0023/2023-S1

El peticionante de tutela a través de su abogado, ratifico in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y ampliándolo, refirió que:

1. a)El Auto Interlocutorio 824/2019 que determinó su detención preventiva carece de valoración objetiva en cuanto a la autoría y los riesgos procesales, por lo que esta ilegalmente perseguido; por otra parte, se inobservó el tema de la pandemia del COVID-19, lesionándose no solo su derecho a la libertad sino también a la vida y a la salud, puesto que existirían suficientes elementos de convicción para determinar la existencia del hecho y su probable participación en el mismo, con base en el informe preliminar de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el instructivo emitido por el Fiscal General del Estado, en los cuales no existe una prueba objetiva de que su persona "...haya tomado alguna actitud, haya tomado alguna actividad, haya provocado algún ilícito en ese proceso..." (sic), no porque forme parte del Órgano Electoral se le puede atribuir la autoría de los delitos cometidos, por lo cual, la calificación de los riesgos procesales fue realizada en meras suposiciones provocando su detención preventiva;
2. b)Respecto al art. 234.2 del CPP, el Fiscal de Materia en su imputación formal refiere que su persona permaneció oculto todo el mes de "noviembre" y que no se tenía certeza de su paradero puesto que se lo busco exhaustivamente, solo con ese hecho se calificó el riesgo procesal de fuga; sin embargo, no se tomó en cuenta que se apersonó voluntariamente a oficinas del Ministerio Público y no le tomaron su declaración informativa;
3. c)En relación a la reiterativa actividad delictiva -art. 234.6 del citado Código-, se presentó información de seis procesos iniciados en su contra, los cuales no cuentan con imputación formal ni sentencia, por ello, carece de objetividad;
4. d)En cuanto al art. 235.1 y 2 de la norma adjetiva penal, se mencionó que el "...Ministerio público ha detallado Cuales son los elementos que el imputado puede modificar o destruir en esa calidad de ex vocal del tribunal supremo electoral, en relación a los Testigos José Antonio Pardo, Henry Ballivian Ticona..." (sic); empero, todas esas personas ya declararon, y más de uno ya se encuentra en libertad; y,
5. e)Con referencia a la improcedencia de la detención preventiva, señaló que es el único que tiene la guarda de su hija, presentando el acuerdo de tenencia y guarda de la menor, lo cual no fue tomado en cuenta refiriendo que el documento se emitió en otra fecha y que no tiene ningún valor, en ese entendido, se apeló el mencionado Auto Interlocutorio y se emitió en consecuencia el Auto de Vista 152/2020; por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, teniendo que la misma:
6. 1)Respecto a la improcedencia de la detención preventiva, se le señaló al Tribunal de apelación, que es el único que tiene la guarda de una menor de un año, presentando la documentación correspondiente; sin embargo, esta situación no fue considerada bajo el argumento de que el documento se habría emitido en otra fecha y que por ende no tiene ningún valor, incumpliendo lo establecido por el art. 238 del CPP que establece que cuando el imputado tenga bajo su guarda la custodia y cuidado de una menor de seis años, corresponderá aplicar la cesación a la detención preventiva sin embargo, el Tribunal de apelación estableció que el documento se habría firmado recién y que seguramente no tendría ningún valor y que debió acudir ante el Juez de familia, puesto que existen excepciones a dicha regla, sin considerar lo regulado por el art. 232.9 del CPP;
7. 2)En cuanto al art. 234.2 de la norma adjetiva penal, la resolución de alzada, refirió que permaneció oculto todo el mes de noviembre, inobservando que su vida corría peligro, ya que existe un grafiti que señalaría que lo matarían; aun así, se presentó voluntariamente en oficinas del Ministerio Público con su abogado, para ser procesado en el marco de la imparcialidad lo que no fue apreciado y se ratificó dicho riesgo procesal, sin fundamentación;
8. 3)En relación a la actividad delictiva reiterada regulada por el art. 234.6 del CPP, se presentó un informe del Sistema Integrado de Gestión de Causas Penal I4 que señala que tendría varios proceso; empero, en el único proceso en el que cuenta con imputación formal es la presente causa y en esas condiciones se ratificó este riesgo procesal; y,
9. 4)Con referencia al art. 235. 1 y 2 del adjetivo penal, no se manifestó sobre que testigos influiría, puesto que todas las personas que en la resolución primigenia ya prestaron su declaración teniendo que "...la Sra. María Eugenia si a declarado, se habla del señor Antonio Costas si ha declarado, se habla de la Sra. Lucy Cruz si ha declarado, por lo tanto estas personas que supuestamente por la vía faltarían declarar ya han declarado..." (sic), la Jueza a quo no valoró correctamente la documental y el Tribunal de alzada no "...hizo absolutamente nada..."; asimismo, se presentó la Resolución 01/2020 de la CIDH referida a que se debe garantizar el derecho a la salud de los privados de libertad respecto al COVID-19; toda vez que, tuvo que salir de emergencia del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz para recibir atención médica, en ese sentido, se adjuntó la tomografía que certifica que se encuentra en la segunda etapa de neumonía COVID-19, las recetas, facturas de los medicamentos del tratamiento que recibe diariamente; empero, no salió con orden de la Jueza de la causa o del Ministerio Público, lo sacaron de emergencia, vulnerándose de esa forma sus derechos a la vida y a la salud, puesto que fundaron su detención preventiva en meras suposiciones, puesto que uno de los vocales se encuentra con detención domiciliaria; sin embargo, su persona continua detenido preventivamente; asimismo, se encuentra detenido más de seis meses.

