0020/2020-O

En ese orden, la Jueza de garantías, en observancia del decreto citado supra, emitió el Auto Interlocutorio 72/2019 de 11 de junio, por el cual ordenó se remita antecedentes al Ministerio Público "...para lo que en ley le corresponda a la parte accionante..." (sic), con los siguientes argumentos:

1. a)La Resolución 06/2017 de 29 de agosto y la SCP 0951/2017-S2 se encuentran acordes al modelo constitucional vigente, dado que la acción de amparo constitucional es un medio idóneo de defensa inmediata, oportuna y eficaz para la reparación y restablecimiento de los derechos fundamentales y garantías constitucionales; y dado su reparación y restablecimiento de los derechos y garantías fundamentales; y su alcance jurídico se instituye en un proceso constitucional autónomo e independiente, diferente a un proceso ordinario, o por lo menos con naturaleza procesal distinta, cual es la protección y restitución de derechos fundamentales y garantías constitucionales, siendo una de sus principales características la inmediatez;
2. b)Al haberse referido el Decreto de 22 de abril de 2019, a la queja opuesta por la autoridad demandada, y señalar que la misma fue opuesta fuera de plazo; por tal motivo, no se debió ni siquiera remitir ante el Tribunal Constitucional Plurinacional sino que debió ser rechazada in límine; y,
3. c)El Tribunal Constitucional Plurinacional bajo el principio de igualdad procesal, e igualdad de las partes, en su parte in fine, manifestó que la parte accionante solicitó una petición y hace referencia a la denuncia realizada por la impetrante de tutela Cecilia Liliana Pinedo Romero, sobre el incumplimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional activada, situación que se encuentra pendiente de resolución, remitiendo en devolución todos los antecedentes para que se cumpla con el trámite a la accionante.

Por memorial presentado el 10 de julio de 2019, Javier Ernesto Suárez Hurtado, Director General Ejecutivo del SENASAG-MDRyT opuso impugnación contra el Auto Interlocutorio 72/2019, dictado por la Jueza de garantías, fundamentando que:

