0023/2023-O

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0023/2023-O Sucre, 20 de junio de 2023

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional

Expediente: 31413-2019-63-AAC Departamento: Chuquisaca

En conocimiento, la queja por incumplimiento de la 0SCP 0365/2020-S1 de 20 de agosto, pronunciada dentro la acción de amparo constitucional interpuesta por Guadalupe Consuelo Ortega Avendaño contra Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco, Fiscal Departamental de Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la queja de incumplimiento

I.2. Petitorio

Solicitó se declare ha lugar la queja por incumplimiento de la 0SCP 0365/2020-S1, ordenando que el Fiscal Departamental de Chuquisaca emita una nueva resolución jerárquica ajustada a los parámetros establecidos en la indicada Sentencia Constitucional Plurinacional, bajo prevención de que en caso de persistir su renuencia, se aplicará lo dispuesto por el art. 17 del Código Procesal Constitucional (CPCo). I.3. Contestación

I.4. Resolución

1.5. Del memorial de impugnación

I.2. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por decreto constitucional 15 de agosto de 2022, cursante a fs. 352, se dispuso la suspensión del plazo procesal para la emisión de la presente Resolución, a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 5 de junio de 2023 (fs. 374); por lo que, el presente fallo constitucional es emitido dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional.

II. CONCLUSIONES

De los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. A través de Resolución de Sobreseimiento de 6 de marzo de 2018, los Fiscales de Materia asignados al caso, decretan el sobreseimiento a favor de Eulogio Quintana Humerez y María Judith Quispe Delgado, por la presunta comisión del delito de uso de instrumento falsificado, refiriendo que de los hechos contenidos en la denuncia y ampliación de las misma, se llega a concluir que la teoría fáctica resulta ser incoherente e insuficiente, además, que la denuncia no contiene de manera detallada las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que hubieran sucedido los hechos atribuidos a los imputados; asimismo, conforme concluyó el Dictamen Pericial Grafotécnico de 17 de noviembre de 2017 la firma y rúbrica impresa a mano a nombre de Guadalupe Consuelo Ortega Avendaño en el "...DOCUMENTO PRIVADO DE TRANSFERENCIA ANTE NOTARIO DE PÚBLICA DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2011..." (sic), corresponde a la mano caligráfica e identidad escritural de la prenombrada, cuyas grafías incuestionables se ha tenido para realizar el cotejo documentológico; en consecuencia, al haber utilizado dicho documento para los fines que en derecho correspondía a los imputados no existiendo elemento probatorio alguno que demuestre lo contrario (fs. 24 a 28).

II.5. De acuerdo a la 0SCP 0365/2020-S1 de 20 de agosto, se concede la tutela impetrada por la accionante -hora quejosa-, por advertirse la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos congruencia, fundamentación y motivación (fs. 249 a 277).

II.6. A fin de dar cumplimiento a la 0SCP 0365/2020-S1, Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco, Fiscal Departamental de Chuquisaca, emite la Resolución Jerárquica de 8 de abril de 2022 ratificando la Resolución de Sobreseimiento de 6 de marzo de 2018 emitida en favor de Eulogio Quintana Humerez y María Judith Quispe Delgado, bajo los siguientes fundamentos:

"Asimismo de la 0Sentencia Constitucional Plurinacional 0365/2020-S1 del 20 de agosto de 2020, en la cual la victima señalo que no se le habría llegado a notificar con el resultado de la pericia, dejándola en indefensión, dado que podría haber solicitado una contra perica [pericia] para determinar si la conclusión a la que llegó el forense seria correcta, en ese sentido, si bien la observación que se hace comprensible, empero, tal situación no justificaría que se debe modificar la decisión a la que llegaron las Autoridades Fiscales, dado que de la revisión de obrados se constata que Guadalupe Ortega Avendaño solicitó en varias oportunidades copias simples del cuaderno de investigación y si bien no se tiene una constancia de haber recibido un ejemplar del dictamen pericial, mismo no se constituiría en un elemento determinativo que desvirtué la decisión recurrida, dado que tal observación no seria suficiente para viabilizar una modificación a la conclusión que ha sido asumida por los representantes del Ministerio Público; por lo cual, al no observarse que ello se encuentre acompañado de fundamentos específicos y que estén suficientemente acreditados para considerar que sus observaciones estarían respaldadas; en ese entendimiento, no se observa que se tengan argumentos destinados para desvirtuar el fondo de la resolución.

(...)