Elisa Exalta Lovera Gutiérrez, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en audiencia virtual manifestó que:

1. i)Desconocía que el peticionante de tutela estaba contagiado de COVID-19, puesto que en la audiencia de apelación de 18 de junio de 2020, donde se dictó el Auto de Vista 152/2020, el ahora accionante no padecía de dicha enfermedad, claramente sus abogados manifestaron en audiencia virtual de esta acción tutelar que el domingo -entiéndase 5 de julio de 2020- recién se puso mal, es decir, reporto que se contagió, en tanto el Auto de Vista 152/2020 fue dictado en fecha anterior, el 18 de junio de 2020, momento en el cual el impetrante de tutela no atravesaba esa situación que recién sus abogado ponen a conocimiento del Juez de garantías, lamentablemente en la indicada fecha no se acredito esa situación, conforme refieren los abogados el 5 de julio de 2020 lo evacuaron del Centro Penitenciario de San Pedro del citado departamento y está recibiendo los cuidados médicos respectivos, le sacaron tomografía donde se detectó que tenía neumonía; sin embargo, solicitan que en la jurisdicción constitucional se valoren esos documentos, lo cual no es posible y en apego a la ley debe acudirse a la Jueza de la causa, debido a que el 18 de junio del mencionado año, no se tenía esos elementos probatorios, de ser así quizá se hubiese cambiado la situación jurídica de solicitante de tutela; empero no fue así, por lo que no se vulneró ningún derecho, motivo por el cual el peticionante de tutela debe solicitar la cesación a la detención preventiva ante la Jueza de la causa, resultado esa la vía idónea y expedita, dado que no se puede disponer medidas sustitutivas a la detención preventiva en audiencia de acción de libertad; por lo que, no se lesionó ningún derecho y se estableció que la restricción está contemplada en los arts. 233, 234 y 235 del CPP; y,
2. ii)Se arguye probabilidad de autoría en esta audiencia virtual; empero, que en audiencia de apelación no fue planteada; asimismo, respecto a que el accionante no sería parte de la Directiva y que los demás coimputados -ex Vocales- estarían libres, ese extremo no fue puesto en su manifiesto en la audiencia de apelación, respecto a los riesgos procesales se tiene que:
3. a)Conforme el art. 234.1 y 2 del adjetivo penal, el accionante estaba oculto y prófugo; empero, refirió que se presentó voluntariamente ante el Ministerio Público, razón por la cual habría dispuesto el riesgo procesal sin fundamento alguno, lo cual es falso, puesto que el motivo de la persistencia del mismo está fundamentado en el Auto de Vista;
4. b)En cuanto al art. 234.6 del citado Código, el impetrante de tutela manifestó que de acuerdo a un informe se determinó la existencia de procesos, los cuales ni siquiera cuentan con imputación formal, extremo que resulta falso porque en la resolución de la Jueza a quo no se contempla ningún informe I4, sino que se señaló que existen ocho procesos contra el ahora accionante, que fueron considerados uno por uno, llegando a la concusión en base de los elementos probatorios que tres procesos estaban en curso por delitos similares al presente caso, sobre lo cual su defensa no argumento nada, siendo la carga argumentativa del apelante, tampoco se refirió un Informe I4 tal cual se tiene del mencionado Auto de Vista;
5. c)Respecto al art. 235.1 y 2 del CPP, el solicitante de tutela señaló que ya habrían declarado los demás participes, se mencionó nombres, que otro codemandado estaría libre, aspectos falsos porque no se dijo nada sobre ese extremo;
6. d)En relación a la improcedencia de la detención, el accionante indico que existe un acuerdo respecto a la tenencia y guarda de su hija menor que conforme a ley no resulta ser un documento idóneo o suficiente, ya que no intervino el "Juez de la Niñez y Adolescencia" (sic), para determinar cuál sería el motivo para otorgar la guarda a favor del padre y no así de la madre, dicho documento fue elaborado días antes de la audiencia de medidas cautelares ya que fue labrado a finales de noviembre de 2019 y la audiencia se produjo días después con la intención de ocasionar una causal de improcedencia utilizando lamentablemente a la menor de edad para ese cometido, por ello, la Jueza a quo consideró que el documento no era idóneo, criterio con el cual su persona está de acuerdo como Vocal; y,
7. e)Respecto a las pruebas, tomografías y formularios de emergencia de salida del Centro Penitenciario, todos esos elemento son nuevos, los cuales se desconocían, ya que recién fueron obtenidos como manifestaron los abogados del impetrante de tutela, por lo que no fueron valorados y amerita que el impetrante de tutela solicite la cesación de la detención preventiva porque existen nuevos elementos que debe valorar la Jueza de la causa, en ese entendido solicitó se deniegue la tutela.

El Juez de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución de 09/2020 de 10 de julio, cursante de fs. 64 a 67, denegó la tutela con base en los siguientes fundamentos:

1. 1)Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y otros, la Jueza de la causa por Auto Interlocutorio 824/2019, de 5 de diciembre, dispuso su detención preventiva, por lo que apeló dicha determinación; sin embargo, la Vocal demandada conforme establece el art. 251 del CPP modificado por la Ley 1173, que refiere que un solo miembro de la Sala tiene la competencia para resolver la apelación sobre medidas cautelares, en ese sentido se dictó el Auto de Vista 152/2020 que en su parte dispositiva declaró admisible el recurso de apelación y en el fondo improcedentes las cuestiones planteadas, confirmando el mencionado Auto Interlocutorio; y,
2. 2)La Jueza de la causa impuso los riesgos previstos en los arts. 234.2 y 6; y, 235. 1 y 2 del CPP, que el impetrante de tutela considera que fueron impuestos indebidamente y la autoridad demandada no reparo dichos agravios ni fundamento su resolución a tiempo de dictar el citado Auto de Vista ahora observado;
3. i)Se advirtió que cada uno de los riesgos procesales merecieron un análisis a cuyo efecto la autoridad demandada hizo hincapié en la respuesta otorgada por la Jueza a quo, ratificando los mismos, así respecto al art. 234.2 del CPP se establece que tanto la fundamentación de la Jueza de la causa así como la respuesta de la Vocal demandada son suficientes y se entiende claramente cual el motivo, primero para haberse impuesto ese riesgo procesal, y segundo, haberse ratificado la autoridad demandada, consiguientemente no se advierte ningún elemento que incurra en falta de fundamentación que vulnere derechos del peticionante de tutela;
4. ii)En relación al art. 234.6 de la norma adjetiva penal, la Vocal demandada en su resolución hizo un resumen del fundamento del aludido Auto Interlocutorio y señaló que el impetrante de tutela no formuló argumento alguno respecto a la existencia de procesos aperturados en su contra ni cuál sería su estado actual, puesto que la carga probatoria le corresponde al apelante, evidenciándose que existen diferentes procesos, es decir, actividad delictiva reiterada, siendo la respuesta clara y concreta, pues la Jueza a quo estableció que se hallan aperturados otros procesos contra el peticionante de tutela, por lo que la autoridad demandada convalido ese extremo, con lo cual no se vulneró ningún derecho;
5. iii)En cuanto al art. 235.1 y 2 del CPP, la Vocal demandada hizo una revisión de la respuesta otorgada por la Jueza a quo, estableciendo que este riesgo no estaría fundado en meras susceptibilidades, puesto que de la resolución de la Jueza de la causa como de la autoridad demandada, no es evidente que no se hubiera identificado a los testigos y participes con nombre y apellido, consiguientemente no se evidencia arbitrariedad alguna;
