Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0022/2019 Sucre, 24 de abril de 2019
Sala Plena Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de Inconstitucionalidad Abstracta
Expediente: 05878-2014-12-AIA Departamento: La Paz
En la acción de inconstitucional abstracta interpuesta por Rolando Villena Villegas, Defensor del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia; demandando la inconstitucionalidad de los arts. 84.I en la frase: "...que superen la cuantía establecida por la reglamentación a que se refiere el Artículo 89° de este Código..."; y, 90 en la frase "En el caso de contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa serán notificadas bajo este medio", ambos del Código Tributario Boliviano (CTB) -Ley 2492 de 2 de agosto de 2003-; por considerar que contradicen los arts. 115.II, 117.I, 119 de la Constitución Política del Estado (CPE), 8.1 y 2 inc. d) y f) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; (CADH), y; 14.3 inc. b) y d) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 17 de enero de 2014, cursante de fs. 7 a 11 vta., el recurrente expone los siguientes fundamentos jurídicos constitucionales:
I.1.1. Síntesis de la acción
En los arts. 84.I y 90 del CTB, que regulan la "notificación personal" y la "notificación en secretaría", se soslaya que a través de la diligencia de notificación se asegura que las providencias o resoluciones de la autoridad judicial o administrativa dentro de un proceso, sean conocidas efectivamente por el destinatario a fin de que asuma defensa; porque de otro modo, se vulneraría el ejercicio efectivo de este derecho y las garantías del debido proceso.
Tal es así, que en el proceso contravencional administrativo -de carácter sumarísimo- regulado por el Código Tributario Boliviano, una vez identificado el acto contravencional, se labra un acta de intervención y/o vista de cargo (dependiendo del caso), que es notificada al infractor para que dentro del periodo de prueba presente los descargos pertinentes; pasado dicho lapso y conforme determinan los arts. 95 y ss del CTB, la autoridad administrativa dicta resolución estableciendo las sanciones aplicables al caso. Sin embargo, contrariamente a garantizar el ejercicio del derecho a la defensa y la garantía del debido proceso, en el art. 84.I del citado Código, de forma injustificada y fuera de toda razonabilidad, se establece que únicamente las vistas de cargo y resoluciones determinativas que superen la cuantía establecida por la reglamentación a la que se refiere el art. 89 del mismo Código, así como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios, serán notificados personalmente al sujeto, tercero responsable o a su representante legal; caso contrario, -de ser la obligación de menor cuantía-, se procede de acuerdo al art. 90 del CTB, notificándose estos actos en secretaría y, con ello, vulnerándose el derecho a la defensa e igualdad de oportunidades en el proceso, respecto a los sujetos pasivos cuya obligación tributaria no supere el monto establecido en la reglamentación.
Es decir que, no obstante que la Vista de Cargo, la Resolución Determinativa y la Apertura de término de prueba, son actuados de importancia trascendental para el procesado, la norma ahora impugnada de inconstitucional, condiciona la forma de notificación al sujeto pasivo, según el monto al que asciende la obligación tributaria. Resultando claro que, el establecer injustificadamente la cuantía para acceder a un acto procesal tan básico e importante como la notificación personal, se configura la lesión de los derecho al debido proceso y a la defensa; ya que la Vista de Cargo, -que en materia tributaria representa un inicio de investigación-, la Resolución Determinativa -que es equivalente a una sentencia definitiva- y la apertura de término de prueba, son actos procesales que debieran notificarse de forma personal, sin discriminación alguna por razón de cuantía de la obligación tributaria, puesto que de la efectividad de su comunicación, depende el ejercicio de los derechos y garantías procesales del sujeto pasivo para que asuma defensa oportunamente.
En consecuencia, el art. 84.I, concretamente la frase: "...que superen la cuantía establecida por la reglamentación a que se refiere el Artículo 89 de este Código", transgrede la garantía del debido proceso y el derecho a la defensa, ameritando declararse su inconstitucionalidad con la Norma Fundamental.
En cuanto al art. 90 del CTB, su segundo párrafo señala que en caso de contrabando, cuando se refiera a la contravención y no al delito, tanto el Acta de Intervención, como la resolución determinativa, serán notificados en sede administrativa, sin que se explique el motivo que asumió el legislador para ello; constituyéndose dicha determinación, en arbitraria e inconstitucional, más aún si se considera que el art. 97.IV del mismo cuerpo legal, considera el Acta de Intervención en casos de contrabando como una Vista de Cargo, con todos sus efectos; por lo que, claramente se puede advertir una contradicción normativa entre los arts. 84, 90 y 97 del mencionado Código, cuando en principio se determina que las Vistas de Cargo deben ser notificadas de forma personal y, luego, se sostiene que dicha notificación debe realizarse en sede administrativa.
