0020/2022-S2

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar:

1. a)"Al sr. RAFAEL MENSOZA MEDINA en virtud a la GUARDA LEGAL Y NATURAL DICTADA A MI FAVOR, restituya la libertad personal de mis hijos al hogar y cese la tenencia y persecución indebida contra ellos. Que dicha restitución de los menores sea de la manera más oportuna por el peligro que ocasiona a su integridad fisica al estar junto a los sobrinos paternos del accionado" (sic);
2. b)"A la FISCAL DRA. CRISTINA RISSIOTI adscrita al caso, que garantice y de cumplimiento al debido proceso en defensa del derecho de los niños, debiendo establecer los mecanismos adecuados para que las medidas de protección tengan un carácter legal sin vulnerar los derechos fundamentales de los niños que fueron separados ilegalmente de su madre, tomando en cuenta que dicha resolución fue la causa de la serie de irregularidades que dio inicio a la vulneración de los derechos y garantías que tienen mis hijos" (sic);
3. c)"Al JUEZ DE FAMILIA N° 7 DR. JUAN QUIROGA para que determine conforme a derecho, limitando sus atribuciones, garantice la protección integral de los menores, sin intervenir en el proceso penal que es ajeno al familiar" (sic); y,
4. d)"A la FUNCIONARIA DE LA DEFENSORÍA DEL NIÑO NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL DISTRITO NO. 1 SRA. MARTHA ARUZCA para que cese con la persecución a los niños y garantice los derechos de los menores cumpliendo con lo establecido en la normativa nacional y convencional que otorga la efectiva protección a la niñez" (sic).

Juan Quiroga Ortiz, Juez de Familia Séptimo de la Capital del departamento de Chuquisaca, remitió informe escrito presentado el 2 de diciembre de 2021, cursante de fs. 30 a 31, mediante el que solicitó se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes argumentos:

1. 1)La presente acción deriva de la denuncia interpuesta el 23 de marzo de 2021, por Rafael Cristian Mendoza Medina contra Erika Jimena Martínez Irahola, una vez admitida, la Fiscal asignada al caso presentó el inicio de investigación y las medidas de protección impuestas ante el Juez de Instrucción de Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer conforme y decretado por el Juez el 25 de marzo del año en curso;
2. 2)El demandante Rafael Cristian Mendoza Medina solicitó al "juez anticorrupción" la homologación de las medidas de protección impuestas a la accionante por la Fiscal; asimismo el demandante hizo conocer al Juzgado de Familia Séptimo de la Capital del departamento de Chuquisaca la resolución de medidas de protección en favor de los menores en contra de la ahora accionante, anunciando que sus hijos se encuentran viviendo con él, estando a buen recaudo; mediante decreto de 9 de abril de ese año, se dispuso "se tiene presente" y tomando en cuenta que la fiscal asignada al caso impuso medidas de protección mediante Resolución de 31 de marzo de dicho año, se ratificaron las mismas, según decreto de 9 de abril del mismo año; con dicha Resolución la impetrante de tutela fue notificada el 13 de abril de igual año, conforme el párrafo segundo de dicha normativa;
3. 3)La solicitante de tutela no impugnó la resolución por la cual se ratificaban las medidas de protección impuestas por la Fiscal de Materia, pese a su legal notificación de "fs. 398", por lo que, se entiende que estaba de acuerdo con las mismas, haciendo conocer recién mediante la presente acción de libertad su disconformidad; asimismo, la peticionante de tutela únicamente solicitó copias legalizadas el 13 de abril de 2021 e hizo conocer el cambio de patrocinio legal, mas nunca hizo conocer su disconformidad con las medidas impuestas por la Fiscal y ratificadas en sede judicial;
4. 4)En el proceso de divorcio, mediante acuerdo arribado entre la accionante y el progenitor de sus hijos el 12 de diciembre de 2020, convinieron la guarda de los menores a favor de la solicitante de tutela y el derecho de visita para el progenitor;
5. 5)Los argumentos vertidos por la ahora accionante referidos a la vulneración de los derechos de sus hijos a una protección efectiva como es el debido proceso en su vertiente al derecho a la defensa no son evidentes, toda vez que la misma tuvo conocimiento de la ratificación de las medidas de protección emitidas por la Fiscal del caso y ratificadas en sede jurisdiccional, por lo que no incurrió en vulneración a ningún derecho, con relación a desprotección de sus hijos, más al contrario velando el bienestar y el interés superior de los menores en previsión de los arts. 60 de CPE, 12 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), 6.inc i) y 220.inc.k) ambos Código de las Familias y del Proceso Familiar -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-, esto en el entendido que el progenitor hizo conocer que sus hijos estaban a buen resguardo, además por la denuncia interpuesta contra la accionante, reiterando que durante los ocho meses que refiere no hizo conocer a ese despacho judicial la vulneración de los derechos de sus hijos que ahora señala en su acción de libertad, incluso en la presentación de la planilla de liquidación de pensiones presentada de "fs. 414 a 418".

