0024/2023-S1

Rufo Nivardo Vásquez Mercado y Gregorio Aro Rasguido, Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, presentaron Informe cursante a fs. 175 a 178 vta., mediante el cual señalaron que:

1. a)De la acción de amparo constitucional se establece que los accionantes están en desacuerdo con lo resuelto en la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2a 84/2019; empero, no demuestran objetivamente la forma cómo se habría lesionado derechos y tampoco es posible pretender activar acciones tutelares para sustituir procesos judiciales o ser utilizada como una instancia casacional conforme citó a las SSCC 0062/2019-S4 de 5 de abril y 0784/2019-S4 de 12 de septiembre, por lo que la jurisdicción constitucional le queda impelida la labor valorativa de la jurisdicción ordinaria o especializada y para ingresar a dicha actividad los impetrante de tutela deben identificar las reglas de interpretación que fueron omitidas por sus autoridades, debiendo establecer el nexo de causalidad entre los derechos y la interpretación impugnada, y de esta forma adquirirá relevancia constitucional; y,
2. b)En el caso de autos, los accionantes se limitaron a señalar su disconformidad con lo resuelto en el fallo impugnado, con argumentos carentes de fundamentos y relevancia constitucional; y, al no cumplir con los presupuestos y no habiendo demostrado vulneración de derechos solicitaron se deniegue la tutela.

La Sala Constitucional Segunda del departamento de Tarija, mediante Resolución 48/2020 de 7 de octubre, cursante de fs. 265 a 273 vta., denegó la tutela impetrada, bajo los siguientes fundamentos:

1. 1)Sobre las Sentencias Agroambientales Plurinacionales 49/2018 y S2a 84/2019, los impetrantes de tutela alegan incongruencia, debido a que una de las Sentencias esgrime un fundamento contrario a lo que se interpreta en la otra sentencia, considerando que existen casos análogos y similares; empero, el Tribunal de garantías no puede ingresar a verificar ese extremo; toda vez que, no se conoce todos los antecedentes; por lo que, no se puede evidenciar lo referido por los accionantes;
2. 2)El principal fundamento de los impetrantes de tutela, es la falta de publicidad del proceso de saneamiento desarrollado por el INRA, como efecto del cual se les restringió su apersonamiento para hacer valer sus derechos; en ese sentido, se advierte de la Sentencia cuestionada en su Considerando Primero expone todos los hechos fundamentados por los peticionantes de tutela, entre los cuales denuncian como agravio la posesión legal y el incumplimiento de la función económico social, la falta de notificación como colindantes y poseedores del predio, la inexistencia de actividades en la etapa preparatoria y de campo, la pericia de campo que no cumplió su finalidad; observaciones que esgrimen un razonamiento jurídico, extremo que estos motivos y fundamentos no sean compartidos por los accionantes;
3. 3)Respecto a la incongruencia denunciada, evidenció que todos los puntos fueron atendidos y razonados en la parte resolutiva de la Sentencia, respecto a la notificación y publicidad del proceso de saneamiento, en virtud a la consulta hecha en audiencia a los peticionantes de tutela, no se evidencia desconocimiento; toda vez que, en la etapa de campo y levantamiento de información, la cual no fue objetada en esta acción tutelar, de lo que se colige que esa etapa fue realizada como corresponde; por lo tanto, si los accionantes habitan o se encontraban cumpliendo su función social en el predio San Telmito, debieron tomar conocimiento o haberse enterado del trabajo de campo que desarrollaba el INRA en toda la zona, lo cual resulta contradictorio en el sentido de que asumen conocimiento del proceso de saneamiento, lo que hace entender que no es evidente el cumplimiento de la función social o si es que se ha tomado conocimiento del proceso, existió negligencia de parte de los impetrantes de tutela para apersonarse al proceso y hacer valer sus derechos, aspectos que el Tribunal de garantías no puede aseverar hechos fácticos que no corresponden a la acción y no resultan evidentes;
4. 4)El proceso de saneamiento fue iniciado el 2004 bajo la norma del DS 25763, la cual fue modificada el 2007 por el DS 29215, disponiendo un nuevo procedimiento, debiendo aplicarse a todos los procesos pendientes; si bien no se puede indicar que en el año 2001 ese extremo debió haber sido considerado pues se está hablando de una norma futura y en ese momento debió haber cumplido los requisitos establecidos, lo que correspondía era la notificación a todas las partes, de lo que entienden era la notificación a los propietarios de Playa Ancha y no así de las propiedades aledañas a la comunidad referida; por otra parte, la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2a 84/2019 se señala a que el memorándum de notificación se utiliza para notificar a los propietarios y colindantes con el proceso de saneamiento, publicitando el mismo, empero la carta de notificación tiene otra utilidad en aspectos accesorios del proceso; y,
5. 5)En el tema de publicidad, los accionantes señalaron que no tienen acceso a los periódicos en la zona; aspectos subjetivos, ya que la norma establece la publicidad del proceso de saneamiento en radio Aclo y el periódico Nuevo Sur, lo cual no implica incumplimiento de los procedimientos, ya que exige publicación en un medio escrito de circulación nacional, lo cual se cumplió, toda vez que, el periódico Nuevo Sur es de circulación nacional, de la misma manera sucede con la publicación radial, pues si bien manifiestan que el predio se encuentra más cercano a la ciudad de Bermejo, se debe entender que la norma prevé un medio masivo de publicad, siendo muy complejo pretender determinar so correspondía difundir el saneamiento en una radio de Tarija o de Bermejo o que se realice en una radio que escuchen los impetrantes de tutela, lo que resulta subjetivo; lo importante era la publicidad a través de un medio radial, tampoco observaron sobre los pases que la norma establece; bajo esos fundamentos se establece que no existe relevancia constitucional; por lo que, no corresponde la revalorización de la prueba.

