0026/2023-O

Solicitó se:

1. a)Declare procedente la "impugnación" contra el Auto Interlocutorio 06/2023;
2. b)Revoque en todas sus partes el citado Auto; y,
3. c)Dicte un nuevo fallo, especificando el cálculo del monto de dinero que debe cancelar a cada uno de los accionantes y otorgar las cinco cuotas de prórroga que propuso a tal fin.

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, por Resolución 067/2023 de 14 de abril, cursante de fs. 68 a 69 (del cuadernillo de trámite de impugnación), determinó declarar improbada la queja por sobrecumplimiento de la SCP 0201/2022-S4, en cuanto al pago de los salarios devengados, con base en los siguientes fundamentos:

1. 1)La denuncia de incumplimiento presentada inicialmente por los impetrantes de tutela, fue parcial y estaba referida únicamente al pago de salarios devengados y demás derechos sociales, incumplimiento que en ningún momento fue objetado por el demandado; toda vez que, en su memorial de impugnación (ahora queja por sobrecumplimiento), de manera expresa manifestó que se cumplió solo con la reincorporación, lo cual en ningún momento fue objeto de discusión en la ejecución de la cosa juzgada constitucional; y,
2. 2)Los argumentos expuestos por el demandado acreditan el expreso reconocimiento de que el pago de los salarios devengados no fueron cumplidos, solicitando solamente un plazo para su pago y/o en su caso que se ordene se cancele en cinco cuotas.

Abelardo Denny Rivero Rivera, propietario de ERCALUG de Beni, fue notificado el 19 de abril de 2023 (fs. 71 del cuadernillo de trámite de impugnación), con la Resolución 067/2023, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; en virtud de lo cual, en plazo hábil impugnó la citada Resolución a través de memorial presentado el 21 del indicado mes y año, cursante de fs. 77 a 80 vta. (del cuadernillo de trámite de impugnación); bajo los siguientes argumentos:

1. i)Mediante proveído de 15 de noviembre de 2022, la nombrada Sala Constitucional, ordenó se oficie a la Jefatura Departamental de Trabajo de Beni, a objeto de que defina cuáles son los demás derechos sociales de los impetrantes de tutela y los montos que les correspondían; en virtud de lo cual, dicha instancia administrativa laboral aclaró por resolución de 3 de enero de 2023, que cuando en la Conminatoria de Reincorporación LACJ-JDTEPS BENI 16/2020, se menciona "demás derechos sociales que correspondan (a los accionantes)", se refería a la cancelación de los salarios devengados en forma íntegra; es decir, el total ganado mensualmente por el periodo que los trabajadores cesaron en sus funciones a raíz del despido injustificado de la parte empleadora, aclarando de este modo que no estaban reconocidos dentro de la indicada Conminatoria los conceptos por incrementos salariales, aguinaldo, multa o pago de doble aguinaldo y vacaciones; en cuyo mérito, se emitió el Auto Interlocutorio 06/2023, que determinó que no se podía exigir a la parte demandada el cumplimiento de conceptos o derechos sociales no comprendidos dentro de la mencionada resolución, lo que no significaba que no se pueda acudir a las vías legales que establece el ordenamiento jurídico vigente;
2. ii)El precitado Auto Interlocutorio le conminó a que dentro del tercer día de su notificación con dicho fallo, proceda a cancelar en su integridad los salarios devengados a los solicitantes de tutela desde la fecha de su desvinculación laboral hasta el día de su efectiva reincorporación;
3. iii)En las partes dispositivas de la SCP 0201/2022-S4, la Conminatoria de Reincorporación LACJ-JDTEPS BENI 16/2020 y el Auto Interlocutorio 06/2023, no se estableció cuánto era el monto que debía cancelar a cada uno de los impetrantes de tutela; tomando en cuenta que, si cancela un monto inferior es pasible a un proceso laboral y si fuera superior iría en desmedro de su paupérrima economía;
4. iv)La Resolución 067/2023, es incongruente; dado que, reconoce que no se determinó el monto a cancelar por salarios devengados; empero, declaró improbada la queja por sobrecumplimiento; por otro lado, no tomó en cuenta los puntos expuestos en la mencionada queja, creando un caos jurídico al no establecer cuánto es el monto que debía cancelar por salarios devengados;
5. v)La Jefatura Departamental de Trabajo de Beni, en su respuesta de 3 de enero de 2023, especificó que los Decretos Supremos (DDSS) 28699 de 1 de mayo de 2006 y 0495 de 1 de mayo de 2010; y, la Resolución Ministerial (RM) 868/10 de 26 de octubre de 2010, no determinan en forma expresa la obligatoriedad de las Jefaturas Departamentales de Trabajo de emitir una liquidación específica sobre salarios devengados por el periodo que los trabajadores cesaron en sus funciones a raíz del despido injustificado de la parte empleadora, considerando que la citada normativa está dirigida a proteger la estabilidad laboral en caso de los indicados despidos, con la aplicación de un procedimiento administrativo de reincorporación laboral sumarísimo que actualmente se encuentra regulado por la Ley 1468 de 30 de septiembre de 2022 y la RM 1377/22 de 1 de noviembre de igual año; y,
6. vi)Existe la imposibilidad material de cumplir la SCP 0201/2022-S4; debido a que, en ninguna de las resoluciones prenombradas, se señala cuánto era el monto que se tiene que cancelar a cada uno de los accionantes; y, en el memorial presentado el 7 de marzo de 2023, estos hicieron conocer una liquidación a cancelar determinada "a gusto y antojo", inventándose que fueron despedidos desde mayo de 2020, cuando en los hechos aquello se suscitó en agosto del mismo año, existiendo por ello controversia al respecto.

II.2. Por Auto de 3 de enero de 2023, Paulita Arancibia Durán, Jefa Departamental de Trabajo de Beni; informó que:

1. a)Los abrogados DDSS 28699 de 1 de mayo de 2006 y 0495 de 1 de mayo de 2010; así como, la RM 868/10 de 26 de octubre de 2010, no determinan de forma expresa la obligatoriedad de las Jefaturas de Trabajo de emitir una liquidación específica sobre salarios devengados por el periodo que los trabajadores cesaron en sus funciones a raíz del despido injustificado de la parte empleadora, considerando que la citada normativa estaba dirigida a proteger el derecho a la estabilidad laboral en caso de los indicados despidos, mediante la aplicación de un procedimiento administrativo de reincorporación laboral sumarísimo que actualmente se encuentra regulado por la Ley 1468 de 30 de septiembre de 2022 y la RM 1377/22 de 1 de noviembre de igual año; y,
2. b)Los "demás derechos que correspondan" (a los accionantes), se refería a la cancelación de los salarios devengados en forma íntegra; es decir, el total ganado mensualmente por el periodo que los trabajadores cesaron en sus funciones a raíz del despido injustificado de la parte empleadora, conforme fue determinado en la Conminatoria de Reincorporación LACJ-JDTEPS BENI 16/2020 (fs. 135 y vta. del dossier).