0026/2022-O

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0026/2022-O Sucre, 31 de mayo de 2022

SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional

Expediente: 10930-2015-22-AAC Departamento: La Paz

La queja por incumplimiento de la SCP 1069/2015-S2 de 27 de octubre, cursante de fs. 546 a 552 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Marcial Rodríguez Claros, Javier Guillermo Santa Cruz Paniagua y Hugo Fanor Balderrama Flores contra Julio Héctor Linares Calderón, Gerente General de la empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Reforestación (EMAVERDE).

I. CONTENIDO DE LA DENUNCIA

I.1. Contenido de la queja y denuncia por incumplimiento

Por memorial presentado el 19 de noviembre de 2021, cursante de fs. 546 a 552 vta., Javier Guillermo Santa Cruz Paniagua, activante de queja por "...CUMPLIMIENTO DISTORSIONADO DE SENTENCIA..." (sic), señaló que ante el despido injustificado de su fuente laboral, junto a otros dos compañeros acudieron ante la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, denunciando arbitrariedades ejercidas por la empresa EMAVERDE, emitiéndose la Conminatoria D.T.L.P./.D.S. 0495/FTBM/ 002/2015 de 15 de enero, determinación que fue ignorada e incumplida por su empleador, obligándoles a acudir a la instancia constitucional, obteniendo la Resolución 25/2015 de 23 de abril, a través de la cual se les concedió la tutela impetrada, disponiendo su reincorporación inmediata al mismo puesto, que ocupaban al momento del despido injustificado, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales; sin embargo, la parte accionada través de funcionarios de mandos medios se opuso al cumplimiento de la citada Conminatoria de reincorporación laboral.

Señaló que el 30 de abril de 2015, denunciaron el atropello sufrido, que fue contestada mediante memorial de 12 de mayo del mismo año, generando su reincorporación el 12 de igual mes y año; empero, incumpliendo con el pago de sueldos devengados y demás derechos sociales, haciendo notar que el apoderado legal del Gerente General accionada, se comprometió a una reunión con dicho Gerente para elaborar de forma conjunta la liquidación de lo reclamado, compromiso que nunca fue cumplido; suscitando que dichos extremos sean denunciados el 18 de junio de similar año, mereciendo memorial de 1 de julio del indicado año, justificando el incumplimiento de pago de sueldos devengados con el argumento de que los mismos debían ser tramitados administrativamente; por lo que, el representante legal del Gerente General de la empresa EMAVERDE, expresamente señaló que se cumplió a cabalidad con la Resolución 25/2015, situación que no es evidente tendiéndose más bien a burlar disposiciones constitucionales.

Posteriormente, fueron notificados con la SCP 1069/2015-S2, que confirmó en todo la Resolución 25/2015, consecuentemente la tutela constitucional pasó en autoridad de cosa juzgada; sin embargo, la posición y actitud de la entidad accionada persiste y continúa de forma permanente y sistemática; obligándoles a que acudan ante la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, y pese a que dicha instancia conminó a la empresa EMAVERDE a que presente documentación, la misma no cumplió con dicha exhortación, haciendo inviable la liquidación de lo reclamado, ni cumplió con la Conminatoria emergente de dicho actuado administrativo, conforme varios memoriales pidieron conminatoria de cumplimiento; sin embargo, la parte accionada persistió en su actitud de incumplimiento, obligando al Tribunal de garantías que disponga que esta remita documentación idónea al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, incumpliendo la empresa accionada con esa determinación.

En acatamiento del Auto de 5 de febrero de 2019, que disponía que se informe sobre el incumplimiento del pago de salarios devengados y demás derechos sociales, la empresa EMAVERDE a través del memorial de 22 de igual mes y año, admitió que no se pagaron los sueldos devengados argumentando que dichas obligaciones no fueron programadas en el reformulado respectivo, sin informar ni pronunciarse respecto al pago de los demás derechos sociales que determinó el Tribunal de garantías; por lo que, durante cuatro años, la parte -ahora accionada- no tuvo ninguna intención de cumplir con las obligaciones que le correspondían, valiéndose de actos dilatorios generando la imposibilidad del acceso efectivo a la justicia constitucional; también en cumplimiento del Auto de 11 de abril del señalado año, que conminaba el pago de sueldos devengados y demás derechos a favor de la parte accionante -ahora activante de la queja por incumplimiento-, por memorial de 30 del mismo mes y año, la empresa accionada tratando de burlar disposiciones constitucionales y jurisprudencia, observó la liquidación y respondió a la Conminatoria D.T.L.P./.D.S. 0495/FTBM/ 002/2015, argumentando interpretaciones desubicadas respecto al pago de otros derechos sociales, indicando que el Tribunal no sería competente para determinar el cálculo respecto a sueldos devengados y pidió que la parte denunciante de la queja por incumplimiento acuda a instancias competentes, suscitando que el 9 de mayo de 2019, se pida la remisión de antecedentes ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, para que esa instancia competente sea la que determine respecto a los sueldos devengados y demás derechos sociales; en ese entendido, el 29 de mayo de ese mismo año, se remitieron documentales; sin embargo, extrañamente la disposición emitida por el Tribunal de garantías fue incumplida por los funcionarios de la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, bajo el argumento de que los antecedentes remitidos, no establecieron de forma concreta lo solicitado; ante esa situación el Tribunal de garantías emitió los Autos de 13 de agosto y de 23 de octubre, ambos del precitado año, determinando la remisión de antecedentes al supra referido Ministerio de Trabajo, a efecto de esa instancia y con la participación de la parte denunciada se determine la liquidación de lo adeudado, aspecto que igualmente no fue cumplido por la referida empresa.