Por consiguiente, es preciso tomar en cuenta que las Vistas de Cargo (que equivalen al Acta de Intervención), la apertura de término probatorio y las Resoluciones Determinativas que imponen sanciones, deben ser notificadas de manera personal, toda vez que, son actos administrativos directamente relacionados con el ejercicio del derecho a la defensa del sujeto pasivo y con la garantía de un debido proceso; puesto que, la notificación personal con el Acta de Intervención permite al afectado conocer la apertura de un proceso administrativo en su contra, la apertura del término probatorio le permite presentar los descargos correspondientes ejerciendo el derecho a la defensa y, respecto a la Resolución Determinativa, una notificación personal le permite viabilizar su derecho a la impugnación.
En este contexto, en función de los principios de favorabilidad y pro homine, se debe efectuar una interpretación amplia y favorable de la parte in fine del art. 90 del CTB, no existiendo una causa fundada para que en el contrabando todas las actuaciones se notifiquen en sede administrativa y no de forma personal como sucede en los demás casos, por lo que la frase del señalado precepto, cuestionada de inconstitucional en la presente acción, transgrede la garantía del debido proceso y el derecho a la defensa consagrados en los arts. 115.II, 117.I, 119 de la CPE; "8 numerales 1 y 2 de la Convención Americana sobre de Derechos del Hombre"; y, 14. 3 incs. b) y d) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; ameritando que se declare su inconstitucionalidad respecto a la Norma Suprema.
I.2. Admisión y citación
Mediante Auto Constitucional (AC) 0038/2014-CA de 5 de febrero (fs. 24 a 28), la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, admitió la acción de inconstitucionalidad abstracta y dispuso se ponga en conocimiento de Álvaro Marcelo García Linera, Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, como representante del Órgano emisor de la norma impugnada; citación que se efectuó el 24 de febrero de 2014, conforme se tiene a fs. 32 de obrados.
I.3. Alegaciones del órgano que generó las normas impugnadas
Álvaro Marcelo García Linera, Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, por memorial presentado vía fax el 19 de marzo de 2014 y en original el 24 del mismo mes y año, cursantes de fs. 36 a 52 vta. y de fs. 57 a 66 vta. -respectivamente-, formuló sus alegaciones bajo los siguientes argumentos:
- a)Respecto al art. 84.I del CTB, en esta norma se dispone la notificación personal con vistas de cargo y resoluciones determinativas que superen la cuantía establecida por la reglamentación a la que se refiere el art. 89 del mismo Código; es decir que, las actuaciones que no superen la cuantía referida, son notificadas en forma masiva de acuerdo al procedimiento previsto en el mencionado artículo del Código Tributario Boliviano y sólo en las determinaciones de "casos especiales", descritas por el art. 97 de dicho cuerpo normativo, cuando se observa en las declaraciones juradas presentadas por el contribuyente, errores aritméticos o de cálculo, falta de presentación de declaraciones juradas y cuando el sujeto pasivo realice una incorrecta declaración en las determinaciones mixtas. Esta forma de notificación, se realiza porque la administración tributaria, de acuerdo al art. 97 del referido Código, revisa las liquidaciones efectuadas por el sujeto pasivo en sus declaraciones juradas que inciden en el pago defectuoso o falta de pago del tributo. En estos casos, la administración tributaria se limita a realizar correcciones a las liquidaciones efectuadas en las declaraciones juradas presentadas que son de pleno conocimiento de los sujetos pasivos, dicho de otra forma, esta acción de la administración tributaria, se origina a consecuencia de la declaración jurada presentada con errores o su omisión por parte del sujeto pasivo;
- b)Por disposición del art. 97.II del CTB, la Administración Tributaria también revisa la presentación de las declaraciones juradas dentro de los plazos establecidos y, en el caso que se advierta la falta de presentación de la declaración jurada, emite la vista de cargo y la resolución determinativa correspondiente, requiriendo la presentación de la declaración jurada extrañada o conminando al pago del tributo determinado presuntamente. Asimismo, de acuerdo a lo previsto por el art. 97.III del CTB, en las determinaciones mixtas, el documento de pago del tributo (declaración de importación y comprobantes de pago de impuestos de dominio municipal), se constituye en una Resolución Determinativa; en todos estos casos las notificaciones son realizadas personalmente cuando exceden el límite fijado reglamentariamente, o efectuadas en forma masiva cuando el monto observado sea inferior al citado límite;
