Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0025/2019-O Sucre, 7 de mayo de 2019
SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional
Expediente: 21462-2017-43-AAC Departamento: Beni
La denuncia queja por incumplimiento de la , pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Diego Zelada Lijerón contra las empresas Compañía Industrial de Tabacos Sociedad Anónima (CITSA) y AIDISA BOLIVIA S.A. legalmente representadas por Mario Roberto Barriga Arce y/o Jorge Humberto Pareja Fagalde.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la queja por incumplimiento
Mediante escrito presentado el 25 de febrero de 2019, cursante de fs. 638 a 646, Diego Zelada Lijerón, manifiesta que en numerosas oportunidades solicitó el cumplimiento de la Conminatoria de Reincorporación 018/2017 CJCR-JDTEPS Beni de 8 de agosto, después de haber sido avalada y ratificada dicha Conminatoria por la emitido por el Tribunal Constitucional Plurinacional; sin embargo, no logró ningún resultado efectivo; por el contrario, el Juez de garantías cambiando de posición respecto al cumplimiento del mencionado fallo constitucional, dictó el Auto de 20 de febrero de 2019, en contradicción a sus anteriores pronunciamientos, en la que dio por cumplida la restitución a su fuente laboral, causándole incertidumbre e inseguridad jurídica, por lo que impugna el Auto señalado, en los siguientes términos:
- a)El Memorándum RH-SCZ-063/2017 de 17 de octubre, emitido por la empresa AIDISA BOLIVIA S.A., no cumplió con lo estipulado por la Conminatoria de Reincorporación 018/2017, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo de Beni; toda vez que, no disponía su restitución a su misma fuente de trabajo, bajo el argumento de que tales funciones habían desaparecido y que se le asignarían otras nuevas, contraviniendo lo determinado por el Juez de garantías y el Tribunal Constitucional Plurinacional;
- b)Mediante providencia de 30 de octubre de 2017, se concluyó que se había cumplido con la parte dispositiva del amparo, referida al cumplimiento de lo ordenado por la instancia administrativa laboral, sin establecer porqué el indicando memorándum observó lo determinado por la Jefatura Departamental de Trabajo de Beni, cuando ésta claramente compele a la reincorporación del trabajador al mismo puesto que ocupaba al momento del despido;
- c)La empresa AIDISA BOLIVIA S.A., presentó escrito manifestando que con la emisión del Memorándum RH-SCZ-063/2017, se había cumplido con la decisión asumida en la acción tutelar y la cancelación de salarios devengados, no era factible a través de la vía constitucional, debido a que dicha jurisdicción carecía de competencia para hacerlo, conforme a lo establecido en el "...Auto de Amparo Constitucional Nº 009/2017 de fecha 12 de octubre de 2017..." (sic); habiendo el Juez de garantías determinado, mediante proveído de 1 de noviembre del mismo año, que la Jefatura Departamental de Trabajo de Beni, era quien contaba con la competencia para efectuar la liquidación; determinación que incurre en incongruencia, dado que dicha entidad no cuenta con capacidad para pagar salario sin beneficios sociales, siendo que la jurisprudencia referida, dispone que es a la justicia constitucional a la que le corresponde exigir el pago de salario sin remitir dicha obligación a ninguna otra instancia;
- d)Mediante Resolución Ministerial (RM) 208/2018 de 28 de febrero, que confirmó totalmente la Conminatoria de Reincorporación 018/2017 emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo de Beni, se demostró que el peticionante de tutela trabajó simultáneamente en las empresas CITSA y AIDISA BOLIVIA S.A.; por lo que, conforme determinó dicha orden de restitución, debió ser reinsertado a ambas entidades, lo que no aconteció conforme se evidencia el decreto dictado por el titular de la instancia administrativa laboral, que interpretando el contenido del Memorándum RH-SCZ-063/2017, estableció que AIDISA BOLIVIA S.A., no cumplió la referida conminatoria y que toda carta o memorándum, aunque estuviera notariada no surtía efecto legal alguno; y, la empresa CITSA tampoco acató lo ordenado;