Manifestó que en cumplimiento del Auto de 23 de octubre de 2019, la autoridad competente remitió el Informe MTEPS-JDT LP-IT-HMM-1656-INF/20 de 15 de diciembre de 2020, mediante el cual se determinó la liquidación de sueldos devengados y derechos sociales, documento debidamente notificado, ante lo cual, y solicitado su cumplimiento con el Auto de 13 de abril de 2021; empero, de manera extraña, impertinente y con argumentos incoherentes la parte accionada solicitó nueva liquidación, en total desconocimiento de la naturaleza jurídica y procesal de la etapa de ejecución de una sentencia constitucional, ante ese hecho el Tribunal de garantías emitió el Auto de 31 de mayo del precitado año, disponiendo conminatoria para que en el plazo de tres días a través de su representante legal cumpla con el pago de Bs116 075, 71.- (ciento dieciséis mil setenta y cinco 71/100 bolivianos) por concepto de sueldos devengados y demás derechos sociales, la remisión de antecedentes al Ministerio Público e impuso multas progresivas a la autoridad renuente; empero, lejos de cumplir con esa decisión administrativa solicitó aclaración, enmienda y complementación, pretendiendo la modificación del referido Auto, situación que fue conseguida emitiéndose el Auto de 28 de junio de 2021, coadyuvando con el cumplimiento distorsionado de la SCP 1069/2015-S2, indicando en dicha Resolución que el despido fue el 31 de diciembre de 2014 y reincorporación el 12 de mayo de 2015; por lo que, se les adeudaría sueldos devengados de enero, febrero, marzo y abril del indicado año y en contraste con el Informe EMAVERDE/GAF/URH/051/2019 de 29 de abril, se adeudaría la suma de Bs18 809, 28.- (dieciocho mil ochocientos nueve 28/100 bolivianos) por concepto de sueldos devengados y Bs3 134, 88.- (tres mil ciento treinta y cuatro 88/100 bolivianos) por aguinaldos y bono de antigüedad en favor del activante de la queja por incumplimiento, apartándose con dichos argumentos de los preceptos legales establecidos en el Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2006, modificado por el DS 0495 de 1 de mayo de 2010, que en su Artículo Único, establece la oportunidad del pago de sueldos devengados y otros derechos sociales al momento de reincorporación, razonamiento modulado por la misma SCP 1069/2015-S2, que ordenó la reincorporación inmediata de los tres trabajadores al mismo puesto que ocupaban al momento del despido, más el pago de salarios devengados y derechos sociales atinentes con origen en la fecha de su desvinculación; en ese sentido para el cálculo o liquidación de sueldos devengados y demás derechos laborales se debe tomar la fecha de desvinculación; empero, no se respetan los demás derechos sociales; asimismo se indicó que la liquidación abordada por el Ministerio de Trabajo excedía la fecha de reincorporación, dado que su persona habría sido desvinculado el 31 de diciembre de 2014, tal cual refiere en la acción de amparo constitucional y al haber sido reincorporado por la empresa EMAVERDE el 12 de mayo de 2015, no podría liquidarse saldos o adeudos posteriores a la fecha de reincorporación; la liquidación de los derechos laborales no esta sujeto a la disponibilidad o al criterio del empleador y menos que sea calculado el tiempo de acuerdo al criterio del obligado; por otro lado, respecto a la competencia que tiene la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, conforme el DS 0495 es una de las dos instancias competentes para determinar liquidaciones de sueldos devengados y otros derechos sociales; debiendo tomar en cuenta que fue el mismo Tribunal de garantías quien dispuso la remisión de antecedentes para que sea esa instancia la que determine los derechos laborales tutelados a su favor.