1. 1)El 4 de septiembre de 2017, se hizo conocer a la Jueza de garantías el cumplimiento de la Resolución 06/2017, al haberse suscrito un Contrato Administrativo de Personal Eventual SENASAG/DN-12/278/2017 de 1 de septiembre, con Cecilia Liliana Pinedo Romero (imperante de tutela), para fungir el cargo de Encargada Nacional de Recaudaciones de la Dirección Nacional del SENASAG, con el Nivel 2 de la Escala Salarial, y con una remuneración mensual de Bs15 247.- (quince mil doscientos cuarenta y siete bolivianos), pues sólo se contaba con recurso económicos en la Partida 121000 de Personal Eventual, esto hasta que se pudiera migrar dichos recursos a la Partida 117000;
2. 2)De forma posterior, la entidad fue notificada con la SCP 0951/2017-S2, la cual confirmó de forma parcial la antedicha Resolución 06/2017, concediendo la tutela impetrada por vulneración al derecho a la inamovilidad laboral que goza la accionante como persona con discapacidad, en la que se dispuso su reincorporación laboral y el pago de sus sueldos devengados -la cual habría sido denegado por la Jueza de garantías-, haciendo conocer por consiguiente el 15 de marzo de 2018, que:
3. i)La impetrante de tutela, planteó la demanda de pago de haberes devengados, la cual fue admitida por Auto de 1 de noviembre de 2017, proceso en el cual de su parte se interpuso la excepción previa de impersonería, misma que fue declarada improbada; por lo que, opuso el recurso de apelación; y,
4. ii)Se dio contestación a la demanda, encontrándose la causa en pleno trámite; por lo cual, podría surgir una doble sanción, sobre un mismo objeto de litigio -pago de haberes devengados-, lo que vulneraría lo establecido en el art. 117.II de la Constitución Política del Estado (CPE), pues nadie puede ser procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho, esto, cuando el desistimiento y transacción no causan estado, tampoco siendo procedente la perención de instancia, en base a la irrenunciabilidad de los derechos sociales del trabajador;
5. 3)La Jueza de garantías, por Auto de 22 de marzo de 2018, le conminó para que en el plazo de setenta y dos horas, se cumpla con la Resolución 06/2017 y con la SCP 0951/2017-S2, debiendo hacer efectivo el pago de sueldos devengados; por lo que, se planteó incidente de inejecutabilidad de la Sentencia Constitucional Plurinacional, en la que se indicó que Janneth Arteaga Tababary en representación de Cecilia Liliana Pinedo Romero, el 15 de marzo de 2018, presentó desistimiento del proceso laboral de pago de haberes devengados, que fue rechazado por el Juez de la causa mediante Auto de 27 del mismo mes y año, ordenando que se continúe con la tramitación del proceso hasta su conclusión, determinación que no fue impugnado por la parte demandante -ahora accionante-, consintiendo en que se continúe con la tramitación ordenada;
6. 4)La Jueza de garantías, por Auto Interlocutorio de 9 de mayo de 2018, rechazó el incidente de inejecutabilidad de la SCP 0951/2017-S2, señalando que las acciones de amparo constitucional no admiten dilaciones y/o incidentes; por lo que, se le impuso una multa pecuniaria de Bs50.- (cincuenta bolivianos) por día de incumplimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional, lo cual sería aplicado de forma compulsiva y progresiva hasta el cumplimiento de lo ordenado, otorgándoles el plazo de veinticuatro horas para que se cumpla dicha orden, a cuyo vencimiento debería remitirse antecedentes al Ministerio Público; por lo que, contra dicha decisión interpusieron recurso de queja, pronunciándose el Auto Constitucional de 22 de abril de 2019; por el cual, se ordenó a la Jueza de garantías emitir Resolución resolviendo la denuncia de sobrecumplimiento;
7. 5)Dando cumplimiento al citado Auto Constitucional, la Jueza de garantías pronunció el Auto Interlocutorio 72/2019, en el cual simplemente se limitó a disponer que se remitan antecedentes al Ministerio Público, pues hizo caso omiso a las conminatorias; empero, dicho Auto Interlocutorio no se pronunció ni absolvió el recurso de queja de 18 de mayo de 2018, opuesto contra el Auto de 9 del mismo mes y año, el cual rechazó su incidente de inejecutabilidad de la SCP 0951/2017-S2, pues no dio razones ni motivos por los que deniega la queja, además de no cumplir con las exigencias de la estructura de forma, ni de contenido, en vulneración del debido proceso en sus elementos de congruencia, debida fundamentación, interdicción de la analogía y los principios de verdad material, legalidad, seguridad jurídica e igualdad;
8. 6)En el memorial de queja se dio a conocer la existencia de una imposibilidad sobreviniente originada por la parte accionante, al haber activado un proceso en la vía laboral respecto al pago de sus sueldos devengados, y que dicha jurisdicción sería la que determine la dimensión y cuantía de los mismos, una vez se haya desvirtuado que la impetrante de tutela hubiera percibido remuneración por otro trabajo desempeñado en el sector público y privado, en el marco del art. 9 del Decreto Supremo (DS) 21173 de 30 de noviembre de 1985, concordante con la prohibición señalada en los arts. 236.I de la CPE y "11.I.a) de la Ley 2021"; y,
9. 7)Desconocer la existencia del proceso laboral de pago de sueldos devengados es desconocer la no concurrencia de las circunstancias fácticas del momento en el que se emitió la SCP 0951/2017-S2 y que deben respetarse los principios de realidad o verdad material, resultando evidente que todos los fundamentos esgrimidos de su parte no fueron valorados ni tenidos en cuenta por la Jueza de garantías, no siendo evidente que el recurso de queja hubiera sido presentado fuera de plazo, ni que la impetrante de tutela hubiera activado otro recurso de queja, solicitando se declare ha lugar la impugnación planteada.