Asimismo, de la revisión del cuaderno de investigación se llega a constatar que es razonable el reclamo que realizó la recurrente, dado que en despacho del Fiscal de Materia no se tuvo el cuidado de notificarla con el dictamen pericial en el que se constató que la firma que cursa en el documento privado analizado le pertenece a la recurrente, al respecto, se llega a evidenciar que ese descuido, si bien conlleva una afectación a su derecho de mantenerse informado sobre el avance de la causa; sin embargo, no debe perderse de vista, que al tener las partes acceso irrestricto a los antecedentes del proceso no requiere de autorización formal para conocer su contenido ello en función de la propia desformalización que se tiene en materia penal y la libertad que se le reconoce para pedir copias las veces que considere necesarias incluso sin necesidad de tener que estarse esperando que su concesión por el Fiscal de Materia deba ser realizado por escrito, constando incluso que en su momento tanto los sindicados, como la ahora recurrente, solicitaron se proceda con la realización de la pericia, aspecto que también permite establecer que ambas partes buscaban la ejecución del mismo actuado procesal, el cual llegó a realizarse con las formalidades de rigor y luego fue incluido entre los antecedentes del caso.

Si bien alude a una restricción que se le habría generado para poder observar el dictamen o en su caso solicitar se haga una contra pericia, se llega a evidenciar que tal extremo al no haber sido desarrollado durante la etapa preparatoria conllevó se limite la posibilidad de poner en conocimiento del Fiscal cuales los puntos que hubiese considerado serían imprecisos o en su caso, cuales pudieron haber sido los extremos sobre los que pudo haber llegado a proponer ese nuevo actuado; lo cual si bien podría haber llegado a enriquecer aún más la información ya recabada; sin embargo, ello no puede traducirse como una determinación específica con la cual se daría por sentado que se desvirtuaría la conclusión a la que se arribó por parte del forense encargado del estudio especializado; tampoco se ha llegado a establecer cuales habrían podido ser aquellos elementos que permitirían reducir la solides al referido dictamen, menos aún que con ellos pueda solventarse que la causa debiera ser habilitada para que en una siguiente etapa procesal sea la autoridad jurisdiccional la que determine su situación; máxime si para ello el Ministerio Público requiere contar con suficientes elementos probatorios y no solo con probabilidades que podrían o no brindar un dato incierto; si bien se constata que con data posterior a la del dictamen pericial de 17 de noviembre de 2017 en el que se determinó que la firma le correspondía a la impugnante, se solicitó el 27 de abril de 2018 por Guadalupe Ortega Avendaño nuevo scaneo y fotografía de documentos al referir que los utilizaría para el cotejo y pericia de firma de Guetzy Judtih Quintan Quispe, lo cual le serviría para proceder a una pericia a realizar de forma particular; sin embargo, no se tiene constancia que ello haya emergido de un conocimiento del dictamen del IDIF que nos ocupa, siendo otro aspecto que no se tiene definido, máxime si de forma posterior no se evidencia que se haya llegado a cumplir con otro actuado especializado.

Corresponde precisar además que una vez que se ha llegado a disponer el cierre de la fase investigativa, la autoridad fiscal se encarga de hacer la valoración de toda la información que llegó a recabarse hasta ese momento, la cual debe ser debidamente analizada bajo el paraguas de objetividad reconocido por expresa determinación normativo y no centrarse en posibilidades que no cuenten con sustento verídico, es decir que ya se lo haya obtenido, por cuanto toda decisión, se base en insumos probatorios que llegaron a obtenerse durante el desarrollo de la causa, tanto por determinación fiscal como la que fue aportada por las partes, tal como se constata en el presente, sin que tal decisión haya llegado a ser desvirtuada al momento de impugnársela; no constando por ello que tales referencias estarían llegando a generar convicción suficiente con la cual sea oportuno dar curso a su pretensión, al no tenerse convicción clara que permita sostener que la omisión de notificación y la posibilidad de solicitar aclaraciones o contra pericia habría llegado a generar un resultado diferente, por lo que en este punto no se ha llegado a desacreditar por parte de la recurrente el razonamiento que ha sido realizado por el Fiscal al haber basado su decisión o que no conllevan certeza ante una probabilidad de resultado que no puede asegurarse si habría podido desvirtuar o no el dictamen emitido.

