Texto del fallo
Texto de la resolucion
VOTO DISIDENTE DE LA Sucre, 24 de abril de 2019
SALA PLENA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de inconstitucionalidad abstracta
Expediente: 05878-2014-12-AIA Departamento: La Paz
I. ANTECEDENTES RELEVANTES DE LA DISIDENCIA
La suscrita Magistrada presenta su disidencia a la , pronunciada por la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, pues considera que la referida sentencia al declarar la INCONSTITUCIONALIDAD de la frase "...que superen la cuantía establecida por la reglamentación a que se refiere el artículo 89° de este Código..." inserta en el art. 84.I del Código Tributario Boliviano (CTB); no es congruente respecto a la declaratoria de la CONSTITUCIONALIDAD de la frase: "En el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa serán notificadas bajo este medio", que se encuentra consignada en el segundo párrafo del art. 90 del citado cuerpo normativo.
Al respecto se advierte que la referida Sentencia Constitucional debió de ser congruente y determinar también la inconstitucionalidad de la indicada frase art. 90 del CTB, ello bajo los siguientes fundamentos:
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISIDENCIA
Consiguientemente, corresponde sustentar los motivos por los cuales, la suscrita Magistrada considera que la , debió declarar la inconstitucionalidad de la frase: "En el caso de contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa serán notificadas bajo este medio", que se encuentra consignada en el segundo párrafo del art. 90 del CTB.
II.1. Alcances del control normativo de constitucionalidad
El art. 132 de la Constitución Política del Estado (CPE), dispone que: "Toda persona individual o colectiva afectada por una norma jurídica contraria a la Constitución tendrá derecho a presentar la Acción de Inconstitucionalidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley"; de donde se tiene que este precepto constitucional, reconoce a la interposición de las acciones de inconstitucionalidad -abstracta y concreta-, en una doble dimensión; es decir, como un derecho fundamental y como una garantía constitucional.
Con relación a la primera dimensión, la acción de inconstitucionalidad es un derecho de las personas individuales y/o colectivas para poder cuestionar una norma jurídica que sea contraria a la Norma Suprema, con la única condición o requisito de encontrarse afectada por la misma; es decir, que la norma de la cual se sospecha su inconstitucionalidad, le cause algún perjuicio a sus intereses legal o constitucionalmente protegidos.
Respecto a la segunda dimensión, la acción de inconstitucionalidad es una garantía a favor del ciudadano, porque protege los principios de constitucionalidad y supremacía constitucional, reconocidos por el art. 410 de la CPE, en virtud del cual: "La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa..."; tomando en cuenta, a partir de esta disposición constitucional, que el principio de constitucionalidad supera al de legalidad, en la medida, que toda ley una vez promulgada puede ser analizada, cuestionada e invalidada, como consecuencia de su confrontación con la Ley Fundamental y las del bloque de constitucionalidad.
En ese entendido, emerge la necesidad que la acción de inconstitucionalidad, se encuentren al alcance de todos; haciendo efectivo el acceso a la justicia constitucional y el principio de constitucionalidad frente a las arbitrariedades o abusos en los que pudiera incurrir el poder público.
En ese marco, el art. 73 de la Código Procesal Constitucional (CPCo), regula dos tipos de acciones de inconstitucionalidad:
1. Acción de Inconstitucionalidad de carácter abstracto contra leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos, ordenanzas y todo género de resoluciones no judiciales.
2. Acción de Inconstitucionalidad de carácter concreta, que procederá en el marco de un proceso judicial o administrativo cuya decisión dependa de la constitucionalidad de leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos, ordenanzas y todo género de resoluciones no judiciales.
Entonces, el Tribunal Constitucional Plurinacional, sustentado tanto en el principio de supremacía constitucional como en el de constitucionalidad, se encuentra facultado, específicamente a través de la acción de inconstitucionalidad abstracta, para someter a control de constitucionalidad normativo posterior, una disposición legal, de cuya constitucionalidad surge una duda razonable y fundada.
II.2. Sobre el derecho al debido proceso dentro de los procesos administrativos
Respecto al derecho al debido proceso, tenemos que el art. 115.II de la CPE, dispone lo siguiente: "El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones"; por su parte, el art. 117.I de la CPE dispone que: "Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada".
De la lectura de las normas constitucionales transcritas en el párrafo anterior, se evidencia que el constituyente ha consagrado a favor de los bolivianos el derecho al debido proceso, en consonancia con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, de los cuales es signatario el Estado Boliviano, como la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que también prevé este derecho como una de las bases de un Estado de derecho constitucional, mismo que debe estar fundado en instituciones jurídicas que preserven la dignidad y libertad del ser humano.
Siguiendo tal razonamiento, se concluye que el derecho al debido proceso es una garantía, misma que debe ser aplicable a todo tipo de procesos, sin limitarse sólo a los judiciales o jurisdiccionales, sino que tal derecho es aplicable en general a todos aquellos procesos y procedimientos por medio de los cuales el Estado someta al ser humano a su poder de imperio; por lo que, debe expandirse también en los procedimientos administrativos de tipo sancionador y también a los de gestión institucional; así lo ha reconocido reiteradamente la jurisprudencia emanada de la jurisdicción constitucional.
Específicamente la 1, sostiene que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) determinó que las garantías inherentes al debido proceso no son únicamente exigibles a nivel judicial, sino que también deben ser de obligatorio cumplimiento por cualquier autoridad pública; por lo que, cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos establecidos en el art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)2.
Mostrando 23 de 113 parrafos.