Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0026/2026-RCA Sucre, 02 de febrero de 2026
Expediente: 80991-2026-162-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 32/2025 de 21 de noviembre, cursante de fs. 50 a 51, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jorge Florens Chaparro Vega por sí y en representación de su hija menor AA contra Gabriela Jenny Quisbert Barra, Jueza Público de Familia Décima de El Alto del departamento de La Paz y Jhanyr Nardy Zuñagua Huanca.
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de los hechos que la motivan
Por memorial presentado el 20 de noviembre de 2025, cursante de fs.44 a 49, el accionante manifestó que, por Resolución 837/2025 de 1 de agosto, la autoridad jurisdiccional ahora accionada homologó el acuerdo transaccional suscrito entre el mismo y su ex pareja por ante instancias del Servicio Legal Integral Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, por el cual ambos acordaron que la guarda de su hija menor AA quedaba bajo el cuidado materno de Jhanyr Nardy Zuñagua Huanca, una asistencia familiar a ser pagada por el accionante en la suma de Bs.- 1.170 (mil ciento setenta 00/100 bolivianos) y un régimen de visitas paterno filial de 3 días a iniciarse cada semana los días viernes a las 13:00 y finalizarse los domingos a las 13:00. Sin embargo, a partir de julio del indicado año, refiere que la madre de su hija comenzó a restringirle las visitas, generando un patrón sistemático de hostigamiento judicial y alienación parental por conflictos de orden patrimonial al tener de por medio un proceso de división y partición de bienes, utilizando la vía penal como instrumento para lograr la apropiación de sus bienes e intentar separarla de su hija, habiéndosele iniciado un proceso penal por la presunta comisión del delito de violencia familiar, seguido por la ahora codemandada; asimismo, en la vía familiar dentro del proceso de homologación de asistencia familiar, la nombrada presentó "incontables" memoriales y peticiones con la única finalidad de suspender las visitas y lograr la separación paterno filial basándose en documentación falsa, con el único propósito de afectarle emocionalmente para que desista del reclamo de los bienes que adquirieron durante su matrimonio.
Por su lado, la Jueza hoy demandada, de manera arbitraria, ignoró los informes técnicos realizados por entidades públicas, entre ellos el Informe Psicológico DNA/SLIM de 19 de agosto de 2025, que refiere que su hija menor de edad tiene un '"un estado emocional estable"' (sic) y '"expresa claramente su deseo de convivir con ambos progenitores"' (sic) manifestando que extraña a su padre; y a pesar de haber ordenado un nuevo examen psicosocial para su hija menor de edad, de haber recogido la progenitora el oficio respectivo y haber transcurrido un tiempo considerable desde su entrega, no conminó a la progenitora a su cumplimiento, permitiendo que la misma evite la prueba y exponga a la menor a manipulación.
De la misma manera, refiere que, dentro del proceso de violencia familiar seguido en su contra, a través de requerimiento fiscal se tomó la declaración informativa testifical mediante Cámara Gesell a su hija menor de edad, en la que la misma niega los hechos denunciados por su progenitora. Finalmente indicó que la Jueza ahora demandada sin valorar la prueba existente y sin esperar el informe psicosocial pendiente, emitió el decreto de 10 de noviembre de 2025, disponiendo -al Otrosí 3° del memorial de 6 del citado mes y año- la remisión de antecedentes al Ministerio Público por una supuesta violencia psicológica del accionante a su hija menor de edad, misma que resulta ilegal y contraria al interés superior de la menor y al debido proceso pues genera revictimización, una inevitable separación parental, además de carecer de motivación y falta de fundamentación.
I.2. Derechos supuestamente vulnerados
El accionante por sí y en representación de su hija menor de edad, considera vulnerados sus derechos al interés superior de la niña, niño o adolescente, vivir en familia, a la integridad psicológica, y al debido proceso en sus elementos de falta de fundamentación y motivación; citando al efecto los arts. 60, 64, 15.I y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE). I.3. Petitorio
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