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TCP

0027/2019-DCP

Tribunal Constitucional Plurinacional
24 de abril de 2019SALA PLENA
Resumen del caso

Voto Disidente 0027/2019-DCP

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

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Texto de la resolucion

VOTO DISIDENTE Sucre, 24 de abril de 2019

SALA PLENA Magistrado Disidente: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Control previo de constitucionalidad de proyectos de estatutos y cartas orgánicas de entidades territoriales autónomas

Expediente: 24420-2018-49-CEA Departamento: Santa Cruz Solicitante: Carlos Abapori Guardia, Capitán Grande "MBURUVICHA GUASU" de la Capitanía del Gran Kaipendi Karavaicho (GKK) y otros.

I. ANTECEDENTES El suscrito Magistrado expresó su desacuerdo con la declaratoria de compatibilidad de los arts. 17.8 y 9, 35, 36 y 39.I.c) y II emitida en la ; por lo que, en observancia del art. 10.III del Código Procesal Constitucional (CPCo), emite Voto Disidente, en base a los siguientes argumentos jurídico-constitucionales: II. FUNDAMENTACIÓN II.1. Disposiciones declaradas compatibles en la "Artículo 17. Atribuciones del Ñemboatiguasu.- Son atribuciones de Ñemboatiguasu las siguientes: I. (...) 8. El Ñemboatiguasu designa al Responsable Administrativo por concurso de méritos, el tiempo de permanencia en el cargo estará determinado por la convocatoria y el Reglamento Interno de funciones y contrataciones. 9. El Ñemboatiguasu designa al Responsable de Tesorería por concurso de méritos, definidos por el Ñemboatiguasu. (...)". Las disposiciones glosadas se encuentran en el Título III, del proyecto de Estatuto, referente al Gobierno de la Autonomía Indígena Guaraní Kereimba Iyaambae, apartado donde establece sus órganos de gobierno, conformado por una instancia con facultades deliberativas, fiscalizadoras y legislativas, denominada Ñemboatiguasu y otra instancia técnica ejecutiva, conformada a su vez por un responsable administrativo y un tesorero, misma que de acuerdo al art. 20 del Proyecto de Estatuto Autonómico ejerce la facultad ejecutiva y reglamentaria. Ahora bien, tomando en cuenta que las disposiciones objeto del presente Voto Disidente, regulan sobre la designación del responsable administrativo y del responsable de tesorería; personal que conforma la instancia técnica ejecutiva, del Gobierno de la Autonomía Indígena Originaria, serán analizadas de manera conjunta. De la lectura de los numerales en examen, se infiere que el Responsable Administrativo y el de tesorería serán designados por el Ñemboatiguasu, aspecto que a primera vista parecería que no contraviene la Norma Suprema; sin embargo, si las disposiciones en examen son vinculadas al contenido de los siguientes artículos del Proyecto de Estatuto Autonómico:

