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TCP

0021/2019

Tribunal Constitucional Plurinacional
24 de abril de 2019SALA PLENA
Resumen del caso

Sentencia 0021/2019

Proceso
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Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0021/2019 Sucre, 24 de abril de 2019

SALA PLENA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Conflicto de competencias jurisdiccionales

Expediente: 24427-2018-49-CCJ Departamento: La Paz

En el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre el Juez Público Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero y el Juez Agroambiental, ambos de Apolo del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURIDICA

I.1. Antecedentes procesales sustanciados ante la jurisdicción ordinaria penal

Daniel Guarachi Calle, Juez Público Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de Apolo del departamento de La Paz, -antes Juez de Instrucción Mixto, Liquidador y Cautelar- mediante Resolución 110/1018-P de 22 de mayo de 2018, cursante de fs. 94 a 96, declaró probado "el incidente" de incompetencia por razón de materia suscitada por la Fiscalía, debiendo remitir al efecto el cuaderno de control jurisdiccional -proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de María Teresa Montaño Molina y Ruth Rina Montaño de Ambrose contra Alfredo Pastor Luque Apaza y Froilán Aguayo Zeballos por la presunta comisión de los delitos de avasallamiento y amenazas- a la autoridad agroambiental, con los siguientes fundamentos:

  1. a)La , estableció que la Justicia Indígena Originario Campesina (JIOC), en sus instancias de deliberación y autoridades competentes, tiene la plena potestad de impartir justicia, lo contrario sería desconocer el derecho a la libre determinación, la vigencia y el desarrollo de las instituciones de las Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesinos (NPIOC), un proceso de criminalización del ejercicio de la jurisdicción indígena campesina por la aplicación de sus normas y procedimientos;
  2. b)El art. 190 de la Constitución Política del Estado (CPE) prevé que las NPIOC ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades y aplicaran sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios;
  3. c)En la denuncia penal antes mencionada concurren los tres ámbitos de vigencia como ser personal, material y territorial, por lo cual es competencia de la jurisdicción Indígena Originaria Campesina (IOC) resolver el conflicto o controversia bajo sus normas y procedimientos propios, más aun cuando Joel Gregorio Mayana es comunario de Irimo y el conflicto suscitado es entre comunarios;
  4. d)El derecho penal sustantivo y adjetivo tiene como una de sus principales características el de ser de ultima ratio, por ello se establece una persecución de la jurisdicción IOC, pues respetando el principio de legalidad que rige el ordenamiento jurídico en vigencia, no corresponde aperturar un proceso con la intervención del Ministerio Público;
  5. e)El art. 55 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) establece que los fiscales podrán desestimar denuncias escritas, querellas e informes policiales de acción directa en las que el hecho sea atípico, de persecución penal privada, no exista una relación fáctica clara o no concurran los elementos necesarios para tomar una decisión y no cumpla requisitos legales pertinentes -éste último se da en el presente caso-;
  6. f)El Ministerio Público ejerce la acción penal para perseguir la comisión de hechos antijurídicos una vez que tiene conocimiento de los mismos, a través de la denuncia penal o querella; sin embargo, no todo hecho supone el inicio de la investigación, en ese caso, se emitirá la Resolución de desestimación, manifestando no haber lugar al inicio del procedimiento ordinario, debido a que la denuncia o querella no cumple con los requisitos legales pertinentes que permitan instruir la fase de la investigación criminal o que exista un impedimento legal; por lo cual, el Ministerio Público no puede disponer la misma; y,
  7. g)No le corresponde dilucidar al Ministerio Público en la vía del derecho penal, los extremos indicados en la denuncia, en virtud del art. 122 de la CPE, que dispone expresamente que: "Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley".

I.2. Antecedentes procesales sustanciados ante la jurisdicción agroambiental

Humberto Medina Cruz, Juez Agroambiental de Apolo del departamento de La Paz, por Resolución 02/2018 de 5 de junio, cursante de fs. 108 a 111 vta., se declaró incompetente en razón de materia y territorio para el conocimiento del proceso penal de amenazas y avasallamiento (en área urbana) interpuesto por Guillermo Eloy Losantos Saravia en representación de María Teresa Montaño Molina y Ruth Rina Montaño de Ambrose contra Alfredo Pastor Luque Apaza y Froilán Aguayo Zeballos; con los siguientes argumentos:

  1. 1)El art. 39 de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA), establece cuáles son los procesos agrarios de competencia de los jueces agroambientales, entre los que no se encuentran incluidos los procesos penales referidos al delito de amenazas, previsto en el art. 293 del Código Penal (CP);
  2. 2)El art. 4 de la Ley 477 de 30 de diciembre de 2013 -Ley Contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras- amplía la competencia a los jueces agroambientales para conocer las acciones de avasallamiento; sin embargo, en mérito al principio de especialidad previsto en el art. 76 de la LSNRA y confirmada por la abundante jurisprudencia constitucional, entre ellas, la , señaló que si bien la Ley 477 otorga una nueva competencia al juez agroambiental, no será posible que dicha autoridad por cuestiones de competencia pueda resolver situaciones donde se evidencien medidas de hecho vinculados al avasallamiento cuando se trate de predios o inmuebles donde no se advierta que el destino de la propiedad y las actividades desarrolladas no sean de carácter agroambiental;
  3. 3)En el presente caso, de las pruebas adjuntas como las fotografías, se evidencia que el bien inmueble objeto de la litis se encuentra ubicado en el área urbana de la localidad de Apolo del departamento de La Paz, contando con todas las características urbanas, puesto que cuenta con campos deportivos, unidad educativa, calles, servicios básicos, energía eléctrica, agua potable y medios de transporte; y,
  4. 4)Con relación a la jurisdicción agroambiental, el art. 131.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), dispone que: "Desempeña una función especializada y le corresponde impartir justicia en materia agraria, pecuaria, forestal, ambiental, aguas y biodiversidad, que no sean de competencias de autoridades administrativas" y respecto al principio de especialidad como uno de los principios que rige los procesos agroambientales, el art. 76 de la LSNRA, aduce que es: "En virtud del cual se aplica la facultad constitucional otorgada a la Judicatura Agraria para administrar justicia en materia agraria"; es decir, sobre predios agrícolas ubicados en el área rural y no urbanos; asimismo, la norma legal antes citada, prevé el principio de la función social y económico social y de manera imperativa establece que la jurisdicción agroambiental, debe tutelar los derechos a la propiedad y a la posesión agraria.

I.3. Admisión

El presente conflicto de competencias jurisdiccionales fue admitido mediante , pronunciado por la Comisión de Admisión de este Tribunal Constitucional Plurinacional (fs. 144 a 147).

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