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TCP

0019/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
11 de febrero de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0019/2026-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0019/2026-S2 Sucre, 11 de febrero de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad

Expediente: 63841-2024-128-AL Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución de 19 de abril de 2024, cursante de fs. 136 a 141 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Iver Seoane Guevara en representación sin mandato de Adrián Seoane Ayala contra Olma Lilian Rojas Castro, Jueza Pública de Familia Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 18 de abril de 2024, cursante de fs. 1 a 7 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso de asistencia familiar seguido en su contra por Brayan Seoane Luna, el beneficiario presentó un memorial el 8 de mayo de 2015, mediante el cual se apersonó y afirmó haber recibido la suma de Bs1 800.- (mil ochocientos bolivianos) por concepto de asistencia familiar. Desde dicha actuación, el proceso permaneció sin actividad hasta que, el 18 de enero de 2024, el mismo beneficiario presentó un nuevo memorial señalando que adjuntaba nuevas liquidaciones de asistencia familiar, gastos de estudio y gastos médicos. A partir de esa presentación, Olma Lilian Rojas Castro, Jueza Pública de Familia Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba -demandada-, continuó la tramitación y emitió distintos actuados vinculados con la liquidación, practicándose diligencias de notificación en fechas posteriores, entre ellas el 1 de marzo de 2024, además de otras emergentes del 12 de ese mismo mes y año y actuaciones ulteriores. Finalmente, como consecuencia de dichas actuaciones, la Jueza demandada, por providencia de 28 de igual mes y año, dispuso la emisión de mandamiento de apremio en su contra, lo que derivó en su privación de libertad.

Como primera vulneración, entre el memorial de 8 de mayo de 2015 y el de 18 de enero de 2024 transcurrieron más de ocho años y cuatro meses de inactividad procesal; de modo que, al momento de la primera actuación, el beneficiario ya tenía dieciocho años, es decir, era mayor de edad. En tal sentido, pese a que los arts. 64.I y 144.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 109.II del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), establecen que la asistencia familiar puede extenderse más allá de la mayoría de edad únicamente cuando el beneficiario acredita encontrarse en formación técnica o profesional y demostrara resultados efectivos; en el caso concreto, el beneficiario no demostró tales extremos ante la autoridad demandada; no obstante, pese a esta situación, se admitió su solicitud de liquidación cuando éste ya contaba con veintisiete años de edad.

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