0021/2020-RCA

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0021/2020-RCA Sucre, 28 de enero de 2020

Expediente: 32649-2020-66-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 132/2019 de 28 de noviembre, cursante de fs. 198 a 200, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Juan Gutiérrez Palabra contra Rufo Nivardo Vásquez Mercado y Gregorio Aro Rasguido, Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental; Andrea Abelina Ajata Larico, Jueza Agroambiental del departamento de La Paz; y, Guillermo Ramiro Rojas Martínez y Fortunato Vicente Villca.

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de los hechos que la motivan

Por memorial presentado el 14 de noviembre de 2019, cursante de fs. 156 a 163 vta., el accionante señaló que, Fortunato Vicente Villca en representación legal de Guillermo Ramiro Rojas Martínez, con argumentos falsos e incoherentes, presentó demanda de reivindicación y pago de daños y perjuicios en su contra, refiriendo que su persona y otros le habrían despojado de la posesión de 233,26 m2 de terreno, destrozando linderos, un tanque de agua y un muro de contención, con el objetivo de instalar un lavado de autos; en ese sentido, radicada la causa en el Juzgado Agroambiental del departamento de La Paz a cargo de Andrea Abelina Ajata Larico -Jueza ahora demandada-, se apersonó planteando excepción de falta de personería, con el argumento de que Guillermo Ramiro Rojas Martínez carecería de legitimación activa, ya que al momento de interponer la referida demanda, no era el titular del inmueble en litigio, recayendo dicha calidad en Fortunato Vicente Villca; asimismo, a tiempo de reconvenir indicó que fue precisamente este último quien ingresó a su propiedad despojándolo de una superficie de 183,212 m2; sin embargo, a pesar de ello, la Jueza de la causa emitió la Sentencia 06/2018 de 26 de octubre, declarando probada la mencionada demanda e improbada su reconvención.

Con esos antecedentes, interpuso recurso de casación ante el Tribunal Agroambiental, adjuntando informes que demostraban la transferencia del inmueble en litigio, realizada por Guillermo Ramiro Rojas Martínez a favor de Fortunato Vicente Villca, evidenciando con ello la falta de personería del demandante reclamada en primera instancia; empero, de igual manera, el mencionado Tribunal, por Auto Agroambiental Plurinacional S2a 019/2019 de 2 de mayo, declaró infundado su recurso en el fondo y la forma, confirmando la Sentencia impugnada.

Refirió que con esos actos, se vulneraron sus derechos al debido proceso en sus elementos de contar con un juez natural competente e imparcial y de la valoración razonable de la prueba; pues la Jueza de la causa debió exigir que el demandante acredite si su demanda era de naturaleza agraria; así como oficiar al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para que certifique si el predio en cuestión contaba con Resolución de Inicio de Saneamiento, ello a fin de evitar posteriores nulidades; sin embargo, al no obrar de esa manera, dio lugar al inicio de un trámite irregular viciado de nulidad.

Por último mencionó que la citada Jueza Agroambiental no consideró la prueba presentada por su persona con relación a la falta de legitimación activa, sobre la cual tampoco se pronunciaron los Magistrados ahora demandados; asimismo, en la inspección ocular, omitió establecer la existencia de la Función Social como de la Función Económica Social (FES), dejando entrever su falta de objetividad.

I.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados

Consideró lesionados sus derechos al debido proceso, a contar con un juez competente e imparcial, a la valoración razonable de la prueba y a ser oído por autoridad competente; y, la garantía de acceso a una justicia plural, pronta, imparcial y oportuna; citando al efecto los arts. 115, 116, 119.I y 120.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).