6. iv)Con referencia a la improcedencia de la detención preventiva, la cual fue reclamada por el accionante ante la Vocal demandada, quien se ratificó en lo señalado por la Jueza a quo, agrego que "...no se ha escuchado en la defensa del ahora apelante en relación a estas excepciones, es decir en cuanto a los delitos que se le atribuyen que serían delitos de lesa humanidad, de terrorismo de contenido patrimonial, violencia física y patrimonial con afectación al Estado o de corrupción o vinculados...", refiriendo lo siguiente: "...efectivamente no se ha causado plena convicción en la jueza Ad-Quo como tampoco en este Tribunal de alzada un acuerdo entre los progenitores para determinar que la guarda sea a favor del padre, documentación no idónea, por lo que la presentación de la detención preventiva no procede en este caso..." (sic), evidenciándose cuales las razones por las que no se dio curso a la improcedencia a la detención preventiva en cuanto a su condición de ser el único familiar que tendría la custodia de una menor de edad, puesto que el documento presentado no sería idóneo para probar la guarda, además que el impetrante de tutela no sería el único pariente que pueda acceder a la guarda del menor de edad, siendo que no puede constituirse la guarda mediante un simple acuerdo;
7. v)Sobre la Resolución 01/2020 de la CIDH vinculada al principio de igualdad, el peticionante de tutela refirió que uno de los imputados fue beneficiado con la cesación a la detención preventiva, a lo cual la Vocal demandada señaló que el accionante no tendría COVID-19 o pertenezca a un grupo vulnerable, en cuanto al principio de igualdad procesal en materia penal la responsabilidad es intuito persona, puesto que las circunstancias entre José Antonio Costas y el impetrante de tutela son distintas;
8. vi)Respecto a los reclamos de falta de prueba sobre la autoría, de meras suposiciones para la aplicación de la detención preventiva, y que el peticionante de tutela tendría actualmente COVID-19, y que por ello estaría en riesgo su vida, dichos reclamos no fueron formulados ante la autoridad demandada, por lo que no se puede suplir esta omisión formulando la presente acción de libertad, puesto que la jurisdicción constitucional tiene la atribución de revisar y en su caso reparar las omisiones; empero, no puede sustituir a la justicia ordinaria, respecto al contagio de COVID-19, evidentemente es un hecho nuevo que al no haber sido objeto del pronunciamiento de la Jueza a quo ni de la Vocal demandada no se puede sostener que la misma vulneró estos derechos del accionante, correspondiendo presentar la solicitud de cesación a la detención preventiva, puesto que existen nuevos elementos de valoración, siendo el mecanismo idóneo rápido y efectivo previsto por la jurisdicción ordinaria, y en caso de no ser reparado recién plantear la acción de libertad, pues teniendo en cuenta que estaría en peligro su vida, no sería necesario agotar la vía con el recurso de apelación; y,
9. vii)Sobre la autoridad codemandada, miembro de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz; quien no fue participe en la emisión del Auto de Vista 152/2020, se evidencia que efectivamente carece de legitimación pasiva para ser demandado en la presente acción de defensa.