- e)Los demandados en acción de amparo constitucional, presentaron escrito de queja por inadecuada ejecución y sobrecumplimiento, habiendo la autoridad constitucional, establecido mediante providencia de 9 de abril de 2018, que solamente se había resuelto la reincorporación laboral y pago de salarios devengados, y que el pronunciamiento de la acción de defensa, no abarcó el tema de las dos empresas o dos trabajos simultáneos por no haber sido objeto de reclamación, siendo evidente que el incumplimiento de lo dispuesto, se reducía a la falta de pago de salarios devengados; argumento que carece de una debida valoración y fundamentación sobre las pruebas aportadas, entre ellas la señalada RM 208/2018 y lo manifestado por el Jefe Departamental de Trabajo de Beni, causándole zozobra, sobre todo por el hecho de que su cónyuge había dado a luz recientemente, el no tener una fuente de trabajo, tampoco contar con un ingreso económico y un seguro social; extremos que debieran analizarse en su verdadera dimensión a partir de la estabilidad e inamovilidad laboral que le asiste, la vida y el alimento, a efectos de subsanar más de un año de injusticia, sin trabajo y sometido a incertidumbre judicial; y, g) Por todos los argumentos expuestos, presenta queja por demora e incumplimiento de la , impugnando a su vez el Auto de 20 de febrero de 2019, debiendo determinarse que la empresa AIDISA BOLIVIA S.A., no cumplió con la reincorporación a su puesto de trabajo como Supervisor de Ventas, ni tampoco con la cancelación de salarios devengados hasta el momento de su efectiva restitución, debiendo ordenarse su inmediato acatamiento sin necesidad de liquidación de sueldos por parte de la Jefatura Departamental de Trabajo de Beni; y que, se incorpore prontamente a su cónyuge al seguro social, para atender su salud y el de su hijo.
I.2. Petitorio
En mérito a lo expuesto y fundamentado, solicitó al Juez de garantías que se dé celeridad en la tramitación de la presente queja, cumpliendo los plazos establecidos; toda vez que se encuentran directamente afectados su esposa y su hijo recién nacido y sin un seguro de salud; que en caso, de rechazo a su recurso de queja, se remita al Tribunal Constitucional Plurinacional, todos los antecedentes para que se pronuncie disponiendo lo que en derecho corresponda. I.3. Informe de los demandados Rommel Shiriqui Guimbard, en representación legal de la empresa AIDISA S.A., a través del memorial presentado el 7 de marzo de 2019, cursante de fs. 654 a 656, respondiendo a la queja por demora e incumplimiento de la planteada por el accionante, señaló:
- 1)El solicitante, en forma inviable, improcedente y extemporánea pretende que se resuelva una queja por demora e incumplimiento de lo determinado en la acción de amparo constitucional, cuando el Juez de garantías por Auto de 20 de febrero de 2019, expresamente declaró su cumplimiento, sin que anteriormente hubiera presentado reclamo alguno respecto a los Autos de 30 de octubre de 2017 y de 9 de abril de 2018, pretendiendo una revisión extemporánea de todo lo actuado, buscando el pago ilegal e incoherente de doble salario por el supuesto inexistente de haber trabajado para dos empresas de forma coetánea, tratando de aprovecharse de la ambigüedad de la Conminatoria de Reincorporación 018/2017, que ilegalmente dio lugar a la injusta acción de amparo constitucional;
- 2)Procesalmente, resulta inviable la queja de incumplimiento formulada por el accionante, puesto que al ser emitido el Auto de 20 de febrero de 2019, en lugar de cuestionar Autos dictados de casi dos años atrás, debió impugnar la mencionada Resolución, para que sea revisada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, y no así por el propio Juez de garantías; por lo que, al no haber procedido conforme correspondía, resulta aplicable el principio de preclusión, puesto que transcurrieron más de tres días que el mencionado Tribunal moduló para interposición de la queja;