- c)En el caso de las notificaciones masivas, cuando el monto es inferior al límite establecido en la reglamentación, existe un procedimiento que consiste en realizar una citación del sujeto pasivo mediante un órgano de prensa de circulación nacional, a objeto de que se presente ante la administración tributaria y proceda a su notificación personal en el plazo de cinco días, obedeciendo esta forma de notificación a los principios de publicidad, transparencia, eficiencia y sencillez administrativa previstos por los arts. 232 y 323.I de la CPE. En consecuencia, esta forma de notificación masiva al sujeto pasivo, conocida en la legislación comparada como notificación por comparecencia, mediante la citación por dos veces a través de un órgano de prensa de circulación nacional, implica su divulgación en forma apta para su conocimiento, sin que nadie pueda alegar su desconocimiento, garantizando de esta forma, la publicidad del acto de notificación, el derecho al debido proceso y a la defensa, como el derecho a la impugnación;
- d)Con relación al art. 90 del CTB, esta disposición legal establece que los administrados deben asistir a la instancia administrativa todos los miércoles de cada semana para que se notifiquen "personalmente" con las actuaciones producidas, esta notificación, en el caso de contrabando, se efectúa precisamente con el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa (Sancionatoria) de los que el contraventor ya tiene conocimiento; en consecuencia, la notificación prevista en el art. 90 del citado Código, configura una doble garantía en resguardo al debido proceso. En la práctica, la actividad ilegal del contrabando es verificada y comprobada en operativos de control donde se intercepta, se comisa preventivamente las mercancías y se conduce las mismas a la Administración Aduanera, elaborándose la respectiva Acta de Intervención con el detalle de las mercaderías comisadas, identificando el medio de transporte y a los presuntos responsables, a conformidad de estos últimos sobre la cantidad, clase de mercancías y medios de transporte; en este sentido, la elaboración del Acta de Intervención se realiza con la presencia de los presuntos contraventores;
- e)La actividad de contrabando, por su naturaleza económica, a diferencia de otros ilícitos, es realizada con pleno discernimiento e intención tendiente a burlar el control aduanero en la exportación o importación de mercancías, en perjuicio del Estado, por lo que el presunto responsable al momento del comiso de sus mercancías y del medio de transporte asume que está siendo objeto de procesamiento y, por lo mismo prevé la emisión de la actuación por parte de la administración que justifique el comiso, es decir, el Acta de Intervención bajo alternativa de hacer uso de los recursos legales y constitucionales que franquea la ley por la afectación del patrimonio;
- f)En materia de contrabando, la relación jurídica en concreto entre la administración aduanera y el administrado, se inicia con la intercepción de las mercancías objeto de contrabando y, desde ese momento, el administrado se encuentra sometido a la potestad aduanera del Estado, respecto de la comisión de dicha contravención; en ese marco, los diversos actuados producidos por la administración aduanera son notificados personalmente en secretaría en los días establecidos por el art. 90 del CTB, a fin de facilitar el procesamiento respectivo y evitar dilaciones con la notificación en el domicilio del contraventor;
- g)El procedimiento aduanero se rige por los principios de celeridad, oportunidad y eficacia, con plazos breves en cuanto a la producción de la prueba y la emisión de la respectiva resolución de forma congruente a los derechos a la defensa, al debido proceso, justicia plural, pronta, oportuna y gratuita; este sistema de notificación en materia fiscal, no sólo es aplicable en nuestro país con el fin de simplificar y facilitar los procedimientos administrativos de carácter fiscal, sino también en otras legislaciones, como en el caso del Código Fiscal de la Federación de México, que prevé la notificación en estados; de la misma forma, en la legislación boliviana, la notificación con resoluciones finales en estrados es totalmente válida incluso en materia constitucional, esto, debido a la visión de la Constitución respecto de lo que debe ser la justicia en Bolivia, cumpliéndose los principio de celeridad y prontitud a fin de evitar el retardo de la justicia, lo cual, contrariamente a lo expuesto en la acción de inconstitucionalidad, justifica plenamente la constitucionalidad de los artículos objetados, por tanto, la notificación con la resolución sancionatoria en secretaría, amparada en los principios de celeridad, oportunidad, eficacia, transparencia y publicidad, es plenamente compatible con la Norma Fundamental;
- h)Respecto a la supuesta inconstitucionalidad de los arts. 84.I y 90 del CTB, respecto al art. 119.I de la CPE, es de considerar que las notificaciones masivas sólo se producen por errores de liquidación en la declaración jurada o por falta de presentación de la misma, a fin de que se subsane o se pague el monto determinado como consecuencia de la corrección efectuada por la administración Tributaria; estas determinaciones no son definitivas, porque los importes determinados a través del procedimiento establecido en el art. 97 del CTB son considerados a cuenta del tributo que en definitiva corresponda pagar en caso de que la administración tributaria ejerza su facultad de determinación de oficio; en consecuencia, los procedimientos previstos por el art. 97 del CTB, tienen una naturaleza rectificatoria de las declaraciones juradas que se realizan en forma masiva y por medios informáticos.
