Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0022/2026-S3 Sucre, 20 de febrero de 2026
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional
Expediente: 58776-2023-118-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 211/2023 de 29 de septiembre, cursante de fs. 84 a 93 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Alberto Tomas Santander Aruquipa y Gladys Felicidad Márquez de Satander contra Gloria Consuelo Cuellar Muller, Jueza Público Civil y Comercial Decimosexta; Cecilia Andrea Aramayo Pérez, Juezas en suplencia legal de su similar Decimosegunda de la Capital del departamento de La Paz; y, Eddy Mayorga Chambi, Notario de Fe Pública 88 del Distrito Judicial mencionado.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 2 y 11 de agosto de 2023, cursantes de fs. 35 a 39 y 51 a 54, los accionantes manifestaron lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Mediante contrato de compraventa adquirieron legítimamente un bien inmueble ubicado en la calle 14 de Septiembre 6563 "B", Zona Bella Vista de esta ciudad, con una superficie de 191,09 m², bien que fue adquirido de su anterior propietario, Carlos Baltazar Virreira Arnez, quien a su vez lo obtuvo por sucesión hereditaria al fallecimiento de su esposa Nazaria Fernández Caraballo, misma que había adquirido dicho inmueble a través de un remate judicial dentro de un proceso ejecutivo tramitado ante el Juzgado de Partido en lo Civil y Comercial Segundo de la Capital del departamento de La Paz, encontrándose registrado en Derechos Reales (DD.RR.), bajo Matrícula computarizada 2.01.0.99.0031928, manteniendo desde el 10 de mayo de 2014, una posesión pacífica, continua y pública, habiendo destinado dicho bien a su vivienda y domicilio habitual.
Sin embargo, el 7 de julio de 2023, funcionarios judiciales del Juzgado Público Civil y Comercial Decimosegundo de la Capital del departamento de La Paz, acompañados de efectivos policiales, intentaron ejecutar un mandamiento de desapoderamiento librado el 26 de mayo de 2023, por Gloria Consuelo Cuellar Muller, Jueza Público Civil y Comercial Decimosexta, en suplencia legal de su similar Decimosegundo de la Capital del referido departamento, respecto a un inmueble distinto, ubicado en la calle Mecapaca 6563, pretendiendo ingresar a su vivienda mediante la demolición del muro divisorio, sin haberlos notificado previamente ni estar comprendidos en dicho mandamiento, el cual no consignaba su domicilio ni sus nombres; si bien la ejecución no se consumó debido a que el Oficial de Diligencias advirtió la ilegalidad del acto y elevó informe a la Jueza demandada; asimismo, por su parte el Notario de Fe Pública 88 -codemandado- emitió una certificación sin competencia, cuestionando indebidamente el accionar del prenombrado funcionario de apoyo judicial en vulneración de los principios de legalidad y neutralidad.
En ese contexto, Cecilia Aramayo Pérez, Jueza en suplencia legal del Juzgado Público Civil y Comercial Decimosegunda de la Capital del departamento de La Paz -codemandada- mediante Auto Interlocutorio de 24 de julio de 2023, dispuso la expedición de un nuevo mandamiento de desapoderamiento con facultades de allanamiento sobre el inmueble ubicado en la calle 14 de Septiembre 6563 "B", que constituye su domicilio y vivienda, siendo personas de la tercera edad, dicho Auto fue emitido sin que hayan sido notificados ni citados en su calidad de ocupantes y poseedores, omitiéndose el procedimiento obligatorio previsto en el art. 427.II del Código Procesal Civil (CPC).
De esta forma se vulneraron de manera concurrente los derechos a la defensa, a la inviolabilidad del domicilio, a la vivienda y a la dignidad humana, al existir una amenaza real e idónea de ejecutar en contra del mandamiento de desapoderamiento de 26 de mayo de 2023, sin que hayan sido notificados en su calidad de ocupantes y poseedores del inmueble ubicado en la calle 14 de Septiembre 6563 "B", Zona Bella Vista; el derecho a la defensa, como derecho inviolable garantizado por los arts. 115.II y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE), exige que toda persona sea escuchada antes de cualquier determinación que afecte sus derechos, conforme lo estableció la ; asimismo, la inviolabilidad del domicilio protege no solo el espacio físico sino la seguridad, intimidad y libertad personal, criterio desarrollado por la Sentencia C-519/07 de la Corte Constitucional de Colombia; a su vez, el derecho a la vivienda digna reconocido por el art. 19.I de la CPE se vincula directamente con la vida y la dignidad, constituyéndose en presupuesto para el ejercicio de otros derechos fundamentales; finalmente, la dignidad humana, consagrada en los arts. 8.II y 22 de la CPE, resulta lesionada cuando se pretende ejecutar un mandamiento destinado a un inmueble distinto, ubicado en la calle Mecapaca 6563, ingresando arbitrariamente al domicilio de los accionantes mediante la demolición del muro divisorio, actuación agravada por el accionar del citado Notario de Fe Pública, quien vulnerando los principios de legalidad y neutralidad previstos en la Ley del Notariado Plurinacional -Ley 483 de 25 de enero de 2014 -, cuestionó indebidamente al Oficial de Diligencias y pretendió la ejecución ilegal del mandamiento.
Por lo expuesto, señalaron que el principio de subsidiariedad no es aplicable, por tratarse de personas de la tercera edad y que el mandamiento de desapoderamiento de 26 de mayo de 2023, que se pretendió su ejecución el 7 de julio de igual año, se constituyen en un acto actual e inminente que amenaza los derechos al debido proceso, a la defensa y a la propiedad, configurándose un daño irremediable conforme al art. 54.II núm. 2) del Código Procesal Constitucional (CPCo) y art. 128 de la CPE; por lo que, se debe realizar la abstracción a dicha principio.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
Denunciaron la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la inviolabilidad de domicilio, a la vivienda y a la dignidad humana, citando al efecto los arts. 8, 15.I, 19, 22, 25, 115.II y 119.II de la CPE.
I.1.3. Petitorio
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