Texto del fallo
Texto de la resolucion
VOTO DISIDENTE Sucre, 24 de abril de 2019
SALA PLENA Magistrada: MSc. Georgina Amusquivar Moller
Acción de inconstitucionalidad abstracta
Expediente: 05878-2014-12-AIA Departamento: La Paz
Partes: Rolando Villena Villegas, Defensor del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, demandando la inconstitucionalidad de los arts. 84.I en la frase: "...que superen la cuantía establecida por la reglamentación a que se refiere el Artículo 89° de este Código..."; y 90 en la frase "En el caso de contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa serán notificadas bajo este medio", ambos del Código Tributario Boliviano (CTB) -Ley 2492 de 2 de agosto de 2003-; por considerar que contradicen los arts. 115.II, 117.I, 119 de la Constitución Política del Estado (CPE), 8.1 y 2 inc. d) y f) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; (CADH), y; 14.3 inc. b) y d) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
I. ANTECEDENTES RELEVANTES DE LA DISIDENCIA
La suscrita Magistrada, no comparte la decisión adoptada en la , que resolvió declarar en el punto segundo: "La CONSTITUCIONALIDAD de la frase: ?En el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa serán notificadas bajo este medio`, que se encuentra consignada en el segundo párrafo del art. 90 del citado Código Tributario"; por cuanto considera que debió declararse también la inconstitucional de la frase invocada; por lo que, emite su Voto Disidente, bajo los siguientes argumentos constitucionales.
II. FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA DISIDENCIA
La acción de inconstitucionalidad abstracta fue presentada por el Defensor del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, quien demanda la inconstitucionalidad de los arts. 84.I -en la frase: "...que superen la cuantía establecida por la reglamentación a que se refiere el Artículo 89° de este Código..."- y 90 -en la frase: "En el caso de contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa serán notificadas bajo este medio" -, ambos del CTB; por considerar que contradicen los arts. 115.II, 117.I, 119 de la CPE, 8.1 y 2 inc. d) y f) CADH, y; 14.3 inc. b) y d) del PIDCP.
Interpuesta la acción normativa, la , resolvió: "1° Declarar la INCONSTITUCIONALIDAD de la frase ?...que superen la cuantía establecida por la reglamentación a que se refiere el artículo 89° de este Código...`, inserta en el art. 84.I del Código Tributario Boliviano; y, 2° La CONSTITUCIONALIDAD de la frase: ?En el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa serán notificadas bajo este medio`, que se encuentra consignada en el segundo párrafo del art. 90 del citado Código Tributario".
La suscrita Magistrada no comparte con la decisión asumida en el punto segundo, por cuanto considera que esta acción normativa debía declarar también la inconstitucionalidad de la frase: -"En el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa serán notificadas bajo este medio" consignada en el segundo párrafo del art. 90 del citado Código Tributario-; efectuando el test de constitucionalidad en relación a los derechos al debido proceso y a la defensa, puesto que ello es precisamente lo que el demandante de inconstitucionalidad invoco, al señalar que la última frase del art. 90 del CTB vulnera los derechos mencionados, y contradice los arts. 115.II, 117.I, 119 de la CPE; 8.1 y 2 inc. d) y f) de la CADH y 14.3 inc. b) y d) del PIDCP.
En consecuencia, a efectos de una mejor comprensión, los fundamentos jurídicos de esta disidencia, serán desarrollados bajo los siguientes argumentos que hacen a la problemática planteada:
II.1. La garantía general del debido proceso y el derecho a la defensa
El debido proceso se encuentra consagrado en la Norma Suprema como un derecho fundamental (art. 115.II), garantía constitucional (117.I) y principio procesal constitucional que disciplina la función de impartir justicia (art. 180.I), en atención a estas cualidades, la jurisprudencia constitucional se encargó de resaltar su carácter tridimensional del debido proceso, en sus diferentes fallos como en las , y , entre otros; además, también fue la jurisprudencia constitucional del extinto Tribunal Constitucional la que se encargó de asignarle la calidad de garantía general en la citada y las , , asimismo en la , , y , entre otros, del actual Tribunal Constitucional Plurinacional; en ese sentido la configuró su contenido, alcance o los elementos constitutivos que le conciernen, en los siguientes términos.
En consonancia con los Tratados Internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra sí mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones...(las negrillas nos corresponden).
Configuración, contenido o alcance que no se encuentra en un sistema limitado o cerrado, al contrario, debido al carácter progresivo de los derechos, previsto en el art. 13.1 de la CPE, esos elementos constitutivos, tienen un carácter enunciativo, puesto que, el debido proceso, al haberse constituido en una garantía general, del mismo, pueden derivar otros elementos conforme al desarrollo doctrinal y jurisprudencial, así como al desarrollo del proceso, cuya finalidad viene a constituir en un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia.