El peticionante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la vida, a la salud y al debido proceso en sus vertientes fundamentación y motivación; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y otros, el Auto de Vista 152/2020 de 18 de junio que confirmó su detención preventiva:

1. a)No consideró que se encuentra dentro de las causales de improcedencia a la detención preventiva puesto que tiene bajo su guarda a una menor de edad, indicándole que existen excepciones para esta regla;
2. b)Respecto al riesgo procesal contenido en el art. 234.2 del CPP, la resolución de alzada sin fundamentar ni motivar razones, ratificó lo descrito por la Jueza a quo; soslayando además, considerar que se presentó espontáneamente aun existiendo amenazas de muerte en su contra;
3. c)Con relación al riesgo procesal contenido en el art. 234.6 de la norma adjetiva penal, el Ministerio Público informó que en base al sistema "I4" tendría varios procesos; sin embargo, no se consideró que solo cuenta con imputación formal en el presente proceso; y,
4. d)Respecto a los riesgos procesales contenidos en el art. 235.I y II del CPP, se tiene que todas las personas indicadas en la resolución primigenia ya prestaron su declaración, por lo que la resolución no señala los actos precisos por los que estaría calificándose este riesgo, fundando la misma en meras suposiciones.

En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para ello, se desarrollarán los siguientes temas:

1. 1)Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del CPP;
2. 2)Prohibición de fundar la resolución que determina la detención preventiva basada en meras suposiciones;
3. 3)Legitimación pasiva en la acción de libertad; y,
4. 4)Análisis del caso concreto.

III.1. Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del CPP Inicialmente, corresponde señalar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación. En tal sentido, la fundamentación se refiere a la labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa. Por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador. Efectuada las precisiones que anteceden, e ingresando a la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones en las cuales se apliquen medidas cautelares, por las autoridades jurisdiccionales en el ámbito penal, incumbe remitirnos a la amplia jurisprudencia constitucional emitida por esta instancia celadora de la supremacía constitucional; en ese sentido, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, en su Fundamento Jurídico III.2, efectuó el siguiente desarrollo jurisprudencial, precisando que: "Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar. Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva" (el resaltado es ilustrativo). Asimismo, la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en su Fundamento Jurídico III.1.7, bajo el epígrafe "Sobre la exigencia de la decisión judicial sea fundamentada"1, estableció que la motivación implica conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez o autoridad judicial de tomar una determinada decisión, aspecto que es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla. Prosiguiendo con la revisión de la jurisprudencia constitucional, respecto a la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones, se tiene a las razones de la SC 0759/2010-R de 2 de agosto, que en su Fundamento Jurídico III.3 epigrafiado como "La motivación de las resoluciones como obligación del juez", acudiendo al art. 124 del CPP, señaló que toda resolución debe ser debidamente fundamentada, exponiendo los hechos y normas legales aplicables; añadiendo además que: "...cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho, que vulnera de manera flagrante el citado derecho, que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión" (el resaltado es añadido). Por su parte, respecto a que la motivación no debe ser ampulosa, la citada jurisprudencia constitucional, extrayendo las razones de la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, precisó que: "...cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas" (el resaltado es nuestro). De igual forma, la SC 0033/2012 de 16 de marzo, mediante su Fundamento Jurídico III.3, denominado "De la fundamentación de las resoluciones que determinen la detención preventiva", refirió básicamente que la detención preventiva como medida cautelar personal, puede ser dispuesta cuando existan los elementos referidos al "fumus boni iuris" y el "periculum in mora", previstos en el art. 233 del CPP, decisión que debe ser dispuesta mediante una resolución debidamente fundamentada conforme prevé el art. 236 del mismo cuerpo adjetivo penal; además, dicha jurisprudencia, apoyándose en las razones desarrolladas por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, refirió que: "En este sentido la jurisprudencia constitucional ha señalado en su SC 0089/2010-R- de 4 de mayo, 'En los casos en que un Tribunal de apelación decida revocar las medidas sustitutivas y a la par disponer la aplicación de la detención preventiva de un imputado, está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medias sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los art 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones se puede disponer la detención preventiva'" (el resaltado es ilustrativo). Con relación a la fundamentación y motivación de las resoluciones al aplicar el art. 398 del CPP2, la jurisprudencia de esta instancia constitucional, a través de la SCP 0077/2012 de 16 de abril, en su Fundamento Jurídico III.3, titulado "El alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP y la exigencia de motivación en las resoluciones que disponen la detención preventiva", señaló inicialmente que de acuerdo al referido precepto legal del art. 398 del CPP, los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expuestos en apelación; empero, precisó que al tratarse de la aplicación de medidas cautelares el tratamiento difiere, señalando que: "Sin embargo, tratándose de la aplicación de medidas cautelares, dicha normativa no debe ser entendida en su literalidad sino interpretada en forma integral y sistemática, por lo que también cabe referirse a lo establecido en el art. 233 del CPP, modificado por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, cuando señala que: 'Realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiera constituido en querellante, cuando concurran los siguientes requisitos: 1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; 2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad" (las negrillas son adicionadas). En ese marco, dicha Sentencia Constitucional Plurinacional, haciendo referencia al antes art. 236.3 -ahora- art. 236.4 del CPP3, agregó que: "En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir:

