Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0022/2026-O Sucre, 5 de febrero de 2026
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional
Expediente: 59875-2023-120-AAC Departamento: Chuquisaca
En la queja por incumplimiento de la y el , pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Richard Rodríguez Ferrufino contra Walter Isidro Arízaga Cervantes, Rector de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca (UMRPSFXCH).
I. CONTENIDO DE LA QUEJA
I.1. Hechos que motivan la queja
Por memorial presentado el 26 de noviembre de 2025, cursante de fs. 529 a 535 vta., Richard Rodríguez Ferrufino, en su calidad de impetrante de tutela, formuló queja por incumplimiento de la y el , indicando que el Rector de la UMPRSXCH, incumplió lo expresamente dispuesto en los señalados pronunciamientos constitucionales, emitió nueva Resolución Jerárquica de 27 de octubre de 2025, confirmando totalmente su destitución; y, con ello, su desvinculación laboral que se dio mediante memorándum 003 de 7 de noviembre del mismo año.
A través de la indicada resolución de recurso jerárquico la autoridad demandada incurrió en un cumplimiento distorsionado de los citados pronunciamientos constitucionales, dado que reiteró los mismos vicios que motivaron la acción de tutela, aplicando normas generales de la Ley General del Trabajo sin la tipificación específica exigida, desconociendo nuevamente las atenuantes, argumentando falazmente que su denuncia fue tardía o irrelevante, desatendiendo con ello el criterio ya establecido por el Tribunal Constitucional Plurinacional; lo cual, en el contexto de la ejecución de fallos constituye una violación sostenida y agravada de los derechos fundamentales, al contravenir la cosa juzgada constitucional.
La concedió la tutela porque la Resolución Jerárquica 11/2023 de 10 de octubre, no cumplió con los principios de legalidad, tipicidad y taxatividad, al no identificar la norma específica que sustentó la sanción máxima; sin embargo, la Resolución Jerárquica de 27 de octubre de 2025, reiteró que su conducta se subsumió en la causal de despido, que se encuentra prevista en el art. 16 inc. e) de la Ley General del Trabajo (LGT), referida a "Incumplimiento total o parcial del convenio", sin identificar la norma específica universitaria que taxativamente sancione la "omisión de supervisión y control" con la sanción de destitución, contraviniendo de esa manera las determinaciones constitucionales ya mencionadas.
La indicada Sentencia Constitucional Plurinacional, dentro de sus argumentos, determinó que la sanción impuesta era desproporcionada y que la autoridad administrativa no consideró las atenuantes que demostraban un menor grado de culpabilidad; empero, la nueva resolución jerárquica no solo ignoró las atenuantes de colaboración; sino que, las descalificó expresamente, atribuyendo intencionalidad en su conducta, para de esa manera justificar la máxima sanción; es decir, rechazó la atenuante que ya el Tribunal Constitucional Plurinacional había ordenado ponderar, manteniendo de esa manera la valoración arbitraria, sin realizar la ponderación necesaria entre la conducta y el resultado.
El Rector de la UMRPSFXCH, autoridad demandada, interpretó que su reincorporación provisional cesó con la simple emisión formal de la nueva la Resolución Jerárquica de 27 de octubre de 2025, sin importar si esta subsanó los vicios de inconstitucionalidad detectados por la jurisdicción constitucional, lo que configura un alcance distorsionado del precitado fallo constitucional; puesto que, el mandato de estabilidad laboral tutelada debía perdurar hasta que la resolución de la situación jurídica se encuentre conforme a la Constitución Política del Estado.
Por tal motivo, el accionante, ahora activante de queja; denuncia que, su desvinculación laboral, en cumplimiento de la Resolución Jerárquica de 27 de octubre de 2025, frustró la finalidad restitutiva de la tutela otorgada a su favor, manteniendo la violación del derecho al trabajo.