Si bien se reconoce que por la edad de la denunciante se encuentra dentro de los grupos de vulnerabilidad y por ello goza de atención preferente; tal aspecto conlleva una mayor responsabilidad para el Ministerio Público en el resguardo de sus derechos; sin embargo, tal situación no ha permitido determinar que haya existido una valoración inoportuna del perito al momento de hacer el estudio de la documentación que se puso a su disposición para que se haga la verificación de la firma que se tiene incluida en el escrito de transferencia de inmueble, menos aun que se tenga la consignación expresa de restricción de derechos en lo que se habría llegado a incurrir por parte del Ministerio Público o de alguno de sus brazos operativos durante el desarrollo del proceso penal que se sustanció hasta su conclusión, menos aún que se tenga constancia de reclamo alguno que haya llegado a ser identificado por la propia autoridad jurisdiccional que se encargó del control que se realizó de las etapas investigativas, tal como lo describe el Art. 54-1. Del CPP.

Por otra parte, resulta aplicable tomar en cuenta lo dispuesto por el Auto Supremo N° 106/2013 de 19 de abril de 2013 señala 'El principio de la Duda Razonable o "In dubio pro reo" se constituye en una regla de valoración de la prueba dirigida al Juez o Tribunal que procederá a emitir una Sentencia; pues, de lo expresado se puede afirmar que la duda amerita siempre una absolución ya que el objeto del Derecho es la PERSONA como fin en sí misma y nuestra sociedad, donde uno de los pilares fundamentales es el respecto de los derechos humanos, donde se deberá considerar justa una absolución de un culpable a la condena de un inocente, de ahí el aforismo jurídico de que "más vale absolver a un condenado que condenar a un inocente". (Sic). Trasladado al ámbito que nos ocupa, que si no existen suficientes elementos de convicción que corroboren el hecho denunciado y ello genere duda razonable sobre la participación de los imputados, resulta ser oportuno sostener que se ingresa en lo establecido por el principio in dubio pro reo, cuando exista dura razonable respecto de la participación de los posibles autores en los ilícitos que se les atribuyo y conforme a los indicios y evidencias recabadas durante la investigación, no se considera que se hayan obtenido suficientes elementos por los cuales se pueda sostener con precisión que tales hechos se acomodan a la conducta de los sindicados conforme a las exigencias que la ley penal prevé, siendo por ello aplicable que ante la carencia de información probatoria tal como ocurren en el presente caso, siendo pertinente dictar la resolución más favorable y objetiva; tal como lo ha dispuesto el fiscal asignado al momento de emitir la resolución de sobreseimiento" (sic [fs. 304 a 312]). III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. Sobre los alcances de la 0SCP 0365/2020-S1

Así, en conocimiento de las cuestiones planteadas en la acción de defensa, previo análisis y verificación se concluyó que, al momento de pronunciarse la Resolución Jerárquica de 27 de noviembre de 2018, el Fiscal Departamental de Chuquisaca vulneró el derecho al debido proceso en sus elementos congruencia, fundamentación y motivación, conclusión a la que se arribó bajo los siguientes fundamentos (para el caso únicamente se hará énfasis en el análisis efectuado respecto a las aristas de fundamentación y motivación): "La accionante refiere que el Fiscal Departamental de Chuquisaca, no emitió una decisión fundamentada y motivada porque no mencionó de qué forma hubiere tenido conocimiento del Dictamen Pericial Grafotécnico y que actos concretos realizados por su persona habría sustentado ese extremo.

(...)

Ahora bien, pese a lo inferido líneas arriba, a efecto de determinar manifiestamente si es evidente o no la carencia de fundamentación y motivación en la Resolución Jerárquica de 27 de noviembre de 2018, es preciso efectuar la debida contrastación entre el agravio expuesto en el memorial de impugnación con el fundamento de la mencionada Resolución Jerárquica; en ese entendido, se tiene:

La accionante planteó como agravio que no se le notificó con el resultado del peritaje, emitiéndose la Resolución de Sobreseimiento sin darle la oportunidad de observar dicho peritaje y solicitar contraperitaje.

Al respecto, el Fiscal Departamental de Chuquisaca ahora demandado identificando el reclamo de la manifiestamente accionante señaló que en relación a que "...se imputa a los denunciados porque existían suficientes elementos de convicción que demostraban que son autores del hecho endilgado para luego sin notificar a la impugnante con el resultado del peritaje se emite un sobreseimiento por no haber aportado más elementos probatorios, sin otorgarle la posibilidad de observar el peritaje o solicita una contrapericia" (sic), se tiene que, si bien a momento de emitirse la imputación formal se consideró que se contaban con indicios para atribuir la presunta autoría o participación de hechos en desmedro de la fe pública, se otorgó una calificación temporal como uso de instrumento falsificado; sin embargo, se debe realizar un análisis objetivo de los datos, evidencias y elementos que se hayan recabado en el desarrollo de todo el proceso investigativo.