1. a)Posesión legal y cumplimiento de la Función Económico social. Por las certificaciones y fotografías de mejoras y ganado vacuno que adjuntan a la demanda y las que acreditaron ante el INRA, demuestran de manera irrefutable que son legítimos propietarios a título de posesión legal desde el año 1988 de una propiedad ganadera denominada "San Telmito", con una superficie de 2826,8683 has., ubicadas en la parte norte de la Comunidad de Playa Ancha, cabeceras del Rio San Telmo, jurisdicción del municipio de Padcaya, provincia Arce del departamento de Tarija. Asimismo, conforme a lo previsto por los arts. 393 y 397 de la C.P.E., art. 2 de la Ley 1715, modificada por la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, y art. 166 del DS 29215, se encuentran cumpliendo la función social, toda vez que, en su propiedad desarrollan como actividad principal la ganadería, donde tienen aproximadamente 300 cabezas de ganado vacuno y mejoras consistentes en corrales, -lo cual acreditan con certificados de vacunas y registro de marcas-, magas, desmontes y otras mejoras de tipo agrícola en menor escala como ser potrero y plantas frutales, que sirven para la subsistencia y consumo familiar;
2. b)Falta de notificaciones como colindante y poseedores. Desconocen los motivos por los cuales el INRA no los citó como propietarios del predio "San Telmito" y colindantes de la OTB comunidad de Playa Ancha, conforme establece el procedimiento agrario para el saneamiento de cualquier predio, durante los trabajos de relevamiento de información de campo, vulnerando así sus derechos constitucionales al derecho a la defensa y el debido proceso; además de los principios de verdad material y legalidad, ya que el INRA pretende legalizar a favor de la OTB Comunidad Playa Ancha, una posesión ilegal e inexistente porque nunca estuvo ni está en posesión de su propiedad, siendo notoria y objetivamente la existencia de mala fe durante el saneamiento de dicha OTB, toda vez que ellos conocen a cabalidad la existencia de su propiedad; y, solo existe un memorándum de notificación para la comunidad colindante Cañadón Buena Vista, si bien las resoluciones generales del proceso de saneamiento se publican en medios de circulación nacional, pero el art. 9.2 de la Guía del Encuestador Jurídico, establece que se debe emplear el formulario de memorándum de notificación a los colindantes, lo cual no se ha cumplido en su caso, causándoles indefensión y transgrediendo flagrantemente la referida norma, así como el art. 4,
3. c)del D.S. 29215 y el art. 115.II de la CPE; c) Inexistencia de actividades de la etapa preparatoria y de campo. Revisadas las carpetas de saneamiento de la OTB Comunidad de Playa Ancha no existe ningún informe de diagnóstico, inobservando así el art. 292 del D.S. 29215 y el art. 293 de igual norma que regula la planificación previa a la etapa de campo, actividad procesal que en las carpetas de saneamiento, de la OTB Comunidad de Playa Ancha, son inexistentes, asimismo la supresión de la campaña pública prevista en el art. 297 del citado D.S., demostrándose así la ilegal supresión de actividades de saneamiento, máxime si la campaña pública, se constituye en la esencia que da publicidad y transparencia al proceso de saneamiento, ello junto al diagnóstico permite identificar los conflictos existentes en el Área o Polígono de trabajo, que las personas interesadas tengan conocimiento y asuman defensa de sus derechos. Por otro lado, de la revisión de actuados en las carpetas de saneamiento, no se encuentra que el proyecto de resolución final de saneamiento ni las actividades de las etapas precedentes hayan sido aprobados y es más todavía, ni siquiera existe proyecto de resolución final de saneamiento, de consiguiente no se puede considerar como acto cumplido, por el contrario es un acto incompleto y en franca vulneración a lo regulado por el art. 325 del D.S. 29215;
4. d)Inexistencia de Publicaciones. El INRA Tarija no aplicó lo previsto en el art. 294 del D.S. 29215, y pretendiendo subsanar lo insubsanable, emitió la Resolución Administrativa RA-SS 2028/2015 de 21 de septiembre, que en los puntos del primero al Séptimo, Resuelve, "validar los actuados respecto, a la falta de emisión de Edicto Agrario, Publicación Edictal y Difusión Radial de la Resolución Determinativa de Área de Saneamiento Simple de Oficio No. 0002/00 de fecha 18 de agosto de 2000, Resolución Administrativa RES. ADM. No. 017/2004 de fecha 13 de septiembre de 2004, Resolución Administrativa R.A. No. 025/2005 de fecha 20 de junio de 2005, Resolución Administrativa R.A. No. 008/2005 de fecha 22 de junio de 2005, Resolución Administrativa R.A. DDT-SSO No. 122/2010 de fecha 6 de diciembre de 2010 y Resolución Administrativa R.A. DDT-SSO No. 236/2010 de fecha 31 de octubre de 2013" (sic); lo cual extraña, pues como es que el INRA puede validar la falta de emisión de Edicto Agrario, Publicación edictal y Difusión Radial, si confiesa que dichos actuados no existen; y, si bien el art. 267.I del D.S 29215, permite la subsanación de errores u omisiones a través de un informe, pero solo si se trata de errores u omisiones de forma, y no como en el presente caso que falta de emisión de Edicto Agrario, Publicación Edictal y Difusión Radial, que afecta al fondo del proceso y con mayor razón, si el proceso de saneamiento por esencia es un proceso público y dichas normas procesales son de orden público y de cumplimiento obligatorio; por lo que la falta de esos actuados se constituye en la causal de nulidad establecida en el Art. 50.I, 2 c) de la Ley 1715;