Indicó que el Informe EMAVERDE/GAF/URH/051/2019, al margen de no cumplir a cabalidad con las disposiciones de un fallo constitucional, está elaborado de forma unilateral, sin antecedentes pertinentes ni respaldo legal, y en fecha 29 de abril de 2019; es decir, cuatro años posteriores a la fecha de su reincorporación a su fuente laboral sin ninguna reposición de derechos tutelados ni derechos adquiridos, además que se debe considerar que en ninguno de los memoriales presentados se pidió la aprobación de liquidación elaborada por la parte accionada; por lo que, como Tribunal de garantías no pueden libremente rechazar o desconocer liquidaciones elaboradas por autoridad competente como es el Ministerio de Trabajo; por otro lado, como Tribunal de garantías no solo son responsables de evitar la demora en el cumplimiento de fallos constitucionales sino también de su cumplimiento.

Finalmente señaló que, la modificación y revisión del Auto de 31 de mayo de 2021 a través de aclaración y enmienda es contrario al principio de seguridad jurídica y "predectibilidad", al existir una limitación expresa sobre la imposibilidad de alterar o modificar el fondo de la resolución; en ese sentido el Auto de 28 de junio de ese año, no respetó la garantía del debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación de la resolución mencionada, dado que aprobaron una liquidación impertinente e ilegal, cuando debieron exponer los motivos para obviar los demás derechos sociales como incrementos o reajustes salariales al haber básico, bonos, bonos de antigüedad, aguinaldos y horas extras determinados por la autoridad administrativa autorizada y competente como el supra indicado Ministerio de Trabajo.

I.1.1. Petitorio

I.2. Trámite de la denuncia por incumplimiento

I.2.1. Contestación de la parte accionada

I.4. Impugnación

Por memorial presentado el 16 de marzo de 2022, -ahora activante de la queja por incumplimiento-, reiteró la impugnación contra la Resolución 20 de enero de 2022 (fs. 587 a 589).

I.5. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional Remitida la queja "por cumplimiento distorsionado" de la SCP 1069/2015-S2 de 27 de octubre a este Tribunal, por decreto constitucional de 26 de abril de 2022, cursante a fs. 595, el Presidente en ejercicio de la Comisión de Admisión, ordenó que la misma pase a Sala Plena, procediendo luego a su sorteo y asignación a la ahora Magistrada Relatora el 24 de mayo de 2022; por lo que, el presente Auto Constitucional Plurinacional es pronunciado dentro del plazo.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente se establece lo siguiente:

II.1. La SCP 1069/2015-S2 de 27 de octubre, confirmó en todo la Resolución 25/2015 de 23 de abril, pronunciada por la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías; y, concedió la tutela solicitada, en los mismos términos expresados por el referido Tribunal; es decir, "...disponiendo que EMAVERDE de cumplimiento a la Conminatoria de Reincorporación D.T.L.P./D.S. 0495/FTBM/002/2015... "; señalando la referida Sentencia Constitucional Plurinacional lo siguiente: "...se evidencia que los accionantes al haber optado por su reincorporación y al haber acudido ante la oficina de la Jefatura Departamental de Trabajo, donde se constató el despido injustificado, este hecho dio lugar a que se expida la conminatoria al empleador para la reincorporación inmediata de los tres trabajadores, al mismo puesto que ocupaban al momento del despido, más el pago de salarios devengados y derechos sociales atinentes con origen en la fecha de su desvinculación y toda vez que consta expresamente que EMAVERDE rehusó dar cumplimiento a la misma, después de su notificación y posteriormente cuando dicha intimación se confirmó mediante la Resolución Administrativa del Recurso de Revocatoria 083/15 de 5 de marzo de 2015; resulta meridianamente claro que la presente acción se adecúa al diseño de los derechos susceptibles de protección por cuanto la tutela en examen surge únicamente con la finalidad de que se provea el cumplimiento de la citada conminatoria, en el ámbito de una protección de carácter provisional y extraordinaria ..." (fs. 172 a 182).

II.2. La Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en calidad de Tribunal de garantías, por Auto de 31 de agosto de 2016, conminó a la empresa EMAVERDE a que dentro de un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación con esa determinación preste el correspondiente informe sobre el cumplimiento con relación a lo dispuesto por el Tribunal de garantías constitucionales dentro de la acción de amparo constitucional seguida por Javier Guillermo Santa Cruz Paniagua -ahora activante de la queja por incumplimiento- y otros contra la referida empresa (fs. 307).

