Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0022/2019-O Sucre, 17 de abril de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional
Expediente: 20002-2017-41-AAC Departamento: La Paz
En la queja por sobrecumplimiento de la , presentada por Ángela Sánchez Panozo y María Tereza Garrón Yucra, Magistradas de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por María Amparo Toro Nava en representación legal de la empresa "Construcciones y Arquitectura Sociedad Anónima (CONSARQ S.A.) contra Paty Yola Paucara Paco y Gabriela Cinthya Armijo Paz ahora ex-Magistradas del Tribunal Agroambiental.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la queja por sobrecumplimiento
Por memorial presentado el 21 de noviembre de 2018, cursante de fs. 552 a 559, Ángela Sánchez Panozo y María Tereza Garrón Yucra, Magistradas de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental, formulan queja por sobrecumplimiento contra la Resolución 005/2018 de 8 de mayo, que concedió la queja interpuesta por Sergio Marcelo Arauz Aguirre en representación legal de la empresa CONSARQ S.A. por incumplimiento de la , expresando lo siguiente:
- a)Mediante Auto de 9 de marzo de 2018, se dio efectivo cumplimiento a la , toda vez que, no solamente se consideró los argumentos (inclusive los ampliados posteriormente) relativos a la excepción de incompetencia interpuesta por el tercero interesado CONSARQ S.A., sino a todos y cada uno de los argumentos de la referida Sentencia Constitucional Plurinacional;
- b)En el referido Auto de 9 de marzo de 2018, se señaló lo siguiente:
- b.1)El art. 36.2 de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA) -Ley 1715 de 18 de octubre de 1996-, no podría ser de aplicación preferente a los arts. 300.I.5 de la Constitución Política del Estado (CPE); 6 incs. a) y b) de la Ley de Regularización de Derecho Propietario Sobre Bienes Inmuebles Urbanos Destinados a Vivienda -Ley 247 de 5 de junio de 2012-; 31.I del Decreto Supremo (DS) 24447; y, 16.11 de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales (LGAM); puesto que, la citada disposición que sustenta la competencia del Tribunal Agroambiental no desconoce ni se contrapone a la normativa municipal, referida a la delimitación de los radios urbanos ni la competencia departamental en cuanto a los planes de ordenamiento territorial y de uso de suelo, ya que los alcances de la nulidad del título ejecutorial solo determina la validez del acto administrativo, sin definir sobre el derecho de la propiedad urbana y la sentencia que anule el título ejecutorial, ante lo cual, no puede dejar sin efecto la delimitación del radio urbano;
- b.2)Existe pronunciamiento específico respecto a que el Tribunal Agroambiental no incurrió en invasión de jurisdicción o aplicación retroactiva de la norma, lo cual se explica con razones de hecho y derecho, puesto que, el conocimiento de este tipo de demandas, en las que se aplica la normativa agroambiental a los predios que ya son urbanos, no incurre en invasión de jurisdicción ni en lo previsto en el art. 122 de la CPE; dado que, en el proceso de nulidad del título no se pronuncia sobre la superficie física actual del predio sino solamente sobre el acto administrativo de la autoridad (emisión del título ejecutorial) en los cuales no se pronuncia sobre la calidad del suelo y el uso que se le da;
- b.3)La competencia del Tribunal Agroambiental para conocer sobre la nulidad de títulos ejecutoriales, no tiene por objeto la definición del derecho de propiedad sobre una superficie física, sino sobre la validez del acto o no, por lo que, no se puede hablar de prórroga de competencia y menos puede definirse derechos sobre un inmueble actualmente urbano, e inclusive se explica del porque no pude considerarse amenazado el derecho de propiedad, mencionando entendimientos de la jurisprudencia constitucional;
- b.4)Se realiza una suficiente motivación en torno a los efectos de una eventual nulidad del título ejecutorial respecto a un predio que actualmente tiene la calidad de urbano, y que alcanza únicamente a su cancelación del registro en Derechos Reales (DD.RR.) sin afectar los derechos posteriormente adquiridos, los cuales se los debe hacer valer ante la jurisdicción ordinaria civil; y,
- b.5)Sobre la competencia del Tribunal Agroambiental para conocer demandas de nulidad de título ejecutorial de predios actualmente urbanos existe ya pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional, como es la ; del mismo modo, la , emitida dentro de una acción de inconstitucionalidad concreta, en la que se declaró la constitucionalidad de los arts. 36.2, 50.I al IV y el párrafo I y II de la Disposición Final Cuarta de la LSNRA, reconociendo la competencia del Tribunal Agroambiental en el conocimiento de procesos de nulidad de título ejecutorial inclusive en predios ubicados actualmente en el área urbana; en ese orden el Auto de 9 de marzo de 2018, concluye claramente que la competencia del Tribunal Agroambiental está plenamente establecida en la Ley Fundamental, definiéndose un criterio de competencia por materia en cuanto al conocimiento de las demandas de nulidad y anulabilidad de títulos ejecutoriales, aclarando que la sentencia a emitirse en este tipo de proceso no alcanza aspectos que tiene que ver con el uso del suelo o derechos adquiridos con posterioridad en el marco de la normativa civil y "...municipal..." (sic);
