Volver a sentencias
TCP

0019/2026-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
20 de febrero de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0019/2026-S3

Proceso
—

Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0019/2026-S3 Sucre, 20 de febrero de 2026

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional

Expediente: 58672-2023-118-AAC Departamento Cochabamba

En revisión la Resolución 101/2023 de 19 de septiembre, cursante de fs. 811 a 824 vta., interpuesta por María Olivia Olivera Padilla en representación de Jimena Eguivar Valverde contra Juan Carlos Berrios Albizu y Marco Ernesto Jaimes Molina, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 29 de agosto de 2023, cursante de fs. 698 a 716 vta.; y memorial de subsanación de 6 de septiembre del mismo año (fs. 721 vta.), la accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Como emergencia de un proceso ordinario interpuesto por Georgina Liliana Valverde Arévalo en su contra, solicitando se declare su mejor derecho propietario y la reivindicaci6n del bien inmueble ubicado en la avenida Juan de la Rosa 0917, zona San Ana, Cala Cala de la ciudad de Cochabamba, registrado en Derechos Reales bajo la matricula 3.01.1.02.0015284; posteriormente ampliada contra el Registrador de Derechos Reales Cochabamba, solicitando se disponga su mejor derecho de propiedad, así como la cancelaci6n de la inscripci6n judicial de los asientos A4, A6 y A7. Cabe señalar que la actora modific6 su demanda solicitando únicamente se declare el mejor derecho de propiedad sobre el inmueble objeto de la litis.

Dicho proceso culmin6 con la Sentencia de 19 de julio de 2018, pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial Décimo del departamento de Cochabamba, quien declaró improbada la demanda, to que motiv6 que la demandante afectada plantee recurso de apelación, dando origen al Auto de Vista de 17 de noviembre de 2021, mediante el cual la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba revocó la Sentencia de primera instancia y, deliberando en el fondo, declaró probada la demanda de mejor derecho propietario y reivindicaci6n antes mencionada.

Por esa razón, en tiempo y forma, interpuso recurso de casación cuestionando la Resolución de segunda instancia por vulneración del principio dispositivo; por incongruencia omisiva en la referida Resolución; por decisión ultra petita y citra petita; y, en el fondo, por indebida interpretación y aplicación de la norma sustantiva, emitiéndose el , mediante el cual los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia mantuvieron lo resuelto por el Tribunal de apelación, conculcando sus derechos.

Las autoridades demandadas, de manera contradictoria con el fondo de su Resolución respecto a la legitimación para interponer recurso de casación, senalaron que la ley no establece de forma específica quienes se encuentran legitimados para interponer dicho recurso; sin embargo, por un principio de lógica, adquieren esa calidad los litigantes que hubieran sufrido agravio y/o perjuicio con una determinada Resolución; posteriormente, en el Considerando III, refirieron que, al contener el recurso de casación agravios similares a los expuestos en el Auto de Vista, estos serían analizados de manera conjunta, sin advertir que, en el recurso de casación en la forma, se transcribió cada uno de los agravios expuestos por la recurrente para evidenciar la incongruencia omisiva en la que incurrió el Tribunal de alzada, por lo que correspondía que el Tribunal Supremo anule el Auto de Vista, con independencia de la parte que hubiera denunciado el vicio de nulidad insubsanable en la indicada Resolución de apelación; no obstante, se declaró infundado su recurso de casación en la forma, soslayando que los tribunales de justicia, ordinarios o constitucionales, deben resolver las controversias conforme a la Constitución y las leyes, con respeto al debido proceso en su elemento de congruencia de las resoluciones judiciales; de manera que, habiendo planteado recurso de casaci6n en el marco de to previsto por los arts. 271 y 272 del Código Procesal Civil (CPC), se encontraba plenamente legitimada por la norma procesal civil.

Ahora bien, en cuanto a la legitimación para interponer el recurso de casación en la forma y en el fondo, el art. 272 del C6digo Procesal Civil (CPC) establece que dicho recurso podrá ser interpuesto por la parte que hubiera recibido agravio con el Auto de Vista, lo que permite advertir el contrasentido contenido en el Auto Supremo impugnado, pues si el Auto de Vista hubiera confirmado íntegramente la Sentencia de primera instancia no habría existido agravio alguno; por el contrario, al revocar de manera absoluta dicha Sentencia, generó una afectación directa a sus derechos e intereses, evidenciando que la Resolución impugnada en casación le resultaba claramente gravosa, más aún cuando fue dictada en contradicción con el principio de congruencia omisiva; en consecuencia, ostenta plena legitimación activa para cuestionar el Auto de Vista mediante recurso de casación en la forma, siendo erróneo el criterio asumido por los Magistrados demandados, quienes además incurrieron en contradicción con el Auto Supremo de admisión 08/2023-RA de 5 de enero, toda vez que, pese a haber reconocido el cumplimiento de los presupuestos de legitimaci6n activa para la interposici6n del recurso de casación en la forma, posteriormente sostuvieron en el Auto Supremo hoy impugnado que carecería de legitimación activa para cuestionar el Auto de Vista en la forma.

