0025/2022-O

1. a)Respecto a la falta de eficacia y forma de notificación con las Resoluciones Administrativas de inicio del proceso de Saneamiento DDSC-RA 102/2010, DDSC-RA 103/2010 ambas de 27 de agosto y 107/2010 de 30 de agosto de rectificación y/o aclaración en el saneamiento agrario; Las autoridades demandadas, se limitaron a realizar una relación superficial de actuados o piezas que integran la carpeta de saneamiento, sin ninguna fundamentación y motivación en sujeción a la Norma Suprema y al bloque de constitucionalidad como ha sido ordenado en la Sentencia Constitucional aludida.

1. b)Respecto a la carta de citación de 14 de septiembre de 2010, para acompañar las tareas de relevamiento en campo a desarrollarse el 16 de septiembre del mismo año, emitida para Hernán Roca Rivero, fue firmada por Ernesto Ardaya Sevilla, quien no se encuentra acreditado para representar legalmente al no ser quien firmó la supuesta carta y que el poder notarial entregado en campo no especifica representación en las tareas de saneamiento; las autoridades demandadas, distorsionando deliberadamente el objeto que tiene el poder notarial otorgado para tramitar la inscripción de derecho propietario ante Derechos Reales (DD.RR.) y para la venta, hipoteca, permuta, alquiler, anticresis, donación o disposición del predio rústico "Casa Grande"; aun reconociendo que este no es explicito para el proceso de saneamiento, le otorgan un alcance y efecto que no tiene; señalando que, permite la participación en el trámite administrativo referido, quebrantando así el principio de verdad material consagrado en el art. 180.I de la CPE; además de no establecer cuál la base legal en la que sustentan la decisión de ampliar las facultades del mismo.

1. c)Con relación a la observación a la ficha catastral, no se explica cómo se realizó la verificación in situ de 3515 6000 ha en menos de un día y de qué forma dos fotografías de las que ni siquiera se especifica coordenadas para su respectiva ubicación, fueron consideradas para la determinación del incumplimiento de la Función Económica Social (FES) en la propiedad "Casa Grande"; desde el punto de vista racional, no es creíble que el llenado de la ficha catastral y la verificación del cumplimiento de la FES haya sido realizada en cuestión de horas, cuando la realidad demuestra que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), en etapa de campo no recorrió el predio en su totalidad, pese a que era su obligación; de tal forma que, las autoridades demandadas no fundamentaron ni motivaron el presente punto a fin de justificar que la entidad administrativa efectuó correctamente dicha tarea.

1. d)En cuanto a las imágenes satelitales LANDSAT, no pueden ser consideradas como prueba efectiva sino complementaria al relevamiento en campo; las autoridades demandadas, con criterio formalista, haciendo referencia al Informe Complementario 418/2010 de 27 de septiembre y al informe en Conclusiones de saneamiento, sostienen que el INRA, realizó un análisis integral de toda la información suministrada por la encuesta catastral, documentación aportada y datos técnicos recabados durante el relevamiento de información en campo, sin fundamentar por qué nuevamente toman en cuenta el defecto insalvable del levantamiento de la ficha catastral y la verificación de la FES de haber sido elaborado en cuestión de horas.

1. e)Con relación al Informe de Relevamiento de Información en Gabinete DDSC-SAN-SIM-V.A.S. INF. 415/2010 de 27 de septiembre, no se considera el relevamiento del expediente agrario 58403 del predio en el que se establece la existencia de sobreposiciones; las Magistradas demandadas, se limitaron a señalar que de la revisión del indicado informe, se establece la sobreposición del expediente mencionado con el predio "Casa Grande" y que al no haberse identificado actividad productiva alguna sobre la propiedad, correspondió sugerirse la improcedencia de la titulación de la Sentencia cursante en el aludido antecedente agrario; pero no explica cuál la razón jurídica de su decisión.

1. f)Respecto a la notificación con el Acta de cierre y el Informe en Conclusiones del saneamiento efectuado en violación a lo previsto en los arts. 71, 73 y 305 del DS 29215 alegado en la demanda contenciosa administrativa; las autoridades demandadas, simplemente señalaron que no habrían sido lesionados, omitiendo completamente su labor de fundamentar y motivar su Resolución.

1. g)En relación a las cuestiones planteadas en la demanda y a las pruebas insertas en la ampliación de la misma; las autoridades demandadas, se niegan a considerar la prueba ofrecida, bajo una postura extremadamente formalista y restrictiva de derechos fundamentales, al establecer que estas debieron ser presentadas en el proceso de saneamiento.

