Texto del fallo
Sintesis del caso
Los accionantes a través de sus representantes sin mandato, denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad al debido proceso y de petición, así como los principios de seguridad jurídica y celeridad; toda vez que, pese a contar con los respectivos requerimientos fiscales, dirigidos a la Dirección de REJAP de Santa Cruz, la autoridad ahora demandada, se negó extenderles las certificaciones de antecedentes penales, por motivos meramente formales; no obstante, que esos documentos eran necesarios para presentar solicitudes de cesación de la detención preventiva, o en su caso la aplicación de alguna salida alternativa al proceso.
Sintesis de la ratio decidendi
Deniega la tutela, sin ingresar al análisis de fondo, considera que la no extensión de certificados de antecedentes penales (ordenadas por requerimiento fiscal) por la autoridad accionada, no guardan vinculación directa con el ejercicio del derecho a la libertad física de los accionantes, siendo que su libertad no depende de la dilación de los certificados, además que tampoco existe indefensión porque puede advertir las observaciones y obtener su curso.
Extracto de la ratio decidendi
F.J.III.1: (…) “La , reconduciendo la línea jurisprudencial establecida por la , que cambiaba el entendimiento de las , y 1865/2004-R de 1 de diciembre, realizó un análisis del debido proceso, en sentido que no es posible apartarse de la propia naturaleza de la acción de libertad, siendo que: “…cuyo principal objetivo es precisamente tutelar de manera específica el derecho a la libertad, no puede modificarse su esencia y ampliar su espectro de acción a aquellos asuntos netamente procedimentales que, aún cuando devengan del área penal, no se hallen en vinculación con el derecho a la libertad; en consecuencia, mediante la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se hace necesario reconducir el anterior entendimiento y restablecer la jurisprudencia constitucional previa, respecto a la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso. Este entendimiento, emerge precisamente de la interpretación literal y teleológica del art. 125 CPE, que establece la procedencia de la acción de libertad, cuando se produzca una restricción o amenaza de restricción ilegal o indebida a los derechos fundamentales a la vida y a la libertad física a raíz de una persecución ilegal o un indebido procesamiento; en consecuencia, tratándose de la procedencia de la acción de libertad en relación al debido proceso, debe entenderse que la inobservancia a éste -debido proceso-, ha sido la causal principal para la afectación del bien jurídico libertad; pues, de lo contrario, si los actos emergentes del procesamiento no ponen en riesgo la libertad y no ocasionan su restricción, no podrán ser evaluados y considerados a través de la acción de libertad, correspondiendo su tratamiento, una vez agotados todos los medios intra procesales, a la acción de amparo constitucional, como medio de defensa idóneo en el jurisdicción constitucional para reparar y subsanar los defectos procesales en que pudieran haber incurrido tanto servidores públicos como personas particulares. En este contexto, corresponde reconducir al entendimiento asumido anteriormente por las y ” (el resaltado es nuestro).
Palabras clave
Procesamiento indebido)
Observaciones revisor
Deniega la tutela, sin ingresar al análisis de fondo, considera que la no extensión de certificados de antecedentes penales (ordenadas por requerimiento fiscal) por la autoridad accionada, no guardan vinculación directa con el ejercicio del derecho a la libertad física de los accionantes, siendo que su libertad no depende de la dilación de los certificados, además que tampoco existe indefensión porque puede advertir las observaciones y obtener su curso.)
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0026/2020-S4 Sucre, 5 de marzo de 2020
Mostrando 12 de 57 parrafos.