Por otra parte, se tiene que uno de los elementos trascendentales del recurso de casación en la forma radica en que el Tribunal de Alzada, en el Auto de VistaVista objeto de dicho recurso, incurrió también en incongruencia extra petita, toda vez que la demanda ordinaria planteada en su contra se encontraba limitada únicamente a la declaración de mejor derecho propietario, conforme a la modificación realizada por la demandante mediante memorial de 9 de abril de 2015; sin embargo, al deliberar en el fondo, se declaró probada la demanda de mejor derecho propietario y reivindicación, en evidente vulneración del debido proceso y en afectación de sus derechos constitucionales, puesto que jamás se sustanció en su contra un proceso por reivindicación, agravio que fue debidamente fundamentado en el recurso de casación y que no mereció pronunciamiento alguno; asimismo, se advierte incongruencia externa al emitirse criterio sobre la indebida interpretación y aplicación de la norma sustantiva, aspecto que no fue expuesto como agravio contra la Sentencia.

Asimismo, señala que, de ningún modo, una demanda de mejor derecho propietario constituye presupuesto suficiente para ordenar la cancelaci6n de los registros de derecho propietario, cuando dicho requisito no se encuentra establecido en la ley y menos aún en la jurisprudencia, conforme to ha establecido el propio Tribunal Supremo de Justicia. Así, en un caso idéntico, el señalo que no podrá disponerse la cancelación del registro en DD. RR., sin que previamente se analice la validez del título; asimismo, en el se establece que, cuando se demanda el mejor derecho propietario, no puede disponerse la cancelación del título en el registro de DD. RR. Finalmente, contradice lo dispuesto en la y la , que señalan que, cuando el titulo no ha sido declarado nulo o anulable por autoridad judicial competente, no puede ordenarse su cancelación en el registro de DD. RR. Considera, por tanto, que to obrado por los demandados resulta contradictorio con sus propios razonamientos y con lo establecido por la sobre la vinculatoriedad horizontal de sus precedentes, vulnerando de esa manera su derecho al debido proceso en su vertiente de legalidad.

En cuanto al fondo, señala que el , en relación con los argumentos de su recurso de casación, reconoce la validez del agravio expuesto respecto al fondo del Auto de Vista recurrido; sin embargo, sin sustento jurídico alguno, sostiene que el criterio erróneamente expuesto por el Tribunal de Alzada sobre la validación de una anotación preventiva no tendría incidencia ni trascendencia en el fondo de la problemática, por to que esos defectos no afectarían la decisión recurrida. Dicha afirmación resulta gravosa a sus derechos y garantías constitucionales, toda vez que precisamente sobre la temática relacionada con la anotación preventiva y sus efectos sobre su derecho propietario giró toda la controversia con la demandante, cuestión sobre la cual debió haberse sustentado el Auto de Vista recurrido en casación. Este error de interpretación y aplicación de la ley sustantiva, aunque reconocido por los Magistrados demandados, no fue atendido, causando un agravio sustancial que evidencia la vulneración al debido proceso en su elemento de congruencia interna, puesto que, si bien en la fundamentación jurídica se le da la razón, en la parte resolutiva se niega la tutela solicitada.

