Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0024/2020-RCA Sucre, 31 de enero de 2020
Expediente: 32728-2020-66-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución de 9 de diciembre de 2019, cursante de fs. 281 a 282 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Gloria Ligia Rocio Villarroel Rocha de Dueri contra Cristina Mamani Aguilar, Roger Gonzalo Triveño Herbas, Gonzalo Alcón Aliaga, Omar Michel Durán y Dolka Vanessa Gómez Espada, ex y actuales Consejeros del Consejo de la Magistratura, respectivamente.
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de los hechos que la motivan
Por memorial presentado el 6 de diciembre de 2019, cursante de fs. 268 a 280 vta., la accionante manifiesta que el 16 de marzo de 2016, fue citada con la denuncia disciplinaria interpuesta por Beatriz Justina Vargas Saravia Vda. de Ayala en su contra, en su condición de Jueza Pública Civil y Comercial Novena del departamento de Cochabamba, por la presunta comisión de las faltas disciplinarias contempladas en los arts. 186 inc. 8), 187 incs. 9) y 14); y, 188 inc. 15) de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); en ese sentido, el 21 de marzo de 2016, dentro de plazo, se apersonó ante el "Juez Disciplinario Primero", a efectos de presentar su informe circunstanciado sobre los actos denunciados y pidió se declare improbada la denuncia por faltas graves, desestimada por la falta gravísima y se proceda al archivo de obrados.
Es así que, dicha autoridad disciplinaria desestimó tanto la falta gravísima prevista en el art. 188 inc. 15) como la grave contemplada en el art. 187 inc. 9) de la LOJ; y, acogió la falta grave establecida en el art. 187 de la misma Ley, sancionándola de manera injusta y arbitraria por tardanza injustificada con dos meses de suspensión de funciones; determinación subjetiva totalmente descontextualizada de la realidad procesal del Juzgado, que además ingresó sin competencia a cuestionar la aplicación del art. 378 del Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabrg) y la orden de prueba de oficial que dictó mediante Auto de 8 de enero de 2016, pretendiendo entremezclar esa atribución jurisdiccional con la ilógica y absurda interpretación del retardo indebido en la tramitación del proceso, sin considerar ni valorar la complejidad de la causa que consta en los antecedentes del caso, y menos aún, la prueba acompañada que claramente acredita la carga procesal de su despacho desde gestiones anteriores, de la cual no es responsable por ser una realidad del Órgano Judicial.
Así, esos hechos irregulares de la Sentencia Disciplinaria 26/2016 de 15 de junio, evidencian una inadecuada valoración de la prueba, falta de motivación, fundamentación y aplicación de la ley, extremos que fueron debidamente apelados el 23 de junio de 2016, ante las autoridades de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura, cuyos titulares Cristina Mamani Aguilar y Roger Gonzalo Triveño Herbas, emitieron la Resolución SD-AP 428/2016 de 18 de agosto, la cual motiva la presente acción de defensa, incurriéndose además en un fallo carente de fundamentación, motivación y congruencia sobre los puntos apelados, consumando la lesión al debido proceso, por hechos irregulares como ser:
- a)La incompetencia del Juez de instancia; toda vez que, el tema valorado es un acto jurisdiccional;
- b)La errada interpretación de modificación del orden cronológico, al haber aplicado al proceso la permisión del art. 378 del CPCabrg, cuando se encontraba en turno para sentencia, ya que la misma "a la fecha" ya se emitió conforme se tenía programado en su lista cronológica;
- c)La flagrante omisión de la valoración de la prueba aportada por su persona, limitándose a emitir valoraciones subjetivas sin sustento probatorio; y,
- d)La incongruencia de las conclusiones arribadas, ya que el Juez fundó su fallo en el hecho de la tardanza injustificada sancionándola; empero, en la Sentencia refiere que "...se pone en duda la existencia del elemento dolo en su actuar" (sic).
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