De lo expuesto precedentemente, se tiene que el fundamento expuesto por la autoridad fiscal ahora demandada no responde al agravio planteado por la ahora accionante, toda vez que, el reclamo especifico es la falta de notificación con el Dictamen Pericial Grafotécnico y la emisión de la Resolución de Sobreseimiento sin darle la oportunidad de observar dicho peritaje y solicitar "contraperitaje"; no obstante, por una parte, en cuanto a la fundamentación no se expuso los hechos relativos a la notificación con el Dictamen Pericial Grafotécnico sobre cuándo, dónde y a través de que medio se notificó a la impetrante de tutela, si existe constancia o no de algún formulario, testigo o documento; así también, no se señaló preceptos legales adjetivos que permitan evidenciar si se observó el régimen de notificaciones; por otra parte respecto a la motivación no se expresó los razonamientos lógico -jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa; es decir, no se estableció si en base a los hechos identificados y la prueba valorada que consta en el cuaderno de investigación se pudo determinar que sí se cumplió con la notificación; aspectos que permitieron llegar a una conclusión, siendo evidente que, la autoridad fiscal ahora demandada contravino los arts. 73 del CPP y 65 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) que establecen la obligatoriedad de fundamentación por parte de los fiscales, de manera que toda resolución que sea emitida contrario a lo señalado se torna en una decisión arbitraria dado que el sujeto procesal a quien no le sea favorable no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión (Fundamento Jurídico III.2), inobservando que la fundamentación y motivación son esenciales al momento de emitir una resolución -judicial o administrativa- pues con los mismos no solo concretiza la obligación de poner en manifiesto las razones que sustentan tal resolución sino también responde al sometimiento a la Constitución, contribuye a lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, garantiza la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, permite el control de la actividad jurisdiccional o decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad.

Asimismo, aunado a lo anterior, es preciso señalar que, la autoridad fiscal ahora demandada al momento de emitir la Resolución Jerárquica cuestionada -el 27 de noviembre de 2018- debió considerar que la ahora impetrante de tutela pertenecía a un grupo etario que merece atención preferente, y cuyos derechos están reconocidos no solo por la normativa nacional sino también por instrumentos internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad (desarrollados en el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional) que son determinantes frente a situaciones de desigualdad o asimetrías; de ahí que, debió aplicar un enfoque generacional, que le permitiría en primer lugar analizar el contexto del cual emerge el reclamo respecto a la falta de notificación con el Dictamen Pericial Grafotécnico (que se constituye en un elemento contundente para el caso) previo a la Resolución de Sobreseimiento de 6 de marzo de 2018, del cual se podrá identificar y determinar sí innegablemente se puso a la peticionante de tutela en una situación de desventaja carente de justificación objetiva y razonable que devendría en una lesión de derechos; además por otro lado, establecer si el Fiscal de Materia asignado al caso dio estricto cumplimiento a lo establecido en el art. 7 de la LOMP referido a que los fiscales sujetarán sus actuaciones de acuerdo a criterios de justicia, transparencia, eficiencia y eficacia, garantizando a la sociedad un acceso equitativo y oportuno al Ministerio Público, y que se encuentran obligados a proporcionar un trato igualitario, digno y humano a las personas que intervienen en la investigación y en el proceso penal, bajo responsabilidad. Aspecto que de ser evidentes permitirán la adopción de medidas especiales de protección o promoción a su favor, con el objeto de eliminar las barreras que le impidan gozar de una efectiva igualdad a efecto que se tenga las mismas oportunidades de acceder al ejercicio pleno de sus derechos, más aun considerando que la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en su art. 31 establece que los Estados Parte se comprometen a asegurar que la persona mayor tenga acceso efectivo a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, pues de lo contrario los derechos de la persona que pertenece a un grupo vulnerable pueden verse conculcados.

Consecuentemente, en relación a la presente problemática corresponde conceder la tutela por una evidente lesión del derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación" (las negrillas pertenecen al texto original).