- i)Respecto al argumento de la vulneración a la igualdad de oportunidades por parte del art. 90 del CTB, tenemos que tal vulneración no existe, en mérito a que en los casos de delito de contrabando el presunto contraventor toma conocimiento de la existencia del proceso al momento del comiso de sus mercancías objeto del contrabando, el cual se documenta con la elaboración, en su presencia, del Acta de Intervención correspondiente, ésta constituye la primera garantía del debido proceso e igualdad, pese a tratarse de un hecho flagrante; cabe aclarar que el conocimiento del Acta de Intervención por parte del presunto contraventor, cumple con la finalidad de una notificación, toda vez que éste ya tendría conocimiento del proceso inicial, formalizándose esta notificación en Secretaría, misma que se constituye en una segunda garantía del respeto por el debido proceso y la igualdad alegados en la presente acción; y,
- j)Finalmente, respecto a las normas impugnadas, cabe aclarar que uno de los elementos esenciales del debido proceso es el principio de publicidad, mismo que no es una mera formalidad, ya que consiste en dar a conocer a través de publicaciones, comunicaciones o notificaciones, las actuaciones tanto judiciales como administrativas a toda la sociedad, y en particular al administrado, como garantía de transparencia y derecho a la defensa; este principio es cumplido en las notificaciones masivas mediante publicación por dos veces en un órgano de prensa de circulación nacional previstas por el art. 89 del CTB, por lo que tampoco afecta a los derechos al debido proceso, a la defensa y a la impugnación.
I.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
El expediente fue sorteado el 22 de mayo de 2014, sin embargo, al no haber alcanzado los votos suficientes para la aprobación del fallo correspondiente, se sometió a un nuevo sorteo el 8 de diciembre del mismo año, determinándose la suspensión del plazo para su resolución por requerimiento de documentación complementaria por parte de la Relatoría, como se tiene del Decreto Constitucional de 9 de enero de 2015 (fs. 71); reanudándose el cómputo del plazo el 28 de enero de 2016 (fs. 479).
Por disposición de Sala Plena de este Tribunal, al no existir consenso en la resolución de la causa, la acción fue sorteada el 14 de julio de 2016 (fs. 432), disponiéndose la suspensión del plazo para emitir pronunciamiento, según consta en el Decreto Constitucional de 19 de julio del mismo año (fs. 483), mismo que se reanudó el 8 de mayo de 2017 (fs. 491). De igual forma, al no haberse alcanzado la cantidad de votos suficientes para la emisión del fallo correspondiente, como consta a (fs. 493) del expediente, por decisión de Sala Plena de este Tribunal, la causa fue sorteada nuevamente el 24 de mayo de 2017 (fs. 494) y el 12 de octubre de 2017 (fs. 509), sin obtener en ambas situaciones, el consenso necesario por el Pleno del Tribunal Constitucional Plurinacional de esa gestión.
Finalmente, el expediente fue sorteado en dos oportunidades más, el 23 de enero de 2018 (fs. 513) y el 10 de julio de igual año (fs. 534), sin que en ambas oportunidades, se logre consenso suficiente para emitir resolución; procediéndose a un último sorteo el 19 de febrero de 2019 (fs. 560); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es pronunciada dentro de plazo.
II. CONCLUSIONES
Con la finalidad de realizar el juicio de constitucionalidad, corresponde determinar cuáles son las normas consideradas inconstitucionales y cuáles las normas constitucionales supuestamente infringidas. A ese efecto, se transcriben las mismas:
II.1. Normas legales consideradas inconstitucionales
Art. 84.I (NOTIFICACIÓN PERSONAL) del CTB, en el texto subrayado y con negrillas: "Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía establecida por la reglamentación a que se refiere el Artículo 89° del referido Código; así como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su representante legal".
Art. 90 (NOTIFICACIÓN EN SECRETARÍA) del CTB, en el texto subrayado y con negrillas: "Los actos administrativos que no requieran notificación personal serán notificados en Secretaría de la Administración Tributaria, para cuyo fin deberá asistir ante la instancia administrativa que sustancia el trámite, todos los miércoles de cada semana, para notificarse con todas las actuaciones que se hubieran producido. La diligencia de notificación se hará constar en el expediente correspondiente. La inconcurrencia del interesado no impedirá que se practique la diligencia de notificación.
En el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa serán notificadas bajo este medio".
II.2. Disposiciones constitucionales consideradas infringidas
Artículo 115.I. de la CPE. "El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronto, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones".
Artículo 117.I de la CPE. "Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso...".
Artículo 119 de la CPE. "I. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía ordinaria o por la vía indígena originario campesina.
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