5. e)Irregularidades en formularios de campo. La información de campo en la que se basa la Resolución Final de Saneamiento es totalmente contradictoria, puesto que la OTB Comunidad Playa Ancha, no presentaron documentos de certificados de vacunas o registro de marcas, tampoco cursa alguna fotografía del "ganado existente", dicho sea de paso el documento de Ficha Catastral cursante a fs. 156, SECCIÓN XI, se encuentra rayado, ello invalida la información del supuesto registro de 4.000 vacas, por ello en aplicación del principio de verdad material se concluye inobjetablemente que la OTB Comunidad de Playa Ancha, no ha demostrado la función social y se entiende por esa razón, que el informe jurídico de campo, cursante a fs 448, clasifica a la propiedad como actividad agrícola y no ganadera, lo cual contradice y demuestra la falsedad del informe en conclusiones a fs. 754, que califica la propiedad en comunitaria ganadera, pero así mismo el INRA incurre en otra contradicción cuando en el informe de cierre a fs. 760, califica a la propiedad en pequeña ganadera, por ello se demuestra que la Resolución Suprema impugnada, al calificar a la propiedad en comunitaria con actividad ganadera, es falsa en su contenido, vulnerando flagrantemente el art. 155 ultima parte y art. 159 y 165.I a) del D.S. 29215, así se demuestra por la propia información contenida en la carpeta de saneamiento; y,
6. f)La pericia de Campo no cumplió su finalidad. De obrados se puede establecer que el armado de la carpeta de saneamiento de la OTB Comunidad Playa Ancha, fue realizado en gabinete, ya que el INRA Tarija tomó vértices mensurados de la Comunidad San Ramón del 27, comunidad salados Conchas, comunidad Rio Conchas, predios Morro Alto, Cabecera del Tigre y de otros predios y comunidades, cuyos procesos de saneamiento fueron iniciados hace varios años atrás, cómo asimismo los vértices de tierras fiscales identificadas durante el saneamiento y producto del recorte de otros predios, no existiendo la firma de las actas de conformidad de linderos como prevé el procedimiento agrario para el saneamiento de las propiedades, extremo que les perjudica y está provocando un conflicto que en lo posterior se podría agravar debido a que los comunarios de la OTB comunidad Playa Ancha, pretenden ocupar y apropiarse de sus tierras, aclarando que dicha OTB cuenta con antecedente agrario con la superficie ya señalada, sobre las cuales seguramente tiene sus derechos que deberán ser reconocidos por el INRA, pero no se encuentran en posesión de su propiedad; no obstante, incumpliendo el art. 309 del D.S. 29215 se consideró como poseedora legal a la OTB Comunidad de Playa Ancha sobre tierras que no se encuentran en posesión, de donde se demuestra la vulneración del Art. 309 del D.S. 29215, y la Disposición Transitoria Octava de la Ley 3545. Solicitando se anule obrados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta los trabajos de relevamiento de información en campo (fs. 13 a 20 vta.).

1. 1)Con relación a la falta de notificación como colindantes y poseedores. La realización del proceso de saneamiento, dado su carácter público y por los efectos legales que del mismo deriva, está precedida de la publicación que debe efectuarse conforme al art. 294.v del D.S. 29215, a tal efecto, la Resolución de Inicio de Procedimiento, se constituye en la resolución efectiva que da comienzo al desarrollo de dicho procedimiento, y debe ser publicitada conforme prevé la referida norma; acto procesal que en el caso fue cumplido por el INRA, al haberse publicado con anterioridad al inicio de la realización del mismo, por edicto en el periódico "Diario Nuevo Sur" y por emisión radial en la emisora "Aclo Tarija", conforme se desprende de los actuados cursantes a fs. 117 y 118 del legajo de saneamiento. Por otro lado, si bien, la Guía del Encuestador Jurídico de 5 de mayo de 2002 en su numeral 9.2, prevé que el memorándum de notificación tiene por finalidad convocar a propietarios, poseedores y terceras personas que tuvieran relación con el proceso de saneamiento a objeto de que asistan a algún acto, proporcionen información o aporten prueba, no es menos evidente que dicho actuado no tiene la calidad de sine qua non para el desarrollo de las actividades dispuestas, en este caso, en la Resolución de Inicio de Procedimiento SAN SIM de Oficio DDT-RAIP-SSO 078/2014 de 26 de junio, cursante de fs. 113 a 115 del legajo de saneamiento, particularmente el consignado en el numeral tercero, cual es la intimación a propietarios, subadquirentes de predios con antecedente en Título Ejecutorial, en proceso agrario en trámite y a poseedores a objeto de que se apersonen al proceso de saneamiento y presenten documentos que acrediten su derecho de propiedad, o probar la legalidad de su posesión, toda vez que, dicha actuación es de carácter operativo y orientador para el desarrollo de las funciones a seguir por los operadores jurídicos durante el desarrollo de las Pericias de Campo, por lo que, al ser ése el objeto de la referida Guía del Encuestador Jurídico, su no emisión puede obedecer a diferentes factores, sin que constituya un vicio procesal de tal naturaleza que amerite necesariamente su reposición, en razón de no ser el único y exclusivo actuado procesal administrativo para publicitar la referida Resolución de Inicio de Procedimiento, ya que, la previsión contenida en el art. 294.V del D.S. 29215, establece la publicación por edicto en un órgano de prensa escrita de circulación nacional y por emisión radial local; consiguientemente, no se causó indefensión, ni se vulneró la finalidad prevista en el art. 4-c) del citado D.S., no evidenciándose ilegalidad en el acto procesal administrativo expuesto por los demandantes en el presente numeral que amerite su reposición;
