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TCP

0022/2026-RCA

Tribunal Constitucional Plurinacional
30 de enero de 2026
Resumen del caso

Auto 0022/2026-RCA

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0022/2026-RCA Sucre, 30 de enero de 2026

Expediente: 80837-2026-162-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 098/2025 de 24 de noviembre, cursante a fs. 70, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Diego Mauricio Mayta Arias contra Luis Carlos Torrez Alarcón, Fiscal Departamental; Lizeth Genara Carvajal Limachi, Fiscal de Materia; y, Andrés Franz Zabaleta Callisaya, Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Decimotercero, todos del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de los hechos que la motivan

Por memoriales presentados el 6 y 21 de noviembre de 2025, cursantes de fs. 43 a 56; y, 64 a 69, el accionante manifestó que, dentro del proceso penal con Código Único de Denuncia (CUD) 201103052403570 seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, al tratarse de una denuncia falsa ofreció las pruebas consistentes en once Discos Compacto (CDs) de video vigilancia de todos los lugares adyacentes a su domicilio, sin embargo, a la Fiscal de Materia hoy codemandada '"...nunca le dio la gana..."' (sic) de realizar, ordenar el desdoblamiento, congelamiento de imágenes que demuestren que su persona el 7 de diciembre de 2024, entre las horas 20:00 a 22:30 aproximadamente, no se encontraba junto a la supuesta víctima, tampoco autorizó que se realice la pericia forense informática de triangulación, geolocalización, radio base de las telefonías móviles de celular que de lejos señalan que la víctima el día de los hechos se encontraba en latitudes diferentes a su persona; asimismo, si bien se expidieron los requerimientos fiscales correspondientes, "...nunca le dio la gana de hacerlos cumplir..." (sic) como directora funcional de la investigación, dejándolo en estado de indefensión total; ya que, las competencias del Juez ahora codemandado estaban suspendidas por un incidente de recusación presentado por su abogado defensor. Desde el inicio de la investigación, la Fiscal de Materia hoy codemandada se dedicó al acopio de pruebas de cargo, pero nunca las de descargo, tratándolo desde un inicio como culpable sin hacer valer su derecho a la presunción de inocencia, por el contrario, presentó acusación formal sin que exista alguna prueba pericial o documental; asimismo, en reiteradas oportunidades dicha Fiscal de Materia le negó sus solicitudes a requerimientos fiscales.

El 10 de julio de 2025, solicitó requerimiento fiscal para que un perito topográfico realice la pericia del lugar donde acontecieron los supuestos hechos, determine las características y la profundidad del lugar de los hechos, debido a que, conforme al extracto de la inspección técnica ocular, la supuesta víctima refirió que fue empujada por su persona, provocando que cayera de cabeza sobre piedras a los primeros cuatro metros del barranco para salir "...a fuerza de uñas" (sic).

Asimismo, el Fiscal Departamental ahora demandado, ante la objeción de rechazo "...a este requerimiento fiscal responde que debí pedir bien, identificando donde y quien debería realizar esta pericia, por eso se rechazo y el confirma el rechazo..." (sic), lo que demuestra que no se cumple lo previsto por el art. 72 del Código Procesal Penal (CPP), relativo a la objetividad, cuando el Ministerio Público de oficio debía pedir lo requerido por su defensa.

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