II.3. Mediante Informe EMAVERDE/GAF/URH/051/2019 de 29 de abril, el Jefe de Recursos Humanos (RR.HH.) de la empresa EMAVERDE, dando cumplimiento a la Conminatoria emitida por los Vocales de la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz para dar cumplimiento con el pago de salarios devengados del activante de la queja por incumplimiento y otros, informó que los entonces accionantes fueron retirados el 31 de diciembre de 2014, se emitió la Conminatoria D.T.L.P./D.S. 0495/FTBM/ 002/2015 de 15 de enero y la Resolución 25/2015 dispuso la reincorporación inmediata de Marcial Rodríguez Claros y Javier Guillermo Santa Cruz Paniagua a su fuente laboral en la empresa EMAVERDE, al mismo puesto que ocupaban al momento del despido injustificado, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales; y, tomando en cuenta los memorándums de incorporación entregados y las planillas salariales de la gestión 2015, se reincorporaron a sus fuentes laborales en el mes de mayo, en ese sentido se les debía cancelar los salarios de los meses de enero, febrero, marzo y abril teniendo que, en el caso de Javier Guillermo Santa Cruz Paniagua, con sueldo percibido al 31 de diciembre de 2014, sería de Bs7 702.32 (siete mil setecientos dos 32/100 bolivianos), debiendo cancelarse a dicho trabajador por salarios y aguinaldos devengados Bs21 944,16.- sin tomar en cuenta los descuentos de pago a la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) Futuro de Bolivia (fs. 410 a 411).

II.4. Por memorial presentado el 30 de abril de 2019, Carlos Adalid Gerardo Andia Alarcón, Gerente General a.i. de la empresa EMAVERDE observó la liquidación y respondió al "Auto de Conminatoria", señalando que la liquidación presentada por los entonces accionantes sería exagerada y sobredimensionada debido a la pretensión de cobro de beneficios sociales que no guardan relación con la Conminatoria D.T.L.P./D.S. 0495/FTBM/ 002/2015, ya que hace referencia a una serie de incrementos, bonos y otros, que no tienen que ver con lo dispuesto en la "Sentencia Constitucional"; es más dichos beneficios corresponderían a gestiones posteriores a la emisión de la resolución que resolvió la acción de amparo constitucional de 23 de abril de 2015, adjuntando al efecto el Informe EMAVERDE/GAF/URH/051/2019 emitido por el Jefe de RR.HH. de EMAVERDE, el cual determinó el monto a pagar por concepto de salarios devengados y demás derechos sociales, montos debidamente sustentados y justificados y que no guardan relación con lo solicitado por los entonces accionantes. Asimismo, indicaron que el Tribunal de garantías no estaría habilitado para determinar la dimensión ni cuantía de los salarios devengados a pagarse, debiendo la parte actora acudir a la instancia competente y más aún si existe controversia con relación al monto solicitado, y que deberá resolver la instancia competente; razón por la cual, la precitada empresa se encontraría a la espera de que se determinen los parámetros para el pago de estos, en ese sentido viabilizar lo solicitado por los accionantes, significaría un pago sin ningún tipo de respaldo y menos un fundamento legal que lo sustente, conllevando responsabilidad a las autoridades que ordenen ese hecho, así como de las autoridades ejecutivas de la empresa (fs. 414 a 415).

II.5. Cursa Informe MTEPS-JDT LP-IT-HMM-1656-INF/20 de 15 de diciembre de 2020, emitido por el Inspector de la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; por el cual, concluyó que conforme a la información brindada por el denunciante de la queja por incumplimiento, de EMAVERDE adeudaría al activante de la queja por incumplimiento la suma total de Bs116 075, 71.- de acuerdo a los cuadros detallados, recomendando al Jefe Departamental de Trabajo de La Paz, poner en conocimiento del interesado el informe, así como de la Sala Civil Cuarta del referido departamento, indicando que el mismo no es concluyente y es susceptible de revisión o modificación por su carácter esencialmente revisable (fs. 451 a 452).

II.6. Mediante Auto de 13 de abril de 2021, el Tribunal de garantías con base en el Informe MTEPS-JDT LP-IT-HMM-1656-INF/20, presentado por el supra citado Ministerio de Trabajo, en el cual se procedió a realizar la liquidación en favor del denunciante de la queja por incumplimiento por la suma de Bs116 075,71 dispuso que se cumpla con dicho pago (fs. 457).

