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TCP

0023/2026-CA

Tribunal Constitucional Plurinacional
29 de enero de 2026
Resumen del caso

Auto 0023/2026-CA

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0023/2026-CA Sucre, 29 de enero de 2026

Expediente: 80806-2026-162-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: Chuquisaca

VISTOS: Los antecedentes en la presente acción de inconstitucionalidad concreta; y,

CONSIDERANDO: Que, por memorial presentado el 2 de diciembre de 2025 (fs. 22 a 23) Nora Cutipa Arancibia, solicitó al Servicio Departamental de Salud (SEDES) Chuquisaca, el traslado de su establecimiento farmacéutico a la zona de Quirpinchaca de la ciudad de Sucre, aunque su primera petición fue presentada en agosto de ese año, recién fue respondida en noviembre del mismo año, lo que denuncia como una demora injustificada que vulnera el principio de celeridad previsto en el art. 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) - Ley 2341 de 23 de abril de 2002-.

Dadeiva Arenas Santa Cruz, Encargada a.i. del Área de Farmacia, negó el traslado con base en el Reglamento Específico para la Apertura y Funcionamiento de Farmacias de Chuquisaca, aprobado por Resolución Administrativa (RA) 002/2014 de 18 de febrero, argumentando la existencia de seis farmacias y criterios de densidad poblacional; sin embargo, una verificación in situ realizada el 25 de noviembre de 2025, evidenció que una de las farmacias estaba cerrada desde hacía cinco meses, otra era municipal y destinada solo al Sistema Único de Salud (SUS), y que en realidad solo operaban cuatro farmacias privadas para cuatro mil quinientos veintiséis habitantes, cifra que permitiría la apertura bajo el propio parámetro reglamentario invocado.

El SEDES aplicó indebidamente restricciones no previstas en el Decreto Supremo (DS) 25235 de 30 de noviembre de 1998 -Reglamento a la Ley del Medicamento-, norma de rango superior, que solo establece como limitante técnica válida la distancia mínima entre farmacias, prohibiendo exigir otros requisitos; por lo que, al imponer criterios de habitantes por farmacia, el SEDES creo barreras ilegales de acceso; asimismo, la autoridad administrativa desconoció la , que declaró inconstitucional el art. 11 del citado Reglamento, incurriendo en desviación de poder al insistir en restricciones de densidad poblacional contrarias a la libertad de empresa, al derecho al trabajo y al acceso a la salud.

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