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TCP

0026/2026-CA

Tribunal Constitucional Plurinacional
29 de enero de 2026
Resumen del caso

Auto 0026/2026-CA

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0026/2026-CA Sucre, de 29 de enero de 2026

Expediente: 80859-2026-162-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: La Paz

En consulta la Resolución de 12 de enero de 2026, cursante de fs. 17 a 18, pronunciada por el Juez Público de la Niñez y Adolescencia Tercero del departamento de La Paz, que resolvió rechazar la solicitud de acción de inconstitucionalidad concreta, interpuesta por Jhoanna Marcela Ledezma Berrios en representación de su hija menor de edad AA, demandando la inconstitucionalidad de los arts. 296, 297 y 308 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), por ser presuntamente contrario a los arts. 15, 58, 60, 61 y 66 de la Constitución Política del Estado (CPE); 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo San Salvador-; VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH); 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño; VI.46 y 54 de la Opinión Consultiva OC-17/2002 de 28 de agosto; 9 de la Convención Belem Do Pará; y, 2 y 3 de las Recomendaciones 19 y 33 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de la solicitud de parte

Por memorial presentado el 5 de diciembre de 2025, cursante de fs. 2 a 7 vta., la parte accionante manifiesta que, el 2 de mayo de 2025, se inició la investigación ante la autoridad jurisdiccional competente por la presunta comisión del delito de abuso sexual en contra la menor AA, previsto en el art. 312 del Código Penal (CP), y el 5 de igual mes y año, se presentó denuncia ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, a raíz de la revelación realizada por la menor, solicitándose su inmediata derivación a la Plataforma de Atención Integral a la Familia "Max Paredes", por hechos presuntamente cometidos por su primo de línea paterna, quien se encuentra actualmente procesado, y que habrían ocurrido cuando la víctima contaba con siete años de edad.

De la documentación adjunta se advierte la existencia de indicios suficientes que permitan establecer la probabilidad de autoría, así como el reconocimiento del agresor por parte de la menor. Asimismo, al tratarse de una víctima niña, el hecho se subsume en un tipo penal agravado, sancionado con hasta quince años de privación de libertad, conforme a lo previsto en la segunda parte del art. 312 del CP; no obstante, en la audiencia de consideración de la solicitud de terminación anticipada, la Fiscal de Materia manifestó, entre otros aspectos, que el requerimiento conclusivo fue presentado en atención a la elevada carga procesal del Ministerio Público, sin ponderar de manera adecuada los elementos relacionados con la protección integral de la víctima frente a su agresor sexual, quien era su primo, dicha autoridad fiscal solicitó la pena máxima de dos años, suprimiendo la agravante prevista en el precepto señalado, que establece una sanción de diez a quince años de privación de libertad, incluso bajo un régimen atenuado aplicable a un menor infractor, la pena correspondiente asciende a tres años. Además, resulta llamativa la omisión en la valoración de un informe psicológico oportunamente presentado y practicado a la menor, en el cual se evidencia intentos de suicidio vinculados a factores de revictimización generados durante la actuación de la Fiscal y en la forma de conducción del proceso penal como tal.

Durante la audiencia, el Juez requirió al menor infractor que se pronunciara respecto de su sometimiento al procedimiento de terminación anticipada; sin embargo, de lo observado, se estableció que no comprendía plenamente las implicancias de dicho instituto procesal; ante esa situación, la defensa técnica solicitó la intervención de peritos de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, y del Instituto de Investigación Forenses (IDIF), a efectos de verificar que su aceptación no se encontrara viciada y que respondiera a un consentimiento libre e informado, petición que no fue atendida en los términos planteados.

Si bien el Juez explicó reiteradamente las consecuencias del procedimiento, se advirtió que el menor infractor desconocía aspectos relevantes, entre ellos su inscripción en el Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) y en el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPASSE), así como las consecuencias derivadas en relación con la obtención de títulos profesionales, la imposibilidad de acceder a la función pública y los efectos agravados que podrían derivarse de una eventual reincidencia penal. Dichos extremos fueron debidamente expuestos por la defensa técnica por razones de lealtad procesal, a fin de evitar futuras acciones constitucionales o incidentes de nulidad orientados a retrotraer el proceso.

El Código Niña, Niño y Adolescente prevé la posibilidad de la terminación anticipada del proceso; sin embargo, el delito de abuso sexual se encuentra regulado por una norma especial, como es la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, que impone a las autoridades judiciales y fiscales el deber de actuar bajo protección reforzada, con enfoque interseccional y perspectiva de género y generacional cuando se trata de mujeres y niñas, extremos que no fueron observados en el desarrollo de la audiencia.

Finalmente, la Sentencia 421 de 4 de diciembre de 2025, incumplió los mandatos legales al abstenerse de imponer costas y costos, incluso luego de realizada una enmienda, lo que agravó la situación de indefensión de la víctima. Igualmente, favoreció al agresor sexual con la imposición de una pena mínima, sin considerar las agravantes legalmente previstas ni el contexto familiar en el que ocurrieron los hechos; adicionalmente, no se valoró de manera adecuada la edad de la víctima ni la notoria diferencia etaria existente con el agresor, vulnerando sus derechos sexuales desde la infancia y perpetuando su revictimización, con el consiguiente riesgo de normalizar la impunidad. I.2. Respuesta a la acción

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