0027/2020-CA

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0027/2020-CA Sucre, 11 de febrero de 2020

Expediente: 32757-2020-66-CCP Control sobre la Constitucionalidad de proyectos de ley Departamento: La Paz

La consulta de control previo de constitucionalidad del Proyecto de la Ley de Cumplimiento de los Derechos Humanos -Ley 511/2019-2020 de 14 de enero de 2020-, remitida por Jeanine Añez Chávez, Presidenta Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia.

I. SÍNTESIS DE LA CONSULTA

I.1. Antecedentes

Por memoriales presentados el 17 de enero y 6 de febrero ambos de 2020, cursante de fs. 24 a 35 vta.; y, 161 a 180 vta., la Presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia, señalando tener legitimación activa para interponer esta consulta, refiere que la bancada parlamentaria del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), desoyendo el clamor popular, aprobó y sancionó el Proyecto de la Ley de Cumplimiento de los Derechos Humanos -Ley 511/2019-2020-, pretendiendo garantizar la plena vigencia y ejercicio de los derechos humanos, desconociendo que los mismos así como las garantías constitucionales de las personas están reconocidas en un catálogo amplio de la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad; las últimas señaladas para el ámbito penal están desarrolladas ampliamente en el Código de Procedimiento Penal -Ley 1970 de 25 de marzo de 1999- y la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-; por lo que, la intención de los legisladores que sancionaron dicho Proyecto de Ley, incumpliendo procedimientos legislativos, es la de establecer una amnistía encubierta, buscando que aquellas personas que cometieron delitos no sean juzgadas, pero generando un ambiente de impunidad que alimente la reiteración de acciones y conductas de violencia que rompen la paz, armonía y tranquilidad social. Por otra parte, al momento de remitirle dicho Proyecto de Ley para su promulgación, se advirtió públicamente que si no procedía en ese sentido, lo haría la Presidenta del Senado.

Señala que el referido Proyecto de Ley es inconstitucional, en primer lugar, por la forma, pues fue tratado y aprobado infringiendo los procedimientos constitucionales previstos por el art. 163 de la Constitución Política del Estado (CPE) y el Reglamento General de la Cámara de Senadores; y en segundo lugar, por el fondo, pues las normas consignadas en el mismo infringen la Norma Suprema en sus valores supremos, principios, vulnerando los derechos fundamentales de las personas. En ese sentido, refiere que considerando la naturaleza y finalidad que persigue este medio de control de constitucionalidad, que es preventivo o a priori, la consulta procede hasta antes de la promulgación y publicación de la ley; es decir, antes de su nacimiento formal y material en el ordenamieto jurídico, como ocurre en el presente caso, ya que el citado Proyecto de Ley recién fue sancionado con irregularidades en el procedimiento legislativo, sin haber sido promulgado.

Aduce que el mencionado Proyecto de Ley transgrede los arts. 8.II (valor supremo de la igualdad), 12 (independencia de los órganos de poder), 14.II (discriminación), 117.I (Principio de independencia judicial) y 163 (procedimiento legislativo), todos de la CPE. En ese sentido, el indicado Proyecto de Ley es inconstitucional en la forma por infringir lo dispuesto en el art. 163.1 de la Norma Fundamental: "El proyecto de ley presentado por asambleístas de una de las Cámaras, iniciará el procedimiento legislativo en esa Cámara, que la remitirá a la comisión o comisiones que correspondan para su tratamiento y aprobación inicial"; a su vez, de los arts. 52 y 128 del Reglamento de la Cámara de Senadores, se puede establecer que cada Comisión es especializada y tiene atribuciones específicas, figurando entre las principales, emitir informes sobre los proyectos de ley, máxime cuando la Norma Suprema menciona que el proyecto de ley presentado por asambleístas de una de las Cámaras, iniciará el procedimiento legislativo en esa Cámara, que la remitirá a la comisión o comisiones que correspondan para su tratamiento y aprobación inicial; es decir, debe existir una aprobación inicial que debe ser contemplada en el plazo de quince días hábiles determinado por el art. 132 del referido Reglamento. Al respecto, el Proyecto de Ley 511/2019-2020 en consulta, fue remitido a la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, para su respectivo tratamiento, el 19 de diciembre de 2019, plazo que a la fecha sigue vigente, de manera que la mencionada Comisión se encuentra dentro de término para el tratamiento y elaboración del informe sobre dicho Proyecto.