2. 2)Respecto de la inexistencia de actividades de la etapa preparatoria y de campo. Las actividades previas al inicio efectivo del proceso de saneamiento, fueron efectuadas durante la vigencia del D.S. 25763, tal cual se desprende de las Resoluciones Determinativas de Áreas de Saneamiento Simple de Oficio, Resoluciones Administrativas de división del área de saneamiento, subdivisión de polígonos que datan del año 2000 a 2005, cursantes de fs. 99 a 107 del indicado legajo de saneamiento; consiguientemente, la afirmación de los actores en sentido de no existir el "Informe de Diagnóstico" y "La Planificación", resulta inapropiada y carente de sustento legal, toda vez que dichas actividades recién se incorporaron en el D.S. 29215 que data del año 2007 -arts. 292 y 293-, razón por la cual, dichas actividades no pueden considerarse como actividades incumplidas, mismas que además fueron validadas mediante Informe de Adecuación 0125/20190 cursante de fs. 120 a 122 del legajo de saneamiento, aplicándose el D.S. 29215, a partir de la Resolución de Inicio de Procedimiento SAN SIM de Oficio DDTRAIP-SSO 078/2014 de 26 de junio, cursante de fs. 113 a 115.; 2.1) En cuanto a la "supresión de la campaña pública" que aducen los demandantes citando como base legal el art. 297 del D.S. 29215, no se advierte que la misma hubiera sido "suprimida" como éstos afirman, toda vez que, dispuesto el inicio efectivo del procedimiento de saneamiento con la Resolución de Inicio, en vigencia del actual Decreto Reglamentario de la Ley 1715 -D.S. 29215-, la campaña pública, conforme prevé el art. 297 del indicado decreto, es una tarea continua y se ejecuta de manera simultánea al desarrollo del relevamiento de información en campo, cuya finalidad es la de convocar a participar en el proceso a beneficiarios, organizaciones sociales e interesados en general a través de medios de comunicación masiva nacional, regional y local; extremo que se cumplió debidamente en el saneamiento del predio "Playa Ancha", al publicitarse desde su inicio el desarrollo de dicho procedimiento, que al tener carácter público garantiza la participación de todos los interesados que decidan intervenir en el proceso sin restricción alguna, lo que implica la imposibilidad de generar indefensión, ya que el asumir defensa es un acto de decisión estrictamente personal, salvo el caso de falta de conocimiento de la ejecución del proceso de saneamiento y que este se deba a acciones u omisiones por parte del ente responsable del procedimiento administrativo, que no sucedió en el caso del proceso de saneamiento del predio "Playa Ancha", como tampoco se evidencia y menos acreditan los actores, que en dicho proceso hubieran convenido de manera oculta y fraudulentamente el INRA-Tarija y la "OTB Comunidad Playa Ancha" como afirman los demandantes. 2.2) Respecto a la no existencia de las publicaciones de edicto de las Resoluciones Determinativas y Administrativas alegadas; se tiene del análisis efectuado en el numeral I del presente considerando, que la Resolución de Inicio de Procedimiento SAN SIM de Oficio DDT-RAIP-SSO 078/2014 de 26 de junio, cursante de fs. 113 a 115 del legajo de saneamiento, se constituye en la resolución efectiva que da comienzo al desarrollo de dicho procedimiento, misma que fue legal y debidamente publicitada conforme prevé el numeral V del art. 294 del D.S. 29215, descartando a partir de ello, que se hubiere producido indefensión a los actores en el proceso de saneamiento; consiguientemente, si bien las resoluciones administrativas deben ser publicitadas, se advierte que las resoluciones identificadas por los recurrentes que fueron motivo de validación por la Resolución Administrativa RA-SS 2028/2015 de 21 de septiembre cursante de fs. 795 a 799, están referidas a la determinación del área de saneamiento como una actividad anterior al inicio efectivo del desarrollo de dicho proceso administrativo, por lo que, la deficiencia de falta de emisión de edicto y difusión radial de ésas resoluciones administrativas, al no causar una evidente, objetiva y real indefensión o perjuicio a los interesados, menos aún a los demandantes, quiénes no argumentan ni acreditan de qué manera o en qué medida la falta de publicación de dichas resoluciones administrativas les hubiera causado indefensión o perjuicio en sus derechos, son susceptibles de subsanación por parte del ente administrativo en el ejercicio de su facultad de control de calidad, supervisión, seguimiento y errores en el proceso de saneamiento previsto por el art. 266 del D.S. 29215; a más de que dicha facultad de subsanación, no solo contempla errores de forma, sino también los de carácter técnico y jurídico, conforme prevé el art. 267-I de la indicada norma, más aún, cuando el estado del proceso de saneamiento, en el caso en análisis, al momento de la emisión de la Resolución Administrativa RA-SS 2028/2015, se