Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0022/2026-S1 Sucre, 28 de enero de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional
Expediente: 65979-2024-132-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 168/2024 de 8 de julio, cursante de fs. 145 a 148 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por María Antonieta Titichoca Guzmán contra Karina Liliana Serrudo Miranda, Presidenta Ejecutiva a.i. de la Aduana Nacional (AN).
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
La accionante por memorial presentado el 25 de abril de 2024, cursante de fs. 65 a 77 vta., manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Ingresó a trabajar en la AN el 1 de octubre de 2014, ocupando el cargo de Técnico de Computación 2 (Operadores de Sistema Exterior), dependiente de la Gerencia General de la Agencia Aduana Exterior Arica, llegando a tener una hija -menor de edad AA- el 25 de febrero de 2018, quien desde su nacimiento fue diagnosticada con Neurofibromatosis Tipo 1, enfermedad que puso en conocimiento de la entidad empleadora; así como, Epilepsia Generalizada Estructural, Polineuropatia en el miembro superior derecho y trastorno del espectro autista leve; a pesar de ello, fue desvinculada por Memorando con Cite 2596/2022 de 4 de noviembre, mismo que fue objeto de representación, recibiendo una respuesta negativa a través de la Nota AN/PE/N/2023/0339 de 1 de febrero, notificada a su correo electrónico el 2 de ese mes de 2023, la cual constituyó en un "ACTO ADMINISTRATIVO DE CIERRE", bajo el argumento de no contar con el correspondiente Carnet de Discapacidad, cuya formalidad no puede estar por encima del ejercicio material de sus derechos, más aun si fue acreditado de manera objetiva esa condición y que al tratarse de una niña menor de edad que es parte de un grupo vulnerable, merece una protección reforzada por parte del Estado Plurinacional de Bolivia.
Posteriormente, el 27 de diciembre de 2022, presentó solicitud de reincorporación laboral ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, mereciendo en respuesta Auto de Rechazo MTEPS-VESCyCOOP-DGSC-AR 03 de 15 de febrero de 2023, bajo el fundamento de no contar con Carnet de Discapacidad que acredite la condición de salud de su hija -menor de edad AA-, cuyo mecanismo que no fue el idóneo para lograr la restitución de sus derechos fundamentales, al no estar regulada por la Ley General del Trabajo, tampoco podía hacer uso del Reglamento de Impugnación al Régimen Laboral de la Función Pública 014/10; debido a que, tampoco tuvo la condición de funcionaria de carrera; lo que denota que no tuvo una correcta orientación jurídica y legal para buscar la protección y restitución de sus derechos fundamentales y la de su , que la dejó al borde de los plazos para la presentación de la acción de amparo constitucional, que debió ser planteada de manera directa.
El 15 de agosto de 2023, presentó una primera acción de amparo constitucional, que a pesar de subsanar los defectos formales, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto Constitucional (AC) 66/2023 de 28 de septiembre, resolvió tenerla por no presentada por falta de subsanación de las observaciones realizadas. El deficiente asesoramiento y patrocinio de su abogada respecto en la inadecuada y extemporánea presentación de la referida acción tutelar que fue observada con toda razón, al no encontrarse elaborada conforme a los requisitos de procedencia exigidos por la jurisprudencia constitucional y el Código Procesal Constitucional, dilatándose innecesariamente, aclarando que el plazo de los seis meses para su interposición caducó por motivos ajenos a su voluntad y no así por su dejadez, negligencia, desidia o irresponsabilidad, provocando que no pueda acceder a la jurisdicción constitucional y ejercer de manera efectiva el derecho a la tutela judicial efectiva.
Habiendo cambiado de patrocinio y admitido su apersonamiento el 17 de abril de 2024, debe observarse en virtud de los principios constitucionales pro actione, favoris debilis y progresividad la flexibilización del plazo de caducidad de los seis meses desarrollado por la , que precisa dos supuestos, en casos que por la naturaleza de los derechos alegados sea insoslayable otorgar tutela, cuando se trata de derechos imprescriptibles y cuando concurran simultáneamente dos elementos imprescriptibles; primero, que el término se hubiese excedido solamente en unos días; y segundo, que la vulneración del derecho fundamental denunciado sea indudable; cuyo primer supuesto se cumple en su caso; ya que, los derechos al trabajo digno y a una fuente laboral estable vulnerados, se encuentran previstos por el art. 46 de la Constitución Política del Estado (CPE) y que por mandato del art. 48.VI de la Norma Suprema son imprescriptibles; así también, se cumple el segundo, al encontrarse dichos derechos vinculados a los dispuesto por el art. 34.II de la Ley General para Personas con Discapacidad -Ley 223 de 2 de marzo de 2012-, acreditándose que tiene bajo su dependencia una niña menor de edad que es parte de un grupo vulnerable, quien además se encuentra diagnosticada con una enfermedad grave y degenerativa, encontrándose dentro de las personas con discapacidad, debiendo primar una interpretación y aplicación material de las leyes, bajo cuya premisa la jurisprudencia constitucional encargó reducir a su mínima expresión el deber de contar con el Carnet de Discapacidad como requisito formal; además, en observancia del principio de directa justiciabilidad que dispuso que todos los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado son directamente aplicables y gozan de iguales garantías, ameritado en virtud de los principios de favorabilidad y justicia material flexibilizar la exigencia del certificado de discapacidad en los casos en que la situación de discapacidad sea notoria, evidente y pueda ser verificable a través de otros medios.
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