1. i)El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante;
2. ii)La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP" (el resaltado es ilustrativo). Jurisprudencia constitucional, que fue reiterada entre otras por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales: 0303/2013 de 13 de marzo de 2013, 0329/2016-S2 de 8 abril de 2016; y, 1158/2017-S2 15 de noviembre de 2017. Finalmente, siguiendo dichos razonamientos, la SCP 0723/2018-S2 de 31 de octubre, respecto de la aplicación del art. 398 del CPP, señaló que: "...el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP. Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP. En todo caso, el tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamenta el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga. El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria" (el resaltado nos corresponde). Conforme al contexto jurisprudencial descrito, es posible concluir que, las autoridades jurisdiccionales, están obligadas a emitir sus resoluciones debidamente fundamentadas y motivadas, comprendiendo que el primero se refiere a la justificación de todas las disposiciones legales sobre las cuales sostiene su decisión; y el segundo relacionado a la justificación de las razones lógico-jurídicas, respecto de los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes; máxime cuando se trate de decisiones que emerjan de la aplicación de medidas cautelares, supuestos en los cuales, los jueces instructores o cautelares y los tribunales de apelación, están impelidos de sustentar sus resoluciones. Ahora bien, en el caso de los tribunales de apelación, y al tratarse de solicitudes de aplicación de medidas cautelares, conforme lo precisado por la citada SCP 0077/2012, el art. 398 del CPP, no debe ser entendida en su literalidad, sino interpretada de forma integral y sistémica; lo cual, exige que estas autoridades jurisdiccionales, luego de un análisis integral del supuesto, deben fundamentar y motivar sus decisiones precisando los elementos de convicción que permitan concluir en la necesidad de modificar, rechazar medidas cautelares o determinar la cesación o rechazo de esa solicitud; a cuyo efecto, deben también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 de la citada Norma Adjetiva Penal, mediante una resolución con la suficiente justificación normativa, conforme requiere el art. 236.4 del referido precepto legal. No siendo admisible que las autoridades del tribunal de apelación rechacen la solicitud, basándose en presunciones relativas a los riesgos de fuga y obstaculización; ya que, si no se demuestra mediante una debida fundamentación y motivación la necesaria detención preventiva, la resolución emitida conlleva una arbitrariedad que vulnera los derechos previstos por la Constitución Política del Estado. III.2. Prohibición de fundar las medidas cautelares en meras suposiciones o conjeturas.