- c)Mediante Resolución 005/2018, el Juez de garantías resolvió la queja por incumplimiento, el cual no contiene ningún discernimiento sobre el grado de cumplimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional aludida, puesto que, no especifica qué argumento jurídico o qué aspecto no habría sido cumplido por el Tribunal Agroambiental;
- d)No puede considerarse incumplida la referida Sentencia Constitucional Plurinacional por el hecho de no responderse a preguntas descontextualizadas, puesto que el Auto de 9 de marzo de 2018 no refiere que la jurisdicción agroambiental es aplicable a predios urbanos, ya que que efectúa una clara delimitación de la competencia material ejercida por la jurisdicción agraria respecto a títulos ejecutoriales;
- e)Tampoco el indicado Auto sostiene o admite una aplicación retroactiva de la norma, explicando porqué no ocurre ello, por lo que resulta pernicioso que se exija una explicación sobre un aspecto jamás reconocido por ellos;
- f)Resulta fuera de contexto pretender que se responda cómo el Tribunal Agroambiental puede abrir su competencia al área urbana, ya que en ningún momento se produjo ello, dado que, la nulidad del título ejecutorial es una demanda contra el título como acto administrativo agrario y no contra los derechos constituidos posteriormente;
- g)La Resolución 005/2018, concedió indebidamente la queja planteada, ya que efectuó una relación escueta de lo que presuntamente dice la y de lo resuelto mediante Auto de 9 de marzo de 2018, sin realizar una valoración de derecho desde la Constitución Política del Estado, siendo que, el Auto ahora impugnado no da razones de hecho y derecho por las cuales considera que se incumplió la mencionada Sentencia Constitucional.
I.2. Petitorio
Las Magistradas del Tribunal Agroambiental, pidieron que en razón de haberse "...CONCEDIDO LA QUEJA..." (sic) se eleve en revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional a objeto que se pronuncie sobre su queja por sobrecumplimiento declarando no ha lugar a la queja por incumplimiento, y verificar el acatamiento de la por la Sala Primera del Tribunal Agroambiental, mediante la emisión del Auto de 9 de marzo de 2018.
I.3. Respuesta a la queja
Por memorial presentado el 1 de febrero de 2019, cursante de fs. 581 a 583 vta., Sergio Marcelo Arauz Aguirre en representación legal de CONSARQ S.A., señaló lo siguiente:
- 1)Si bien se emitió una nueva resolución, ésta reitera todos los argumentos formulados en el Auto 320/2016 de 1 de diciembre y refuta el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional, negando sus argumentos y consideraciones declarando improbada las excepciones, soslayando totalmente los argumentos de la , los cuales debieron ser considerados y aplicados en una nueva resolución;
- 2)El Auto de 9 de marzo de 2018, sostiene que el Tribunal Constitucional ya tuvo la oportunidad de referirse a la competencia del Tribunal Agrario, ahora Tribunal Agroambiental y tomó como base precedentes constitucionales que fueron superados por la que fue dictada en el caso que se examina;
- 3)Los entendimientos establecidos por la jurisdicción constitucional pueden ser cambiados con la debida fundamentación, tal como sucedió en el caso que se examina, es así, que interpretando el art. 189.II de la CPE, de forma integral y sistemática, teniendo en cuenta otros preceptos constitucionales, en el fallo constitucional que motiva esta queja, se señaló que no se negó que el Tribunal Agroambiental tenga competencia para conocer demandas de nulidad sobre títulos ejecutoriales, sino que la misma no le alcanza para conocer dichas demandas respecto de bienes inmuebles , los que siendo antes agrarios son ahora urbanos, dado que, la demarcación del área urbana corresponde a los Gobiernos Autónomos Municipales, la cual debe ser homologada por el control gubernamental, la cual definirá la jurisdicción a la que están sometidas las jurisdicciones ordinaria y agroambiental;
- 4)La SPC 0827/2017-S2 emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional es suficientemente clara y no requiere de alegatos a favor o en contra, puesto que la misma debe ser aplicada por su carácter vinculante;
- 5)La Sala Primera del Tribunal Agroambiental, hace mención al contenido de los arts. 189.II de la CPE y 36.2 de la LSNRA, soslayando la interpretación efectuada por el Tribunal Constitucional Plurinacional sobre la competencia del Tribunal Agroambiental para conocer asuntos sobre nulidad de títulos ejecutoriales de bienes inmuebles que actualmente tienen uso del suelo urbano, insistiendo en tener competencia material para conocer de dichas acciones, independientemente de que el título recaiga sobre un bien de uso rural o urbano, empero, como se señala que en dichas acciones no se modifica el plan de reordenamiento territorial o el uso de suelo de Tiquipaya y menos el régimen de propiedad urbana, cuál sería la razón de ejercer una competencia que no está bajo su dominio sino el de obrar arbitrariamente, aclarando que antes de la incorporación del inmueble al área urbana no existía en curso un proceso administrativo o de nulidad sobre el indicado bien de propiedad de CONSARQ S.A.; por el contrario las autoridades demandadas tienen conocimiento que el Tribunal Agroambiental declaró con anterioridad nulo el derecho que pretenden esgrimir e inclusive la jurisdicción constitucional denegó la tutela que se impetró al respecto;
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