encontraba con Informe de Cierre, conforme se expresa en la referida resolución, sin que hasta ese momento se hubiera presentado cuestionamiento o reclamo alguno sobre dicho extremo, siendo coherente la determinación adoptada por el INRA a objeto de subsanar la deficiencia advertida, en resguardo de mantener la tramitación del proceso de saneamiento que en muchos casos demanda años en su tramitación, más aún, como se señaló precedentemente, cuando no se advierte que la deficiencia procesal mencionada hubiera causado una evidente, objetiva y real indefensión a los actores; no evidenciándose por tal vulneración al derecho a la defensa y debido proceso como arguyen los demandantes; 2.3) Sobre las irregularidades en los formularios de información de campo, ya que, sería falso que la OTB Comunidad Playa Ancha, se clasifique como propiedad comunitaria ganadera como se expresa en el Informe en Conclusiones, careciendo de sustento la Resolución Suprema impugnada; cabe señalar que, el saneamiento del predio "Playa Ancha" se realizó en calidad de "propiedad comunaria" ha pedido expreso de dicha Comunidad, levantándose en consecuencia el relevamiento de información en campo en dicha calidad, correspondiendo por tal la verificación del cumplimiento de la Función Social, conforme a la previsión contenida en el art. 164 del D.S. 29215, -describe dicha norma-, que tratándose de pequeñas propiedades ganaderas "se constatará la existencia de cabezas de ganado o pasto sembrado y la infraestructura adecuada a esta actividad", de acuerdo al art. 165-a) del mismo cuerpo legal; "en ese contexto, cursa la Ficha Catastral de fs. 155 a 156 de los antecedentes del proceso de saneamiento, en el que se registra la documentación presentada por la "Comunidad Playa Ancha", consignándose en la casilla de Verificación de la Función Social la existencia de cabezas de ganado vacuno y especificándose en la casilla de Observaciones, que la mayor actividad que se desarrolla en el predio "Playa Ancha" es la "ganadería de pastoreo", cursando también a fs. 341 fotografía de "corral", a fs. 347, 350, 360, 361, 369, 371 y 374 fotografías de "potreros" y a fs. 342, 346, 349, 353 y 354, fotografías de "vivienda"; consiguientemente, lo extrañado por los recurrentes de no haber presentado la referida Comunidad certificados de vacuna y marca de ganado y que por tal hecho no puede considerarse la actividad de la "Comunidad Playa Ancha" como ganadera, carece de sustento, al no ser exigible dichos extremos cuando se trata del cumplimiento de la Función Social a que se halla reatado las propiedades comunarias, no siendo por tal contradictoria ni irregular la clasificación otorgada al predio "Playa Ancha", que si bien, desarrolla también actividad agrícola, por manifestación expresa de la misma Comunidad, su actividad mayor es la ganadería que se realiza al ramoneo en la extensión colectiva de la indicada Comunidad Campesina, que por su característica se efectúa conforme a sus usos y costumbres; por lo que, no se evidencia la vulneración de los arts. 155, ultima parte, 159 y 165.I-a) del D.S. 29215 como arguyen los demandantes";
3. 3)Con relación a que las pericias de campo no cumplió con su finalidad. La afirmación de que la carpeta de saneamiento fue armada en gabinete no existiendo la firma de conformidad de linderos, carece de veracidad, al desprenderse de las Actas de Conformidad de Linderos de fs. 317, 318 y 322, así como de las Actas de Ratificación de Colindancias de fs. 319, 320, 325 a 326, 327, 328, 329, 330 del legajo de saneamiento, que se efectuó al deslinde de la propiedad de la Comunidad Playa Ancha con las propiedades colindantes, suscribiéndose las mismas en señal de conformidad, sin que se evidencie la irregularidad que mencionan los demandantes. Sobre que la Comunidad Playa Ancha no se encuentra en posesión, es un argumento que no condice con los datos e información recabada in situ, donde se evidenció el cumplimiento de la Función Social por parte de la indicada comunidad en la extensión que le fuere otorgada a la conclusión del proceso de saneamiento; asimismo, respecto a que la ampliación de la etapa de campo fue únicamente con la intención de apropiarse de su propiedad y que no existe Informe de Control de Calidad siendo falsa que la mensura del perímetro de la Comunidad se halle inconclusa; se debe manifestar que, la finalidad de la ampliación del plazo para Relevamiento de Información en Campo del predio "Playa Ancha", dispuesta por Resolución Administrativa RA- SS 0958/2015 de 22 de mayo cursante de fs. 538 a 540 del legajo de saneamiento, fue en razón de haberse identificado trabajo de mensura inconcluso respecto del perímetro de la "Comunidad Playa Ancha" con la presunta "Tierra Fiscal", conforme se sugiere en el Informe Técnico Legal CSAJ 117/2015, cuyas coordenadas fueron debidamente identificadas en la Resolución Administrativa de referencia; por lo que, la afirmación de los demandantes de que dicha ampliación de plazo fue "únicamente" con la intención de apropiarse de su propiedad, carece de sustento, ingresando los actores en el campo de la subjetividad y que no condice de ninguna manera con los datos e información que cursa en el legajo de saneamiento, más aún cuando la decisión de ampliar el relevamiento de información en campo, fue debidamente comunicada a los interesados, tal cual se desprende de la publicación cursante a fs. 