Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0024/2019 Sucre, 30 de abril de 2019
SALA PLENA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de inconstitucionalidad concreta
Expediente: 24302-2018-49-AIC Departamento: Santa Cruz
En la acción de inconstitucionalidad concreta promovida por el Juez Disciplinario Primero de la Oficina Departamental del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz, a instancia de Juan José Paniagua Cuellar, Juez de Sentencia Penal Cuarto del mismo departamento, demandando la inconstitucionalidad del art. 187.3 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, por ser presuntamente contrario a los arts. 8, 110, 115.II y 116.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la acción
Mediante memorial presentado el 10 de abril de 2018, cursante de fs. 39 a 45, el accionante refiere lo siguiente:
I.1.1. Síntesis de la acción
Dentro del proceso disciplinario seguido por Miguel Ángel Egüez Arispe, en representación de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Magistratura, contra Juan José Paniagua Cuéllar, por la supuesta comisión de la falta prevista en el art. 187.3 de la LOJ, que prescribe: "Se le declare ilegal una excusa en un (1) año"; el procesado, ahora accionante, alegó que dicho precepto alude a una actuación cometida por otro servidor judicial, que es ajena a su conducta; puesto que no fue él quien, -como Juez de Sentencia Penal Cuarto del departamento de Santa Cruz-, declaró la ilegalidad de su propia excusa, sino la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento, que fungió como tribunal de consulta de excusas y recusaciones, conforme al procedimiento contenido en el art. 318 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
Continúa indicando que, la disposición impugnada contempla la sanción disciplinaria a un servidor judicial, por un hecho cometido por otro, contraviniendo los principios de responsabilidad, de personalidad de las penas y de presunción de inocencia, contenidos en los arts. 8, 110, 115.II y 116.II de la Norma Suprema, respectivamente; señalando que, la responsabilidad "descansa actualmente en la idea de culpabilidad personal, que exige la presencia de dolo o culpa y su imputabilidad o atribuibilidad al autor" (sic), ya sea material o intelectual de la falta, justificando de esa forma, la individualización e imposición de la pena por el acto propio y no por el ajeno o el fortuito, quedando vedada la responsabilidad sin culpa, como señala la .
En consecuencia, el art. 187.3 de la LOJ, sanciona a aquellos jueces que se excusaron una vez durante una gestión, cuando dicho acto procesal, hubiera sido declarado ilegal por parte de otro juez o tribunal; lo que excluye la responsabilidad por el acto propio del juez y, por lo tanto, su culpabilidad, puesto que es el juez o el tribunal revisor, el que incurre en la falta al declarar ilegal la excusa. Esto, incide también en la determinación de los criterios que justifican la imposición de la pena, que encuentra su límite en la gravedad de la culpabilidad del autor; de modo tal que, si el hecho punible se configura con base a la actuación dolosa o imprudente de su autor, entonces una actuación proveniente de otros actos "no puede adjudicar la sanción de un tercero".
Por lo mismo, el cuestionado art. 187.3 de la referida Ley, vulnera el principio de inocencia, por lo tanto se juzga la conducta de otro, sobre la cual, el acusado no tiene ningún dominio en términos de actuación procesal; tal es así que la prueba de cargo respecto a la comprobación de la falta contenida en el artículo cuestionado, es la resolución de declaratoria de excusa ilegal emitida por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que configura la infracción que se le endosa al Juez ahora accionante, en su condición de procesado disciplinariamente, prescindiendo del principio de presunción de inocencia.
Finalmente, manifestó que los principios constitucionales de responsabilidad, de "personalidad" de las penas y de presunción de inocencia, son aplicables al ámbito sancionatorio disciplinario; por cuanto, no pueden contrariarse por el art. 187.3 de la LOJ, que contiene la falta cuya supuesta comisión se le endilga en el proceso administrativo disciplinario que se sigue en su contra, cuya prosecución depende de la declaración de inconstitucionalidad de la norma impugnada.
I.2. Resolución de la autoridad consultante
El Juez Disciplinario Primero de la Oficina Departamental del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz, a través de la Resolución 19/18 de 19 de abril de 2018 (fs. 49 a 51), resolvió no promover la acción de inconstitucionalidad concreta planteada por Juan José Paniagua Cuellar, Juez de Sentencia Penal Cuarto del mismo departamento; bajo los siguientes fundamentos:
- a)El proceso disciplinario para el área jurisdiccional, se rige por la Ley del Órgano Judicial que constituye el cuerpo sustantivo que contiene el catálogo de faltas disciplinarias leves, graves y gravísimas; y, un cuerpo normativo adjetivo, que es el Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental (Acuerdo de Sala Plena del Consejo de la Magistratura 109/2015 de 10 de septiembre), que contempla dentro de sus principios fundamentales, al debido proceso, de conformidad con las garantías previstas en la Constitución Política del Estado, Convenios y Tratados Internacionales sobre derechos humanos;
- b)Dentro del proceso administrativo disciplinario seguido contra Juan José Paniagua Cuellar, en su condición de Juez de Sentencia Penal Cuarto del citado departamento, se cumplieron las formalidades de rigor en el marco del debido proceso y otorgándose al ahora accionante, garantías para su defensa, sin que se le hubieran vulnerado derechos fundamentales, puesto que la autoridad denunciada elevó su informe circunstancial ejerciendo su derecho a la defensa; y,
- c)El accionante no dio cumplimiento a lo dispuesto por el art. 24 del Código Procesal Constitucional (CPCo), al omitir especificar la legitimación pasiva, dado que no señala contra quién dirige la acción de inconstitucionalidad que planteó, si contra la autoridad denunciante, la autoridad judicial disciplinaria o el Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional; así como tampoco fundó su pretensión en argumentos jurídicos constitucionales de las razones por las cuales cuestiona la constitucionalidad del art. 187.3 de la LOJ.
I.3. Admisión y citación
Por Auto Constitucional (AC) 0209/2018-CA de 28 de junio, cursante de fs. 55 a 61, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, revocó la Resolución 19/18 de 19 de abril de 2018, pronunciada por el Juez Disciplinario Primero de la Oficina Departamental del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz (fs. 49 a 51) y admitió la presente acción de inconstitucionalidad concreta; disponiendo se ponga en conocimiento de Álvaro Marcelo García Linera, Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, como personero del Órgano que generó la norma impugnada, a objeto de que pueda formular los alegatos en el plazo de quince días a partir de su legal notificación; acto procesal que fue cumplido el 20 de diciembre del indicado año, conforme el formulario de citaciones y notificaciones cursante a fs. 83.
I.4. Alegaciones del personero del Órgano que generó la norma impugnada
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