Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0025/2019 Sucre, 14 de mayo de 2019
Sala Plena Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de inconstitucionalidad abstracta
Expediente: 25497-2018-51-AIA Departamento: Pando
En la acción de inconstitucionalidad abstracta promovida por Erlin Hurtado Casanova, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Bolpebra del departamento de Pando, demandando la inconstitucionalidad de los arts. 11 y 12.I del Reglamento de Condiciones Administrativas para los procesos de Revocatoria de Mandato de Autoridades Electas por Voto Popular, aprobado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) mediante Resolución de Sala Plena TSE-RSP-ADM 0580/2017 de 13 de diciembre, por ser presuntamente contrarios a los arts. 9 en sus numerales 1, 2 y 4; 13; 14.I, III, IV y V; 26; 109; 115.II; y, 240.III de la Constitución Política del Estado (CPE).
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1.Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 11 de septiembre de 2018, cursante de fs. 19 a 30 vta., el accionante expuso los siguientes fundamentos:
I.1.1. Síntesis de la acción
El Estado Plurinacional de Bolivia nace como una nueva visión y recupera para sí los principios fundamentales para nuestra realidad, sin prescindir de la igualdad, libertad, justicia, solidaridad, división de poderes u órganos y seguridad jurídica; asimismo, sus potestades deben ser ejercidas en el marco de la Constitución Política del Estado, para que el poder público se someta al derecho. En este entendido, los preceptos constitucionales contenidos en los arts. 13 y 14 de la CPE, constituyen una base y marco para el ingreso al análisis del juicio de constitucionalidad de las normas impugnadas, ya que sus postulados se encuentran vulnerados por las disposiciones normativas demandadas de inconstitucionales.
La revocatoria de mandato contra las autoridades electas es la manifestación del ejercicio de la democracia directa y participativa consagrada en el art. 11 de la Norma Suprema, así como en el art. 25.III de la Ley del Régimen Electoral (LRE) y permite al soberano decidir mediante sufragio universal sobre la continuidad o cese de sus funciones de las autoridades elegidas por voto popular, de manera que para garantizar el debido proceso en el trámite de revocatoria deben cumplirse con ciertos requisitos como la legitimidad, que según lo estipulado por el art. 240.III de la CPE, exige que la solicitud se realice por una cantidad mínima del 15% de votantes en el padrón electoral de la circunscripción que eligió al servidor público; y, la legalidad, en sentido que los peticionantes formen parte del padrón electoral de la circunscripción que eligió a la autoridad que se pretende revocar, requisito que también se encuentra establecido en la Ley Fundamental.
Los derechos políticos se encuentran consagrados en el art. 26.II de la CPE y de ahí se concluye que el núcleo esencial del derecho al sufragio se configura sobre la base de dos elementos fundamentales, el primero referido al derecho al sufragio activo, lo que equivale al derecho a elegir; y, el segundo, el derecho al sufragio pasivo que implica el derecho a ser elegido. De esta manera, los derechos políticos se encuentran garantizados por los arts. 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y 23.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); por otro lado, el art. 23.2 de la misma Convención, establece las causales de restricción de esos derechos.
El principio de reserva de ley protege a su vez el principio democrático y obliga al legislador a regular aquellas materias que por disposición constitucional deben ser desarrolladas en una ley; de la misma forma, constituye una limitación a los Órganos Legislativo y Ejecutivo, pues impide que deleguen sus potestades a otros organos y evita que se pronuncien sobre materias que corresponden a otra ley; así, en el ejercicio de los derechos fundamentales, el principio de reserva de ley impide cualquier exceso en la imposición de restricciones al ejercicio de los derechos para preservar el interés general, la primacía del orden jurídico y los factores de seguridad, moralidad y salubridad; es decir, estos aspectos, en el marco del principio de reserva de ley, solo pueden ser regulados mediante ley en sentido formal; y, por otro lado dicho principio resultaría vulnerador si una norma inferior a una ley imponga limitaciones al ejercicio de algún derecho fundamental consagrado por la Constitución Política del Estado y los instrumentos internacionales de derechos humanos.