- 3)Otro motivo por el que resulta inatendible la mencionada acción, está relacionado con la incorporación de otros elementos que no fueron objeto de la acción tutelar, como ser la reincorporación a dos empresas y su inamovilidad como progenitor, sobre las cuales ni el Juez de garantías y menos el Tribunal Constitucional Plurinacional, emitieron criterio alguno;
- 4)La empresa a la cual representa, emitió el respectivo memorándum de reincorporación el 17 de octubre de 2017, que fue recibido en mano propia por el trabajador, quien por voluntad propia no quiso reintegrarse, no obstante haberse mantenido todos sus derechos, como su nivel salarial, con lo cual se dio cumplimiento la precitada conminatoria laboral, tal como reconoció el Juez de garantías; consiguientemente no existe demora y menos incumplimiento, denotándose que el solicitante quería aprovecharse de la ambigüedad de la disposición, pretendiendo cobrar ilegítimamente la suma aproximada a tres millones de bolivianos, intentando consolidar una reincorporación a dos empresas y un pago irreal de doble salario y beneficios sociales; y,
- 5)Tampoco puede considerarse incumplida la resolución de amparo constitucional con relación a la inamovilidad laboral, que el impetrante reclama, arguyendo el reciente nacimiento de su hijo, por un principio básico de congruencia, dado que este hecho no fue tratado en la presente acción de defensa, al tratarse de un acontecimiento posterior a la reincorporación y abandono de funciones del accionante. I.4. Resolución del Juez de garantías
El Juez Público Civil y Comercial Tercero del departamento de Beni, constituido en Juez de garantías, por Auto 276/2019 de 20 de marzo de 2019, cursante a fs. 657, dispuso la remisión del cuadernillo de queja con copias legalizadas, a instancia del accionante Diego Zelada Lijerón, ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, al haber impugnado el Auto de 20 de febrero del citado año, que rechazó la queja sobre cumplimiento respecto a los salarios devengados y declaró por cumplida la restitución laboral ordenada.
II. CONCLUSIONES
De los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. A través de Memorandos RH- y 070/16, ambos de 19 de agosto de 2016., emitidos por las empresas CITSA y AIDISA BOLIVIA SA, respectivamente, se comunicó al impetrante, que por los motivos anteriormente puestos en su conocimiento, se habían realizado gestiones a efectos de que sea transferido a la empresa AIDISA BOLIVIA S.A.; por lo que, al amparo de lo previsto por el art. 11 de la Ley General del Trabajo (LGT), se le hacía saber que a partir del 1 de septiembre del indicado año, operaría dicha transferencia, pasando el trabajador a depender, única y exclusivamente de la mencionado empresa; propuesta que fue aceptada por el interesado mediante notas de igual fecha, plasmando además su conformidad en el "Acuerdo de Sustitución de Empleadores", suscrito por las empresas señaladas y el solicitante de tutela, el 31 del mismo mes y año; evidenciándose el cambio de empleador de las papeletas de pago correspondientes a los meses de mayo a diciembre de 2016 (fs. 596 a 605 Anexos).
II.2. Mediante memorial presentado el 21 de septiembre de 2017, Diego Zelada Lijerón, planteó acción de amparo constitucional contra las empresas Compañía Industrial de Tabacos Sociedad Anónima (CITSA) y AIDISA BOLIVIA S.A. legalmente representadas por Mario Roberto Barriga Arce y/o Jorge Humberto Pareja Fagalde; solicitando se proceda a su inmediata restitución como supervisor de ventas de ambas empresas, ordenándose el pago de salarios devengados hasta la fecha de su reingreso; acción tutelar que fue resuelta por el Juez Público Civil y Comercial Tercero del departamento de Beni, constituido en Juez de garantías, que a través de la Resolución 010/2017 de 12 de octubre, concedió la tutela solicitada de manera temporal, disponiendo la inmediata reincorporación del trabajador y el pago de salarios devengados (fs. 17 a 25 y 49 a 50 del dosier).