Con relación al mecanismo utilizado por la bancada del MAS - IPSP, se tiene que el art. 108 (Moción de Dispensación de Trámite y Voto de Urgencia) del Reglamento General de la Cámara de Senadores, dispone que: "Es la propuesta presentada para eximir del cumplimiento del trámite normal a los asuntos que por el carácter perentorio o de emergencia así lo requieren"; empero en la "Sesión 233°" de 10 de enero de 2020, los Senadores del indicado partido político no demostraron en ningún momento alguna razón de emergencia. No obstante de lo mencionado, el art. 129 del indicado Reglamento, refiere que: "Si la Comisión no remite su informe en el plazo señalado, los proyectistas podrán reclamar la consideración directa del asunto por el Pleno". En consecuencia, los legitimados para el reclamo serían los proyectistas, pero siempre y cuando la Comisión no emita su informe en el plazo establecido, mismo que aún no transcurrió.

Añade que, los arts. 1, 3, 4, 5 y 6 del Proyecto de Ley en cuestión vulneran el principio de igualdad ante la ley (arts. 8.II de la CPE; y, 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos [CADH]) porque pretenden reducir la otorgación de la garantía para el ejercicio de los derechos civiles y políticos, la reparación o resarcimiento de daños a los familiares de los fallecidos, a los heridos, la liberación de los detenidos y la investigación por los excesos o abusos de autoridad, a favor de las personas que participaron en los acontecimientos políticos suscitados a partir del 21 de octubre de 2019, lo que supone la exclusión de las otras personas que durante los últimos catorce años fueron víctimas de la violación sistemática y permanente de sus derechos civiles y políticos por la persecución judicial con fines políticos que se desplegó desde el gobierno del MAS - "IPSP". Asimismo, señala que los mencionados artículos infringen el principio de no discriminación (art. 14.II de la CPE), al determinar un trato diferenciado a las personas que fueron víctimas de aprehensiones, detenciones arbitrarias e ilegales, de persecuciones y hostigamiento judicial; y, de uso excesivo de la fuerza en el período establecido con anterioridad a los acontecimientos acaecidos en la prenombrada fecha; porque dichas personas se les deja en el marco de la normativa vigente y sujetos a la discrecionalidad de jueces, fiscales y policías; en cambio, se pretende otorgar un régimen excepcional a las personas nacionales y extranjeras que asumieron acciones de violencia y fueron sometidas a procesos judiciales durante el periodo de tiempo indicado.

De igual forma, señala que el citado Proyecto de Ley, en sus arts. 1 y 5, también trangrede los derechos de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva (arts. 115.I de la Norma Suprema y 8.1 de la CADH) de las personas que fueron víctimas de las acciones de violencia desplegadas por las organizaciones y movimientos sociales vinculados al MAS - "IPSP", por los dirigentes y afiliados de las seis Federaciones de productores de hoja de coca del trópico cochabambino, acciones que atentaron contra la vida, la integridad física y psicológica, la salud, la propiedad pública y privada.

Finalmente, indica que el art. 12 de la CPE, determina que el poder político está organizado con base en el principio de separación de funciones, la independencia de los Órganos de poder, la interrelación y coordinación de funciones, en el marco del principio de pesos y contrapesos, encargando el ejercicio del poder a los Órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral, cuyas funciones no pueden ser concentradas en un solo Órgano; en ese sentido, el art. 5 del Proyecto de Ley en consulta infringe dicho principio de separación de funciones e independencia de los Órganos, al imponer al citado Órgano Ejecutivo funciones que competen al Órgano Judicial, como ser la cesación de detenciones preventivas que está regulada por el Código de Procedimiento Penal reformada por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, lo que lesiona el art. 12 de la CPE. De igual modo, el art. 5 del señalado Proyecto, también vulnera el principio de independencia judicial, al imponer al juez instructor la facultad de disponer de oficio o a pedido de parte, la libertad inmediata de las personas aprehendidas con fines de investigación, sin considerar la potestad regulada de dicha autoridad, desconociendo además la independencia del Ministerio Público, cuya potestad es determinar la aprehensión de las personas incriminadas de haber cometido hechos ilícitos, infringiéndose de esa manera el art. 178.I de la Norma Suprema.

I.2. Petición