0026/2020-S1

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de Trata de personas, en audiencia de medidas cautelares llevada a cabo el 13 de octubre de 2018, mediante Auto Interlocutorio 382/2018 de igual data, la Jueza de Instrucción Penal Cuarta del departamento de La Paz, determino la Detención Preventiva, al amparo del art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), con los siguientes fundamentos:

1. a)Respecto al riesgo procesal previsto en el art. 234.1 del CPP, se remitió un Número de Identificación Tributaria (NIT), que da cuenta que tendría un negocio cuya actividad es el comercio minorista, documentación que resulta insuficiente para demostrar que en la actualidad contaría con dicho negocio; además, de la inconcurrencia de documentación que respalde; por lo que, está latente;
2. b)Con relación al riesgo procesal establecido en el art. 234.2 del CPP, al no desvirtuarse en su totalidad el numeral 1 del artículo precedentemente señalado, y tampoco demostrado arraigo natural, se tiene latente el aludido peligro procesal;
3. c)Indebida fundamentación acerca del riesgo procesal de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, al argumentar que; la defensa, no remitió documentación alguna a efecto de desvirtuar y al haber sido fundamentado por el Ministerio Público, continúa latente;
4. d)En cuanto, al art. 235.2 del CPP, que al momento del allanamiento se encontró documentación de varias personas, quienes deberán ser citadas a declarar, que podría influir de manera negativa, que además este riesgo procesal sigue latente incluso a momentos de dictarse sentencia, por tanto sigue latente; y
5. e)Respecto al riesgo previsto en el art. 234.10 del CPP, la defensa no remitió documentación alguna a efecto de desvirtuar el mismo y dado que fue debidamente fundamentado por el representante del Ministerio Público, continúa latente.

En la referida audiencia, los Vocales demandados, mediante Auto de Vista 17/2019 de 16 de enero, ratificaron el Auto interlocutorio apelado, con los siguientes fundamentos:

1. 1)Del análisis de los agravios expresado se tiene que, respecto a la actividad lícita consignado en el numeral 1 del art. 234 del CPP, la Jueza a quo realizo una valoración escueta del NIT, con el cual se pretendía acreditar la actividad lícita, dicho documento no cuenta con ningún otro respaldo; en tal sentido, se realizó una compulsa adecuada de los elementos acreditados; por lo que, no se da curso al agravio expresado;
2. 2)En cuanto, al agravio expresado sobre el peligro para la sociedad, que es el Ministerio Público quien debió presentar el REJAP, al no hacerlo, la Jueza a quo debió tener por inexistente el peligro procesal; por cuanto, compulso adecuadamente los antecedentes del proceso, por ende no correspondía reparar el agravio mencionado; y,
3. 3)En conclusión, se establece que los fundamentos expuesto por la parte apelante no resultaron suficientes para desvirtuar los elementos que dieron lugar a la emisión de la Resolución apelada; asimismo, la carga de la prueba corresponde a quien solicita la modificación de una medida cautelar; por consiguiente, la parte apelante no generó convicción al Tribunal para tener enervados los riesgos procesales como agravio contenido en el art. 235.2 del CPP.

Silvia Maritza Portugal Espinoza y Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito, cursante de fs. 27 a 28, quienes manifestaron lo siguiente:

1. i)En la presente acción de libertad no señaló de forma expresa por cuál de las causales previstas, tanto en la Constitución Política del Estado como en el Código Procesal Constitucional se interpuso la misma, o porqué la vida de la accionante estuviera en peligro o estaría ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de su libertad, lo cual amerita la denegatoria de tutela solicitada;
2. ii)En cuanto a los fundamentos de la presente acción tutelar, se dedica a señalar aspectos que son propios de un recurso ordinario, pretendiendo que la jurisdicción constitucional actué como instancia ordinaria; y,
3. iii)Con relación a que se hubiera vulnerado el debido proceso, la solicitante de tutela no ha señalado o expresado de forma adecuada un nexo de causalidad, es decir, no ha referido cuál es el vínculo entre el derecho al debido proceso supuestamente que se lesionó con el Auto de Vista cuestionado, asimismo no señala cuál de las vertientes se hubiera vulnerado, por lo que el fallo que emitió este Tribunal se encuentra acorde a los márgenes determinados por ley y jurisprudencia.