542, pudiendo los ahora demandantes, en defensa de sus derechos, haberse apersonado en su oportunidad al proceso de saneamiento, por lo que su desidia es de su estricta y directa responsabilidad. Finalmente, respecto a que al complementar el Informe de Relevamiento de Información en Campo, no se respetó su propiedad, ni se identificó su posesión y tampoco firmó las actas de conformidad de linderos; se tiene conforme lo expresado que, los demandantes no se apersonaron al proceso de saneamiento a pesar de la publicación del mismo conforme a procedimiento, apersonándose recién el 10 de mayo de 2017 -fs. 1018 a 1021-, conforme se tiene del cargo de recepción cursante a fs. 1018, cuando ya se había emitido la resolución final de saneamiento, Resolución Suprema 18181 de 9 de marzo de 2016; consiguientemente, no puede existir acta de conformidad de linderos donde los actores tendrían que haber suscrito; tampoco se evidencia objetivamente que en ésa oportunidad, se hubiese prescindido por parte del INRA de identificar la posesión que los demandantes arguyen ejercer en el predio y menos que no se hubiera respetado su propiedad, siendo que, como se señaló precedentemente, los demandantes no se apersonaron al proceso de saneamiento en su oportunidad, ni adjuntaron documentación que tenga que ver con derechos propietarios y/o posesorios;
4. 4)Respecto de que los demandantes ejercen posesión legal y cumplen con la Función Económica Social. Conforme a todo lo expresado y analizado anteriormente, los demandantes no se apersonaron al proceso de saneamiento llevado a cabo en el predio "Playa Ancha" a objeto de hacer prevalecer derechos que alegan tener sobre su predio "San Telmito", que estuviera ubicado en la parte norte de la Comunidad "Playa Ancha" y donde refieren que estarían cumpliendo con la Función Económica Social, lo que implica que el INRA ejecuto el saneamiento conforme a procedimiento definiendo el mismo con la información recabada en la verificación in situ en el predio "Playa Ancha", sin objeción alguna en dicha oportunidad por parte de los ahora demandantes a la mencionada verificación de cumplimiento de la Función Social que se efectuó directamente en campo, que conforme el art. 159 del D.S. 29215 es considerada como el principal medio de comprobación, lo que determina que la afirmación vertida por los actores de que se encuentran cumpliendo con la FES en su predio "San Telmito", es inconsistente, al no haber acreditado los ahora demandantes, en la etapa respectiva del proceso de saneamiento dicho cumplimiento; por ende, no fue de conocimiento del INRA ni tampoco de la Comunidad "Playa Ancha" que hubiera merecido su consideración por el ente encargado de dicho procedimiento, presentando las certificaciones señaladas, los documentos y fotografías a que hace referencia cuando ya se emitió Resolución Final de Saneamiento, lo que evidencia que el INRA, al momento de adoptar la decisión administrativa correspondiente, no ha vulnerado norma procesal que regula su desarrollo, tomando en cuenta que la verificación del cumplimiento de la Función Económica Social, se efectúa directa y necesariamente en el predio, no siendo viable pretender acreditar tal función fuera del relevamiento de información en campo y únicamente basado en declaraciones propias de los demandantes y documentación que no fue de conocimiento del INRA, siendo que el saneamiento desarrollado en el predio en análisis, fue precedido de amplia difusión radial y escrita.

Los impetrantes de tutela denuncian la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, valoración de la prueba, al principio de legalidad, igualdad de partes, a la defensa; y, al proceso público; toda vez que, dentro la demanda contenciosa administrativa contra la RS 18181 de 9 de marzo de 2016, emitida en el proceso de saneamiento de la comunidad de Playa Ancha, los Magistrados demandados, emitieron la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2a 84/2019 de 24 de octubre, incurrieron en las siguientes ilegalidades:

1. i)Vulneraron sus derechos a la publicidad, a la defensa e igualdad de partes en el proceso de saneamiento; toda vez que, sin ningún sustento legal, de manera arbitraria y discrecional sostuvieron que, el memorándum de notificación para convocar a los propietarios, poseedores y terceras personas que tuvieran relación con el proceso de saneamiento, previsto en el art. 9.2 de la Guía del Encuestador Jurídico no tiene la calidad de sine qua non para el desarrollo de las actividades dispuestas y por ello la omisión de su emisión para colindantes no es causa de nulidad o se constituye en un vicio procesal que amerite su reposición, limitándose a sostener que dicho acto procesal fue cumplido con la publicación del edicto por periódico y por la radio; apartándose del art. 294.V del DS 29215, que prevé la publicación y difusión de la Resolución de Inicio e Procedimiento en un medio en una emisora radial local con un mínimo de tres ocasiones, con intervalos de un día y dos pases por cada uno, de lo cual no existe constancia; así como tampoco de la campaña pública o su realización continua, siendo un actuado que otorga publicidad al proceso de saneamiento y les permite su participación a efectos de demostrar la función social, límites y ubicación de su propiedad en igualdad de condiciones; empero y pese a que dichos actuados procesales fueron omitidos ilegalmente por el INRA, las autoridades demandadas sin dar lugar a la reparación convalidan un proceso oculto, sin publicidad ni transparencia;