Finalmente, las autoridades demandadas, en el , respecto a los cuestionamientos de fondo expuestos en el recurso de casación, sostienen que no es aplicable el art. 1553.1 del Código Civil (CC), transcribiendo el segundo párrafo de dicha norma y realizando, además, una interpretación indebida y, por ende, una incorrecta aplicación. Al transcribir el art. 1553 del CC, se advierte que el parágrafo segundo mencionado por los demandados prevé dos supuestos para su aplicación: el primero, cuando se presente sentencia favorable pasada en autoridad de cosa juzgada o se demuestre que se ha subsanado la causa que impedía momentáneamente la inscripción; el segundo, corresponde a otro supuesto que los demandados toman como único parámetro de análisis, eludiendo de manera forzada el primero, cuando en este caso, e independientemente de las razones que dieron lugar a la anotación preventiva, su registro de derecho propietario deviene de orden judicial emanada de autoridad competente. Por to tanto, resulta evidente que los Magistrados demandados realizaron una interpretación sesgada de la norma civil aplicable, utilizándola como único. sustento para desestimar el recurso de casación en el fondo, lo que constituye un presupuesto suficiente para activar la vía constitucional, dada la flagrante y grosera interpretaci6n de la norma sustantiva aplicable al caso.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La impetrante de tutela denunció la vulneración de su derecho a la defensa y al debido proceso en sus elementos de congruencia y legalidad, citando, al efecto, los arts. 115.1, 117.1 y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE), el art. 8.1 de la Convenci6n Americana de Derechos Humanos (CADH) y el art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó que se conceda la tutela impetrada y, en consecuencia, se deje sin efecto el , disponiéndose la emisión de nueva Resolución que resuelva, en la forma y en el fondo, el recurso de casación formulado por la ahora accionante, conforme a la doctrina legal aplicable y a la jurisprudencia ordinaria y constitucional vinculante al caso.

I.2. Audiencia y resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 19 de septiembre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 807 a 810 vta., se produjeron los siguientes actuados: I.3.1. Ratificación de la acción

La accionante ratificó y reiteró los fundamentos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional.

I.3.2. Informe de la autoridad demandada

Juan Carlos Berrios Albizu y Marco Ernesto Jaimes Molina, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, presentaron informe escrito de 18 de septiembre 2023, cursante de fs. 759 a 763 vta., señalando que:

  1. a)En la forma, la accionante planteo como agravio en su recurso de casación que el Auto de Vista emitido por la Sala de apelación es incongruente, porque los cuatro agravios que componen el recurso de apelación de Georgina Liliana Valverde Arévalo no fueron respondidos; además, el fallo judicial emitido por el Tribunal de segunda instancia seria ultra petita, ya que al omitir los agravios de la recurrente, el Auto de Vista extralimito su competencia y carece de fundamentaci6n y motivación, al no explicar por qué desestimo las conclusiones del Juez de primer grado;
  2. b)En el fondo, el Auto de Vista habría distorsionado el sentido gramatical y material de la ley, al considerar que, para que se desencadenen los efectos jurídicos cautelares de la anotación preventiva de 14 de marzo de 2002, se requiere una petición dirigida al Juez Registrador para retrotraer el momento de inscripción al 14 de marzo de 2002. Asimismo, el Tribunal de segunda instancia habría incurrido en indebida interpretación y aplicación del art. 1353.II del CC, al concluir que, al materializarse la inscripci6n de su derecho propietario, debía hacerse constar la fecha de la anotación preventiva, cuando los efectos de las medidas cautelares se producen ipso iure. No obstante, se advierte que la accionante Jimena Eguivar Valverde omitió que, antes de acudir a la justicia constitucional, debió plantear estos reclamos en casación, y solo en caso de vulneración de derechos fundamentales, recurrir a la vía constitucional, por lo que su pretensión directa ante la justicia constitucional constituye una tentativa de convertirla en cuarta instancia, resultando improcedente;
  3. c)Sin perjuicio de lo anterior, la Sala Constitucional debe considerar que, de la revisión de los escritos de la demanda (fs. 91 a 94, fs. 198 a 200 vta. y fs. 311 y vta.), Georgina Liliana Valverde Arévalo solicito se declare procedente su demanda de mejor derecho propietario y cancelación de las inscripciones realizadas por la demandada, así como reivindicación y pago de daños y perjuicios; a su vez, Jimena Eguivar Valverde alego que se demandaba reivindicación sin posesión. La Sala de apelación, mediante Auto de Vista 89/2021 de 17 de noviembre, revoco totalmente la Sentencia de 19 de julio de 2018 y, en el fondo, declaro probada la demanda ampliada por memorial de 15 de junio de 2015 respecto a la reivindicación, y desestimó la demanda de daños y perjuicios; además, declaro el mejor derecho propietario de Georgina Liliana Valverde Arévalo sobre el bien inmueble de 360 m2 ubicado en la zona Sarco, lote 3, y ordeno la cancelación del registro de derecho propietario de Jimena Eguivar Valverde. De esta forma, existi6 una pretensi6n principal de mejor derecho propietario y dos pretensiones accesorias: reivindicaci6n y cancelaci6n de inscripci6n en DD.RR.;
  4. d)La accionante, mediante su recurso de casación, formulo tres reclamos de forma: que el fallo de segunda instancia es incongruente omisivo absoluto, porque los cuatro agravios de Georgina Liliana Valverde Arévalo no fueron respondidos; que el Auto de Vista es ultra petita y citra petita, por extralimitación de competencia; y que la decisión carece de fundamentación y motivación, al no explicar por qué desestimo las conclusiones de la Jueza de primera instancia;
  5. e)Sobre esta base, el Considerando IV del Auto Supremo indica que la posibilidad de cuestionar si el Auto de Vista 89/2021 es un fallo omisivo corresponde exclusivamente a Georgina Liliana Valverde Arévalo, siendo que estos "desperfectos" no generan agravios a los derechos fundamentales de la ahora impetrante de tutela, por lo que se determinó que no tiene legitimación para impugnar dichas omisiones;
  6. f)Respecto a la indebida invocación del art. 1553.1 del CC y la transcripción del art. 1553.II de la misma norma, se advierte que se trata de un lapsus calami, siendo que lo correcto era citar el art. 1553.II; no obstante, no corresponde utilizar la justicia constitucional para enmendar este tipo de errores mecanográficos, resultando improcedente; y,
  7. g)Se concluy6 que no corresponde aplicar el art. 1553.II del CC, dado que no existió defecto subsanable que vincule el derecho propietario inscrito por la accionante en los asientos A-4 y A-7 con el "registro preventivo" anotado en el asiento B-2 y ampliado por el B-3, los cuales carecen de causa y finalidad, resultando suficiente la explicaci6n otorgada por el Tribunal de casación para dejar sin efecto dichos registros.
I.3.3. Intervención de la tercera interesada

