0020/2023-S1

Solicita se conceda la tutela, disponiendo:

1. a)Designar de manera inmediata el Equipo Multidisciplinario a objeto de realizar los informes correspondientes;
2. b)Se disponga como sanción pecuniaria la suma de Bs10 000.- (diez mil bolivianos); y,
3. c)Se remitan antecedentes al Ministerio Público.

El peticionante de tutela, a través de su abogado, se ratificó en los términos planteados en su memorial de acción de libertad, y ampliándola señaló que:

1. 1)Al haber cumplido las dos quintas partes de su sentencia, causa extrañeza que el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz no cuente con el Equipo Multidisciplinario para que puedan realizar los informes correspondientes;
2. 2)El art. 48 incs. 14) y 17) establece que es una atribución del Director General de Régimen Penitenciario el de establecer los procedimientos de selección de personal y el de nombrar a los profesionales de los equipos multidisciplinarios, aspectos que hasta la fecha no fueron cumplidos, ya que el referido Centro Penitenciario, no cuenta con profesionales a objeto de realizar las diferentes tareas de los equipos multidisciplinarios;
3. 3)Al no haber designado el Director General del Régimen Penitenciario conforme a las facultades que le concede el art. 48 incs. 14) y 17) de la LEPS, procede la acción de libertad, protegiendo el acceso a la justicia como elemento del debido proceso que se encuentra vinculado a su libertad; toda vez que, al contar ya con las dos quintas partes de su condena, se encuentra restringido en cuanto a la solicitud de alguna salida que prevé la indicada norma; debiendo conminarse a dicha autoridad, para que en el plazo de veinticuatro horas efectúe las designaciones para el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz;
4. 4)El Director Departamental de Régimen Penitenciario no tomó recaudos para poner en conocimiento de estas falencias al Director General de Régimen Penitenciario de La Paz; y,
5. 5)En apego del art. 19 de la LEPS, se puso en conocimiento de estos extremos, quien a su vez de forma escrita al Juez de Ejecución Penal, solicitó al Director General de Régimen Penitenciario para que se pronuncie al respecto.

Juan Carlos Limpias Esprella, Director General de Régimen Penitenciario a. i. del Ministerio de Gobierno, por Informe MG-DGRP 405/2020, de escrito presentado el 23 de diciembre, cursante de fs. 8 a 13 vta., manifestó que:

1. i)La Administración no está facultada para otorgar beneficios penitenciarios respecto a la obtención de la libertad o pre libertad, siendo estas competencias del Juez de Ejecución Penal;
2. ii)El Juez de Ejecución Penal, conforme al art. 18 de la LEPS, es quien realiza el seguimiento del cumplimiento de condena del privado de libertad, y otorga los beneficios penitenciarios de redención, extramuro, libertad condicional, y no así la Administración Penitenciaria;
3. iii)Sobre la emisión de informes, estos se lo realiza a petición o solicitud de la autoridad jurisdiccional, y es el Director del Centro Penitenciario que debe cumplir esas determinaciones, no la Dirección General de Régimen Penitenciario; y,
4. iv)Al no haber emitido alguna disposición que vulnere derechos no cuenta con la legitimación pasiva, solicitando denegar la tutela.

La Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz, mediante Resolución 277/2020 de 23 de diciembre, cursante de fs. 16 a 18, denegó la tutela en base a los siguientes fundamentos:

1. a)Conforme el art. 48 de la LEPS, es una atribución de la Dirección General de Régimen Penitenciario nombrar a los profesionales de los Equipos Técnicos Multidisciplinarios; sin embargo, es tuición del Juez de Ejecución Penal garantizar un permanente control jurisdiccional de los derechos y garantías de toda persona privada de libertad;
2. b)Al haber indicado que presentó un memorial al control jurisdiccional y este a su vez puesto en conocimiento del Director General de Régimen Penitenciario, no se puede ingresar al fondo del caso, por las siguientes razones:
3. 1)El accionante señala que cumplió las dos quintas partes de su sentencia y que a la fecha la Dirección General del Régimen Penitenciario, no tiene determinado el equipo multidisciplinario a partir del cual se puedan relevar informes y ponerlos a conocimiento del Juez de Ejecución Penal para poder acceder a un beneficio; al respecto no se tiene ningún elemento objetivo para corroborar dichas alegaciones del impetrante de tutela y advertir la emergencia de la relevancia constitucional; por lo que, si el solicitante de tutela cumplió las dos quintas partes de su condena, es una situación que no puede ser valorada, pues no se tiene ninguna solicitud que éste haya efectuado ante el Juez de Ejecución Penal o ante el mismo Gobernador del Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz;
4. 2)El hecho de que el demandante de tutela haya puesto en conocimiento de todas estas circunstancias ante el Juez de Ejecución Penal, tampoco puede ser evidenciado de manera objetiva; y,
5. c)En aplicación de los arts. 18 y 19 de la LEPS, opera de manera excepcional el principio de subsidiariedad ya que: c.i) Existe ausencia de elementos objetivos para acreditar la verisimilitud de las denuncias realizadas por el accionante; y, c.ii) El hecho de haber acudido o no haber agotado el mecanismo de control jurisdiccional por ante el Juez de Ejecución Penal para que este realice una actuación pertinente en el caso concreto.

En consecuencia, corresponde dilucidar si tales extremos son ciertos, con el fin de conceder o denegar la tutela; para lo cual, se tomarán en cuenta los siguientes aspectos:

1. a)Naturaleza Jurídica de la acción de libertad;
2. b)Naturaleza jurídica de la acción de cumplimiento; y,
3. c)Análisis del caso concreto.

1. Su vida está en peligro; 2. Está ilegalmente perseguida; 3. Está indebidamente procesada; 4. Está indebidamente privada de libertad personal (...)". De la descripción constitucional y legal a nuestro ordenamiento jurídico, en lo referente a la acción de defensa supra citada, corresponde remitirnos a la SCP 0037/2012 de 26 de marzo1, que al respecto señaló: "La acción de libertad conocida en el derecho comparado y en nuestra legislación abrogada como "recurso de habeas corpus", encuentra fundamento en innumerables instrumentos normativos de orden internacional como en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, disposiciones normativas que forman parte del bloque de constitucionalidad, de conformidad a lo dispuesto por el art. 410 de la CPE. Se trata de un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando esté en peligro." (el resaltado es nuestro) Asimismo la aludida Sentencia Constitucional Plurinacional precisó que la acción de libertad está diseñada sobre dos pilares esenciales: "...el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida. Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro:

1. a)Atentados contra el derecho a la vida;
2. b)Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción;
3. c)Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y,
4. d)Acto u omisión que implique persecución indebida". (el resaltado es nuestro) De lo expuesto se concluye que la naturaleza procesal de la acción de libertad, está concatenada a sus características que la diferencian de las otras acciones tutelares (amparo constitucional, protección de privacidad, cumplimiento y popular), como son la sumariedad, inmediatez, informalismo, generalidad e inmediación. Asimismo, cabe resaltar que por mandato constitucional y legal, esta acción de defensa se encuentra configurada por los siguientes presupuestos de activación: atentados contra el derecho a la vida; afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, acto u omisión que implique persecución indebida.