2. ii)Emitieron la Sentencia Agroambiental, sin fundamentación, motivación ni congruencia, respecto: ii.a) Al memorándum de notificación previsto en el art. 9.2 de la Guía del Encuestador Jurídico, sostuvieron que el mismo no tiene la calidad de sine qua non para el desarrollo de las actividades dispuestas, pero, por otro lado entre sus mismos argumentos reconocieron el carácter operativo y orientativo del mismo para el desarrollo de las funciones durante el desarrollo de las pericias de campo, si es así, no se entiende porque luego indican que su no emisión puede obedecer a diferentes factores y que dicha omisión no es causal de nulidad, pues no se tiene ninguna razón ni fundamentación respecto al porque en su caso no tenga la calidad de sine qua non, cuando para la comunidad de Playa Ancha, sí utilizaron la "carta de citación" que también es orientadora y operativa, siguiendo su mismo precedente contenido en la Sentencia Agroambiental S2a 49/2018, emitida en otro caso por la misma Sala, en el cual reconocieron que al ser la Guía del Encuestador Jurídico de orden público, su no emisión regular causa indefensión; ii.b) Respecto al cumplimiento de la función social, señalaron que dicha verificación se efectúa directa y necesariamente en el predio, y que no se puede acreditar tal función fuera del relevamiento de información en campo y únicamente basado en declaraciones propias de los demandantes; sin embargo, en la misma Sentencia, respecto a la función social que cumple la comunidad de Playa Ancha, señalaron que si bien desarrollaban actividad agrícola, por "manifestación expresa de la misma comunidad, su actividad mayor es la ganadería que se realiza al ramoneo en la extensión colectiva de la indicada comunidad campesina" (sic); no obstante, con argumentos contradictorios que fueron decisivos para declarar improbada su demandada, los Magistrados demandados indicaron en su caso que, "no era viable acreditar únicamente con declaraciones propias de los demandados..." (sic), argumentando además que no habrían demostrado la función social, cuando ellos mismos reconocen que no se apersonaron al proceso de saneamiento, pues como iban a demostrar si no tuvieron la oportunidad de realizar la pericia de campo en su propiedad; y, ii.c) Valorando el Informe Técnico emitido por el departamento técnico especializado del Tribunal Agroambiental, solicitado por ellos mismos, indicaron que el plano de Playa Ancha deviene de un proceso de saneamiento, y el del predio San Telmito, del servicio técnico particular, que los vértices de este último fueron identificados por el beneficiario en diciembre de 2017 y que no contaba con planos y/o información técnica que determine su ubicación precisa, reiterando tal extremo cuando refirieron que la documentación que presentaron al INRA posterior a la Resolución Final de Saneamiento, no contaba con documentación técnica originando incertidumbre acerca de que su predio este sobrepuesto a la comunidad de Playa Ancha; efectuando una comparación de planos impertinente que les llevo a incurrir en contradicción, toda vez que, más adelante afirmaron que, de la ubicación y georeferenciación del plano presentado por su parte existiría una sobre posición de 89.67 % al de la comunidad de Playa Ancha, siendo que el Informe Técnico concluyo que no contaban con planos y/o información técnica que determine su ubicación exacta, sin explicar cómo es que su predio se sobrepone en esa superficie al de la referida comunidad; omitiendo además valorar o pronunciarse, respecto a que en el área sobrepuesta existe o no mejoras, siendo ese el argumento principal en el que basaron su demanda contenciosa; y,
3. iii)Lesionaron el debido proceso en su elemento de valoración de la prueba, puesto que, sobre sus veinticinco pruebas presentadas se limitaron a señalar que es posterior a la verificación del cumplimiento de la función social y la RS 18181, al no haber sido presentadas durante el proceso de saneamiento y que no es una prueba pre constituida al ser expedidas a la conclusión del proceso de saneamiento, argumento ilógico, pues si hubieran tenido conocimiento de dicho proceso, habrían presentado su prueba en la etapa correspondiente, empero al haber existido omisión de notificación y publicidad del proceso les ocasiono perjuicio; ya que además no valoraron en absoluto la prueba presentada por su parte en el proceso de saneamiento, ni la presentada con la demandada contenciosa administrativa, como las certificaciones emitidas por las autoridades orgánicas de la Central y Subcentral de Campesinos y Corregidor, que certificaron que sí cumplen la función social y que adquirieron su propiedad a título de compra y venta, el 5 de julio de 1989, 20 de noviembre de 2002, 24 de diciembre de 2002 y 10 de abril de 2003; los certificados de marcas emitidas por ASOGAPA y certificados de vacunas otorgadas por el SENASAG.

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para dicho fin, se analizarán los siguientes fundamentos:

1. 1)El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso;
2. 2)El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso; y, c) Análisis del caso concreto.

1. i)La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido; tampoco puede incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes.