  1. a)De acuerdo al art. 17.10 el Ñemboatiguasu aprobará el presupuesto institucional así como los planes de corto, mediano y largo plazo;
  2. b)El art. 17.20 textualmente establece: "Aprobar los estados financieros, ejecución del programa operativo anual y presupuesto mediante ley autonómica" como una atribución del Ñemboatiguasu;
  3. c)Asimismo, el art. 17.16, establece que será el Ñemboatiguasu la instancia que fiscaliza la ejecución de obras en el territorio del Gobierno Autónomo Indígena Guaraní Kereimba Iyaambae;
  4. d)Por otra parte, bajo la denominación de funciones específicas del responsable administrativo, mediante el art. 22 del ´Proyecto de Estatuto Autonómico, se asigna al titular de dicho cargo, la tarea de presentar al Ñemboatiguasu los estados financieros para su consideración y aprobación. Encontramos que se concentra en una sola instancia, la designación del personal técnico administrativo y su supervisión; así como también la aprobación del presupuesto institucional, aprobación de los estados financieros, el control y fiscalización de los recursos económicos, como de la ejecución del programa de operaciones. Un análisis integral de las disposiciones citadas, nos permite establecer que tanto la aprobación, la supervisión y la fiscalización de la ejecución del programa de operaciones y como la ejecución presupuestaria, es responsabilidad del Ñemboatiguasu, así también recae en dicha instancia la designación del responsable administrativo y del tesorero, situación que resulta disfuncional y contraria a la necesaria independencia y separación que debe existir entre las instancias que programan y ejecutan de las que legislan y fiscalizan, pero además y en el mismo orden de ideas, llama la atención que no se exija la independencia entre la autoridad que programa y ejecuta de la instancia que la designa. A lo anteriormente señalado, se debe añadir que los resultados de la gestión pública, se miden a través de los estados financieros, la ejecución del programa operativo anual y la ejecución presupuestaria, aspectos que reflejarán el porcentaje de avance y cumplimiento del programa de gobierno. Es decir que por decisión del estatuyente, será el Ñemboatiguasu también la instancia responsable de fiscalizar las obras que se vayan a ejecutar a través de la instancia técnica ejecutiva del Gobierno Autónomo, en ese sentido todo confluye en el Ñemboatiguasu, desde el nombramiento de las autoridades administrativas, denominadas responsable administrativo y tesorero, pasando por la aprobación de la ejecución presupuestaria y los estados financieros, hasta la fiscalización a dicha ejecución, lo que deja en clara evidencia la dependencia entre dos instancias que deben ser esencialmente independientes una de la otra, como condición esencial para la correcta administración y fiscalización de los recursos públicos conforme la Ley 1178 de 20 de julio de 1990 -Ley de Administración de Control Gubernamental-. En conclusión y conforme se tienen señalado, a criterio del Magistrado que suscribe, al concentrarse la designación, aprobación y fiscalización en una sola instancia, se vulneran los principios de imparcialidad, transparencia, responsabilidad y resultados; establecidos en el art. 232 de la Norma Suprema, como principios que rigen la administración pública. Así, la acción administrativa de aprobar y fiscalizar las actividades del personal designado genera un conflicto de intereses, dado que el emitir criterios para la supervisión y aprobación, compromete la responsabilidad e imparcialidad, en la fiscalización de actos o acciones que fueron aprobadas por la misma instancia, aspecto que también afectará los resultados de la gestión, por cuanto no se puede fiscalizar transparentemente acciones que fueron aprobadas por la misma instancia. De otro lado, si bien la estructura de los gobiernos municipales, presentan la clásica división entre Órgano Legislativo y Órgano Ejecutivo, donde opera la separación e independencia de órganos, no corresponde exigir una similar organización a las autonomías indígenas, es más para la organización de su estructura gubernativa se debe respetar su libre determinación y su autogobierno, como reconocimiento de la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y el reconocimiento de sus instituciones (art. 2 de la CPE). Sin embargo, es exigible que para la organización de su gobierno autónomo, se considere los principios establecidos en el art. 232 de la Norma Suprema, que rigen la administración pública, entre ellos el de imparcialidad, transparencia, eficiencia, responsabilidad y resultados. En busca de un óptimo manejo y fiscalización de los recursos públicos, así como una adecuada organización que responda a los requerimientos del ente rector, para la presentación, aprobación y modificación del programa operativo anual, y su ejecución económico financiera. El principio de imparcialidad, implica el ejercer las funciones de fiscalizador con objetividad, neutralidad; al margen de intereses u opiniones que hubiese podido emitir en su condición de supervisor o instancia responsable de la aprobación de la ejecución presupuestaria además de otorgar confianza y credibilidad en la población a la que sirve, en ese marco el bien jurídico protegido es de la imparcialidad en la administración de los bienes y recursos públicos, sin que se vean comprometidas las actuaciones o decisiones que tome el Ñemboatiguasu. A mayor fundamentación, en el propio Proyecto de Estatuto en su art. 10.I.g se determina al "tekokiambae (transparencia)" como el principio regulador entendido como la práctica de transparencia en la actuación de las personas como servidor público - comunitario como la contravención de las buenas practicas que vulneran la integridad y prestigio, al concentrar en el Ñemboatiguasu, la designación del responsable administrativo y del tesorero y al determinar que sea el mismo Ñemboatiguasu, el que aprobará los informes de avance de Programa de Operaciones Anual (POA) y de ejecución presupuestaria y que será el mismo ñenboatiguasu el fiscalizador de esas autoridades administrativas, se vulneran las buenas prácticas de la gestión pública, por cuanto las disposiciones observadas van en contra de los principios de Autonomía Indígena Originaria Guaraní y sus normas esenciales, establecidas en el art. 10 del Proyecto de Estatuto Autonómico. Aspecto que también vulnera el principio de transparencia establecido en el art. 270 de la CPE, como principio que rige la organización territorial y las Entidades Territoriales Autónomas (ETA). Por lo expuesto el suscrito Magistrado considera que se debió haber declarado la incompatibilidad del art. 17.8 y 9 de la CPE, por ser contrario al art. 232 de la misma Norma Suprema. II.2. Disposiciones declaradas compatibles en la "Artículo 35. (Autoridades de administración de justicia) La jurisdicción indígena originaria campesina del Gobierno Autónomo Indígena Guaraní Kereimba Iyaambae, es administrada por la autoridad natural de la Comunidad, la autoridad Zonal, la autoridad jurisdiccional de la Entidad Autónoma. I. Autoridad Comunal: Atiende casos en el ámbito de la comunidad en el marco de la legislación de la Autonomía Indígena, nacional y la jurisprudencia vigente.

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