Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0021/2026-O Sucre, 5 de febrero de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción popular
Expediente: 35610-2020-72-AP Departamento: Chuquisaca
En la queja por incumplimiento de la , pronunciada dentro de la acción popular interpuesta por Francisco Limachi Yucra, Presidente de la Entidad Prestadora del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (EPSA) Comité de Agua Potable y Saneamiento San Isidro Tomoroco y Lucia Choque Carrillo, Secretaria General de la comunidad de Tomoroco del municipio de Presto contra Basilio, Paulino, Sabino, todos Ramos Choque, Eusebio Ramos Espíndola, Patricio Flores Limachi y Francisco Pari Limachi.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la queja por incumplimiento
Por memorial presentado el 8 de octubre de 2024, cursante de fs. 351 a 353 vta., Claudio Limachi Ramos, Presidente de EPSA, interpuso denuncia de queja por incumplimiento de la , puesto que, hasta la fecha los demandados no dejan realizar trabajos para encausar la captación de agua para el consumo humano de la comunidad, manteniendo sus construcciones y conexiones clandestinas que desvían el cauce y disminuyen su caudal, ocasionando escases.
Por lealtad procesal y para que su autoridad no se vea sorprendida por los demandados, quienes por la bonanza económica que tenían gracias al agua tomada por la fuerza para su producción agrícola empobreciendo a toda la comunidad, interpusieron una acción popular contra su entidad, porque supuestamente no les estaría proporcionando agua, en el que se emitió la , que les concedieron la tutela, refiriendo que otros actores como el Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca y el Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Presto deben intervenir y garantizar el agua para el consumo humano, en todo caso deben someterse a la comunidad y pagar el abastecimiento, mediante un compromiso o plan de pagos; dichas disposiciones no son contradictorias con lo dispuesto en la acción popular en la que les otorgaron la tutela respecto a conexiones clandestinas y desviaciones del cauce para riego, cuando el agua es para consumo humano, poniendo en riesgo su abastecimiento no solo de la comunidad, sino de los demandados, quienes tienen que someterse a las reglas comunitarias para su instalación, suministro y mantenimiento.
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