Cristina Rissiotti Borja, Fiscal de Materia, remitió informe escrito presentado el 2 de diciembre de 2021, cursante de fs. 28 a 29 vta., mediante el que solicitó se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes argumentos:

1. i)La presente acción tutelar es emergente de la emisión de las medidas de protección dentro del proceso penal signado con el C.U.101102012101104 que sigue el Ministerio Público a denuncia de Rafael Cristian Mendoza Medina en representación de sus hijos menores de edad, contra Erika Jimena Martínez Irahola por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica denuncia que se investiga por imperio del art. 225 de la CPE;
2. ii)El derecho a la vida a la integridad física son derechos fundamentales de las personas reconocidos por mandato del art.15 de la CPE, en esa línea la protección está dirigida no solo a las mujeres sino también a todos los miembros de la familia, garantizando la tranquilidad y un ambiente libre de violencia al interior de las familias fin buscado tras la promulgación de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, que en su art. 32.I establece las medidas que se deben adoptar con el propósito de brindar protección y seguridad a la víctima en situación de violencia, determinando lo que en ley corresponda; ii) Las medidas de protección son de aplicación inmediata, destinadas a precautelar la vida, la integridad física, psicológica, sexual, derechos patrimoniales, económico y laborales de las personas en situación de violencia y la de sus dependientes, en esa óptica cumpliendo con la normativa y con el objetivo de interrumpir los actos de violencia y resguardar la integridad física de las víctimas menores de edad y de asegurar la investigación, procesamiento y sanción correspondiente se emitieron las medidas de protección a favor de los menores de edad y a ser cumplidas por la ahora accionante; en consonancia con el art. 5 de la Convención de los Derechos del Niño y también la SC 0735/2010-R de 26 de julio, buscando siempre el interés superior del niño señalado en el Código Niño, Niña, Adolescente -Ley 2026 de 27 de octubre de 1999- y más específicamente en su art. 145. De lo referido es lógico que tanto la normativa internacional, constitucional e interna del país, otorgan una protección reforzada a los menores de edad; y,
3. iii)Por lo expuesto se tiene que las cinco supuestas lesiones demandas carecen de carga probatoria y veracidad, infiriéndose que se actuó conforme a derecho precautelando siempre el interés superior de los niños.

Cristian Rafael Mendoza Medina, ahora demandado en audiencia de manera oral solicitó se rechace la tutela impetrada bajo los siguientes argumentos:

1. a)Este conflicto jurídico debe ser resuelto por la vía ordinaria existen resoluciones que debieron ser impugnadas en la vía correspondiente, por ejemplo la accionante podía objetar las medidas de protección impuestas por el Ministerio Público, en cuanto a la imputación formal fue ratificada y rechazada su impugnación estando vigente en la actualidad; y,
2. b)Con relación al tiempo transcurrido a partir de las medidas de protección especial pasaron más de seis meses, donde no hubo reclamo alguno inclusive podía haberse interpuesto la acción de amparo constitucional lo cual no ocurrió, de acuerdo al art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo), esta acción de libertad no cumplió los requisitos correspondientes.

El Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 03/2021 de 2 de diciembre, cursante de fs. 67 a 75, denegó la tutela impetrada, con los siguientes fundamentos:

1. 1)Se tiene evidencia de un proceso familiar y otro penal, los cuales demuestran el debido proceso; demanda que sus hijos menores de edad estarían corriendo peligro por una denuncia que existió en contra de dos primos que hubieran tratado de abusar de la niña, al respecto la parte recurrente en el proceso penal afirmó que la Jueza de la Niñez y Adolescencia Tercera de la Capital del mismo departamento declaró exentos de la acción penal disponiendo la cesación de la misma a favor de los sindicados; es decir, no existe acción legal alguna por la vía ordinaria ni otra contra de estos dos, que la denuncia sobre el hecho que la hija menor estuviera corriendo riesgo al estar cerca de sus agresores;
2. 2)Sobre la privación de la libertad los menores, efectivamente tiene razón la parte recurrente en el proceso penal al señalar que tiene la guarda legal mediante Sentencia 179/2020, por otro lado, existen las medidas de protección de 31 de marzo de 2021 que son posteriores a la mentada Sentencia, -aproximadamente tres meses después-. Analizando estas medidas de protección se tiene que Erika Jiménez Martínez Irahola, fue notificada el 1 de junio de ese año, a las 11:59, sin existencia de actuados posteriores, al contrario, se advierte una imputación formal de 14 de junio de 2021, habiendo transcurrido abundante tiempo en el cual podría haber hecho prevalecer sus derechos impugnando los actos procesales que consideró gravosos;
3. 3)Se debe analizar que la acción de libertad también procede cuando esta privación de libertad, va ligada al debido proceso, siendo deber del juzgador analizar si se vulneró o no el debido proceso establecido en los arts. 115.I, 117.1 y 180.1 de la CPE, en su triple dimensión, en principio no se advierte que la impetrante de tutela hubiera hecho un reclamo formal ante el juez competente para hacer prevalecer su derecho de guarda como madre sobre estos menores; en segundo lugar, no reclamó ante el Ministerio Público y más aún ante el juez de garantías, solamente se tiene la homologación de estas medidas, el debido proceso citado a través de la SCP 0094/2015-S1 de 13 de febrero, refiere diecisiete vertientes, una es el principio de "legalidad" que va ligado al principio de "la motivación de las resoluciones judiciales" no solamente de estas, si no de la peticiones, este principio, es el ejercicio que debe realizar la parte accionante, identificando de manera clara y concreta dentro de cuál se encuentra la vulneración del derecho; así también, qué persona o autoridad, con qué acción o resolución vulneró ese derecho, no se identificó cómo el padre de estos menores lesionó el derecho de libertad de los mismos, lo que se demostró es que se cumplió una medida de protección especial;
4. 4)¿Cómo vulneró el Ministerio Público este derecho?, si lo hizo con la emisión de las medidas de protección, tenía la vía correspondiente de impugnación bajo el control jurisdiccional, no se lo hizo ante el Juez de Familia Séptimo de la Capital del departamento de Chuquisaca, tampoco se identificó la resolución que vulneró el derecho de la libertad o cual fuera la que está omitiendo este derecho a la libertad; finalmente con relación a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la Capital, no se indicó qué hecho realizó para vulnerar el derecho de libertad personal o de locomoción;
5. 5)Se debe aclarar que en la acción de libertad, procede el principio de inmediatez que no debe ser considerado de manera lírica; tomando en cuenta que las medidas de protección fueron determinadas el 31 de marzo de 2021, a la fecha han transcurrido siete meses y algo mas donde recién se está acudiendo en busca de la protección y tutela constitucional, vale decir, el principio de la inmediatez no ha sido respectado por la parte accionante en ningún momento, está haciendo un reclamo de manera tardía; finalmente si se pretendía que la autoridad constituida en Juez de garantías, revise los actuados de la jurisdicción ordinaria, debió observar principalmente la "SCP 1846/2004", ratificada por la "0SCP 1917/2017-R", en audiencia no se demostró con que resolución se vulneró el derecho de libertad de los menores, la autoridad judicial o fiscal que emitido la misma, para analizar si se vulneraron derechos fundamentales plasmados a partir del art. 13 de la CPE, o el bloque de constitucionalidad que fue invocado, se debe analizar que efectivamente el art. 256 de la Norma Suprema, señala que si existen derechos que protejan mejor o de mayor manera la Constitución Política del estado, debe aplicarse, bajo el principio de control de convencionalidad, las resoluciones emitidas por los tribunales internacionales de justicia, tampoco se ha invocado que resolución análoga, se debe aplicar por el principio de convencionalidad, vale decir que existió carencia de fundamentación;
6. 6)Habiendo realizado todo este análisis en cuanto a la acción de libertad, los fundamentos que hace mención la parte accionante, la respuesta que realizaron las autoridades y la persona demandada, el análisis de la prueba remitida a este despacho constitucional, se tiene la plena evidencia que en ninguna de las vertientes que señala el art. 47 del CPCo, concordante con el art. 125 de la CPE, se vulneraron los derechos o garantías de los representados de la impetrante de tutela, más aun habiendo identificado la existencia de medidas de protección especial, que no son de carácter definitivo, vigentes al momento.