1. ii)La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión5. III.3. Análisis del caso concreto

Los impetrantes de tutela denuncian la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, valoración de la prueba, al principio de legalidad, igualdad de partes, a la defensa; y, al proceso público; toda vez que, dentro la demanda contenciosa administrativa contra la RS 18181 de 9 de marzo de 2016, emitida en el proceso de saneamiento de la comunidad de Playa Ancha, los Magistrados demandados, emitieron la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2a 84/2019 de 24 de octubre, incurrieron en las siguientes ilegalidades:

1. a)Vulneraron sus derechos a la publicidad, a la defensa e igualdad de partes en el proceso de saneamiento; toda vez que, sin ningún sustento legal, de manera arbitraria y discrecional sostuvieron que, el memorándum de notificación para convocar a los propietarios, poseedores y terceras personas que tuvieran relación con el proceso de saneamiento, previsto en el art. 9.2 de la Guía del Encuestador Jurídico no tiene la calidad de sine qua non para el desarrollo de las actividades dispuestas y por ello la omisión de su emisión para colindantes no es causa de nulidad o se constituye en un vicio procesal que amerite su reposición, limitándose a sostener que dicho acto procesal fue cumplido con la publicación del edicto por periódico y por la radio; apartándose del art. 294.V del DS 29215, que prevé la publicación y difusión de la Resolución de Inicio e Procedimiento en un medio en una emisora radial local con un mínimo de tres ocasiones, con intervalos de un día y dos pases por cada uno, de lo cual no existe constancia; así como tampoco de la campaña pública o su realización continua, siendo un actuado que otorga publicidad al proceso de saneamiento y les permite su participación a efectos de demostrar la función social, límites y ubicación de su propiedad en igualdad de condiciones; empero y pese a que dichos actuados procesales fueron omitidos ilegalmente por el INRA, las autoridades demandadas sin dar lugar a la reparación convalidan un proceso oculto, sin publicidad ni transparencia;
2. b)Emitieron la Sentencia Agroambiental, sin fundamentación, motivación ni congruencia, respecto:
3. b.1)Al memorándum de notificación previsto en el art. 9.2 de la Guía del Encuestador Jurídico, sostuvieron que el mismo no tiene la calidad de sine qua non para el desarrollo de las actividades dispuestas, pero, por otro lado entre sus mismos argumentos reconocieron el carácter operativo y orientativo del mismo para el desarrollo de las funciones durante el desarrollo de las pericias de campo, si es así, no se entiende porque luego indican que su no emisión puede obedecer a diferentes factores y que dicha omisión no es causal de nulidad, pues no se tiene ninguna razón ni fundamentación respecto al porque en su caso no tenga la calidad de sine qua non, cuando para la comunidad de Playa Ancha, sí utilizaron la "carta de citación" que también es orientadora y operativa, siguiendo su mismo precedente contenido en la Sentencia Agroambiental S2a 49/2018, emitida en otro caso por la misma Sala, en el cual reconocieron que al ser la Guía del Encuestador Jurídico de orden público, su no emisión regular causa indefensión;
4. b.2)Respecto al cumplimiento de la función social, señalaron que dicha verificación se efectúa directa y necesariamente en el predio, y que no se puede acreditar tal función fuera del relevamiento de información en campo y únicamente basado en declaraciones propias de los demandantes; sin embargo, en la misma Sentencia, respecto a la función social que cumple la comunidad de Playa Ancha, señalaron que si bien desarrollaban actividad agrícola, por "manifestación expresa de la misma comunidad, su actividad mayor es la ganadería que se realiza al ramoneo en la extensión colectiva de la indicada comunidad campesina" (sic); no obstante, con argumentos contradictorios que fueron decisivos para declarar improbada su demandada, los Magistrados demandados indicaron en su caso que, "no era viable acreditar únicamente con declaraciones propias de los demandados..." (sic), argumentando además que no habrían demostrado la función social, cuando ellos mismos reconocen que no se apersonaron al proceso de saneamiento, pues como iban a demostrar si no tuvieron la oportunidad de realizar la pericia de campo en su propiedad; y,
5. b.3)Valorando el Informe Técnico emitido por el departamento técnico especializado del Tribunal Agroambiental, solicitado por ellos mismos, indicaron que el plano de Playa Ancha deviene de un proceso de saneamiento, y el del predio San Telmito, del servicio técnico particular, que los vértices de este último fueron identificados por el beneficiario en diciembre de 2017 y que no contaba con planos y/o información técnica que determine su ubicación precisa, reiterando tal extremo cuando refirieron que la documentación que presentaron al INRA posterior a la Resolución Final de Saneamiento, no contaba con documentación técnica originando incertidumbre acerca de que su predio este sobrepuesto a la comunidad de Playa Ancha; efectuando una comparación de planos impertinente que les llevo a incurrir en contradicción, toda vez que, más adelante afirmaron que, de la ubicación y georeferenciación del plano presentado por su parte existiría una sobre posición de 89.67 % al de la comunidad de Playa Ancha, siendo que el Informe Técnico concluyo que no contaban con planos y/o información técnica que determine su ubicación exacta, sin explicar cómo es que su predio se sobrepone en esa superficie al de la referida comunidad; omitiendo además valorar o pronunciarse, respecto a que en el área sobrepuesta existe o no mejoras, siendo ese el argumento principal en el que basaron su demanda contenciosa; y,
6. c)Lesionaron el debido proceso en su elemento de valoración de la prueba, puesto que, sobre sus veinticinco pruebas presentadas se limitaron a señalar que es posterior a la verificación del cumplimiento de la función social y la RS 18181, al no haber sido presentadas durante el proceso de saneamiento y que no es una prueba pre constituida al ser expedidas a la conclusión del proceso de saneamiento, argumento ilógico, pues si hubieran tenido conocimiento de dicho proceso, habrían presentado su prueba en la etapa correspondiente, empero al haber existido omisión de notificación y publicidad del proceso les ocasiono perjuicio; ya que además no valoraron en absoluto la prueba presentada por su parte en el proceso de saneamiento, ni la presentada con la demandada contenciosa administrativa, como las certificaciones emitidas por las autoridades orgánicas de la Central y Subcentral de Campesinos y Corregidor, que certificaron que sí cumplen la función social y que adquirieron su propiedad a título de compra y venta, el 5 de julio de 1989, 20 de noviembre de 2002, 24 de diciembre de 2002 y 10 de abril de 2003; los certificados de marcas emitidas por ASOGAPA y certificados de vacunas otorgadas por el SENASAG.