El Juez de Ejecución Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución N° 04/2019 de 08 de febrero, cursante de fs. 32 a 33, concede en parte la tutela solicitada, respecto al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, disponiendo dejar sin efecto la resolución 17/2019 y que los Vocales demandados emitan nuevo pronunciamiento. Determinación asumida bajo los siguientes fundamentos:

1. a)En aplicación del art. 125 de la CPE, es procedente la acción de libertad que solicita, se guarde tutela a su vida, cese a la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad, en concordancia con el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo);
2. b)Los arts. 115 y 117 de la CPE, consagran la vigencia del debido proceso como instrumento de sujeción a las reglas del ordenamiento jurídico, el objetivo de esta garantía jurisdiccional protege de las arbitrariedades cometidas por las autoridades que lesionaron sus derechos y garantías como elementos del debido proceso, establecido en la "...SC 1558/2013...", derecho a la motivación y congruencia de las decisiones; y,
3. c)El Auto de Vista 17/2019, si bien mantiene una estructura de forma y de fondo su motivación es concisa y no expresa las convicciones determinadas que justifiquen razonablemente su decisión con relación a la existencia y aplicación de los presupuesto establecidos en los numerales 1, 2 y 10 del art. 234 del CPP, debiendo el Tribunal de apelación justificar y hacer públicas las razones del porqué de su decisión fundando las mismas en los preceptos legales adjetivos, sustantivos y constitucionales que corresponda, sobre los elementos aportados hasta la realización de la audiencia de consideración de la apelación incidental observando los art. 124 y 173 de la citada norma.

II.3. Se tiene Auto de Vista 17/2019 de 16 de enero, emitido por Silvia Maritza Portugal Espinoza y Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora autoridades demandadas-, que declaró la admisibilidad del recurso interpuesto y la improcedencia de las cuestiones planteadas, confirmando el Auto Interlocutorio 382/2018 de 13 de octubre, con los siguientes fundamentos:

1. 1)Referente a la actividad lícita consignada en el numeral 1 del art. 234 del CPP, la Jueza a quo realizo una valoración escueta del NIT, con el cual se pretendía acreditar la misma; sin embargo, dicho documento no cuenta con ningún otro respaldo; en tal sentido, se realizó una compulsa adecuada de los elementos acreditados; por lo que, no se da curso al agravio expresado;
2. 2)En cuanto al agravio expresado sobre el peligro para la sociedad el Ministerio Público es quien debió presentar el REJAP, al no hacerlo, la Jueza ad quo debió tener por inexistente el peligro procesal, a ello se debe tener presente que dicha Jueza compulsó adecuadamente los antecedentes del proceso, por consiguiente, no correspondía reparar el agravio mencionado; y,
3. 3)En conclusión, se establece que los fundamentos expuestos por la parte apelante no resultaron suficientes para desvirtuar los elementos que dieron lugar a la emisión de la Resolución apelada; asimismo, la carga de la prueba corresponde a quien solicita la modificación de una medida cautelar; por lo que, la parte apelante no generó convicción al Tribunal de apelación para tener enervados los riesgos procesales como agravio contenido en el art. 235.2 del CPP (fs. 7 a 8 vta.).

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; y, para el efecto se analizarán los siguientes temas:

1. i)La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso;
2. ii)La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del CPP;
3. iii)Prohibición de fundar la detención preventiva en meras suposiciones;
4. iv)El delito de trata de personas y el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación;
5. v)Sobre el riesgo procesal de fuga de peligro efectivo para la víctima o el denunciante en delitos relacionados a violencia contra la mujer; y,
6. vi)Análisis de caso concreto.