III.2. La queja por incumplimiento de las sentencias constitucionales plurinacionales un mecanismo previsto por el ordenamiento jurídico constitucional para lograr su adecuada ejecución

El 0Auto Constitucional Plurinacional 0016/2019-O de 8 de abril, expresó al respecto

"El art. 16 del CPCo, refiere que: 'I. La ejecución de una Resolución Constitucional con calidad de cosa juzgada, corresponde al juzgado o tribunal que inicialmente conoció la acción.

II. Corresponderá al Tribunal Constitucional Plurinacional conocer y resolver las quejas por demora o incumplimiento en la ejecución antes referida; asimismo le corresponde la ejecución en los procesos que directamente se presenten ante el mismo". Al respecto, la queja por incumplimiento, es un mecanismo de la jurisdicción constitucional, regulado por el Código Procesal Constitucional y creado por el legislador con la finalidad de materializar la ejecución de las resoluciones constitucionales con calidad de cosa juzgada; vale decir, constituye una herramienta jurídica para que cualquiera de los legítimos interesados en una causa constitucional pueda reclamar, denunciar o acusar el cumplimiento, incumplimiento o el sobrecumplimiento de una resolución emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional con calidad de cosa juzgada.

El 0Auto Constitucional Plurinacional 0019/2014-O de 14 de mayo, al momento de analizar la denuncia de la inobservancia a las determinaciones emitidas por la justicia constitucional sostuvo que: ´...la resolución que defina una problemática en la vía constitucional, en atención al derecho de tutela judicial efectiva y al debido proceso que hace al proceso constitucional debe ser cumplida a cabalidad; es decir, sin que el resultado de su cumplimiento sea inferior a lo determinado por la justicia constitucional pero que tampoco se produzca un sobrecumplimiento de lo ordenado, ello en atención a que la autoridad judicial está obligada a resolver el cumplimiento respecto a lo debatido y dispuesto por la justicia constitucional.

...en este sentido, la parte victoriosa puede denunciar el incumplimiento de una sentencia constitucional plurinacional mientras que la parte demandada puede denunciar su sobrecumplimiento.

Entonces, cuando un juez o tribunal de garantías emite una resolución en la cual determina el cumplimiento o incumplimiento de un fallo constitucional y en atención al art. 16.II del CPCo, que señala: 'Corresponderá al Tribunal Constitucional Plurinacional conocer y resolver las quejas por demora o incumplimiento en la ejecución antes referida...´ alcanza tanto a la parte accionante en lo referente a la tutela que obtuvo pero también a la parte demandada cuando se exija un sobrecumplimiento de la sentencia´.

De igual forma, el 0Auto Constitucional Plurinacional 0005/2012-O de 30 de octubre, estableció que: '...ante una resistencia de los servidores públicos o personas particulares en la observancia de las determinaciones judiciales, el Tribunal de garantías tiene el deber de asegurar que las decisiones del máximo intérprete de la Constitución Política del Estado sean cumplidas sin ninguna demora; por cuanto, se trata de resguardar derechos fundamentales. El derecho de acceso a la justicia no significa acudir únicamente a las autoridades judiciales y obtener una decisión de ellas, al contrario, dicha determinación debe tener una ejecución pronta y oportuna, pues ella significa la culminación favorable del debido proceso'.

Asimismo, con la finalidad de regular el procedimiento a emplearse en la ejecución de fallos constitucionales, el 0Auto Constitucional Plurinacional 0006/2012-O de 5 de noviembre, concluyó que: '...una vez conocida la queja por demora o incumplimiento en la ejecución de sentencias emanadas de acciones tutelares, con la finalidad de asegurar un debido proceso, en el plazo de veinticuatro horas desde el conocimiento de este mecanismo, solicitará informe y demás medidas o documentación pertinente a la autoridad o particular obligado a cumplir una decisión emergente del control tutelar de constitucionalidad, quien deberá remitir lo solicitado ante el juez o tribunal de garantías, en un plazo no mayor a tres días, para que en primera instancia, el juez o tribunal de garantías, establezca la demora o incumplimiento en la ejecución de una decisión emergente del control tutelar de constitucionalidad, si fuera el caso. El juez o tribunal de garantías, en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas, mediante auto expreso, rechazará la queja o la concederá, asumiendo en este último supuesto las medidas necesarias para el cumplimiento de estas resoluciones, entre las cuales puede requerir la intervención de la fuerza pública, la remisión de antecedentes al Ministerio Público o la imposición de multas progresivas, entre otras.