El principio de delegación legislativa es la consecuencia de un nuevo poder conferido por la propia ley delegante y habilita para ejercer una función legislativa mediante la atribución de una potestad nueva, lo que no significa alterar la regulación material ya existente; es decir, la legislación delegada queda configurada como la facultad que tienen los gobiernos para legislar a través de un encargo efectuado por el parlamento o congreso, y debe ajustarse necesariamente a los límites de la norma de delegación, lo contrario implicaría su inconstitucionalidad ya sea formal o material.
En este entendido, el Órgano Legislativo generó la Ley del Régimen Electoral, en el que se encuentran regulados los principios de la democracia intercultural, la revocatoria de mandato, los requisitos, plazos, convocatoria, calendario, presupuesto, participación, aplicación, pregunta y declaración de resultados; y, en el art. 34 de la citada Ley, se encarga al Tribunal Supremo Electoral, que establezca el reglamento y condiciones administrativas y otros aspectos no contemplados en esta norma, lo que demuestra la materialización del principio de reserva de ley.
Cumpliendo el encargo legislativo impuesto por la Ley del Régimen Electoral, el Órgano Electoral emitió el Reglamento de Condiciones Administrativas para Procesos de Revocatoria de Mandato de Autoridades Electas por Voto Popular, aprobado mediante Resolución de Sala Plena TSE-RSP-ADM 0580/2017 de 13 de diciembre, que en los arts. 11 y 12.I, regula la iniciativa ciudadana y las solicitudes de formatos para el llenado de libros de adhesión; sin embargo, dichas disposiciones infringen lo establecido por el art. 240.III de la CPE, ya que el precepto constitucional, de manera imperativa refiere que el referendo revocatorio procederá por iniciativa ciudadana a solicitud de al menos el 15% de votantes del padrón electoral de la circunscripción que eligió a la servidora o al servidor público; empero, el Reglamento ahora cuestionado modifica dicho porcentaje, pues permite que la revocatoria de mandato pueda ser presentada de manera individual, exceso que vulnera los derechos políticos de quienes fueron electos por voto popular, al permitir viabilizar la solicitud a una sola persona que de ninguna manera representa a la masa votante dentro de la circunscripción por el candidato que se proclamó como ganador, lo que en los hechos implica una modificación del porcentaje exigido por la Constitución Política del Estado, excediendo además lo previsto en su art. 109, en el que se dispone que todos los derechos reconocidos por esta Norma Suprema son directamente aplicables y no tienen jerarquía unos sobre otros; en consecuencia, es irrazonable que una disposición reglamentaria que cumple un encargo legislativo modifique el espíritu de la norma primigenia, ya que su objetivo fue únicamente materializar el derecho pero siempre en el marco de los límites establecidos por la propia Constitución Política del Estado y la Ley del Régimen Electoral.
Por lo precedentemente señalado, es irrazonable aceptar que una norma reglamentaria exceda un precepto constitucional "regla", pues ello vulnera el principio de reserva de ley contenido en el art. 109 de la CPE e infringe los derechos políticos de quienes resultan electos; es decir, la disposición normativa impugnada vulnera la legitimidad y legalidad establecidas en la Ley Fundamental; así, la legitimidad exige que la solicitud sea de una cantidad mínima del 15% de votantes del padrón electoral de la circunscripción que la eligió al servidor público; y, la legalidad, que los requirentes o solicitantes formen parte de dicho padrón, ya que según la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el ejercicio de los derechos políticos, también exige que el titular tenga la oportunidad real para ejercerlos, y el hecho de que la revocatoria de mandato se gestione al margen de lo previsto por el texto constitucional, incluso de manera individual, atenta al derecho a ser elegido y provoca en el periodo de mandato una suerte de inseguridad jurídica; por consiguiente, el texto del art. 11 del Reglamento ahora impugnado, debe consignar que la iniciativa ciudadana debe ser materializada con la solicitud de al menos el 15% de los votantes del padrón electoral y no admitir que la petición se realice o sea promovida sin importar si se la hace de manera individual o colectiva; por consiguiente, las normas impugnadas resultan inconstitucionales.
I.2. Admisión y citación
Mediante (fs. 32 a 36), la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, admitió la acción de inconstitucionalidad abstracta y dispuso que la presente acción se ponga en conocimiento de Katia Verónica Uriona Gamarra, Presidenta del Tribunal Supremo Electoral, por ser la representante del Órgano que generó las normas impugnadas, citación que se efectuó el 19 de febrero de 2019, conforme se tiene a fs. 61 de obrados.
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