Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0024/2026-S1 Sucre, 28 de enero de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional
Expediente: 67673-2024-136-AAC Departamento: Chuquisaca
En revisión la Resolución 044/2025 de 18 de marzo, cursante de fs. 428 a 433, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Pablo Ovando Peralta contra Rocío Vásquez Noza y Víctor Hugo Claure Hinojoza, Magistrados de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
El accionante por memoriales presentados el 24 de septiembre de 2024 y 14 de febrero de 2025, cursantes de fs. 1 y 30 a 44 vta. y, 72 a 73 vta., manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción En el marco del proceso de saneamiento de los predios denominados "Colonia Menonita Neuland", "Colonia Menonita Bergthal" y "Sapoco", el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia emitió la Resolución Suprema (RS) 15181 de 22 de junio de 2015, constituyéndose ésta en la Resolución final de saneamiento. Dicha Resolución fue impugnada mediante una primera demanda contenciosa administrativa tramitada ante el Tribunal Agroambiental, dentro del expediente 1648-DCA-2015. Ese proceso concluyó con la emisión del Auto Interlocutorio Definitivo S2a 052/2015 de 9 de septiembre, mediante el cual, la Sala Segunda del indicado Tribunal rechazó la demanda por haber sido presentada de manera extemporánea, sin que se hubiera cuestionado la validez o inexistencia de la notificación con la Resolución final de saneamiento, configurándose así cosa juzgada material respecto a la impugnación intentada. Pese a ello, la parte actora -Franz Giesbercht Wiebe, David Bergen Harms y Alejandro Aguilera Rodríguez a nombre de la "Colonia Menonita Neuland"- promovió posteriormente una acción de amparo constitucional con el objetivo de obtener una segunda notificación con la RS 15181, logrando que el Juez Público Mixto e Instrucción Penal Primero de Portachuelo del departamento de Santa Cruz conceda la tutela mediante Resolución de 4 de agosto de 2017, ordenando dejar sin efecto la notificación practicada el 27 de julio de 2015 y disponer una nueva notificación a los supuestos representantes legitimados. En cumplimiento de dicha decisión, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) efectuó una segunda notificación con la Resolución final de saneamiento, sobre cuya base la parte actora interpuso una segunda demanda contenciosa administrativa, la cual fue admitida y tramitada por la Sala Primera del Tribunal Agroambiental bajo el expediente 2939-DCA-2017. Sin embargo, la decisión del Juez de garantías fue revisada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, que mediante Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 0964/2017-S3 de 20 de septiembre revocó la resolución de acción de amparo constitucional y denegó la tutela solicitada, estableciendo que la notificación efectuada el 27 de julio de 2015 fue válida, que la representación legal no había sido revocada y que la autoridad administrativa actuó con adecuada motivación y fundamentación. Como consecuencia de esta decisión constitucional, el INRA anuló expresamente la segunda diligencia de notificación y comunicó tal determinación al Tribunal Agroambiental. Ante la inexistencia de la base material que habilita la competencia contenciosa administrativa, la Sala Primera del Tribunal Agroambiental, conforme a lo previsto por el art. 68 de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA), Ley 1715 de 18 de octubre de 1996, emitió el Auto Interlocutorio Definitivo S1a 57/2018 de 8 de agosto, disponiendo la anulación del proceso hasta el auto de admisión de la demanda, al haberse verificado que la impugnación fue presentada de forma extemporánea y sobre la base de una notificación inexistente. Contra dicha decisión, la parte actora promovió una nueva acción de amparo constitucional, la cual fue inicialmente rechazada; no obstante, en revisión, el Tribunal Constitucional Plurinacional mediante , ordenó que el Tribunal Agroambiental emita una nueva resolución, observando los estándares de fundamentación y motivación. En cumplimiento de dicho fallo constitucional, el Tribunal Agroambiental dictó el Auto Interlocutorio Definitivo S1a 16/"2021" de 18 de septiembre, dejando sin efecto el auto de admisión de la demanda y posteriores actuados, y teniendo la demanda contenciosa administrativa como no presentada por ser extemporánea, ratificando que no existía una diligencia válida de notificación que habilite la competencia del Tribunal. Posteriormente, la parte actora interpuso recurso de queja por incumplimiento parcial de la Resolución constitucional, el cual fue declarado parcialmente fundado únicamente respecto a la supuesta falta de motivación, tanto por el Juez de garantías como por el Tribunal Constitucional Plurinacional, sin que en ningún momento se haya ordenado la admisión, tramitación o resolución de la demanda contenciosa administrativa. Pese a ello, el Tribunal Agroambiental, sin que exista notificación válida con la Resolución final de saneamiento y, por ende, sin base material que habilite su competencia, decidió continuar con la sustanciación del proceso y emitió la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1a 54/2022 de 27 de septiembre, declarando improbada la demanda. Esa actuación fue considerada nula, en tanto se admitió, tramitó y resolvió una demanda contenciosa administrativa sin verificar la existencia de la diligencia de notificación exigida por el art. 68 de la LSNRA, vulnerando los principios de competencia, legalidad, legitimación activa e interés jurídico. Contra dicha Sentencia se planteó una nueva acción de amparo constitucional, que inicialmente fue denegada; sin embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante , revocó la decisión y dejó sin efecto la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1a 54/2022, ordenando la emisión de una nueva resolución por parte del Tribunal Agroambiental. En ese contexto procesal, y antes de que se emita una nueva sentencia agroambiental, con el propósito de que el Tribunal Agroambiental reconduzca su actuación y evite vicios insubsanables, el 16 de febrero de 2024 planteó un incidente de nulidad, el cual fue resuelto mediante Auto de 19 de marzo de igual año, por el que los Magistrados ahora accionados sustanciaron y resolvieron la presente causa sin tomar en cuenta los elementos que se detallan a continuación:
- a)Los actores ya interpusieron una demanda contenciosa administrativa en el año 2015, acompañando la correspondiente diligencia de notificación con la Resolución final de saneamiento impugnada y dicha demanda fue rechazada por haber sido presentada fuera de plazo, atribuible a la negligencia de la parte actora, configurándose en consecuencia la existencia de cosa juzgada material;
- b)La segunda demanda, se sustentó en una nueva diligencia de notificación que posteriormente fue anulada por el INRA, en cumplimiento de decisiones constitucionales, lo que dio lugar a la configuración de cosa juzgada constitucional; y,
- c)No obstante lo anterior, el Tribunal Agroambiental prosiguió con la tramitación de la demanda, generando la apertura de un proceso y la emisión de resoluciones carentes de competencia. I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y juez natural competente, a la igualdad, así como a los principios de seguridad jurídica, competencia, legalidad, legitimación activa e interés jurídico; citando al efecto los arts. 14.II., 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia; se disponga:
- 1)Dejar sin efecto "...EL AUTO DE 19 DE MARZO DE 2024 y todas las resoluciones emitidas con posterioridad..." (sic); y,
- 2)Se emita una nueva resolución que resuelva su incidente, con la debida fundamentación y motivación respetando la jurisprudencia del Tribunal Agroambiental y lo regulado por el art. 68 de la LSNRA.
I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional
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