0021/2022-S2

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia ordenar:

1. a)Dejar sin efecto el Acta de Prevención, Compromiso y Responsabilidad de 4 de noviembre de 2020; y,
2. b)Que el "...Municipio de La Paz por intermedio de la Máxima Autoridad Ejecutiva que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Cotahuma dependiente del Municipio (...) proceda al rescate de la menor (...) de manos de su progenitor Richard Juan Gutiérrez Blanco y lo restituya a la guarda natural de la m[a]dre..." (sic).

La parte accionante a través de su abogado, ratificó íntegramente la acción de libertad; y ampliándola indicó que:

1. 1)El Acta de Prevención, Compromiso y Responsabilidad de 4 de noviembre de 2020, que confería la guarda provisional al padre de la menor de edad, no se materializó; en razón a que, la infante en ese momento tenía seis meses de edad y se encontraba en etapa de lactancia. Agregó que, no existió una valoración psicológica previa a la emisión del Acta mencionada;
2. 2)El padre de la menor, empleó el precitado documento para llevarse a la niña, utilizando su calidad de funcionario policial para influir sobre sus amigos y colegas uniformados de la FELCC;
3. 3)El "20 de septiembre", por nota se le informó que se practicó un examen psicosocial por parte del equipo interdisciplinario de la citada Defensoría de la Niñez y Adolescencia; sin embargo, ella no fue convocada ni se le brindó copias legalizadas del referido examen; y,
4. 4)Actualmente desconocía dónde vivía el padre de su hija; razones por las que, reiteró se le conceda la tutela.

Hernán Iván Arias Durán, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en audiencia a través de su abogado, solicitó se deniegue la tutela, arguyendo que:

1. i)No se observó la finalidad normativamente establecida para la acción de libertad, tampoco se advirtió cuál fue la conducta, acción u omisión de los servidores municipales que hubiera lesionado o puesto en peligro la vida o libertad de la menor de edad;
2. ii)Los demandados carecían de legitimación pasiva para restituir cualquier tipo de derecho debido a que no tuvieron ninguna participación en la suscripción del Acta de Prevención, Compromiso y Responsabilidad de 4 de noviembre de 2020;
3. iii)Respecto a la denuncia de 26 de octubre del mismo año, que originó el Acta precitada, se tuvo que Richard Juan Gutiérrez Blanco, afirmó que la hoy accionante con quien convivía, no retornó a su hogar desde un día antes; afirmó que el comportamiento de desaparecer y apagar el celular de su cónyuge era reiterativa; por lo que, se apersonó. Hecha la valoración de la infante y el padre por parte de la trabajadora social, la referida Defensoría de la Niñez y Adolescencia, procedió a realizar un seguimiento social en cuyo mérito, se entrevistó a la madre de la ahora demandante de tutela, Marcela Mamani Copaja quien manifestó que su hija se trasnochaba, abandonaba a su hija y se perdía por días, dejando a la menor de edad al cuidado de su padre. Posteriormente la accionante se presentó en la institución el día 4 de noviembre de 2020 y fue valorada psicológicamente; en consecuencia de todos los hechos, ambas partes de forma voluntaria firmaron el Acta hoy cuestionada;
4. iv)La aludida Defensoría carecía de competencia para definir la custodia de la niña; por lo que, el Acta de Prevención, Compromiso y Responsabilidad mencionada constituía simplemente un compromiso entre las partes. Adicionalmente, el propio documento en "...el punto 3 del numeral guarda y compromiso..." (sic), determinó que los progenitores debían acudir ante la instancia judicial donde ya se estaba tratando la tenencia de la niña;
5. v)El art. "58" (lo correcto es 43) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de julio de 2014-, establecía la guarda por desvinculación familiar que era otorgada conforme a las normas. Consiguientemente, al existir una demanda de divorcio en el Juzgado Público de Familia Segundo de El Alto del departamento de La Paz, interpuesta por Richard Juan Gutiérrez Blanco, cuyo petitorio incluía la tenencia de su hija; se tenía que, no correspondía a la aludida Defensoría determinar quién mantenía el cuidado. Por lo mismo, el acuerdo suscrito entre los padres, no constituía una decisión definitiva; sino un compromiso de carácter voluntario; y,
6. vi)Los hechos de violencia, debieron iniciarse ante las autoridades e instancias llamadas por ley para activar los procesos de investigación pertinente, sin que en el caso de análisis se hubiera lesionado derecho alguno.

Richard Juan Gutiérrez Blanco, mediante su abogado en audiencia, refirió que:

1. a)También debió demandarse a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de "El Alto" en el Distrito 3 de Pacajes, pues los problemas acaecieron mucho antes de la denuncia que presentó en la ciudad Nuestra Señora de La Paz. Agregó que, en la ciudad de El Alto, también se habían suscrito varios compromisos -que fueron adjuntados al proceso de divorcio- inclusive en presencia de los padres y hermanos de la hoy accionante, quien desaparecía de su hogar reiterativamente, no sólo por días; sino por semanas debido a que -según afirma- es alcohólica y drogadicta. Circunstancias tras las cuales, retornaba golpeada;
2. b)Por esas desapariciones constantes, demandó el divorcio. El proceso fue conocido por el Juzgado Público de Familia Segundo de El Alto del departamento de La Paz, con el Número de Registro Judicial (NUREJ) 20362509, donde se emitió la Resolución "493/2021" confiriéndole la guarda legal al padre. Resolución que era de conocimiento de la hoy demandante de tutela, quien se apersonó en el divorcio y se presentó en la audiencia de desvinculación del matrimonio, donde también se homologó la precitada Resolución;
3. c)De forma posterior a la Resolución que confirió la tenencia al progenitor, la demandante de tutela sustrajo a la niña y por tal hecho, existía una denuncia ante la Fiscalía de la ciudad de El Alto, registrada como "caso: 20150 2022 10 5380". En tal mérito, se procedió al rescate de la menor con orden de allanamiento que se hizo cumplir con auxilio de la fuerza pública; y,
4. d)Si existió abuso sexual o agresiones físicas reiteradas, los delitos debieron denunciarse.

El Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante la Resolución 29/2021 de 2 de diciembre, cursante de fs. 58 a 62, denegó la tutela; bajo los siguientes fundamentos:

1. 1)Conforme a los arts. 47 y 125 de la CPE, la acción de libertad se activa cuando una persona cree que su vida está en peligro, está indebidamente privada de su libertad o indebidamente procesada; situaciones que, debían corroborarse a efectos de determinar si los demandados incurrieron en actos que hayan lesionado los precitados derechos de la menor de edad;
2. 2)Escuchada la fundamentación y los informes de los demandados, así como verificada la solicitud de tutela, no se ha llegado a demostrar que la niña está en peligro de perder la vida ni que está ilegalmente perseguida, procesada o privada de libertad;
3. 3)Si bien existían fotos, presuntamente acreditaban una ofensa de 26 de abril de 2019. La mencionada agresión debió ser denunciada ante la autoridad competente para iniciar las acciones legales correspondientes que permitían seguir en la vía ordinaria y no en la constitucional; y,
4. 4)El demandado Richard Juan Gutiérrez Blanco, acreditó la existencia de una demanda de divorcio, donde la autoridad jurisdiccional otorgó la guarda y custodia de la menor de edad; por lo que, no resultaba viable emplear la acción de libertad para solicitar dejar sin efecto la tenencia conferida al progenitor por la autoridad judicial competente correspondiendo la denegatoria de la tutela.