En el contexto antes señalado, como uno de los elementos de la garantía del debido proceso, es el derecho fundamental a la defensa consagrado por el art. 115.II de la Norma Suprema, que tiene dos connotaciones: la primera es el derecho que tienen las personas, cuando se encuentran sometidas a un proceso con formalidades específicas, a tener una persona idónea que pueda patrocinarles y defenderles oportunamente, mientras que la segunda es el derecho que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos en igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido y por ello es inviolable por las personas o autoridades que impidan o restrinjan su ejercicio, en caso de constatarse la restricción al derecho fundamental a la defensa, se abre la posibilidad de ser tutelado mediante el amparo constitucional, ahora acción de amparo constitucional.
En sintonía con esta disposición, la jurisprudencia constitucional pronunciada en la , señalo.
Respecto al debido proceso consagrado como garantía constitucional en el art. 16 de la CPE abrg y art. 115.II de la CPE vigente; y como derecho humano en el art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, este Tribunal ha entendido, en su uniforme jurisprudencia, como ?el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar (...) comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos` ( y ), siendo entendido el derecho a la defensa y presunción de inocencia en el orden constitucional, como instituto integrante de la garantía del debido proceso, los cuales son aplicables también en el ámbito administrativo sancionatorio (el resaltado nos pertenece).
En ese contexto, corresponde señalar que el derecho y garantía genérica del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino que es extensiva a cualquier procedimiento en el que deba determinarse una responsabilidad.
Al respecto la , en cuanto al debido proceso señaló en su Fundamento Jurídico III.5, que se encuentra consagrado en la Constitución Política del Estado en una triple dimensión, derecho, garantía y principio, y que éste:
...no se concreta en las afirmaciones positivizadas en normas legales codificadas, sino que se proyecta hacia los derechos, hacia los deberes jurisdiccionales que se han de preservar con la aspiración de conseguir un orden objetivo más justo, es decir, el debido proceso es el derecho a la justicia lograda a partir de un procedimiento que supere las grietas que otrora lo postergaban a una simple cobertura del derecho a la defensa en un proceso.
El derecho al debido proceso, consagrado en la Ley Fundamental, se encuentra en armonía con los instrumentos internacionales de los cuales es signatario el Estado Boliviano, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos en sus arts. 8.2 incs. b), c), d), e) y f); 7; 9; 10; 24; 25; y, 27, que lo determina como un derecho humano; asimismo, está contemplado en el art. 14 del PIDCP. Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que las garantías del debido proceso no se restringen a los procesos judiciales o jurisdiccionales, pues incluyen procedimientos administrativos de toda orden; entendimiento, que fue recogido en la , que determinó una importante doctrina jurisprudencial.
Se entiende que el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas, y conforme a la jurisprudencia constitucional, sufrió una transformación de un concepto abstracto que perseguía la perfección de los procedimientos, es decir, que daba preeminencia a la justicia formal, a un ideal moderno que destaca su rol como única garantía fundamental para la protección de los derechos humanos.
En ese entendido, concluimos afirmando que el ámbito normativo de nuestro país, el debido proceso se manifiesta en una triple dimensión: Derecho, Garantía y Principio; el cual es un derecho de aplicación inmediata, vinculada a todas las autoridades judiciales o administrativas, constituyéndose en una garantía de legalidad procesal.
II.2. El derecho a la igualdad
El derecho a la igualdad para el tratadista Bidart Campos consiste en "eliminar discriminaciones arbitrarias entre las personas. La igualdad importa un grado suficiente de razonabilidad y de justicia en el trato que se depara a las personas".
Por su parte, Peces-Barba Martínez, señala que: "En una primera aproximación, podríamos decir que la igualdad consiste en concretar los criterios materiales para llevar a cabo el valor solidaridad, en crear las condiciones materiales para una libertad posible para todos, y en contribuir a la seguridad con la satisfacción de necesidades a quien no puede hacerlo por su propio esfuerzo".
En Bolivia, la igualdad se constituye en uno de los valores constitucionales1; asimismo, todas las ciudadanas y ciudadanos gozan de los derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado2; por lo que, se prohíbe y sanciona toda forma de discriminación.
Así también en el ámbito del Sistema Internacional de los Derechos Humanos, el art. 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) establece que: "Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación"; igualmente, el art. 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) dispone que: "Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizara a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social".
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