Georgina Liliana Valverde Arévalo, mediante memorial presentado el 19 de septiembre de 2023, cursante de fs. 799 a 805 vta., señaló que:

  1. 1)de la lectura del memorial de la acción de amparo constitucional, se advierte la existencia de terceros con interés legítimo, como los codemandados, René Miguel Antezana Sosa, Alicia Sosa de Antezana y Reynaldo Amurrio Reyes, Registrador de Derechos Reales, quienes también fueron demandados en el proceso ordinario de mejor derecho y reivindicación, sin embargo, de manera selectiva, la accionante decidió simplemente incluir a su persona y no así a los codemandados y la autoridad antes mencionados;
  2. 2)la accionante, admitío expresamente que no interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, aspecto que las autoridades demandadas valoraron adecuadamente para no ingresar al análisis en el recurso de nulidad y casación; es decir, la accionante no reclamó la vulneración de su derecho conforme identificó el Tribunal Supremo de Justicia, y no activó de manera adecuada el recurso de apelación para que pudiesen considerarse los argumentos de su recurso de casación;
  3. 3)debe tener en cuenta que el 3 de septiembre de 2021 se inició un proceso de emplazamiento a reconocimiento de firmas formulado contra la solicitante de tutela, respecto del documento de "Declaración Expresa" sobre su derecho propietario de 7 de marzo de 2002, proceso que tiene relación directa con el caso motivante de la presente acción tutelar; por lo tanto, existe un hecho controvertido pendiente de resolución en la vía ordinaria, lo que impide a la jurisdicción constitucional ingresar al análisis del caso planteado; y,
  4. 4)la parte accionante no identificó cuál el principio de interpretación del que se apartaron las autoridades demandadas, incumpliendo con la carga argumentativa necesaria para abrir la competencia de la justicia constitucional de revisar de manera excepcional la legalidad ordinaria; tampoco preciso cómo la labor interpretativa de los Magistrados demandados, lesionó sus derechos subjetivos, incumpliendo asimismo con el deber de explicar la relevancia constitucional de lo denunciado.

Mostrando 29 de 141 parrafos.

Lee el fallo completo con Pixi Lector

Estás viendo aproximadamente el primer 20% del fallo. Activa Pixi Lector para acceder al texto íntegro y al PDF original completo.

Bs. 20/mesPixi Lector

  • Texto íntegro de las sentencias del TCP y TSJ
  • PDF oficial de cada resolución, listo para descargar
  • Citas listas para usar en tus escritos

¿Necesitas también el asistente IA? Compara todos los planes

Tribunal Constitucional Plurinacional20 de febrero de 20260019/2026-S3Fuente oficial