II.3. Mediante Memorándum RH-SCZ-063/2017 de 17 de octubre, la empresa AIDISA BOLIVIA SA, hizo conocer al accionante que, en cumplimiento de la Resolución 010/2017 de 10 de octubre, emitida por el Juez de garantías, se veía en la obligación de reincorporarlo a su fuente laboral desde la fecha señalada, solicitándole tener presente que debido a cambios internos en la estructura administrativa, ya no se contaba en la compañía con funciones como las que desarrollaba; por lo que, de no ser viable reponer el cargo, se le comunicaría oportunamente las funciones a las que podría reasignársele. Asimismo, se le hizo saber que de revocarse la decisión asumida por el Juez de garantías, en la etapa de revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, la relación laboral quedaría extinguida de inmediato, debiendo el trabajador proceder a la restitución en favor de la empresa de cualquier monto que indebidamente se genere en su favor como consecuencia de su reingreso; documento que cuenta con sello y firma de Notario de Fe Pública de 18 del mismo mes y año (fs. 294 Anexos).
II.4. Mediante nota CITE. OF. 54/2017 de 18 de octubre, se dispuso la remisión de obrados ante el Tribunal Constitucional Plurinacional; instancia que en revisión, emitió la , que confirmó la Resolución 010/2017 de 12 de octubre, pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial Tercero del departamento de Beni constituido como Juez de garantías; y en consecuencia, concedió la tutela solicitada de manera provisional, disponiendo se dé cumplimiento a lo establecido en la Conminatoria de Reincorporación 018/2017 CJCR-JDTEPS Beni de 8 de agosto, en tanto la jurisdicción administrativa laboral o en su defecto judicial, emita el criterio correspondiente definiendo la situación del accionante; decisión asumida con el fundamento de que la parte patronal -CITSA y AIDISA BOLIVIA S.A.-, incumplió una determinación emanada de la autoridad laboral, misma que se halla reconocida por el Decreto Supremo (DS) 0495 de 1 de mayo de 2010, como mecanismo destinado a efectivizar la inmediatez de la protección constitucional que tiene el derecho a la estabilidad laboral, más aún cuando estas disposiciones son de cumplimiento obligatorio. La antedicha decisión, previa notificación en efectuada en tablero del Tribunal Constitucional Plurinacional, fue devuelta al Juzgado de origen mediante nota CITE OF. ONTCP 732/2018 de 7 de agosto (fs. 51 a 66 del dosier).
II.5. Por Memorándum RH-077/2017 de 26 de octubre, la empresa AIDISA BOLIVIA SA, comunicó al solicitante de tutela la finalización de la relación de trabajo por abandono de funciones, señalando que no obstante habérsele comunicado su reincorporación, en cumplimiento de la Resolución 010/2017, emitida por el Juez de garantías, el trabajador no se había constituido a sus labores sin causal ni justificativo alguno, acumulando más de seis días hábiles continuos de inasistencia, por lo que, al amparo del art. 7 del DS 1592 de 19 de abril de 1949, Reglamentario de la Ley de 21 de diciembre de 1948, así como lo previsto por el art. 3 de la RM 447 de 8 de julio de 2009, se daba por finalizado el vínculo laboral a partir de la fecha, procediéndose al pago de beneficios y derechos sociales que le correspondieran, los cuales de no ser cobrados en dependencias de la empresa, serían depositados en los fondos en custodia del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Dicha determinación pretendió ser notificada al interesado en su domicilio con intervención de Notario de Fe Pública, no habiéndose encontrado al destinatario pero sí a su madre, quien se negó a recibirlo; situación puesta en conocimiento de la Jefatura Departamental de Trabajo de Beni, mediante misiva de 26 de octubre de 2016 (fs. 608 a 612 y 606 Anexos).
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