María Tereza Garrón Yucra y Ángela Sánchez Panozo, Magistradas de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Agroambiental -autoridades hoy denunciadas-, presentaron informe escrito, el 1 de abril de 2021, cursante de fs. 1257 a 1265 señalando que, dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en la SCP 0171/2021-S4, se emitió la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1ª 67/2021, con base a los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

1. 1)Con relación a las notificaciones de las Resoluciones Administrativas DDSC-RA 102/2010, DDSC-RA 103/2010 ambas de 27 de agosto y DDSC-RA 107/2010 de 30 del mismo mes y año, todas de inicio de regularización de derecho propietario, supuestamente efectuadas sin considerar lo establecido en el art. 70 inc. c) del DS 29215; se tiene demostrado que las mismas fueron publicadas mediante edicto agrario y medio radial, describiéndose los actuados que corroboran dicho extremo; de tal forma que, el aludido punto se encontraría debidamente fundamentado y motivado.

1. 2)Respecto a la carta de citación de 14 de septiembre de 2010, para acompañar las tareas de relevamiento en campo a desarrollarse el 16 del mes y año referido, emitida por Hernán Roca Rivero, es firmada por Ernesto Ardaya Sevilla, quien no se encontraba acreditado para representarlo legalmente al no ser él quien firmó la supuesta carta de representación de 6 de septiembre de 2010 y que el poder notarial entregado en campo no especifica representación en las tareas de saneamiento; extractando de forma textual el contenido de la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1a 67/2021, en relación a este punto, señalan que Hernan Roca Rivero tuvo conocimiento sobre la ejecución del proceso de saneamiento, a través de su representante legal; por lo que, determinar la nulidad de la citación no resulta procedente; toda vez que, no se causó indefensión; concluyendo con ello, el cumplimiento de lo dispuesto en el fallo constitucional, respecto a la debida fundamentación.

1. 3)La observación realizada a la ficha catastral, cuestionando como se realizó la verificación in situ de 3515 6000 ha en menos de un día y de qué forma dos fotografías de las que ni siquiera se especifica coordenadas para su respectiva ubicación, fueron consideradas para el incumplimiento de la FES en la propiedad "CASA GRANDE", cuando estos extremos escaparían de la realidad. Con relación a que las imágenes LANDSAT, no pueden ser consideradas como prueba efectiva sino complementaria al relevamiento en campo efectuado y respecto a que no se consideró el Informe de Relevamiento de Información en Gabinete DDSC-SAN-SIM-V.A.S. INF. 415/2010, con relación al relevamiento del expediente agrario 58403 del predio indicado, en el que se refiere la existencia de sobreposiciones; señalan que, dichos puntos fueron puntualizados con la debida congruencia en la nueva Resolución Agroambiental emitida.

1. 4)La notificación con el Acta de cierre y el Informe de Conclusiones que resultaron del saneamiento efectuado, no condicen con lo previsto en los arts. 71, 73 y 305 del DS 29215; exponiendo el contenido de la Resolución ahora observada, indican al respecto que; al haber el INRA previsto convocar a dicha actividad a los interesados, de manera pública a través de un medio de comunicación radial, se tiene por cumplida la normativa indicada.
2. 5)Finalmente, respecto a las pruebas insertas en la ampliación de la demanda contenciosa administrativa; estas fueron atendidas con la debida fundamentación y congruencia.

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Resolución de 11 de abril de 2022, cursante de fs. 1266 a 1286, declaró no ha lugar a la queja por incumplimiento de la SCP 0171/2020-S4; bajo los siguientes fundamentos:

1. i)Con relación a las notificaciones de las Resoluciones Administrativas DDSC-RA 102/2010, DDSC-RA 103/2010 ambas de 27 de agosto; y, DDSC-RA 107/2010 de 30 del mismo mes y año indicado; la Resolución observada contiene una adecuada fundamentación y motivación, señalando las disposiciones contenidas en el art. "94.V" del DS 29215 que concuerda con la disposición contenida en el art. 70 inc. c) del mismo cuerpo normativo, en ese entendido, desarrolló los mecanismos de difusión de las notificaciones y los medios utilizados para tal efecto;
2. ii)Respecto a la carta de citación de 14 de septiembre de 2010, para acompañar las tareas de relevamiento en campo a desarrollarse el 16 del mes y año referido, emitida para Hernán Roca Rivero, es firmada por Ernesto Ardaya Sevilla quien no se encontraba acreditado para representarlo legalmente al no ser él quien firmó la supuesta carta de representación de 6 de septiembre de 2010 y que el poder notarial entregado en campo no especifica representación en las tareas de saneamiento; la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1ª 67/2021, se sustentó en relación a este punto, en documentación que acredita dicho extremo; por lo que, no resulta arbitraria al contar con base probatoria;
3. iii)Con relación a la observación a la fincha catastral, no se explica cómo se realizó la verificación in situ de 3515 6000 ha en menos de un día y de qué forma dos fotografías de las que ni siquiera se especifica coordenadas para su respectiva ubicación, fueron consideradas para el incumplimiento de la FES en la propiedad "CASA GRANDE", extremos que escapan de la realidad o verdad material, son entre otras cuestiones planteadas en la demanda contenciosa administrativa; en cuanto a esta problemática se tiene que la Resolución Agroambiental, desarrolló de manera motivada cada uno de los incisos insertos en el mismo, estableciendo un análisis descriptivo de los antecedentes respaldatorios, acreditando con ello, el cumplimiento de lo dispuesto en la SCP 0171/2021-S4;
4. iv)En cuanto a las imágenes LANDSAT no pueden ser consideradas como prueba efectiva sino que complementaria al relevamiento en campo; las autoridades demandadas, realizaron un análisis descriptivo del contenido y alcance probatorio asignado, por cuanto señala que fue para corroborar por este instrumento alternativo la existencia o no de mejoras; de tal forma que lo denunciado no resulta evidente;
5. v)En relación al Informe de Relevamiento de Información en Gabinete DDSC-SAN-SIM V.A.S. INF. 415/2010 de 27 de septiembre, no se considera el relevamiento del expediente agrario 58403 del predio en el que se establece la existencia de sobreposiciones; La Sentencia objetada, refirió que el ahora presentante de queja, no explicó por qué debería tomarse en cuenta de dicho informe; "teniéndose por otro lado, que de la revisión del indicado informe glosado en el punto I.5.19. de la presente sentencia (SAP 67/2021), indica que, con base a un estudio técnico, se llega a establecer entre otros aspectos, la sobreposición del expediente agrario 58403, con el predio mensurado 'Casa Grande'" (sic); argumentos acordes a lo dispuesto en la SCP 0171/2021-S4;
6. vi)Respecto a la notificación con el Acta de cierre y el Informe en Conclusiones del saneamiento efectuado en violación a lo previsto en los arts. 71, 73 y 305 del DS 29215 alegado en la demanda contenciosa administrativa; indican que las autoridades demandadas establecieron que la observación realizada en este punto, no resulta ser argumento de trascendencia jurídica que amerite la nulidad de las resoluciones impugnadas; puesto que, se advierte la participación del representante asignado en saneamiento y que la propiedad carece de actividad productiva que amerite más de un día de relevamiento en campo; siendo esta explicación razonada suficiente, que no amerita la atención de la queja; y,
7. vii)En cuanto a las cuestiones planteadas en la demanda y las pruebas insertas en la ampliación de la demanda contencioso administrativa; la Sentencia Agroambiental observada, refirió en razón de lo observado en su ampliación de demanda que, no constituye un requisito de validación que la radiodifusora tenga autorización de funcionamiento emitido por la Autoridad de Transporte y telecomunicaciones; toda vez que, es el INRA como autoridad encargada de la ejecución del proceso de saneamiento quien define cuál es la radio de mayor difusión en el área a sanear; y, respecto a las pruebas aportadas, las mismas no pueden ser consideradas en razón de la naturaleza y finalidad del Proceso Contencioso Administrativo, que al ser de puro derecho no cuenta con una etapa probatoria; fundamentos que cumple lo dispuesto por la Resolución Constitucional antes indicada.

Víctor René Pacheco Lleneras, a través de su representante legal Ángel Tito Quispe Méndez, notificado con la Resolución de 11 de abril de 2022, cursante a fs.1287, por memorial presentado el 27 de igual mes y año, inserto de fs.1294 a 1302 vta. cuestionando la actuación de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, refiriendo lo siguiente;

1. a)la Resolución aludida, carece de fundamentación y motivación en sujeción a la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad, pues se omitió realizar un enfoque diferenciado e interseccional respecto a los derechos fundamentales de las personas adultas mayores; emitiendo un criterio formalista y restrictivo al declarar no ha lugar a la queja planteada, vulnerando su derecho reforzado a la tutela judicial efectiva, al no ordenar el cumplimiento del contenido íntegro de la SCP 0171/2021-S4;
2. b)En relación a la carta de citación de 14 de septiembre de 2010 y el Poder Notarial 243/2005 entre otras cuestiones planteadas; la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1ª 67/2021, realizó alegaciones generales, distorsionando el objeto del poder mencionado, el cual no faculta sea representado en saneamiento, transgrediendo el principio de verdad material, omitiendo una vez más referirse respecto a su situación particular en el mencionado proceso; empero, la Sala Constitucional, de manera genérica indica que se contaría con base probatoria que justifique la determinación de las autoridades demandadas, respecto a este punto;
3. c)Con relación a la mensura de 3515 6000 ha y la verificación del cumplimiento de la FES en cuestión de horas; las imágenes satelitales y el Informe de sobreposición, indicaron que habiendo desglosado cada cuestión planteada por su persona, no sería evidente la falta de fundamentación denunciada, acto arbitrario; puesto que, no argumenta el porqué de dicha conclusión;
4. d)La Sala Constitucional, no contrastó ni verificó la denuncia de que la nueva Resolución Agroambiental omitió pronunciarse sobre la violación a los arts. 71 y 73 del DS 29215; y,
5. e)Las pruebas ofrecidas en la demanda contencioso administrativa, entre las que incluso se encuentran muestras fotográficas del cumplimiento de la FES, deben ser valoradas y consideradas en razón de las garantías mínimas contempladas en los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.3 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDC), los cuales no fueron asumidos en la Resolución ahora impugnada.