I.1.1. Petitorio
Solicitó se declare ha lugar la queja por incumplimiento de la y el , y en consecuencia:
- a)Se deje sin efecto la Resolución Jerárquica emitida por la autoridad demandada el 27 de octubre de 2025, así como el memorándum de desvinculación 003 de 7 de noviembre del mismo año, al constituirse en actos que contravienen la cosa juzgada constitucional;
- b)Se ordene al Rector de la UMRPSFXCH, emitir una nueva resolución jerárquica debidamente fundamentada y motivada, en estricto cumplimiento de los fundamentos expuestos en los señalados pronunciamientos constitucionales, atendiendo los principios de legalidad, tipicidad, taxatividad y proporcionalidad;
- c)Se ordene su reincorporación inmediata y efectiva al mismo cargo y con el mismo nivel salarial, hasta que se emita la nueva resolución jerárquica ajustada a los parámetros constitucionales;
- d)Se impongan multas progresivas y coercitivas a la autoridad demandada por cada día que persista el incumplimiento de la orden de reincorporación y la emisión de la nueva resolución jerárquica constitucionalmente conforme; y,
- e)La remisión de antecedentes al Ministerio Público para la investigación de responsabilidades penales por el incumplimiento de una orden con calidad de cosa juzgada; y, ante la autoridad administrativa superior para la sanción disciplinaria que corresponda. I.2. Respuesta a la queja por incumplimiento
Walter Isidro Arizaga Cervantes, Rector de la UMRPSFXCH, a través de su representante, por memorial presentado el 3 de diciembre de 2025, cursante de fs. 538 a 540 vta., señaló que:
- 1)A través de la Resolución Jerárquica de 27 de octubre de 2025, se dio cumplimiento de manera íntegra a los lineamientos establecidos en la y el , respetando los derechos y garantías constitucionales y la normativa legal infra constitucional, como la Ley General del Trabajo y su Decreto Reglamentario, además del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal del sector administrativo de la Universidad (RE-SAP), que de manera taxativa; establece que, un trabajador puede ser desvinculado sin derecho a indemnización ni desahucio por las causales establecidas en el art. 16 de la LGT y art. 30 inc. j) del RE-SAP; al haber el activante de queja subsumido su conducta al art. 16 inc. e) de la referida Ley y 9 inc. e) del Decreto Supremo (DS) 224 de 23 de agosto de 1943 -Reglamento de la Ley General del Trabajo (RLGT)-;
- 2)La Universidad es una institución pública sui generis porque se encuentra regida tanto por la Ley General del Trabajo y su correspondiente normativa reglamentaria, como por la Ley del Sistema de Administración y Control Gubernamentales -Ley 1178 de 20 de julio de 1990-, normativa que es aplicable a todos los servidores públicos de la Universidad, cuyas acciones u omisiones pueden generar responsabilidad, siendo aplicable por ello las causales previstas en el art. 16 de la LGT y 9 del RLGT, disposiciones en la que ya se encuentra prestablecidas las sanciones a imponerse, como la destitución;
- 3)La estabilidad laboral no es un derecho absoluto, encontrando su punto de quiebre en las causales justificadas de despido contempladas en la Ley General del Trabajo y su Decreto Reglamentario, así como el resto de normativa interna a la cual se encuentra sujeto todo servidor público de la Universidad, encontrándose entre ellas como causal justa de despido, el incumplimiento total o parcial del contrato de trabajo; por lo que, la sanción de destitución impuesta al accionante se encuentra debidamente fundamentada en la citada normativa, no siendo evidente que no se hubiera cumplido con los elementos de legalidad, tipicidad y taxatividad como parte del debido proceso;
- 4)En cuanto a la proporcionalidad alegada, tanto el sumariante como la autoridad jerárquica realizaron una valoración integral de los elementos probatorios, valorando en ese sentido la denuncia de irregularidades presentado por el accionante al Decano de la Facultad de Medicina, denuncia que sin embargo no puede ser considerada como una atenuante porque fue realizada de manera posterior a la denuncia presentada al Decano por Carolina Terán, Responsable del Proyecto Estampa, al percatarse sobre el movimiento irregular de los recursos económicos de dicho proyecto, que eran administrados por la Facultad de Medicina, concretamente por el funcionario ahora activante de queja; y, el incumplimiento de las funciones de control y supervisión asignados en el Manual de Funciones de la Universidad dieron como resultado que el Auxiliar de Administración se apropie de recursos económicos del proyecto Estampa; por lo que, se consideraron diferentes factores para imponer la sanción de destitución, la cual de ninguna manera puede ser considerada desproporcional;
