Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0026/2019-ECA Sucre, 5 de septiembre de 2019
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Magistrada Correlatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción popular
Expediente: 27360-2019-55-AP Departamento: La Paz
La solicitud de aclaración, enmienda y complementación de la , formulada por Fernando Valenzuela Billewicz y Aryel Morales Segales en representación legal de Lilly Gabriela Montaño Viaña, Ministra de Salud, dentro de la acción popular interpuesta por David Ticona Balboa, Secretario General del Sindicato de Trabajadores en Prensa, Fotoperiodistas y Medios Digitales (SINTRAPREN) contra Rodolfo Edmundo Rocabado Benavides, Ministro de Salud; Félix Patzi Paco, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz; Luis Antonio Revilla Herrero, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Nuestra Señora de La Paz; Carmen Soledad Chapetón Tancara, Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto; y, Freddy Rolando Valle Calderón, Director Técnico del Servicio Departamental de Salud (SEDES) del mismo departamento.
I. CONTENIDO DE LA SOLICITUD
Por memorial presentado el 3 de septiembre de 2019, la codemandada Ministra de Salud, a través de sus representantes legales solicitó aclaración, enmienda y complementación de la , exponiendo lo siguiente:
- a)Se enmiende sobre el alcance de las medidas compensatorias, en el inciso c) del punto 3 de la , en lo siguiente: a) Los diferentes niveles de gobierno del Estado deben priorizar la convocatoria al dialogo para el análisis de los reclamos y motivos de protesta y huelga del sector salud, dada la vinculación con el derecho a la vida; para tal efecto, corresponderá la instalación inmediata de mesas de diálogo y negociación. En razón que de acuerdo a lo expresado en el inciso b) del punto III.3.2, del análisis del caso concreto del referido fallo, el Tribunal sostiene en cuanto al principio de proporcionalidad lo siguiente: "En cuanto a los casos de limitación de la huelga en la función pública o en los servicios esenciales, el comité de Libertad Sindical señaló que deben establecerse garantías compensatorias. Así sostuvo que la limitación de la huelga debe ir acompañada por procedimientos de conciliación y arbitraje adecuados, imparciales y rápidos"; lo cual implica que las medidas compensatorias son aquellas destinadas a garantizar la existencia de mecanismos en virtud de los cuales exista una vía para la resolución de las diferentes controversias emergentes de las demandas, peticiones o solicitudes que sean planteadas al Ministerio Público, los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales por parte del sector médico. No obstante de ello, cuatro párrafos más abajo el referido fallo, yendo más allá de los señalado en el Caso 2956 del Comité de Libertad Sindical incorpora un componente ilegal al sostener que: "Por otra parte, es también evidente que en el marco de otras medidas compensatorias, el estado debe atender con prioridad las demandas de este sector". Tal aspecto, afirma, desnaturaliza lo señalado precedentemente, pues si la posibilidad de una huelga o paro de actividades en el sector salud no corresponde por ser atentatoria del derecho a la salubridad y que por esta razón el Estado debe crear mecanismos en los que puedan ser planteadas las demandas del sector; y, luego no se puede señalar que un mecanismo compensatorio es la atención efectiva de dichas demandas, pues, son los procesos conciliatorios o arbitrales en lo que se determinará la verosimilitud y pertinencia de las mismas y a partir de ello su correspondiente atención.
- b)Se aclare en relación a las facultades de procesamiento, que de acuerdo a lo manifestado por la , en el punto 5 de su parte resolutiva dispuso: "DENEGAR la tutela con relación a la solicitud del accionante de instaurar los procesos internos de desvinculación de funcionarios del sector médico en los diferentes niveles , descuentos salariales y remisión de antecedentes al Ministerio público por incumplimiento de deberes y atentado contra los servicios públicos, y en consecuencia, dejar sin efecto las medidas dispuestas por el juez de garantías, referidas al inicio de "procesos internos administrativos y legales"(sic) correspondiente a cada nivel del Estado". Aspecto que, según las declaraciones públicas del sector salud, implica la imposibilidad de asumir acciones legales de tipo administrativo o judicial respecto a medidas de presión y específicamente el paro indefinido adoptado en relación a esta demanda y otras, como la que actualmente se está llevando a cabo por más de dieciséis días. En ese contexto, se aclare que si bien la , deniega la tutela respecto a las solicitud del accionante y las medidas dispuestas por el Juez Público Civil y Comercial Decimoprimero de la Capital del departamento de La Paz, por los hechos acaecidos el 18 y 19 de septiembre de 2018, y el incumplimiento a la Resolución 09/2019 de 10 de enero, del Tribunal de garantías, ello no implica la imposibilidad de iniciar los procesos correspondientes (administrativos y judiciales), por hechos posteriores, en los que se evidencie el incumplimiento de las directrices contenidas en la .
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