Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0019/2026-S1 Sucre, 28 de enero de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad
Expediente: 58813-2023-118-AL Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 03 de 21 de septiembre de 2023, cursante de 174 a 179, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Joaquín Aponte Zambrana contra Rosario Ximena Flores Paniagua, Jueza de Instrucción Penal Quinta de la Capital del departamento de Santa Cruz en suplencia legal de su similar Cuarto.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
El accionante por memorial presentado el 20 de septiembre de 2023, cursante de fs. 162 a 163 vta., manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 2018 suscribió un contrato de préstamo con garantía hipotecaria, debido a ello fue pagando la deuda contraída; no obstante, los prestamistas a objeto de "apoderarse" de su patrimonio instauraron un proceso ejecutivo en su contra que fue ventilado en el Juzgado Civil y Comercial Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, el cual a la fecha de presentación de esta acción de defensa -20 de septiembre de 2023-, se encontraba en ejecución de garantías , por lo tanto, mientras no se concluía con esa ejecución no se podría afirmar que la deuda no fue cancelada ni que la operación generó un daño al acreedor.
En ese contexto, el prestamista -Luis Marcelo Miranda Soraide, ahora tercero interviniente- a objeto de ejercer "extorsión judicial", el 2021, activó un proceso penal por la presunta comisión del delito de estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del Código Penal (CP), el cual fue cerrado por más de un año y reabierto a la fecha de presentación de esta acción de libertad; y es cuando el Ministerio Público con un lineamiento totalmente parcializado y en desapego a la Ley emitió orden de aprehensión siendo detenido en las puertas de su domicilio el 19 de mayo de 2023, y llevado a la audiencia de aplicación de medidas cautelares, que fue celebrada con un abogado de oficio y no así de su confianza, no obstante, se formuló la excepción de prejudicialidad bajo el fundamento de que al encontrarse el proceso civil en ejecución y al no estar concluido no se podía proseguir con el proceso penal por la presunta comisión del mencionado delito; sin embargo, la Jueza ahora accionada sin fundamentar, motivar ni valorar la prueba aportada y desconociendo el proceso civil referido, dispuso su detención preventiva por el plazo de cuatro meses, agravando su situación jurídica y vulnerando sus derechos; ya que, nadie puede ser criminalizado por una deuda que no fue comprobada debido a que el proceso civil continuaba tramitándose.
Indicó que contra la excepción presentada no existe recurso ulterior; ya que, al ser varios los procesados que presentaron la misma excepción y dado que de igual manera fue rechazada por la Jueza de la causa y por la Sala Penal Tercera -del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz-; por consiguiente, quedaron agotadas las vías en la jurisdicción ordinaria.
I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados
El accionante a través de su abogado, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba, a la defensa, a la presunción de inocencia, "a ser debidamente procesada, no ser indebidamente perseguido" así como al principio de celeridad; citando al efecto los arts. 22, 23, 116, 117, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado;7.1 del Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 9.1 y 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
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