- 5)En relación a la denuncia de incumplimiento con afectación al derecho al trabajo y estabilidad laboral del accionante, la Universidad dio cumplimiento a la y el , conforme se acredita por la copia del memorándum de reincorporación, esto en tanto se emitió la nueva Resolución Jerárquica de 27 de octubre de 2025, que confirmó la sanción de destitución dispuesta en la resolución final de la autoridad sumariante;
- 6)En cuanto a lo solicitado por el peticionante de queja, debe considerarse que la actuación de la Universidad ha sido estrictamente ajustada al mandato constitucional sin que sea evidente el incumplimiento alegado por la accionante, por lo que no corresponde la aplicación de medidas compulsivas solicitadas, como tampoco la remisión al Ministerio Público; y,
- 7)El accionante pretende la nulidad de la segunda Resolución Jerárquica emitida, sin demostrar violación alguna a su derecho al debido proceso o al contenido del , lo que implica una interpretación extensiva e incorrecta del fallo constitucional. Con base en los señalados argumentos, solicitó que se declare no ha lugar la queja por incumplimiento formulada por el accionante; y, que se tenga por acreditado el pleno cumplimiento de la y el por la Universidad.
I.3. Resolución de la Sala Constitucional
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por Auto 058/2025 de 4 de diciembre, cursante de fs. 541 a 545, declaró no ha lugar la queja por incumplimiento presentada por el accionante. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos:
- i)La autoridad demandada realizó un desglose de los hechos y circunstancias agraviantes, ello con el objeto de justificar la decisión de destitución impuesta al impetrante de tutela, citando normativa específica a tal efecto, para luego realizar una descripción de las funciones incumplidas, atribuyendo una conducta negligente en la función del administrador de la Facultad de Medicina, sobre fondos provenientes de la cooperación internacional para el proyecto "Estampa", que al no ejercer adecuadamente las funciones y responsabilidades inherentes a su cargo, ha generado por descuido la desviación de fondos económicos por el Auxiliar Administrativo, a quien delegó su clave digital de acceso al sistema SIGEP, apropiándose así de fondos de la referida Universidad, causando un daño económico a la misma; por lo que, con base en tal relación ponderativa, la autoridad demandada determinó la relevancia de la acción, su repercusión, la responsabilidad y sus consecuencias sobre la institución, por la conducta negligente del sumariado -ahora accionante-, que bajo ese contexto torna de muy grave la responsabilidad incumplida, que hace justificable la sanción impuesta;
- ii)Se concluye además que, la autoridad demandada describió las razones por las que no era posible aplicar atenuantes para imponer otro tipo de sanción, que no se la destitución, sustentando que los alegatos y pruebas presentadas por el ahora accionante no enervaban de ninguna manera la negligencia en la que incurrió el mismo, y tampoco justificaban el daño económico institucional causado;
- iii)En el desarrollo de los argumentos de la decisión la autoridad demandada realizó la subsunción necesaria respecto a la conducta, las omisiones incurridas, la responsabilidad y la posición de garante que el sumariado tenía respecto a la administración de los fondos económicos del proyecto "Estampa", lo que justificó la aplicación de la sanción de destitución, por no ser excusable la negligencia generada, denotando impericia en la falta de control y supervisión ejercidas a las actividades financieras de la Facultad, cuando era su deber preservar y administrar debidamente dichos fondos; y,
- iv)Si bien, la falta como tal no está descrita en la normativa interna; empero, como refieren las decisiones constitucionales, lo que correspondía era desarrollar un proceso argumentativo de ponderación, justificando la aplicación de la normativa laboral y de la función pública, así como determinar la responsabilidad según las normas inobservadas, como la proporcionalidad de la sanción, la subsunción del hecho a las conductas, el daño y el agravio evidente generado con la omisión o negligencia; exigencias que la nueva resolución cumplió.
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