Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0021/2020-CA Sucre, 5 de febrero de 2020
Expediente: 32746-2020-66-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: Tarija
La acción de inconstitucionalidad concreta cursante a fs. 14 a 20 vta. promovida de oficio por Rossio Lima Gutiérrez, Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda del departamento de Tarija demandando la inconstitucionalidad del art. 393 deciter del Código de Procedimiento Penal (CPP) incorporado por el art. 15 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, por ser presuntamente contrario a los arts. 116.I, 120.I, 178.I, 180 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de la solicitud de parte
Por memorial presentado el 16 de enero de 2020, cursante a fs. 14 a 20 vta., la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda del departamento de Tarija, refiere que dentro del proceso penal por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, mediante memorial interpuesto el 4 de diciembre de igual año, la víctima indicó que existió incumplimiento a las medidas de protección dispuestas, solicitando audiencia para Resolución Integral para el divorcio según establece el Código de Procedimiento Penal modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres; encontrándose en la fase preliminar de la investigación, por lo que citó a audiencia y amplió las indicadas medidas; sin embargo, al encontrarse en dicha fase desconocía los alcances del hecho investigativo. Con relación a la Resolución Integral, la cual está sujeta al Código de las Familias y del Proceso Familiar, conforme a su art. 210, al tenerse que otorgar un plazo para la atención del divorcio o desvinculación requerida, no fue emitida; surgiendo en dicha aplicación práctica dudas razonadas de la constitucionalidad del art. 393 deciter del CPP incorporado por la mencionada Ley.
Ahora bien, las medidas de protección tienen una naturaleza y protección ante hechos de violencia a efectos de evitarse o que no sea incrementada ni en frecuencia ni en intensidad, tal como lo estableció la . Además estas son revisables y mutables, pudiendo ser modificadas acorde se presenten las situaciones en concreto, teniéndose con ello que conforme señalan los arts. 389 quater del CPP y 32 de la Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, dichas medidas durarán en tanto subsistan los motivos que fundaron su aplicación, independientemente de la etapa del proceso, pudiendo ser ampliadas o disminuidas dependiendo al caso concreto. Consecuentemente, también son de carácter provisional, no constituyéndose en sí misma en una sentencia firme, más por el contrario es preventiva; no obstante, la mencionada Resolución Integral, plantea aquella resolución como definitiva, pues su efecto es de esa calidad -divorcio o desvinculación de la unión libre por ruptura del proyecto de vida en común- lo que extendería el alcance de las medidas de protección.
El divorcio es una figura jurídica mediante la cual el hombre y la mujer ponen fin a una relación conyugal que nació de un matrimonio formal o una unión libre o de hecho, cuyo efecto inicia desde su registro en el Servicio de Registro Cívico (SERECÍ), conforme señala el art. 214 del Código de las Familiar y del Proceso Familiar (CFPF). Según el art. 205 de la misma ley, el divorcio o desvinculación de la unión libre proceden en la vía judicial por ruptura del proyecto de vida en común de manera ágil y sin dilaciones en una sola audiencia, emitiéndose una sentencia que es recurrible conforme a procedimiento, cuyos efectos correrán a partir del registro civil, operando con la cancelación de la partida tal como está dispuesto por los arts. 214 de dicha Ley, 59 de la Ley de Registro Civil (LRC) y art. 45 del Decreto Supremo (DS) 24247 de 7 de marzo de 1996. En ese sentido, nuestra legislación posibilita la desvinculación de los vínculos conyugales sin necesidad de trámites revictimizadores, lo cual se encuentra sujeto a una revisión de segunda instancia, es decir que puede ser objeto de recurso de apelación, y cobrará vigencia a partir de su registro civil, características que solo son operativas en materia familiar, por cuanto el Juez de Instrucción Penal, solo emite sentencias en procedimientos abreviados y la Resolución Integral prevista en el art. 393 deciter del CPP no prevé la interposición del recurso de apelación y su procedimiento, además que sin sentencia no existe manera de que el SERECÍ proceda a la cancelación de la partida de matrimonio, por lo tanto no cobra efecto jurídico.
En ese marco, el art. 15 de la CPE, establece como derecho fundamental el derecho a no sufrir violencia ni familiar ni en la sociedad, contrastándolo con el bloque de constitucionalidad y control de convencionalidad denota la vinculación con el derecho a la tutela judicial efectiva, constituyéndose por ello en una garantía de los órganos del Estado a efectos de evitar causar mayor daño a las víctimas de violencia. Es así que, el art. 393 octer del CPP precautela la no revictimización, entendiéndose que ante los hechos de violencia se pueda concentrar las actuaciones para que en la jurisdicción penal pueda producirse la disolución del vínculo conyugal; no obstante ello, de la revisión del proceso familiar, bajo el paradigma del vivir bien y el suma qamaña se colige que dicho actuado es ágil y sin dilaciones por cuanto se acredita la ruptura del proyecto de vida en una sola audiencia, cuya sentencia cobra efecto jurídico de manera pronta a través de mecanismos coherentes y determinados.
Pues bien, al extenderse la competencia de emitir una Resolución Integral con el efecto de la disolución del vínculo conyugal o de unión libre, resulta que se ingresa a una suerte de colisión normativa infraconstitucional que no goza de la garantía de no revictimización y de tutela efectiva, ya que dicha resolución carece de efecto útil puesto que no existe manera en que la Resolución Integral otorgue el efecto jurídico esperado, es decir la disolución del vínculo conyugal, pues este únicamente cobra efectos a partir de su registro civil, mismo que no puede ser efectivizado por cuanto como ya se manifestó, el Juez de Instrucción Penal, solo tiene competencia para emitir Sentencia en Procedimiento Abreviado y a pesar de que emita la Resolución Integral esta no podrá ser registrada en el Registro Civil, lo que provoca que la víctima en lugar de ser protegida sea revictimizada y entorpecida por falta de previsión legal de mecanismos administrativos que hagan posible el efecto útil esperado.
El debido proceso está reconocido como derecho y garantía jurisdiccional, tal como lo señala la , mismo que deriva en la garantía del juez natural establecido en el art. 120.I de la CPE, el cual se encuentra configurado por los elementos de la competencia, imparcialidad e independencia, de los que respecto a la competencia no existiría óbice alguno puesto que bajo el principio de reserva legal se otorgó la competencia al Juez de Instrucción Penal que se encontraba establecida para el Juez Familiar; sin embargo, el art. 393 deciter del CPP incorporado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres otorga competencia al Juez de Instrucción Penal para que aplique el Código de las Familias y del Proceso Familiar, siendo que dicha normativa hace referencia a elementos específicos a efectos de comprender la jurisdicción y competencia conforme dispone sus arts. "223 y 223" (sic), lo cual no guarda relación con el art. 54 del CPP, que si bien es un conflicto normativo infraconstitucional, la aplicación en concreto vulnera la seguridad jurídica y al juez natural, por lo que se desnaturaliza la función de primer garante de derechos en los delitos de acción penal. Así también, la emisión de la Resolución Integral implica la vulneración al elemento imparcialidad correspondiente al juez natural, por cuanto en materia penal rige el principio de presunción de inocencia; empero, se requiere sea emitida una resolución definitiva sobre un hecho que se encuentra en debate a pesar que la misma sea invocada por la ruptura del proyecto de vida, lo cual sitúa al Juez de Instrucción Penal en un doble rol, debiendo garantizar el debido proceso, y atender la ruptura del proyecto de vida involucrándose de tal manera en aspectos privados de las partes.
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