II.7. Por memorial presentado el 30 de abril de 2021, la empresa EMAVERDE solicitó a la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que se efectué nueva liquidación, mencionado que la liquidación realizada por el Inspector de la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, a través del Informe MTEPS-JDT LP-IT-HMM-1656-INF/20, no guarda relación con los antecedentes del proceso, al ser exagerada y sobredimensionada, debido a la mala fe con la que actuaría el accionante -hoy denunciante de la queja por incumplimiento- al haberse proporcionado datos falsos para que se emita una liquidación fuera de todo contexto normativo; dado que, la liquidación debe estar dirigida al pago de salarios devengados de los accionantes y no así al pago de beneficios sociales; ya que, la "Sentencia Constitucional" emitida devendría de un proceso de reincorporación y no así de pago de beneficios sociales; puesto que, se pretenden cobrar beneficios de las gestiones 2016, 2017 y 2018 posteriores a la emisión de la Resolución que resolvió la acción de amparo constitucional de 23 de abril de 2015 (fs. 470 y vta.).

II.8. A través de Auto de 31 de mayo de 2021, la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, conminó a EMAVERDE para que en el plazo de tres días a través de su representante legal cumpla con el pago de Bs116 075,71.- por concepto de sueldos devengados y demás derechos sociales emergentes de la liquidación, a partir de su notificación, bajo alternativa de remitir antecedentes ante el Ministerio Público e imponer multas progresivas a la autoridad renuente de cumplir fallos constitucionales de acuerdo al art. 40.II del CPCo (fs. 485).

II.8.1. Por memorial presentado el 24 de junio de 2021, Ángela Paola Oropesa Calle, Gerente General a.i. de la empresa EMAVERDE, solicitó aclaración, enmienda y complementación del Auto de 31 de mayo de ese año, que conminó a dicha empresa al pago de Bs116 075 71.- por concepto de sueldos devengados y demás derechos sociales, indicando que existiría un error de cálculo del monto a cancelar, al no guardar relación con los datos de la acción de amparo constitucional y mucho menos con lo dispuesto en la Resolución 25/2015 y la SCP 1069/2015-S2, dado que dichas Resoluciones dispusieron que se de cumplimiento a la Conminatoria D.T.L.P./D.S. 0495/FTBM/ 002/2015, enmendada por el Jefe Departamental de Trabajo de La Paz, quien conminó a la reincorporación inmediata del denunciante de la queja por incumplimiento y otros, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales, y esa conminatoria no dispone pagos adicionales posteriores a la emisión de dichas resoluciones, debiendo aclararse si es correcto que dentro de la liquidación de sueldos devengados y derechos sociales dispuesto por las señaladas resoluciones, se incluyan beneficios sociales correspondientes a las gestiones 2016, 2017 y 2018, señalando también que el cálculo de salarios devengados y demás derechos sociales del activante de la queja por incumplimiento, ascendían a un total de Bs21 944, 16.- (fs. 489 a 490 vta.).

II.8.2. El Tribunal de garantías, en atención al memorial presentado por la empresa EMAVERDE el 24 de junio de 2021, emitió el Auto de 28 de junio de igual año, mediante el cual conminó a la mencionada empresa para que en el plazo de dos días a través de su representante legal cumpla con el pago de Bs21 944,16.- por concepto de sueldos devengados y demás derechos sociales en favor del activante de la queja por incumplimiento (fs. 492).

II.8.3. Cursa Certificado de Depósito Judicial 0004822 de 19 de agosto de 2021, por concepto de sueldos devengados por un monto de Bs21 944,16.- realizado por la empresa EMAVERDE (fs. 496).

II.8.4. Por decreto de 23 de agosto de 2021, el Tribunal de garantías señaló "Téngase por efectuado el Depósito Judicial N° 0004822 por la suma de Bs. 21. 944,16 (VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 16/100 BOLIVIANOS) de fecha 19 de agosto de 2021, realizado por Cinthya Romero Pefaure" (sic [fs. 498]).

II.9. El 18 de octubre de 2021, el denunciante de la queja por incumplimiento, solicitó que se deje sin efecto o revoque el Auto de 28 de junio de igual año, disponiendo la prosecución de la etapa de ejecución de sentencia conforme al Auto de 31 de mayo del precitado año, debiendo considerarse que dentro de la liquidación se debe tomar en cuenta que aparte de sueldos devengados y aguinaldo, existen derechos sociales que no fueron considerados, además que la liquidación por cuatro meses es vulneradora al existir una continuidad permanente e ininterrumpida de la vulneración de sus derechos laborales, la cual empezó con la desvinculación laboral injustificada y la cual persistiría "a la fecha", petición realizada con base a la SCP 0342/2013 de 18 de marzo² (fs. 523 a 537).